Juan Pablo Vázquez Poot
Expediente 760/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 760/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Juan Pablo Vázquez Poot
Actuaciones
- Principal
Visto lo informado por el Secretario en la cuenta que antecede, en el sentido de que el Actuario adscrito, no logró emplazar a la tercero interesada Neydy Esther Aké Pino, tal y como fue ordenado en proveído de catorce de los corrientes, dictado en el presente juicio de amparo, en el predio señalado en autos para oír y recibir notificaciones, por los motivos que señaló en sus actuaciones levantadas el veinte y veintiuno de marzo de esta anualidad. Ahora bien, por acuerdo de catorce de marzo pasado, se reservó girar el despacho correspondiente, a fin de emplazar a la tercero interesada en comento, hasta en tanto se agotaran los domicilios ubicados en este ciudad de Mérida, Yucatán, lo que, como se advierte de líneas previas, dicha circunstancia ya aconteció. En tal virtud, dado que el diverso domicilio que obra en autos, en el cual pudiera ser emplazada la aludida tercero interesada, se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado, esto es, en la calle trece por dieciséis, sin número, de la localidad de Tixcacal, Quintero, Municipio de Huhí, Yucatán; con fundamento en el artículo 27, fracción II, en relación con lo dispuesto en los artículos 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese atento despacho al Juez Quinto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Izamal, Yucatán, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene comisionar al Actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional, para que se constituya en el domicilio señalado líneas arriba, y proceda a emplazar a la citada tercero interesada, entregándole copia simple de la demanda de amparo, así como del presente acuerdo, haciéndole saber que puede apersonarse a este juicio con el carácter de tercero interesada, si así le conviniere a sus intereses. Lo anterior, debiendo prevenirla para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al de la notificación de este auto, señale domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano de control constitucional. De igual manera, hágasele saber que la audiencia constitucional está fijada para tener verificativo a las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y SIETE MINUTOS DEL CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Finalmente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista con los informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables, a la tercero interesada de referencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese; y personalmente a la parte tercero interesada.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el oficio firmado por el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, en suplencia por ausencia del Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Yucatán y anexo que acompaña, mediante el cual informa que a través del oficio número 151.710.831.2022 de fecha catorce de marzo del año en curso, solicitó a la autoridad responsable, Doctor Carlos Gómez Montes de Oca, Coordinador del Operativo de Vacunación en el Estado de Yucatán, establecer lo conducente para proceder a la vacunación del menor quejoso ******************** Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Agréguese a estos autos el informe justificado remitido vía electrónica con evidencia criptográfica por Humberto Pablo Cruz Martínez, quien se ostenta apoderado de HSBC MEXICO, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero HSBC, con sede en la Ciudad de México, y dos anexos que acompaña, por medio del cual rinde su informe justificado en este asunto. Primeramente se le tiene por reconocida la personalidad, a Humberto Pablo Cruz Martínez en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, como apoderado legal de HSBC MEXICO, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero HSBC, de acuerdo con la copia certificada del testimonio de la escritura pública número veintinueve nueve mil ochocientos noventa y seis, de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, pasada ante la fe del Notario Público número doscientos veintitrés de la Ciudad de México Asimismo, visto nuevamente el informe justificado de las autoridades responsables Directores Contenciosos, en representación del Titular y del Director General de Atención a Autoridades, ambos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México, se provee: En primer término, es menester traer a colación que los actos que la parte quejosa José Julián Cetina Burgos, reclamó en su demanda de amparo, medularmente, lo constituye: - La orden verbal o escrita para bloquear, cancelar y suspender la totalidad de su cuenta bancaria número 4063104418, número de cliente 40796600, clabe interbancaria 021910040631044182, aperturada en la Institución Bancaria HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC. - La orden verbal o escrita para realizar