Juan Pastor Almazan Arteaga

Expediente 844/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
844/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
16/12/2019

Partes del expediente

  • Juan Pastor Almazan Arteaga
  • Delegado del Registro Agrario Nacional En Quintana Roo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: Habiendo transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución constitucional de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve; con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución, que en su único punto resolutivo sobresee en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, así como que carece de documentos originales, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES DESTRUIBLE, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo antes citado. De conformidad con lo establecido en el punto Undécimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. En cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo. Finalmente, con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se hace del conocimiento de las partes, que en sesión ordinaria de trece de noviembre de dos mil diecinueve, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la adscripción de manera interina de la Jueza Karla Alexandra Domínguez Aguilar, en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, con efectos a partir del día uno de diciembre del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada Ley de la Materia, dese vista a las partes por el término de tres días, a efecto de que manifiesten lo que a sus intereses convenga.

  2. Principal

    VII. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con siete minutos del veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 844/2019, promovido por JUAN PASTOR ALMAZAN ARTEAGA, estando en audiencia pública Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, comunicada en oficio CCJ/ST/4248/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Manuel Jesús Chan Che, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. Por tanto, el Secretario en funciones de Juez declara abierta la audiencia. El Secretario hace relación de la demanda y demás constancias de autos, y da cuenta con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Seguidamente, el Secretario en funciones de Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendidos en tiempo y forma los informes justificados de las autoridades responsables, para ser relacionados y tomados en consideración como corresponda. En el período de pruebas, se da cuenta con la instrumental de actuaciones, la presuncional en su doble aspecto y las documentales que adjuntó la parte quejosa a la demanda de amparo; así como las que adjuntaron las autoridades responsables, el Delegado y la Registradora Integral, ambos del Registro Agrario Nacional, Delegación en el Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, a sus informes de ley como justificación de sus actos. El Secretario en funciones de Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, las cuales se tienen por desahogadas en virtud de su especial naturaleza jurídica. En el periodo de alegatos, se da cuenta con las alegaciones vertidas por la Agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado en su alegato ministerial 581/2019. A lo anterior, el Secretario en funciones de Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por vertidas las alegaciones de la representante social de la adscripción, para los efectos legales conducentes. Hecho lo anterior, se declara cerrada la presente etapa y se procede a dictar la resolución correspondiente. VISTO, para resolver el presente juicio de amparo indirecto 844/2019-VII; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, turnado el mismo día a este Juzgado Federal, JUAN PASTOR ALMAZAN ARTEAGA, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que atribuyó al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, consistente en la omisión de dar respuesta a su solicitud número 23180006778, de siete de septiembre de dos mil dieciocho, en la cual se requirió que se calificara y se registrara el contrato de enajenación de derechos parcelarios de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, respecto de la parcela 26 z1 p1 del ejido Isla Holbox, Municipio Lázaro Cárdenas del Estado de Quintana Roo y la expedición del certificado parcelario. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de veintiuno de junio del año que transcurre, se admitió la demanda y se registró en el Libro de Gobierno con el número de expediente 844/2019-VII; se solicitó a la responsable su informe con justificación; y se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete. Mediante ocurso presentado el nueve de agosto de dos mil diecinueve, el justiciable solicitó la ampliación de la demanda, y señaló como nuevo acto reclamado, la resolución de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, emitida por la Registradora Integral adscrita al Registro Agrario Nacional, de la Delegación en el Estado de Quintana Roo, relativa a la calificación registral negativa que recayó a su solicitud de inscripción de enajenación de derechos parcelarios, respecto de la parcela 26 z1 p1 del ejido