Juan Ramon Peralta Martinez
Expediente 1832/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1832/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 16/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Juan Ramon Peralta Martinez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
El dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, doy cuenta a la Jueza con estos autos y con la certificación secretarial levantada. Conste. Mérida, Yucatán, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta secretarial que antecede, aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que la expresada resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en el Libro correspondiente, y la carátula del expediente y, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió la suspensión provisional, y negó la suspensión definitiva; en tal virtud, de conformidad con lo previsto en la fracción II del artículo 20 del capítulo octavo del acuerdo antes citado, se determina que el original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, son SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Devuélvase al Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, las constancias que remitió como anexo, consistente en copia certificada de la totalidad de las constancias del expediente ********************, de su índice, por no tener ya objeto su permanencia en estos autos, y respecto de las cuales se formaron dos tomos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTO, para resolver, el juicio de amparo indirecto 1832/2022-III, promovido por Juan Ramón Peralta Martínez contra el acto que reclamó del Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el uno de agosto de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, turnada el tres de agosto del año en curso a este Juzgado Tercero de Distrito, Juan Ramón Peralta Martínez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto consistente en la sentencia incidental de fecha cinco de julio de dos mil veintidós, emitida en autos del expediente 5413/2001, relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria promovida por Mónica Alejandra Torres González y el ahora quejoso. Dicho acto fue atribuido al mencionado Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Previo cumplimiento a la prevención de cuatro de agosto de dos mil veintidós, por acuerdo de veintidós de agosto de la presente anualidad, se admitió a trámite la demanda de amparo; se registró en el Libro de Gobierno bajo el expediente 1832/2022; se solicitó a la responsable su informe con justificación; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y primero, fracción XIV, segundo, fracción XIV, numeral 6, y cuarto, fracción XIV, del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (reformado y adicionado por el diverso 12/2016 del propio Pleno del Consejo citado); por tratarse de una demanda de amparo en materia civil, promovida contra un acto emitido por una autoridad con residencia dentro de la circunscripción territorial en que esta Juzgadora ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar claramente los actos reclamados, con base en el estudio integral de la demanda de amparo, para establecer lo que el quejoso quiso decir y no únicamente los que en apariencia señaló como tales, de acuerdo a lo sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. VI/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, de abril de 2004, visible a página 255, cuyo rubro y texto dicen: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." De una revisión integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclamó del Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, lo siguiente: - La sentencia incidental de fecha cinco de julio de dos mil veintidós, emitida en autos del expediente 5413/2001, relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria promovidas por Mónica Alejandra Torres González y el ahora quejoso. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, aceptó la existencia del acto que se le reclamó al rendir su informe con justificación, por lo cual debe tenerse por existente para los efectos de este amparo. CUARTO. ANTECEDENTES. A fin de dotar de mayor claridad a la presente resolución, se estima necesario reseñar los antecedentes más destacados acontecidos en el procedimiento de origen. I.- Juan Ramón Peralta Martínez y Mónica Alejandra Torres González, promovieron diligencias de jurisdicción voluntaria a fin de que se aprueben judicialmente las bases de su divorcio, conociendo por cuestión de turno, el entonces Juzgado Tercero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, formándose en fecha veintiocho de agosto de dos mil uno, el expediente número 1247/2001. II.