Juan Pablo Remis Menchaca
Expediente 541/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 22 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 541/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 14/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Juan Pablo Remis Menchaca
- Camara de Diputados del Congreso de la Union
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 541/2021-VI, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el doce de noviembre de dos mil veintiuno, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, procédase a la destrucción del duplicado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dos de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual solicita la eliminación del usuario JPREMIS, por los motivos que expone; en su atención, se faculta al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado Federal, a efecto de que desautorice al usuario descrito dentro del presente juicio de amparo. Por otra parte, se hace del conocimiento a las partes que mediante oficio SEADS/1114/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que en sesión ordinaria de veinte de octubre del presente año, el Pleno del citado órgano determinó la adscripción de la Jueza Ana Columba Contreras Martínez, designándola como titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar y en particular los previstos en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.
- Principal
SENTENCIA V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 541/2021-VI, promovido por JUAN PABLO REMIS MENCHACA. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado en línea en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, y turnado el mismo a este Juzgado de Distrito, JUAN PABLO REMIS MENCHACA, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la Cámara de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. Por acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su numeral cuarto, fracción XVIII, establece, en lo conducente, que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerá jurisdicción en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, pues el quejoso reclama una ley federal que carece de ejecución y la demanda fue presentada en esta ciudad. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo que prevé el numeral 74 de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables precisadas. La inconstitucionalidad de los artículos 235 último párrafo, 237, 245 fracción l, 247 último párrafo y 248 de la Ley General de Salud. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Cámara de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que atañe a su intervención en el proceso legislativo de las normas tildadas de inconstitucionales, aunado a que, considerando la naturaleza de los actos que se les atribuyen, su existencia no está sujeta a prueba ya que se está en presencia de hechos notorios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, por tratarse de derecho positivo nacional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, agosto de 2000, Tesis 2ª./J. 65/2000, página 260, la cual es del tenor literal siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." CUARTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de estudio oficioso. Existencia de declaratoria general de inconstitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este juzgado advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción VIII de la ley de la materia, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) VIII. Contra normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto por el Capítulo VI del Título Cuarto de esta Ley, o en términos de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; (.)" Dicho precepto dispone que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto por el Capítulo VI del Título Cuarto de esta Ley, o en términos de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En sesión de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, por mayoría de nueve votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 declaró la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", y 247, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y" de la Ley General de Salud. De acuerdo con lo anterior, se obtiene que en el presente juicio de amparo se actualiza dicha causa de improcedencia, por las consideraciones siguientes. El quejoso reclama en forma destacada los artículos 235 último párrafo, 237, 245 fracción l, 247 último párrafo y 248 de la Ley General de Salud, lo cuales no se reprochan de manera aislada, sino en su conjunto, al estimar el peticionario de amparo que dichas disposiciones de carácter administrativo imponen un sistema de prohibiciones que constituyen un obstáculo jurídico para llevar a cabo lícitamente las acciones o actividades necesarias para el autoconsumo -lúdico- de la marihuana, lo cual afecta su derecho humano al libre desarrollo de la personalidad y autodeterminación contenido en el artículo 1° constitucional que deriva del derecho fundamental a la dignidad. Por lo cual, la materia de su reclamo consiste en que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 235 último párrafo, 237, 245 fracción l, 247 último párrafo y 248 de la Ley General de Salud, con el propósito de que sean desincorporados de su esfera jurídica y no le sigan causando perjuicio por su