Isla Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas, Estado de Quintana Roo. Por auto de doce de agosto siguiente, se admitió la ampliación demanda, y previos diferimientos, tuvo verificativo la celebración de la audiencia constitucional, en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción l y 107 fracción IV, de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 37,y 107, de la Ley de Amparo en vigor y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y artículos Primero, fracción XIV, Segundo, fracción XIV, numeral 6, y Cuarto, fracción XIV, del Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, reformado y adicionado por el Acuerdo General 28/2016 del propio Pleno, en razón de que el acto que se reclamó inicialmente es de naturaleza omisiva, y por ende carece de ejecución material; por tanto, para fincar la competencia para conocer de ellos, debe estarse al lugar de residencia de la autoridad donde se presentó la demanda de amparo, que lo fue ante este Juzgado Federal. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con la tesis de rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." De manera, que los actos reclamados, son los siguientes: Del Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Quintana Roo, reclama la omisión de dar respuesta a su solicitud número 23180006778, de siete de septiembre de dos mil dieciocho, en la cual se requirió que se calificara y se registrara el contrato de enajenación de derechos parcelarios de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, respecto de la parcela 26 z1 p1 del ejido Isla Holbox, Municipio Lázaro Cárdenas del Estado de Quintana Roo y la expedición del certificado parcelario. Y de la Registradora Integral del Registro Agrario Nacional, adscrita a la Delegación en el Estado de Quintana Roo, reclama la resolución de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, relativa a la calificación registral negativa que recayó a su solicitud de inscripción de enajenación de derechos parcelarios, respecto de la parcela 26 z1 p1 del ejido Isla Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas, Estado de Quintana Roo. TERCERO...OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Debe estimarse oportuna la presentación de la demanda de amparo, en razón que de su lectura sistemática se infiere que el primer acto reclamado es de naturaleza omisiva y, por tanto, su impugnación no está sujeta al término de quince días que ordinariamente señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que se trata de una omisión de la responsable que crean situaciones permanentes, las cuales pueden reclamarse en cualquier tiempo, en tanto no se subsanen, por lo que no puede actualizarse el consentimiento tácito o expreso y, por consiguiente, tampoco la extemporaneidad de la demanda, en razón de que no puede tenerse como base un día específico para iniciar el cómputo del término, ni puede obligarse a la peticionaria de amparo, a que promueva el amparo antes de que estime pertinente hacerlo. En lo conducente, resulta aplicable la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, de rubro siguiente: "ACTO NEGATIVO. CONTRA EL, NO CORRE EL TÉRMINO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 21, DE LA LEY DE AMPARO." Ahora bien, por lo que respecta al segundo acto reclamado, debe estimarse, que también se interpuso en tiempo, por cuanto se advierte de autos, específicamente del oficio de veintidós de julio de dos mil diecinueve, emitido por el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Quintana Roo, que desde esa fecha el justiciable advirtió un nuevo acto y una nueva autoridad, por lo que si el referido oficio se le notificó al impetrante de amparo por lista, el veintinueve siguiente, y éste presentó su ampliación de demanda, hasta el nueve de agosto del año en curso, es obvio, que se encuentra dentro del término legal de quince días para hacerlo. CUARTO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables el Delegado y la Registradora Integral, ambos del Registro Agrario Nacional, de la Delegación en el Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, pues no obstante que negaron la existencia de los actos que se les atribuyen, también lo es, que realizaron diversas manifestaciones de las cuales se evidencia su existencia. Por tal motivo, dichas negativas deben desvirtuarse y tener por existentes los actos reclamados que se les atribuyen. Lo que además, se corrobora con las copias certificadas de las constancias relativas que adjuntaron a sus informes de ley, mismas que fueron remitidas en justificación de sus actos, documentales que, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de artículo 2, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. QUINTO. ANÁLISIS DE OFICIO DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ACTUALIZADA. La procedencia del juicio de control constitucional, es un tema que debe ser estudiado de manera oficiosa por mandato de la ley, lo cuestionen o no las partes, por ser de carácter público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, aun cuando se haya reconocido la existencia de los actos reclamados, en tanto que para que se surta alguna causal de improcedencia, es necesario que se encuentren probados