movimientos de su referida cuenta bancaria. JUAN CARLOS MAIZA HAU 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.fc.ab 24/01/23 21:33:38 - La falta de notificación del inicio y tramitación de algún procedimiento administrativo en su contra, del cual deriva la orden de bloquear, cancelar y suspender su cuenta bancaria, para impedirle que realice cualquier gestión y disponer de los recursos que existen en su cuenta bancaria. - La orden verbal o escrita para retener el depósito derivado de un pago internacional recibido en fecha veinte de septiembre de dos mil veintiuno, por la cantidad de un millón cuatrocientos treinta y un mil ochocientos veintinueve pesos con setenta y siete centavos, de su cuenta 4063104418, con número de cliente 40796600, clabe interbancaria 021910040631044182, y aperturada en la Institución Bancaria HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC. - El bloqueo, cancelación y suspensión de la totalidad de su cuenta bancaria 4063104418, con número de cliente 40796600, clabe interbancaria 021910040631044182, aperturada en la Institución Bancaria HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, lo cual le impide disponer de sus recursos existentes en dicha cuenta bancaria y realizar movimientos correspondientes. - La retención del depósito en su cuenta bancaria derivado de un pago internacional recibido en fecha veinte de septiembre de dos mil veintiuno, por la cantidad de un millón cuatrocientos treinta y un mil ochocientos veintinueve pesos con setenta y siete centavos. Ahora bien, las autoridades responsables Directores Contenciosos, en representación del Titular y del Director General de Atención a Autoridades, ambos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México, al rendir su informe justificado señalaron que no son ciertos los actos que reclama el quejoso, por tanto se tienen como inexistentes tales actos reclamados. Lo anterior, por así haberlo manifestado al rendir su respectivo informe justificado, sin que se advierta en autos prueba en contrario que desvirtúe dichas negativas. Se considera de tal manera, en virtud de que las aludidas responsables negaron la existencia de los actos que se les reclama, por lo que la carga de la prueba de acreditar su existencia correspondía a la parte quejosa, sin que haya ofrecido prueba apta para desvirtuar la negativa de la autoridad señalada como responsable. En esas condiciones, se debe sobreseer en el presente juicio con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto de dichas autoridades responsables por los actos que se le atribuye. Sirve de apoyo la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrada con el número 284 en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, materia común, página 236, que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo". JUAN CARLOS MAIZA HAU 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.fc.ab 24/01/23 21:33:38 SECCIÓN AMPARO MESA I EXP. 434/2022 ??????????? Por otra parte, esta Juzgadora considera que respecto del acto atribuido a la responsable Institución Bancaria denominada HSBC MÉXICO, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, se actualiza causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 1º, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que no tiene la calidad de autoridad para efectos del presente juicio de amparo, porque la parte quejosa y dicha institución bancaria se encuentran en un plano de coordinación, en virtud de que su relación encuentra su origen en disposiciones de orden privado. Los citados preceptos señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.] De los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, para determinar a quiénes se debe considerar como autoridades para efectos del juicio de amparo, el último de los preceptos invocados señala que se atribuye ese carácter a la autoridad que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien, a la que omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Conforme a lo expuesto en el párrafo que precede, conviene establecer que en el citado artículo 5, el legislador únicamente hizo referencia a las formas en que la autoridad puede llevar a cabo aquellos actos que pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo; empero no especificó las características que debe reunir una autoridad para ser considerada como tal para efectos de la procedencia del sumario constitucional. Al respecto, debe decirse que de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en interpretación del citado artículo 5, de la ley de la materia, "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de origen público, ejerce un poder jurídico que afecta por sí y ante sí, aunado a que de manera unilateral crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas, evidentemente, en perjuicio de los gobernados. De lo anterior se advierte que, para considerar a una autoridad como responsable en el juicio de amparo, debe atenderse a lo siguiente: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su