- Por determinación de siete de septiembre de dos mil uno, el entonces Juez Tercero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, emitió una determinación en la que resolvió entre otras cosas, aprobar el convenio celebrado por los promoventes Juan Ramón Peralta Martínez y Mónica Alejandra Torres González, y condenando al citado Peralta Martínez a aumentar la pensión alimenticia convenida en el convenio aprobado, en los términos señalados en el mismo; determinación que causó ejecutoria por acuerdo de trece de septiembre de dos mil uno. III.- Por determinación de cinco de marzo de dos mil doce, el entonces Juez Tercero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, requirió al ahora quejoso Juan Ramón Peralta Martínez, para que pague a la acreedora Mónica Alejandra Torres González, la cantidad de cuarenta mil quinientos pesos, moneda nacional o bien, acredite haber cubierto dicha suma. IV.- En fecha doce de junio de dos mil doce, Juan Ramón Peralta Martínez y Mónica Alejandra Torres González, presentaron ante el Juez Tercero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, dentro del expediente 1247/2001, un convenio judicial, en el que se establece la forma en que serían cubiertas las cantidades que en concepto de pensión alimenticia, adeuda el citado Peralta Martínez, respecto de la menor Andrea Alejandra Peralta Torres; convenio que no obstante la vista que se dio a los suscriptores, no fue ratificado ante la autoridad judicial. V.- En virtud del cierre del Juzgado Tercero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, conforme a lo dispuesto en el acuerdo General EX04-140319-02 del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, por acuerdo de treinta de agosto de dos mil veintiuno, el expediente inicialmente registrado con el número 1247/2001, se registró con el diverso 5413/2001, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. VI.- El ocho de septiembre de dos mil veintiuno, el Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, emitió un proveído en el que tuvo a ANDREA ALEJANDRA PERALTA TORRES, presentando un escrito por medio del cual solicitó la actualización de la pensión conforme a los incrementos del salario mínimo, por el período de los años dos mil trece a dos mil veintiuno; en mérito de ello, se le reconoció su mayoría de edad, dejando sin efectos la representación que su madre custodia Mónica Alejandra Torres González ejercía sobre ella; asimismo, se determinó realizar la correspondiente modificación de pensión alimenticia del expediente de origen. VII.- Por acuerdo de cinco de abril de dos mil veintidós, se tuvo a Andrea Alejandra Peralta Torres, haciendo manifestaciones respecto de los incrementos y adeudos de pensión alimenticia que solicitó, respecto de lo cual, se dio vista al ahora quejoso Juan Ramón Peralta Martínez, dando contestación a la misma, mediante escrito presentado el dieciocho de abril de dos mil veintidós. VIII.- Mediante resolución de cinco de julio de dos mil veintidós, el Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en autos de las diligencias de jurisdicción voluntaria 5413/2001, accedió a la solicitud de incrementos formulada por Andrea Alejandra Peralta Torres, determinándose como cantidad adeudada la suma que asciende a ciento cuarenta y tres mil novecientos catorce pesos, con sesenta y cinco centavos, moneda nacional, por el período que abarca del año dos mil trece al mes de junio de dos mil veintidós. Esta última determinación constituye el acto reclamado en este juicio de control constitucional. QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ACTUALIZADA. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo deben ser analizadas en forma previa por tratarse de una cuestión de orden público en el juicio constitucional, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia que bajo el número 814, publicada en la página 553 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, de forma oficiosa se advierte que respecto del acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que consagra la infracción a la inobservancia del principio constitucional de definitividad que rige en el juicio de amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" De la interpretación del artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de Tesis 139/2013 bajo la ponencia del Ministro José Ramón Cossío señaló que el agotamiento de los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo es una regla, una razón operativa de carácter perentorio, que obedece a la dimensión institucional de su régimen procesal, definido por su naturaleza de orden regulado y operado por órganos competentes. Dichos requisitos procesales, no deben ser considerados como una mera formalidad, sino como una necesidad operativa, ya que permite que el sistema cumpla con su función: salvaguardar los derechos de quienes acuden ante los tribunales para solucionar sus disputas, mediante un trato imparcial e igualitario, lo que abona al orden y a la paz social. El orden en los procedimientos judiciales no existe sólo para proteger intereses particulares sino también, y de manera fundamental, para salvaguardar los intereses