los actos que se reclaman. Así pues, procede analizar si, en la especie, se actualiza alguna causal de improcedencia a efecto de determinar si es necesario, o no, el estudio de los motivos de inconformidad propuestos, pues de ser así, esa circunstancia, excluiría el estudio de fondo de este juicio, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia número 1002, cuyo rubro es: "IMPROCEDENCIA." En el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone literalmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado...". Es conveniente señalar que para la actualización de esta causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable anule o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, se deje sin efectos, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino el examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora, de las constancias que remitió la autoridad responsable el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Quintana Roo, se advierte que la Registradora Integral adscrita a la citada Institución, dictó una resolución de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, en la que emitió una calificación registral negativa que recayó a la solicitud de inscripción de enajenación de derechos parcelarios, respecto de la parcela 26 z1 p1 del ejido Isla Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas, Estado de Quintana Roo. En ese sentido, debe estimarse, que fue contestada la solicitud número 23180006778, de siete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante resolución de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho y que se emitió una calificación registral negativa; con lo que se dio atención a la petición del hoy justiciable, pese a que no haya sido favorable a sus prentensiones. En mérito de lo anterior, resulta claro que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de la Materia, habida cuenta que la Registradora Integral del Registro Agrario Nacional de la Delegación en el Estado de Quintana Roo, dictó una resolución de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, en la que emitió la calificación registral negativa que recayó a la solicitud de inscripción de enajenación de derechos parcelarios, respecto de la parcela 26 z1 p1 del ejido Isla Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas, Estado de Quintana Roo, por lo que, resulta obvio, que se dio contestación a la solicitud hecha por el quejoso y se emitió una calificación registral negativa. Por consiguiente, si el efecto jurídico de la sentencia de amparo es restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, en el caso, al haber cesado los efectos de los actos que se reclamaron, resulta ocioso examinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, toda vez que ya no surten efectos, ni los surtirá y por ende, no vulnera la esfera jurídica del peticionario de amparo, y por tanto, no existe motivo para el análisis de la alegada violación constitucional que se reclamó de la responsable, en razón de que no puede alcanzarse el objetivo protector, dada la cesación total de los efectos del acto reclamado. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto del acto atribuido al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Quintana Roo, consistente en la omisión de dar respuesta a la solicitud del quejoso con número 23180006778, de siete de septiembre de dos mil dieciocho, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, del propio ordenamiento legal. Ahora bien, por lo que respecta al acto reclamado atribuido a la Registradora Integral del Registro Agrario Nacional de la Delegación en el Estado de Quintana Roo, consistente en la resolución que dictó el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, en la que emitió la calificación registral negativa que recayó a la solicitud de inscripción de enajenación de derechos parcelarios, respecto de la parcela 26 z1 p1 del ejido Isla Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas, Estado de Quintana Roo, que señaló el justiciable cuando amplió su demanda de amparo. Debe estimarse, que en el caso, se actualiza de manera indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece la infracción a inobservar el principio constitucional de definitividad que rige en el juicio de amparo. Dicho precepto establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. [.]." Esencialmente, la norma transcrita establece la infracción a inobservar el principio constitucional de definitividad que rige en el juicio de amparo. De acuerdo con tal principio, el juicio resulta improcedente si antes de promoverlo no se interpuso el recurso o medio de defensa dentro del procedimiento de origen, por virtud del cual, el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado, aun cuando la parte interesada no lo hubiera hecho valer oportunamente. Así, el principio de definitividad supone el agotamiento de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establezca para impugnarlo de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de defensa, el amparo resulta improcedente. Indiscutiblemente, ese principio responde a la naturaleza jurídica del juicio de control constitucional como medio extraordinario y supremo de defensa de los