origen en la ley, la cual dote al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de su potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. Apoya a lo anterior la jurisprudencia Tesis: 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, Novena Época, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." Ahora bien, es un hecho público y notorio que las instituciones bancarias son de carácter privado; por ende, en principio no pueden tener el carácter de autoridad para efectos del amparo. En ese tenor, para efectos de la Ley de Amparo, es autoridad responsable aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, de manera que en la especie la institución bancaria no pueden tener la calidad de autoridad responsable, pues no realiza actos de esa índole, ya que no actuó con el quejoso en una relación de supra a subordinación, pues, en todo caso, la cancelación de la cuenta bancaria reclamada, deriva de su relación de coordinación. Es así pues, el apoderado legal de HSBC MÉXICO, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, al rendir su informe justificado informó a este juzgado federal, que la cuenta bancaria 4063104418, presentaba una restricción operativa colocada por el área de fraudes que suspendió la operación con el cliente debido a que en la cuenta se depositó la orden de pago internacional número 263340609 por la cantidad de 72,497.71 USD (setenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y siete dólares, setenta y un centavos) equivalente a la cantidad de $1,431,829.77 (un millón cuatrocientos treinta y un mil ochocientos veintinueve pesos con setenta y siete centavos) y de la revisión que se hizo a la operación se conoció que fue enviada por la empresa DANTHERM SPA a la empresa JIANGMEN SHENKGE, CO. LTD, sin embargo fue depositado en la cuenta del quejoso, por lo que el nombre del beneficiario no corresponde con el titular de la cuenta. Por tanto, la aludida institución bancaria restringió para su análisis e investigación la cuenta bancaria en comento, en términos del contrato único de personas físicas que suscribió el cliente, aquí quejoso. Lo anterior, permite válidamente determinar que, la restricción operativa de la cuenta bancaria 4063104418, de la institución bancaria HSBC MÉXICO, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, a nombre del quejoso y de la que se duele en este juicio, obedeció a aspectos contractuales entre las partes, derivadas de las condiciones propias del convenio bancario celebrado entre la parte quejosa y la entidad bancaria que señala como responsable, por lo que no se trata de actos de autoridad, sino actos entre particulares. Sirve de apoyo, la tesis con Registro digital 2020006, del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 67, Junio de 2019, Tomo VI, página 5188, de rubro y texto siguientes: "INSTITUCIONES BANCARIAS. NO REALIZAN ACTOS EQUIVALENTES A LOS DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO INMOVILIZAN LAS CUENTAS RESPECTIVAS CON BASE EN EL CLÁUSULADO DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS BANCARIOS CELEBRADOS ENTRE AQUÉLLAS Y SUS CLIENTES. De conformidad con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo y lo delineado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 112/2015 (10a.), los particulares pueden figurar como autoridades responsables, en la hipótesis de que realicen actos semejantes a los de las entidades públicas, susceptibles de combatirse en el enjuiciamiento de derechos fundamentales, siempre y cuando el acto que se les reclame tenga como génesis, entre otros requisitos, una norma de carácter general que les confiera facultades para comportarse de manera similar a un ente estatal. Ahora bien, cuando los bloqueos de las cuentas bancarias de los quejosos por parte de las nombradas instituciones no se realicen con sustento en las atribuciones otorgadas en una disposición legal o reglamentaria, sino con asidero en un contrato de servicios bancarios, celebrado entre aquéllos y las referidas entidades crediticias, éstas no pueden tener la calidad de particulares equiparables a autoridades, para efectos del mencionado juicio constitucional, al tener su origen ese contexto en disposiciones de orden privado acordadas entre la propia impetrante y dichas instituciones en un plano de coordinación, lo que es indicativo de una relación que difiere sustancialmente de la que se entabla entre una autoridad y un gobernado; ello, pese a que el actuar aludido pueda calificarse como unilateral, o bien, traiga como consecuencia un cambio de entorno para el solicitante de la protección de la Justicia de la Unión, en la medida en que es indispensable que el acto desplegado por los particulares, señalados como autoridades responsables, esté fundado en un ordenamiento que les dote de atribuciones que, en principio, corresponden al Estado." (Énfasis añadido) Asimismo, por las razones que la sustenta, la tesis con registro digital 232604, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 