sola vigencia. Sin embargo, la declaración de inconstitucionalidad pretendida, ya se encuentra realizada en favor del impetrante, virtud de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de los artículos 235, último párrafo y 247, último párrafo, de la Ley General de Salud, la cual tiene efectos generales, por lo que es innecesario el estudio de fondo del presente juicio de amparo, cuenta habida que ya fue expulsada del ordenamiento jurídico -de manera generalizada y no sólo para quienes hayan obtenido amparos de forma particular- la prohibición administrativa absoluta para el otorgamiento de autorizaciones sanitarias que permitan la realización de actividades relacionadas con el autoconsumo recreativo de mariguana. Circunstancia en la que radica la improcedencia de este juicio, pues la afectación que dice el quejoso resentía de forma automática con la sola vigencia del sistema de prohibición previsto en la normativa reclamada, dejó de existir a través de la invalidez de aquel sistema que produjo la declaratoria general de inconstitucionalidad en comento, la cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el quince de julio de dos mil veintiuno, y surtiría efectos generales a partir de la notificación de sus puntos resolutivos a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. No se soslaya que en la citada resolución se declaró la inconstitucionalidad de los artículos 235 último párrafo y 247 último párrafo de la Ley General de Salud, y no de los diversos artículos 237, 245 fracción l y 248 de la Ley General de Salud que también son reclamados por el quejoso. Sin embargo, en la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó: "(.) En consecuencia, este Tribunal Pleno estima que el problema de constitucionalidad advertido en la jurisprudencia de la Primera Sala, consistente en la prohibición absoluta para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, prevista en el sistema de prohibiciones administrativas establecido en diversas porciones de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, no ha sido superado mediante las reformas a la Ley General de Salud publicadas el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de junio de dos mil diecisiete. Y, si bien es un hecho notorio para este Tribunal Pleno que el Congreso de la Unión está considerando una serie de cambios legales para superar el sistema de prohibiciones que dio lugar a la jurisprudencia precisada, hasta este momento no ha concluido el proceso legislativo. (.) Este Tribunal Pleno considera que, para precisar adecuadamente los efectos de esta declaratoria general, se debe tener en cuenta que la jurisprudencia de la Primera Sala declaró la inconstitucionalidad del sistema de prohibiciones administrativas previsto en diversas porciones de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, en su texto previo a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, que prohíbe absolutamente a la Secretaría de Salud emitir autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, por considerarlo violatorio del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad reconocido por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, como se expuso en las consideraciones de esta resolución, los artículos 237, 245, fracción I, e implícitamente, el 248 (que remite expresamente a la fracción I del artículo 245) fueron modificados en la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de junio de dos mil diecisiete. La reforma consistió en eliminar de la prohibición prevista en el artículo 237 la referencia a la cannabis sativa, índica y americana, así como en eliminar la prohibición implícita prevista en el artículo 248, al eliminar el THC de la fracción I, del artículo 245, al que remite. Sin embargo, como se justificó previamente, la prohibición para autorizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, persiste en la Ley General de Salud, en los artículos 235, último párrafo, y 247, último párrafo, que no fueron modificados. Ahora bien, las porciones normativas referidas no se refieren a la materia penal, y, por tanto, no procede dar efectos retroactivos a esta declaratoria general. En consecuencia, a juicio de este Tribunal Pleno, el problema de inconstitucionalidad advertido se superará limitando la declaratoria general de inconstitucionalidad a las porciones normativas en las que subsiste la prohibición en cuestión, previstas en los artículos 235, último párrafo, y 247, último párrafo, de la Ley General de Salud, que no fueron modificados. (.)" De ahí que la citada declaratoria general no radica simplemente en la identificación de una numeración de artículos, sino que se centra en expulsar el problema de inconstitucionalidad advertido en el sistema normativo impugnado, representado en la prohibición administrativa absoluta para autorizar el autoconsumo lúdico de mariguana. Por lo cual, si el quejoso basa su reclamo de los artículos 235 último párrafo, 237, 245 fracción l, 247 último párrafo y 248 de la Ley General de Salud de la Ley General de Salud en que prohíben el uso lúdico de marihuana, no obstante que los dispositivos 237, 245 fracción l y 248 no se encuentran declarados inconstitucionales de forma literal y en su totalidad; lo cierto es que su reproche se relaciona con la normativa materia de la declaratoria 1/2018, en tanto que se trata