derechos públicos subjetivos de los gobernados. En efecto, el juicio de amparo representa una figura jurídica instituida para frenar los abusos y arbitrariedades de las autoridades, toda vez que su código de valoración es la Constitución General de la República, que expresa la más pura voluntad del pueblo sobre sus propias reglas de gobierno y, en específico, el catálogo de derechos mínimos e irreductibles de todo individuo. Es así que tal medio de control constitucional no puede ser empleado como un simple recurso más, obligatorio para combatir cualquier acto de autoridad, sino sólo aquellos que ya no puedan ser atacados ordinariamente. Asimismo, el reconocimiento constitucional del principio en comento responde a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, intentando que su promoción y la consecuente activación del mecanismo de control constitucional encargado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación, sólo acontezca cuando la conducta de la autoridad que se impugna posea el carácter de definitiva según la ley que la rija. Ahora, en el caso se considera que se actualiza la causa de improcedencia de referencia, en virtud de que el quejoso reclama a la Registradora Integral del Registro Agrario Nacional de la Delegación en el Estado de Quintana Roo, la resolución que dictó el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, en la que emitió la calificación registral negativa que recayó a su solicitud de inscripción de enajenación de derechos parcelarios, respecto de la parcela 26 z1 p1 del ejido Isla Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas, Estado de Quintana Roo, pues en contra dicho acto previo a acudir al juicio de amparo procede el juicio agrario de nulidad, el cual está regulado en los artículos 163 de la Ley Agraria, en relación con el diverso 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, los cuales establecen, en ese orden, lo siguiente: "Artículo 163. Son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta ley." "Artículo 18. Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo. Los tribunales unitarios serán competentes para conocer: [.] IV. De juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación; [.]" Por su parte, los artículos 22, fracciones I, III, inciso i), 32, fracciones I, IV, V y XII, 33, 73 y 74 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, en relación con el numeral 152, fracciones I y II, de la Ley Agraria, prevén que los Delegados y Registradores, como autoridades pertenecientes al Registro Agrario Nacional, están facultados para ejercer la función registral de los actos y documentos objeto de registro, calificar e inscribir la transmisión de derechos agrarios, cancelar y emitir nuevos certificados de derechos agrarios, en los siguientes términos: "Artículo 22. Las Delegaciones tendrán las siguientes atribuciones: I. Ejercer a través de los registradores la función registral, mediante la calificación, inscripción y la certificación de los asientos de los actos y documentos objeto de registro; [.] III. Calificar e inscribir: [.] i) la transmisión de derechos ejidales o comunales por sucesión, la enajenación de derechos parcelarios y la cesión de derechos sobre tierras de uso común." "Artículo 32. Son actos jurídicos que se pueden inscribir los que constituyan, transfieran, modifiquen o extingan derechos y obligaciones respecto de: [.] I. Los previstos en el artículo 152 de la Ley, así como los que modifiquen total o parcialmente el régimen ejidal o comunal; [.] IV. La delimitación, destino y asignación de las tierras al interior de los Núcleos Agrarios; V. Los sujetos titulares de los derechos sobre las tierras a que se refiere la fracción anterior; [.] XII. Los demás actos jurídicos que tengan por objeto crear, modificar, transmitir o extinguir derechos y obligaciones relacionados con las fracciones anteriores." "Artículo 33. El Registrador es el servidor público a quien compete examinar y calificar los actos y documentos que deban inscribirse, así como realizar y autorizar anotaciones, asientos y cancelaciones [.]". "Artículo 73. El Registro efectuará las anotaciones correspondientes de los asientos registrales, cuando así se prevea en la Ley y sus Reglamentos o por resolución judicial." "Artículo 74. La extinción y cancelación de las inscripciones que obran en el Registro, se llevarán a cabo de conformidad con lo establecido en el capítulo relativo del Código Civil Federal de aplicación supletoria." En tales artículos está regulada la procedencia del juicio de nulidad, en lo relativo a las resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación, en la especie, las relativas a la calificación y registro de la transmisión de derechos ejidales o comunales por sucesión, la enajenación de derechos parcelarios y la cesión de derechos sobre tierras de uso común; y la competencia para conocer de ellos de los tribunales unitarios agrarios. En otras palabras, el juicio agrario fue creado para substanciar y resolver los conflictos en materia de derechos agrarios, así como para buscar la nulidad de resoluciones que crean, modifican, transmitan o extingan un derecho, como lo sería la calificación de enajenación de derechos parcelarios -tanto positiva