sociales. De este modo, la Sala consideró que el agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal, implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional, por lo que se impone al justiciable la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, no como una mera exigencia formal que retarde la impartición de justicia, sino como un instrumento apto para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. Asimismo la Sala determinó que si la regla de la definitividad exige legítimamente que se agoten los recursos ordinarios antes de acudir a la jurisdicción constitucional, es necesario que dichos medios cumplan con determinados requisitos para que su exigencia sea legítima y deba acatarse. Esos requisitos tienen que ver con la existencia, idoneidad, efectividad, oportunidad de los recursos y, con ellos, deberá analizarse, asimismo, la conducta procesal tanto de las autoridades como de las partes en los procedimientos judiciales ordinarios. En el ámbito del sistema interamericano de derechos humanos se le ha dado un sentido amplio al artículo 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al vincularlo con el artículo 8 (garantías judiciales) del mismo instrumento internacional. Como producto de lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha construido un concepto expansivo del llamado recurso adecuado y efectivo que toda persona puede promover ante los jueces o tribunales competentes, para ser amparada contra actos que violen sus derechos fundamentales. Por lo anterior, el recurso previo que los justiciables deben agotar antes de recurrir a la jurisdicción constitucional, deberá estar en condiciones de fungir como garantía de protección de los derechos fundamentales de quienes han sometido una disputa bajo el conocimiento de las autoridades jurisdiccionales ordinarias. Como requisito primigenio y de orden lógico, el recurso previo deberá de existir, esto es, tendrá que estar contemplado y regulado por la ley ordinaria. Además, deberá ser adecuado y eficaz. Un recurso es adecuado si su función dentro del sistema del derecho interno es idónea para proteger la situación jurídica infringida, esto es, debe ser aplicable en la circunstancia específica. Es, además, eficaz, si tiene la capacidad de producir el resultado para el que ha sido concebido. Además, las autoridades deberán permitir que los justiciables impugnen ante los órganos superiores las decisiones que les afecten, así como garantizar que dichos recursos sean capaces de producir una decisión dentro de un plazo razonable y que se desahoguen con la debida diligencia. Por tanto, si la ley ordinaria no contempla el recurso, o éste no es adecuado y eficaz, o no se le permitió al justiciable agotar el recurso, o bien, promoviéndolo las autoridades no lo han tramitado con la debida diligencia y no han producido una decisión definitiva en un plazo razonable, considerando la naturaleza de los hechos del caso, o la propia norma le permite renunciar a ellos, es legítimo que opere una excepción a la regla de la definitividad, por lo que el juez de distrito estará en aptitud de admitir la demanda de amparo. A contrario sensu, si el justiciable tuvo a su disposición un recurso existente, adecuado, eficaz, expedito, oportuno y obligatorio, para ser oído y, eventualmente, protegido por el órgano superior y no lo agotó, entonces no será legítimo dejar de observar la regla de la definitividad. Dicho lo anterior, la cuestión a verificar en el presente caso consiste en determinar si en la legislación local aplicable (1) existe un recurso que debió agotarse antes de acudir a esta instancia constitucional, y de ser así (2) si dicho recurso es adecuado y (3) efectivo. Ahora bien, cuando el artículo 61, fracción XVIII se refiere a que la ley establezca un recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tal disposición legal establece que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 115/99 de la Segunda Sala de rubro: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO." La legislación aplicable en el caso es el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, ya que conforme a dicho ordenamiento, en el expediente 5413/2021, el Juez responsable accedió a la solicitud de incrementos formulada por la acreedora alimenticia Andrea Alejandra Peralta Torres, determinándose como cantidad adeudada la suma que asciende a ciento cuarenta y tres mil novecientos catorce pesos, con sesenta y cinco centavos, moneda nacional, por el período que abarca del año dos mil trece al mes de junio de dos mil veintidós. La resolución impugnada se dictó dentro de un procedimiento de jurisdicción voluntaria, el cual, conforme al criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe calificarse como actos dictados fuera de juicio en términos del artículo 107, fracción III de la Ley de Amparo en vigor; y por tanto, al tratarse de un procedimiento, el juicio de amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, salvo que se trate de actos dictados dentro del procedimiento que causen imposible reparación, en virtud de que en ese supuesto, no existe necesidad de esperar a que se dicte la resolución que pone fin al procedimiento. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 16/2013 de la Primera Sala de Nuestro Máximo Tribunal, cuyo rubro y texto, establece: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. EL AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA EL ACTO QUE PONGA FIN A LA DILIGENCIA SALVO QUE SE TRATE DE ACTOS INTERMEDIOS CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Las diligencias de jurisdicción voluntaria deben calificarse como actos dictados fuera de juicio en los términos del primer párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo. Al respecto, el Pleno de este Alto Tribunal en las tesis jurisprudenciales de rubros: "PRENDA MERCANTIL. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL ACUERDO QUE ADMITE A TRÁMITE LA PETICIÓN DEL ACREEDOR PARA QUE EL JUEZ AUTORICE LA VENTA DE LOS BIENES DADOS EN GARANTÍA."; "PRENDA MERCANTIL, VENTA JUDICIAL DE LA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 341 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO."; y en las ejecutorias de las que derivaron éstas, estableció que cuando dichos actos provinieran de un procedimiento, el juicio de amparo indirecto sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento; supuesto en el cual, de acuerdo al inciso b), de la fracción III, del artículo 107 Constitucional, en estos casos debe respetarse el principio de definitividad. No obstante, aplicando por analogía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, si durante el procedimiento de jurisdicción voluntaria existe un acto intermedio de imposible reparación, el amparo indirecto procedería excepcionalmente respecto de dicho acto, una vez que se hubiesen agotado los medios ordinarios de defensa que existan en su contra, sin requerir que se emita la determinación final que proceda. Así, por regla general el amparo indirecto sólo procede contra el acto que ponga fin a la diligencia de jurisdicción voluntaria, salvo que el acto sea de imposible reparación, supuesto en el cual el amparo indirecto procederá en contra de actos intermedios, debiendo en ambos casos respetarse el principio de definitividad." De la jurisprudencia anterior se advierte que la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de los actos dictados en las diligencias de jurisdicción voluntaria, se encuentra sujeta a que se trate de la última resolución o actos imposible reparación, sin embargo, precisa que, dicha procedencia es excepcional, toda vez que en ambos casos deberá respetarse el principio de definitividad, esto es agotarse los medios ordinarios de defensa que existan en su contra. Ahora bien, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán prevé en su artículo 851 que las providencias que se dicten en los negocios de jurisdicción voluntaria, serán apelables, salvo los casos en que la ley disponga otra cosa. Textualmente dispone: "ARTÍCULO 851.- Las providencias que se dicten en los negocios de jurisdicción voluntaria, serán apelables, salvo los casos en que la ley disponga otra cosa." Para lo cual debe traerse a colación el capítulo III (apelación) título séptimo (los recursos) del citado ordenamiento procesal, el cual textualmente en el artículo 376 dispone: "Artículo 376. Salvo especial disposición en contrario, las sentencias definitivas son apelables. Las demás resoluciones solo son apelables cuando la ley lo establezca, expresamente y además, si son autos, cuando la disposición que contienen impida en términos absolutos la continuación del procedimiento o cause un gravamen que no pueda repararse en la sentencia." Como se ve, el segundo artículo transcrito previene que procede el recurso de apelación en contra de las sentencias definitivas y los autos que cause un gravamen que no pueda repararse en la sentencia y el primero de los numerales citados refiere que el recurso de apelación procede en contra de las providencias que se dicten en los negocios de jurisdicción voluntaria. El acto reclamado consistente en la resolución de cinco de julio de dos mil veintidós, es una determinación dictada con posterioridad a la sentencia definitiva dentro de un procedimiento de diligencias de jurisdicción voluntaria, por lo tanto causa un gravamen que no puede ser reparado toda vez que ya se ha dictado sentencia. Máxime que de conformidad con lo dispuesto en el transcrito numeral 851 las providencias dictadas en las diligencias de jurisdicción voluntaria son apelables, sin que la ley haga una diferenciación entre las resoluciones dictadas antes y después de sentencia. Por tanto, resulta pertinente decir que en contra del acto reclamado, el Código de Procedimientos Civiles del Estado prevé la procedencia del recurso de apelación, por lo tanto se