Juan Pablo Sotelo Jaimes

Expediente 808/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
808/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
01/03/2021

Partes del expediente

  • Juan Pablo Sotelo Jaimes
  • Universidad Autonóma del Estado de Morelos

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, uno de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo se advierte que mediante circular SECNO/10/2021, la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal informó que a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. Así, atendiendo al contenido del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en el que -con el objeto de dar continuidad y reanudar las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación- se establecen diversas acciones que deben llevar a cabo los órganos jurisdiccionales para la reanudación en el trámite y resolución de todos los asuntos radicados en este juzgado, adoptando las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, VI y VIII del citado acuerdo general, en lo que resulten aplicables, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el quince de marzo de dos mil veintiuno, de acuerdo a la Circular SECNO/10/2021 emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura federal. REANUDACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, con relación al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se levanta la suspensión de los plazos y términos procesales en este juicio de amparo, en el entendido que conforme a la fracción I del artículo 2 del referido acuerdo, dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. PROMOCIÓN RECIBIDA. Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda, el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, a través del cual remite el testimonio de la ejecutoria emitida en el recurso de queja 143/2020, en sesión de once de diciembre de dos mil veinte, cuyo punto resolutivo es del tenor literal siguiente: "ÚNICO. Se declara INFUNDADO el recurso de queja." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción d), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Asimismo, se les hace saber que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben registrarse en el sitio de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir los pasos que ahí se precisan. RECOMENDACIÓN PARA TRANSITAR HACIA EL ESQUEMA DE JUICIOS EN LÍNEA. Además, para quienes esto sea una posibilidad, se recomienda transitar hacia el esquema de juicios en línea, lo cual se puede hacer incluso en aquellos asuntos que se hayan tramitado físicamente, para lo cual se puede ingresar una promoción solicitando la consulta y notificación electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea. Finalmente, se hace de su conocimiento que dado que aún no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, en atención al artículo 21 del mencionado Acuerdo General, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; adicionalmente, éstas estarán colocadas en el espacio externo designado para tal efecto en las instalaciones del edificio sede de este Circuito Judicial, para que acudan a consultarla sin contar con una cita previa. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de octubre de dos mil veinte. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, acusa recibo e informa que admitió el recurso de queja bajo el número 143/2020; el que se ordena agregar a los autos para que surta sus efectos legales procedentes. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, catorce de octubre de dos mil veinte. Se tiene por recibido el escrito con evidencia criptográfica signado por Reynaldo Sotelo Virto, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo del quejoso, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se da trámite al recurso de queja en contra del auto de veintinueve de septiembre de dos mil veinte. Por consiguiente, en vía de informe con relación a la materia de la queja, comuníquese a la Superioridad que es cierto el acto, toda vez que mediante acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, se determinó desechar de plano la demanda de amparo, en virtud de que se advertían motivos manifiestos e indudables de improcedencia, por las razones que ahí se expusieron. En ese sentido, acorde a lo dispuesto por el artículo 39 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, en lo concerniente a que todos los envíos de expedientes de un órgano jurisdiccional a otro se harán de forma electrónica, salvo que el remitente estime necesario que el órgano destinario cuenta con las constancias físicas. Establecido lo anterior, efectúese la remisión vía interconexión al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno, el original y copia del escrito de expresión de agravios, para la substanciación de la queja interpuesta. Por tanto, mediante oficio que al efecto se libre efectúese el turno del asunto por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito. Asimismo, se instruye al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado Federal, para que autorice al Tribunal Colegiado del conocimiento la consulta del expediente electrónico en línea del presente asunto. En caso de que sean requeridas las constancias impresas del asunto, se ordena eventualmente formar el cuaderno de antecedentes únicamente con la copia del escrito de agravios, en virtud de que este juzgado cuenta con el Expediente Electrónico que contiene las actuaciones que se encuentran en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    AVISO.- PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso C), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del veintinueve de septiembre del dos mil veinte, que en lo conducente dice: Cuernavaca Morelos, veintinueve de septiembre de dos mil veinte. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por JUAN PABLO SOTELO JAIMES, contra actos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y otras autoridades, fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número que le corresponde 808/2020-III. Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.". ACTO RECLAMADO. Ahora bien, el quejoso reclama: "LA NEGATIVA DE ADMISIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR POR NO HABER OBTENIDO LA CALIFICACIÓN NECESARIA EN EL EXAMEN DE ADMISIÓN". DESECHAMIENTO. En esas condiciones, se advierte de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción, XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por tratados internacionales e los que el Estado mexicano sea parte. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía. Modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De ese dispositivo se desprende con claridad que se da la improcedencia del juicio de amparo cuando ésta resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El primer ordenamiento en cita regula la improcedencia del juicio de amparo, cuando así resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo. Por su parte, el segundo de los artículos describe quiénes tienen el carácter de autoridad responsable, esto es, tienen tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En otras palabras, por autoridad responsable debe considerarse a la persona que con fundamento en una norma legal puede emitir actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, para dilucidar con precisión si se está en presencia de un acto de autoridad, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado. Para lo cual, es necesario tomar en cuenta que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana; 3) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular, y 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior guarda sustento en la jurisprudencia de la Novena Época, de número de registro 161133, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, del rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." Ahora bien, para estimar si en el caso la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, puede ser considerada como autoridad responsable o si estamos ante la presencia de un acto de autoridad, en aras de otorgar la máxima protección a la persona, no debe ser decisivo el tipo de relación; pues la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que incluso en las relaciones jurídicas entre particulares los derechos fundamentales cobran vigencia y, por mayoría de razón, en las relaciones jurídicas en las que un órgano dotado de facultades desincorpora derechos unilateralmente de la esfera jurídica de otra persona afectando derechos humanos. Ello se desprende de la Jurisprudencia de la Novena Época, de número de registro 159936, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, página 798, del rubro siguiente: "DERECHOS FUNDAMENTALES. SU VIGENCIA EN LAS RELACIONES ENTRE PARTICULARES." Igualmente, debe considerarse que el nuevo texto constitucional obliga al Estado a prevenir y reparar violaciones a los derechos fundamentales; por tanto, más que saber de qué tipo de relación emana el acto, debe analizarse cada acto de autoridad poniendo especial atención a su contenido y efectos jurídicos, para estimar si con dicho acto se da una posible afectación de derechos fundamentales. Visto lo anterior, se estima que el acto que en el presente juicio de amparo reclama el quejoso consistente en "LA NEGATIVA DE ADMISIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR POR NO HABER OBTENIDO LA CALIFICACIÓN NECESARIA EN EL EXAMEN DE ADMISIÓN"., pues aduce que después de obtener su ficha de registro como aspirante a la facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el veintidós de agosto del año en curso se presentó en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos a realizar el examen de ingreso a nivel superior, sin embargo, que el día seis se septiembre de dos mil veinte se enteró que no fue aceptado por no haber obtenido la calificación necesaria en el examen de admisión. En ese sentido, se considera que el acto reclamado en el presente juicio de amparo no puede reclamarse a través del presente juicio de amparo, por no tratarse en la especie de un acto de autoridad para los efectos del presente juicio. Lo anterior es así, en razón de que sobre el acto que se reclama en el presente expediente, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos ejerce facultades constitucionalmente discrecionales, inmersas en la autonomía universitaria, reconocida en el artículo 3, fracción VII, de la Carta Magna. No obstante la Suprema Corte ha definido en diversos criterios en qué consiste la autonomía universitaria, señalando, de manera específica, que las universidades públicas son órganos del Estado que cuentan con autonomía, la cual implica dotarlas con competencias, entre otras, de autogobierno, en atención a la necesidad de lograr con la mayor eficacia la prestación del servicio educativo que les está atribuido, sin que ello signifique su disgregación de la estructura estatal, ya que aquélla se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado. En efecto, el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, ha interpretado la fracción VII, del artículo 3° constitucional, determinando que las universidades públicas son organismos públicos descentralizados con autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, atendiendo a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se funda en la libertad de enseñanza, sin que ello implique, de manera alguna, su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, restringida a sus fines. Así, de los artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, se colige que ésta es un organismo público autónomo del Estado de Morelos con plenas facultades de gestión y control presupuestal, personalidad jurídica y patrimonio propios cuyos fines son la prestación de servicios públicos de educación de los tipos medio superior y superior, de investigación, de difusión de la cultura y extensión de los servicios, con autonomía constitucional, que para el logro de sus fines tiene la facultad de gobernarse a sí misma. En términos de la referida fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Federal, que establece que las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, gozarán de independencia para determinar los términos y las condiciones en que desarrollará sus servicios y los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, lo que la habilita para emitir disposiciones administrativas de observancia general que le permitan cumplir con mejores resultados sus fines educativos Así las cosas, al observar que el Reglamento