como negativa-, pues lleva imbíbita la alteración de los nuevos integrantes del núcleo agrario; por lo que es claro que quien se vea afectado con tales actuaciones tiene a su alcance plantear la controversia ante el Tribunal Unitario Agrario, para que este determine lo conducente. De ahí que, si la calificación registral de enajenación de derechos parcelarios y, en su caso, lo actuado en el mismo, es susceptible de ser nulificado a través del juicio agrario previsto en los artículos 163 a 169 de la Ley Agraria, es incontrovertible que no es un Juez de Distrito quien en este momento deba conocer de dicho acto de autoridad, sino un Tribunal Unitario Agrario, como a continuación se evidenciará. En efecto, quien ahora resuelve estima que se actualiza de manera indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado de que se trata de la calificación registral negativa emitida por la Registradora Integral del Registro Agrario Nacional, Delegación Quintana Roo, de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, relativa a la enajenación de derechos parcelarios, respecto de la parcela 26 z1 p1 del ejido Isla Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas, Estado de Quintana Roo, contra la que -como ya se dijo- procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Unitario Agrario. En esa virtud, aun cuando el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios carece de una fracción específica que otorgue competencia a los tribunales unitarios para conocer de un juicio de nulidad de una resolución dictada por el Registro Agrario Nacional, esta atribución se funda en la fracción IV de ese precepto, porque se trata de una resolución emitida por una autoridad agraria en la que se negó una calificación registral, de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, en relación a la enajenación de derechos parcelarios, respecto de la parcela 26 z1 p1 del ejido Isla Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas, Estado de Quintana Roo; contra la cual procedía el juicio de nulidad ante el tribunal unitario agrario, al tratarse de una resolución que como ya se dijo, la calificación de inscripción -tanto positiva como negativa- lleva imbíbita la alteración de los integrantes del núcleo agrario. Apoya lo antes expuesto, por las razones que la integran, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 88/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página sesenta y seis, del Tomo XXVII, mayo de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE NULIDAD PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA CALIFICACIÓN REGISTRAL NEGATIVA PARA INSCRIBIR UN ACTA DE ASAMBLEA DE EJIDATARIOS EN EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL. CORRESPONDE AL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. Conforme a los artículos 148 de la Ley Agraria, 1o., 14, 25, 55, 56 y 57 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, este es un órgano desconcentrado de la Secretaría de la Reforma Agraria con autonomía técnica y funciones de control de tenencia de la tierra y seguridad documental, en el cual se inscriben los actos jurídicos y documentos agrarios susceptibles de registro, para lo cual, observando el principio de legalidad y en el ámbito de sus atribuciones, los registradores aplican la normativa agraria, pues emiten una resolución debidamente fundada y motivada, en la que califican la inscripción solicitada, mediante el examen de los documentos y actos jurídicos que consten en ellos, para determinar si reúnen los requisitos de forma y fondo legales para su inscripción. Por otra parte, cuando el acto de cuya inscripción se trata no reúne los requisitos de forma y fondo exigidos, su calificación será negativa y, en su contra, acorde con el artículo 63 del Reglamento mencionado, procede el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para que en la misma sede de las autoridades agrarias se verifique su legalidad, conforme al derecho agrario aplicable. En ese sentido, cuando la resolución pronunciada en el citado recurso afecta el derecho del ejido para solicitar la inscripción registral de los acuerdos de su asamblea de ejidatarios, su impugnación tendrá la finalidad de sustanciar, dirimir y resolver una controversia suscitada con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley Agraria y en el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional relativas a la inscripción de actos jurídicos y, por ende, dará origen a la tramitación de un juicio agrario, cuyo conocimiento corresponderá a un Tribunal Unitario Agrario, con fundamento en el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, conforme al cual debe conocer de los juicios de nulidad promovidos contra resoluciones dictadas por autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación. Con lo anterior, se cumplen los fines del Constituyente y el principio de supremacía establecidos en los artículos 27, fracción XIX y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al elevar a rango constitucional la impartición y administración de justicia a la clase campesina y establecer la competencia originaria de los Tribunales Agrarios, para garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y la pequeña