surte con el primer requisito consiste en la existencia del medio de defensa. En cuanto al segundo requisito (recurso adecuado), conforme a la jurisprudencia interamericana citada previamente el recurso de apelación es un recurso idóneo para proteger la situación jurídica infringida y proveer lo necesario para remediarla, ya que conforme a los artículos 376 y 851 del Código de Procedimientos Civiles del Estado se trata de un recurso aplicable al caso concreto, es decir procedente contra de las providencias dictadas dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria incluso dictadas después de la sentencia, como la dictada el cinco de julio de dos mil veintidós. Además se trata de un recurso disponible a la parte quejosa conforme al artículo 371 de dicho ordenamiento, ya que tanto el litigante como el tercero que haya salido al juicio, tienen derecho a apelar la resolución que les perjudique. Por lo tanto se trata de un recurso idóneo, aplicable, disponible y viable, para tutelar la situación jurídica infringida que aquí reclama la parte quejosa. Conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde su primera sentencia contenciosa Velásquez Rodríguez vs. Honduras, el recurso debe estar encaminado "a producir un efecto y no puede interpretarse en el sentido de que no produzca ninguno o su resultado sea manifiestamente absurdo o irrazonable". En cuanto a esta efectividad, el recurso de apelación previsto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado, conforme al artículo 369, tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución inferior, por lo tanto, es un recurso capaz de producir el resultado por el cual fue concebido. Además se trata de un recurso sencillo y rápido ya que no genera obstáculos ajenos a su propia naturaleza además que se prevén términos que permiten que se resuelva con la celeridad debida. Por tanto, es menester concluir que en el caso era procedente interponer el recurso de apelación previsto en el Código Procesal del Estado de Yucatán, además de tratarse de un recurso adecuado y efectivo conforme a los parámetros internacionales citados, por lo que debió agotarse antes de acudir al presente juicio de amparo. Aunado a lo anterior, debe decirse que la interposición del recurso de apelación no causa un peligro que involucre derechos de menores, ya que en el caso no se está en dicho supuesto, pues si bien, la pensión inicialmente decretada se emitió a favor de la nombrada Andrea Alejandra Peralta Torres, cuando ésta era menor de edad, también es cierto, que la resolución ahora reclamada, deriva de la solicitud de la nombrada Peralta Torres, quien ahora ya es mayor de edad y solicita el pago por lo que ve a los incrementos y adeudos de la pensión alimenticia que se decretó a su favor. En mérito de lo anterior, no se está en un supuesto de excepción respecto del principio de definitividad, ya que si bien el recurso de apelación previsto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado no admite suspensión, como ya se dijo, no se encuentran vinculados derechos de menores que pudieran haberse prevenido con la suspensión del acto reclamado, pues en el caso, la resolución de cinco de julio de dos mil veintidós, tiene por objeto cuantificar los adeudos y ajustes relativos a la pensión otorgada a la acreedora alimenticia Andrea Alejandra Peralta Torres, por el período comprendido del mes de junio de dos mil trece al mes de junio de dos mil veintidós. Por lo tanto, de ejecutarse dicha resolución, no se pone en un riesgo ningún derecho de algún menor, que solamente pudiera prevenirse a través de la suspensión, pues únicamente tendrá como efecto que se dicten las medidas conducentes para el requerimiento y pago de la cantidad adeudada en concepto de pensión alimenticia, es decir, se trata en todo caso de salarios pasados no actualizados ni pagados a la acreedora. De ahí, que al no haber agotado la parte promovente el citado medio de defensa, previo al ejercicio de la acción de amparo intentada, es evidente, la actualización de la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al ser susceptible de ser modificado, revocado o nulificado a través del medio de defensa ordinario establecido en la ley que rige el procedimiento judicial del cual emana éste último. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.) de la Primera Sala siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXI.1o.29 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, Octubre de 1996, visible a página 599, de la Novena Época, con registro digital 201240, con el rubro y texto siguientes: "RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. Si en amparo indirecto se reclama una providencia dictada en un procedimiento judicial no contencioso, como lo es la jurisdicción voluntaria, y contra tal determinación procede el recurso de apelación en el efecto devolutivo, como lo establece el artículo 749 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guerrero; en tal circunstancia, al no agotarse tal medio de impugnación, procedente en el caso, antes de acudir al amparo, provoca la improcedencia del juicio de garantías, de acuerdo al diverso 73, fracción XIII, de la ley de la materia." Bajo ese contexto, es evidente que previamente a la tramitación del presente juicio, el peticionario de la instancia constitucional debió agotar el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, en atención a que contra de los actos que reclamó, procede el recurso de apelación previsto en la legislación secundaria a la que se hizo referencia en la presente resolución, lo cual determina la improcedencia del juicio de garantías, de conformidad con la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo que obliga a sobreseer, el presente juicio, con apoyo en el numeral 63, fracción V de la propia Ley de Amparo en vigor. Similar criterio sostuvo el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en sesión de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, en autos del toca 206/2019, relativo al recurso de revisión interpuesto en el juicio de amparo indirecto 224/2019-VI. La causal de improcedencia que se actualiza, hace innecesario el estudio del fondo del asunto, en atención a la tesis de jurisprudencia 509 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 335, Tomo VI, Parte SCJN, Séptima Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.". Se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Juan Ramón Peralta Martínez contra el acto reclamado consistente en la resolución emitida el cinco de julio de dos mil veintidós, por los motivos expresados en el considerando quinto de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, hasta el día de hoy veintinueve de noviembre de dos mil veintidós asistida de Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con veintiún minutos del quince de noviembre de dos mil veintidós, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo III. 1832/2022, promovido por JUAN RAMÓN PERALTA MARTÍNEZ, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria con quién actúa y da fe, se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. A continuación, la Jueza declara abierta la audiencia. La Secretaria hace relación de la demanda y demás constancias. A continuación, la Jueza ordena a la Secretaría hacer una relación de las constancias de autos, por lo que se dio cuenta con las siguientes: a) Demanda de amparo; b) Auto de admisión de la demanda; c) Constancia de notificación a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; d) Informe Justificado de la autoridad responsable y la remisión de las constancias anexas de las que se dio vista a las partes, e) auto donde se notificó por lista a la tercero interesada Andrea Alejandra Peralta Torres. Acto seguido, la Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendidos en tiempo y forma los informes justificados de las autoridades señaladas como responsables, para que sean tomados en consideración como corresponda. En el período de pruebas, se da cuenta con las documentales que adjuntó la parte quejosa en su demanda de amparo, y con los anexos que la responsable Juez Primero Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, remitió junto con su informe justificado, y oficio posterior. Al respecto, la Jueza acuerda: Ténganse por ofrecidas las pruebas con las que dio cuenta la Secretaría, las cuales conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan para los efectos legales, atento a su propia y especial naturaleza jurídica; cerrándose la etapa probatoria. En el período de alegatos, se hace constar que ninguna de las partes ejerció su derecho a realizar alegaciones, por lo que se cierra dicha etapa. Cierre de la audiencia. A continuación, la Jueza procede a declarar que por virtud de haberse agotado la audiencia en los términos señalados, no habiendo otro asunto pendiente de desahogo, quedan vistos los autos para dictar la sentencia correspondiente, firmando la presente audiencia quienes en ella intervinieron. Doy fe. (Firma electrónica) KARLA ALEXANDRA DOMÍNGUEZ AGUILAR JUEZA TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. (Firma electrónica) PAMELA MEDINA SÁNCHEZ SECRETARIA DE JUZGADO
- Principal
Mérida, Yucatán, a veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se advierte que hasta la presente fecha la parte tercero interesada ********************, en este juicio, no atendió a la prevención que se le hizo en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, en el sentido de señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en los autos de referencia, y por tanto, hágase a la aludida tercero interesada, ésta y la subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional; lo anterior, con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 29, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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