121-126, Primera Parte, página 55, Séptima Época, de rubro y texto siguientes: "BANCOS. NO TIENEN EL CARACTER DE AUTORIDAD, PARA EL JUICIO DE AMPARO. El ir a comprar moneda extranjera a un banco y que niegue esta institución bancaria la venta de la mencionada moneda al precio que el comprador fija, en manera alguna puede considerarse que la citada transacción comercial deba considerarse como primer acto de aplicación de la Ley Monetaria, puesto que la compraventa se realiza entre dos particulares; y el que el banco, a través de sus funcionarios, haya dicho al ahora quejoso que el valor de la moneda para su compra y venta era diverso del que pretendía dicho quejoso, por existir nuevos precios basados en circulares que a los diversos bancos giró el Banco de México, S.A., en manera alguna pueda considerarse, como se dijo, como primer acto de aplicación de las leyes, puesto que el banco, aunque es una institución de crédito, con concesión federal para operar en materia bancaria, en sus operaciones de compraventa de moneda extranjera no tiene el carácter de autoridad, ni siquiera el de auxiliar de alguna autoridad, ni aun en el supuesto de que en dichas operaciones la mencionada institución se funde en las leyes impugnadas de inconstitucionales por el quejoso en el amparo." No pasa inadvertido para quien resuelve, que a partir de que entró en vigor la Ley de Amparo publicada en Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el juicio biinstancial resulta procedente contra actos de particulares. Sin embargo, no debe perderse de vista que, para que los particulares tenga esa calidad de autoridades en la instancia constitucional deben realizar actos equivalentes a éstas, además de que esas funciones deben regirse por una norma general; y no por una relación contractual como en el uso. Bajo esa premisa, de las constancias allegadas a los autos, no se advierte que la suspensión de la cuenta bancaria que defiende el quejoso, encuentre su origen o sustento en alguna disposición legal, reglamentaria o en acatamiento a una orden de carácter ministerial o judicial sino que deriva de la relación contractual del contrato único de personas físicas, celebrado entre el peticionario y la institución bancaria. Por ende, no asiste a esa institución bancaria el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que ambas partes se encuentran en un plano de coordinación, pues HSBC MÉXICO, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC es una institución de crédito cuyo objeto constituye la prestación de servicios de banca y crédito, las cuales podrán realizar operaciones y prestar los servicios a que hacen referencia los artículos 46, 46 bis 1, 46 bis 4 y 46 bis 5 de la Ley del Instituciones de Crédito, que refieren que una institución de crédito, tiene como principal actividad la prestación de servicios de banca, de ?????crédito y financieros, para lo cual celebra contratos privados de prestación de servicios, atendiendo a la necesidad del particular, estableciendo las modalidades y elementos que se deben colmar para tal efecto. Lo anterior revela que las obligaciones y derechos que surgen del acuerdo de voluntades que realicen los particulares con una institución bancaria, es un pacto de naturaleza privada. En otras palabras, el acto reclamado, tiene su génesis en las cláusulas de un contrato de servicios bancarios, esto es, en disposiciones del orden privado acordadas por el propio quejoso y la entidad bancaria, en un plano de coordinación; toda vez que la cancelación de las cuentas la realizó el banco con base en las cláusulas del contrato y no con apoyo directo en una norma general. En ese sentido, se puede sostener que el acto reclamado no tuvo sustento en alguna disposición normativa que le concediera a la institución bancaria la facultad de emitir un acto unilateral y obligatorito o alguna función equivalente a la de una autoridad, que impliquen una relación de supra-subordinación, sino que fue ejecutado con base en un acuerdo contractual. Resulta aplicable a lo expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia PC.I.P. J/56 P (10a.), de los Plenos de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 67, Junio de 2019, Tomo V, Materia(s) Común, Penal, pagina 4357, Décima Época, de rubro: "INSTITUCIONES BANCARIAS. TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EJECUTAN LOS ASEGURAMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS ORDENADOS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL POR LA AUTORIDAD MINISTERIAL O JUDICIAL." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 1º, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer, fuera de audiencia, en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra de los actos reclamado a la autoridad responsable señalada con antelación, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucionalseñalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS.Notifíquese personalmente.
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