propiedad, así como para resolver, en general, los asuntos de naturaleza agraria, en los cuales se impliquen derechos de los sujetos o entidades pertenecientes a esa clase, como son los ejidos". Cabe acotar que el vocablo "resolución" a que alude la fracción IV del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, no debe entenderse solamente como una resolución en sentido formal que se dicte en materia agraria, es decir, que derive como consecuencia de un determinado procedimiento con todas sus características, sino que también debe abarcar cualquier acto o decisión que emita una autoridad agraria, que sin constituir propiamente una resolución en sentido formal, de hecho constituye una resolución en sentido material porque determina situaciones jurídicas concretas. Lo anterior es comprensible, si se tiene en cuenta que en ocasiones las autoridades emiten actos o acuerdos que sin constituir precisamente una resolución en sentido formal, a través de esos actos o acuerdos alteran, modifican o extinguen un derecho o determinan la existencia de una obligación, como pudiera ser, por ejemplo, la emisión de un plano en materia agraria que modifique uno anterior, que sin ser propiamente una resolución, dado que la expresión de voluntad se hace de manera gráfica, esa decisión de hecho afecta situaciones jurídicas concretas y lo determinante es que en ese acto o resolución se plasme la voluntad de la autoridad agraria. Es decir, para que proceda el juicio de nulidad en términos de la fracción IV del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, es suficiente que el acto o resolución cuya nulidad se demandó haya sido emitido por una autoridad agraria y, necesariamente, que este acto altere, modifique o extinga un derecho, o bien, haya determinado la existencia de una obligación. En consecuencia, si el acto de la autoridad agraria define o da certeza a una situación legal o administrativa, y en ejercicio de su potestad, crea, reconoce, modifica o extingue algún derecho en materia agraria, y dicha autoridad puede imponerla y ejecutarla aun en contra de la voluntad de los gobernados, ese acto es una resolución, y como consecuencia de ésta, deben conocer y tienen competencia para su nulidad, los tribunales unitarios agrarios, de conformidad con el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Sirve de apoyo a lo aseverado, en lo que al caso es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 109/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, octubre de mil novecientos noventa y nueve, página 462, que señala: "REVISIÓN EN MATERIA AGRARIA. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 198, FRACCIÓN III, DE LA LEY AGRARIA Y 18, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA, PROCEDE EN CONTRA DE SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS QUE RESUELVAN SOBRE LA NULIDAD DE ACTOS Y RESOLUCIONES DE LAS AUTORIDADES AGRARIAS. Al establecer el artículo 198, fracción III, de la Ley Agraria, que el recurso de revisión procede en contra de la sentencia de los Tribunales Unitarios Agrarios, que resuelvan en primera instancia sobre la nulidad de "resoluciones" emitidas por las autoridades en materia agraria, el término conceptual "resoluciones" no debe entenderse en sentido formal, esto es, como aquellas que definen o concluyen un procedimiento administrativo, sino en el sentido amplio que se deduce del artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios que, al fijar la competencia de los Tribunales Unitarios de la materia, se la otorgan para conocer de juicios de nulidad contra resoluciones de autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación. Por tanto, cualquier tipo de resolución o acuerdo, o inclusive un acto que altere, modifique o extinga un derecho o determine la existencia de una obligación, es susceptible de ser impugnado en juicio de nulidad". Luego, cabe señalar además, que para la procedencia del juicio de amparo, no se está en el caso de que la Ley Agraria exija mayores requisitos para la suspensión del acto reclamado, dado que el artículo 166 de la citada ley, establece: "Artículo 166. Los tribunales agrarios proveerán las diligencias precautorias necesarias para proteger a los interesados. Asimismo, podrán acordar la suspensión del acto de autoridad en materia agraria que pudiere afectarlos en tanto se resuelve en definitiva. La suspensión se regulará aplicando en lo conducente lo dispuesto en el Libro Primero, Título Segundo, Capítulo III de la Ley de Amparo. En la aplicación de las disposiciones de ese ordenamiento para efectos de la suspensión del acto de autoridad en materia agraria, los tribunales agrarios considerarán las condiciones socioeconómicas de los interesados para el establecimiento de la garantía inherente a la reparación del daño e indemnización que pudiere causarse con la suspensión, si la sentencia no fuere favorable para el quejoso". De dicho precepto se desprende que la suspensión del acto reclamado remite a lo señalado en la Ley de Amparo, lo que posibilita la restitución del accionante en el goce de sus derechos por los tribunales agrarios, ya que están autorizados para acordar sobre la suspensión de los actos que puedan afectar a los interesados hasta en