de la impugnación del "obstáculo legal" contenido en ese mismo sistema de normas, el cual ya fue eliminado de manera generalizada, y con los alcances siguientes: "(.) Es importante enfatizar, ante todo, que los alcances de esta declaratoria general de inconstitucionalidad se limitan a remover los obstáculos jurídicos para permitir la autorización del consumo personal y regular con fines meramente lúdicos o recreativos, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico THC (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6ª (10ª), ?6ª (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocidos como "marihuana". Por lo tanto, esta declaratoria general de inconstitucionalidad no tiene como efectos permitir que se autorice el consumo lúdico o recreativo de estupefacientes o psicotrópicos distintos a los que en conjunto se conocen como marihuana. En efecto, con la declaratoria general de inconstitucionalidad de esas porciones normativas, se remueve el obstáculo jurídico para que la Secretaría de Salud, a través del órgano competente, autorice en lo sucesivo las actividades relacionadas con el autoconsumo de, exclusivamente, cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, respetando el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad reconocido por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que se estima necesario ordenar la notificación de la misma también a la Secretaría de Salud y a la COFEPRIS. En la inteligencia de que en lo sucesivo, y mientras el Congreso de la Unión no legisle al respecto, la Secretaría de Salud deberá emitir esas autorizaciones sólo a personas adultas y para los efectos precisados en las ejecutorias respectivas, a saber: la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6ª (10ª), ?6ª (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana. Así mismo, la COFEPRIS deberá establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla y tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho tutelado, sin que la autorización incluya en ningún caso la permisión de importar, comerciar, suministrar, o cualquier otro acto que se refiera a la enajenación y/o distribución de las substancias antes aludidas. Además, al emitir las autorizaciones la COFEPRIS deberá precisar que el ejercicio del derecho de autoconsumo de cannabis y THC con fines lúdicos o recreativos en ningún caso podrá hacerse afectando a terceros, por lo que ese derecho no deberá ser ejercido frente a menores de edad ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hubieran brindado su autorización, y precisará que no está permitido conducir vehículos u operar máquinas peligrosas bajo los efectos de esas substancias, ni realizar, en general, cualquier otra actividad bajo los efectos de esas substancias que pueda poner en riesgo o dañar a terceros. De esta manera, invalidando las porciones normativas precisadas y vinculando a la Secretaría de Salud, a través del órgano competente, a emitir las autorizaciones necesarias para permitir las actividades necesarias para el autoconsumo recreativo de cannabis y THC, con las limitaciones y restricciones precisadas, este Tribunal Pleno considera que se supera el problema de constitucionalidad advertido por la jurisprudencia de la Primera Sala. (.)." Así, toda vez que el sistema normativo reclamado en este asunto, se trata del mismo por el cual el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la declaratoria general de inconstitucionalidad correspondiente, por tanto, éste ya fue expulsado del ordenamiento legal con efectos generales, esto es, que alcanza también frente a la situación jurídica del quejoso. En consecuencia, se itera, se tiene por actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción VIII de la Ley de Amparo; por consiguiente, se sobresee en el presente juicio de conformidad con el numeral 63 fracción V de la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, promovido por JUAN PABLO REMIS MENCHACA, contra el acto reclamado y autoridades responsables precisados en esta sentencia, por los motivos y fundamentos expuestos. NOTIFÍQUESE PERSONALEMNTE. Así lo resolvió y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, hasta el día de hoy doce de noviembre de dos mil veintiuno, en que las funciones de este Juzgado lo permitieron, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el escrito recibido el línea con evidencia criptográfica del quejoso JUAN PABLO REMIS MENCHACA, mediante el cual, solicita se informe el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, en virtud que aduce, no ha sido publicado alguno desde el mes de julio; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta los efectos legales conducentes. Atento a lo solicitado, indíquese al promovente que del análisis del expediente electrónico del juicio de amparo 541/2021- VI, se advierte que la audiencia constitucional se celebró a las diez horas con veinte minutos del veintiséis de agosto del año en curso, la cual se encuentra debidamente capturada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), sin embargo, el presente asunto se encuentra en proyecto de resolución, por lo que, una vez que se autorice la sentencia de amparo, se procederá a notificarle en los términos que establece la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.
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