General de Ingreso, Revalidación y Equivalencia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en sus artículos 2° fracciones III y IV, 6° y 7°, considerará alumno al usuario de los servicios académicos que se encuentra debidamente inscrito o asociado en alguno de los planes de estudio, dentro de los cursos de inducción o programas de intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es indudable que será hasta ese momento en que se incorporan al gobernado en su esfera jurídica el conjunto de derechos y obligaciones que lo ubican en esa específica situación jurídica, situación que no ocurre con el aquí quejoso, pues precisamente el acto reclamado lo hace consistir en la negativa de admisión a dicha institución educativa al no haber obtenido la calificación necesaria en el examen de admisión, razón por la cual, es de considerarse que tiene el carácter de aspirante más no de alumno. De esta manera, aún ante la incorporación del nuevo paradigma constitucional en materia de derechos humanos, ello no cambia el hecho de que los aspirantes no han incorporado a su esfera jurídica los derechos y las obligaciones relacionados con dicha casa de estudios, sino que únicamente tienen derecho a ser tomados en cuenta en la selección de ingreso, de acuerdo con los criterios, requisitos y lineamientos que establece la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en uso de su propia autonomía, lo cual incluso es acorde con el deber constitucional del Estado de garantizar una educación de calidad. En consecuencia, la denegación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para admitir al aquí quejoso como alumno, por no haber aprobado el examen correspondiente, no constituye un acto de autoridad impugnable a través del juicio de amparo, pues los aspirantes (carácter que recae al aquí quejoso), en términos del artículo 7° del multicitado Reglamento, únicamente tienen derecho a ser tomados en cuenta en la selección de ingreso, de acuerdo con los criterios, requisitos y lineamientos establecidos en el propio Reglamento. De ahí que no exista entre la citada Institución educativa y el aspirante, relación de supra a subordinación, ya que éste no ha incorporado a su esfera jurídica derechos y obligaciones relacionados con dicha casa de estudios. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia Tesis: 2a./J. 180/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, Novena Época, con número de registro 176075, de rubro siguiente: "UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. LA RESOLUCIÓN DE NO ADMITIR COMO ALUMNO A UN ASPIRANTE POR NO HABER APROBADO EL EXAMEN DE INGRESO CORRESPONDIENTE, NO CONSTITUYE UN ACTO IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO." Así como, por identidad jurídica, la tesis PC.III.A. J/23 A (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II, Décima Época, consultable a página 1515, con número de registro 2013297, de rubro "UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. SU RESOLUCIÓN DE NO ADMITIR COMO ALUMNO DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A UN MENOR DE EDAD POR NO HABER APROBADO EL EXAMEN DE INGRESO CORRESPONDIENTE, NO CONSTITUYE UN ACTO IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO (APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 180/2005, DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA)." En la medida que los criterios para el proceso de selección de aspirantes, no se trata de un acto que pueda reclamarse a través del juicio de amparo, ya que al ser facultad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, establecer los términos de ingreso, permanencia y egreso de alumnos, lo hace ejerciendo la facultad de autogobierno y autonomía de la que goza la citada universidad. Motivo por el cual, se configura la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5°, fracción II, en sentido contrario, de la Ley de Amparo, por consiguiente, lo procedente es desechar de plano la demanda en estudio, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. EXHORTACIÓN PARA LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA DE "JUICIO EN LÍNEA". Se exhorta a las partes a que, derivado de las medidas de mitigación y control del virus SARS-CoV2 (COVID-19), de ser posible continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", en términos de lo establecido en el artículo 3º. de la Ley de Amparo y Acuerdos Generales 13/2020 y 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Se hace saber a las partes que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben registrarse en el sitio de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ conforme a los pasos que ahí se precisan. EXHORTACIÓN PROMOCIONES VÍA ELECTRÓNICA Además, se exhorta a las partes, para que con toda oportunidad utilicen las herramientas tecnológicas puestas a su disposición y presenten electrónicamente los escritos, pruebas y/o alegatos que consideren pertinente a sus intereses para ser considerados al desahogarse la audiencia de ley. Asimismo, atendiendo al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. CAPTURA COMPLETA DEL EXPEDIENTE EN LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DEL CONSEJO. Se instruye al personal encargado de la tramitación de este juicio de amparo y Oficial Administrativo a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cabal cumplimiento al contenido del referido Acuerdo General, en cuanto a la captura completa y oportuna información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, así como al plazo con que se cuenta para la integración del expediente impreso a fin de que coincida con el electrónico. CONSULTA VÍA ELECTRÓNICA Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se faculta a la Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado Federal, a efecto de que autorice al promovente con el usuario "Licvirto" la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, en línea del Consejo de la Judicatura Federal. DOMICILIO PROCESAL Y PERSONAS AUTORIZADAS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa, asimismo, se tienen por autorizados en los términos precisados en la demanda de amparo, a las personas propuestas. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

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