tanto se resuelva el negocio en definitiva. Por ello, el tribunal agrario que conozca del asunto puede decretar la suspensión de oficio, con lo cual el titular podrá ordenar la suspensión de plano, en el mismo auto en que admita la demanda, comunicándola sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento; podrá decretar que las cosas se mantengan en el estado que guardan, para lo cual tomará las medidas pertinentes para evitar la consumación de los actos de autoridad impugnados; o en su caso, podrá conceder la suspensión de oficio sin establecer garantía alguna para el promovente. Dicho argumento se robustece con la tesis 2a. XXV/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, página 475, cuyo contenido es: "JUICIO AGRARIO. CARACTERÍSTICAS DE LA SUSPENSIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 166 DE LA LEY AGRARIA. Cuando en términos del mencionado precepto deba suspenderse la actuación de alguna autoridad aplicando la Ley de Amparo, se presentan las siguientes particularidades: a) No deben invocarse ordenamientos diversos a esa ley para los casos de su procedencia y las condiciones en que se otorgue; b) Puede decretarse la suspensión en el mismo acuerdo admisorio, o bien, formar un cuaderno incidental para decretar la suspensión provisional y, previos los informes recabados, la suspensión definitiva; c) El Magistrado Agrario debe actuar en función de la problemática que presenta cada caso concreto, a fin de lograr que el acto de autoridad impugnado se suspenda en sus consecuencias, sin causar afectaciones irreparables a quienes intervienen en la contienda; y, d) Al no existir recursos ordinarios o medios de defensa dentro de la Ley Agraria para controvertir estas determinaciones, pueden impugnarse en amparo indirecto, conforme a la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo. Por otro lado, el precepto primeramente citado, al remitir el legislador al Libro Primero, Título Segundo, Capítulo III, de la Ley de Amparo para decretar la suspensión del acto de autoridad, excluye la posibilidad de que se apliquen las disposiciones del Libro Segundo que dicha ley prevé para los juicios de garantías en materia agraria, entre los cuales se encuentran sus artículos 233 y 234; sin embargo, tal circunstancia no impide que al recibir la demanda del juicio agrario en el que se impugne un acto de autoridad que, si llegare a consumarse, haga físicamente imposible restituir al promovente en el goce de su derecho reclamado, el Tribunal Agrario pueda decretar la suspensión de oficio de ese acto, invocando para ello el artículo 123 de la Ley de Amparo, cuya aplicación está permitida, y con base en el cual podrá: 1. Decretar la suspensión de plano, en el mismo auto en que admita la demanda, comunicándola sin demora a la autoridad responsable para su inmediato cumplimiento; 2. Ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden, tomando las medidas pertinentes para evitar la consumación de los actos de autoridad impugnados; y, 3. Conceder la referida suspensión de oficio sin establecer garantía alguna para el promovente, dado que la Ley de Amparo sólo la prevé para la suspensión a petición de parte". Al respecto, no pasa inadvertido que el artículo 166 de la Ley Agraria remite para otorgar la suspensión a lo dispuesto en el Libro Primero, Título Segundo, Capítulo III, de la Ley de Amparo, y que por otra parte, la tesis 2a. XXV/2009 (transcrita) hace referencia a los artículos 233 y 234 de ese ordenamiento, los cuales ya no se encuentran vigentes debido a que el dos de abril de dos mil trece, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una nueva Ley Reglamentaria de los artículos 105 y 107 de la Constitución Federal, pero cabe señalar que no obstante dicha reforma a la citada Ley de Amparo, conforme con lo establecido en el artículo sexto transitorio de ese ordenamiento, la jurisprudencia integrada en concordancia con la ley anterior continúa en vigor en lo que no se oponga a la ley vigente, por tanto, el criterio contenido en la tesis en mención sigue siendo aplicable en el presente asunto. Cabe señalar, que tampoco se combate la inconstitucionalidad de una ley o decreto; y mucho menos, se aducen exclusivamente violaciones directas a la constitución, sino que se esgrimen cuestiones de legalidad que pueden ser motivo de estudio y pronunciamiento por parte del Tribunal Unitario Agrario, al que le corresponde conocer del juicio de nulidad. Y tampoco se está en el supuesto de que el acto reclamado carezca de forma absoluta de fundamentación, pues según se desprende de su lectura, la calificación registral negativa se realizó en términos de lo dispuesto, entre otros, en los artículos 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155 y 156 de la Ley Agraria, así como los dispositivos 4, 7, 22, fracciones I y III, inciso I), 31, 32, 33, 34, 49, 51, 52, 53 y del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. Asimismo, tampoco se actualiza el supuesto de que el juicio de nulidad que debió agotar el quejoso, se encuentre previsto en algún reglamento, pues el juicio de nulidad se encuentra previsto en el artículo 163 de la Ley Agraria; en relación con el diverso 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, como ha quedado evidenciado en líneas precedentes. Respecto a la procedencia del juicio, tampoco se está en el supuesto que el recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, ya que la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios establece los términos en que procede el citado juicio de nulidad. Luego, tampoco se actualiza la hipótesis de que el quejoso se hubiere apersonado como tercero extraño al procedimiento de registro por lo que pudiera señalarse que no debiera observar el principio de definitividad. Empero, en el caso, como se ha destacado previamente, la parte quejosa acudió a la Justicia Constitucional a manifestar un interés personal respecto de la calificación negativa de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, por ser parte en el procedimiento registral de origen, en esas circunstancias tampoco se actualiza la referida excepción al principio de definitividad. Luego, es claro que la parte peticionaria de amparo, antes de instar la protección constitucional, estaba obligada a acatar el principio de definitividad supracitado, esto es, debía agotar el recurso o medio de defensa ordinario que tiene como efecto el de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado, obteniendo así remedio a las eventuales violaciones cometidas en su perjuicio, concretamente, el juicio de nulidad ante el Tribunal Unitario Agrario, lo que pone de manifiesto que, en el caso concreto, se materializa el supuesto de improcedencia a que se refiere la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo; en consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto del acto atribuido a la Registradora Integral del Registro Agrario Nacional de la Delegación en el Estado de Quintana Roo, consistente en la resolución que dictó el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, en la que emitió la calificación registral negativa que recayó a su solicitud de inscripción de enajenación de derechos parcelarios, respecto de la parcela 26 z1 p1 del ejido Isla Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas, Estado de Quintana Roo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia referida. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo en vigor, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por JUAN PASTOR ALMAZAN ARTEAGA, contra los actos que reclamó del Delegado y la Registradora Integral, ambos del Registro Agrario Nacional, de la Delegación en el Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta determinación. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, comunicada en oficio CCJ/ST/4248/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Manuel Jesús Chan Che, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    VII. Agréguense a estos autos el oficio y anexos remitidos por la Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Quintana Roo, con los que rinde su informe justificado que le fue solicitado, en relación con la ampliación de demanda de amparo. Al respecto, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes del informe y anexo de cuenta, para que manifiesten lo que a su derecho convenga; asimismo, hágase relación de tales documentos y tómense en consideración al verificarse la audiencia constitucional relativa. Con fundamento 119, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas las pruebas documentales que acompañó la autoridad responsable a su informe justificado, así como la presuncional en su doble aspecto, y la instrumental de actuaciones, para que sean relacionadas y tomadas en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional respectiva. De igual manera, como lo establece el numeral 9 de la Ley de Amparo, téngase por designados como delegados de dicha autoridad y como su domicilio para oír y recibir notificaciones, los mencionados en su informe con justificación. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, comunicada en oficio CCJ/ST/4248/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de José Nerio Ojeda Echeverría, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    MESA VII. Vista la cuenta que antecede, toda vez que de autos se advierte que hasta la presente fecha, el Registrador Integral adscrito a la Delegación Quintana Roo del Registro Agrario Nacional, no ha rendido su informe justificado relacionado con la ampliación de la demanda admitida en auto de doce de agosto del año en curso, ni obra en auto el acuse de recibo con el cual se le solicitó lo rindiera; mismo que le fue reexpedido el once de octubre del año en curso. Ahora bien, tomando en consideración que la responsable no ha remitido la documentación relativa a la calificación registral solicitada por el quejoso; por tanto, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, mediante oficio que se remita vía telegráfica, requiérase a la autoridad responsable para que remita tales constancias y en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comunique de inmediato a este Juzgado, y de ser posible, acompañe las constancias que la acrediten; apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en la fracción I, del artículo 237 y 259 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

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