Juan Pérez Hernández

Expediente 1789/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1789/2015
Año
2015
Actuaciones
8
Última actuación
11/11/2015

Partes del expediente

  • Juan Pérez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de noviembre de dos mil quince. V i s t o el estado de los autos en el juicio de amparo 1789/2015-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido el auto del veintiuno de octubre de dos mil quince, dictado en este juicio, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de garantías como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Finalmente, tomando en consideración se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente asunto, por consiguiente se encuentra en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente principal sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiuno de octubre de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio 10316 signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, acusa recibo de los autos del juicio de amparo 2131/2014, asimismo, informa que por auto de diecinueve de octubre del año actual, se admite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, quedando registrado con el número 685/2015; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de octubre de dos mil quince. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio 462/2015-C signado por el Secretario de Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito, mediante el cual devuelve los autos relativos al juicio de amparo 2874/2014-III, promovido por Roberto Carvajal Jiménez, y testimonio de la ejecutoria emitida el veinticinco de septiembre del año en curso, en los autos del toca correspondiente al recurso de inconformidad 25/2015, a través de la cual, el Tribunal de Alzada resolvió en los siguientes términos: ".PRIMERO.- Es fundada la inconformidad planteada por Roberto Carvajal Jiménez, contra el auto de veintidós de junio de dos mil quince, dictado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado, en el juicio de amparo indirecto 2874/2014-III." En mérito de lo anterior, remítase copia autorizada del presente proveído a la Superioridad, en vía de acuse de recibo de los autos originales del juicio de amparo 2874/2014-III, y testimonio de la ejecutoria emitida en los autos del toca correspondiente al recurso de inconformidad 25/2015. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, glósese a los autos el cuaderno relativo al antecedente. En cumplimiento a la ejecutoria emitida por el Tribunal de alzada, se provee lo siguiente: Visto el estado procesal de los autos, se advierte que en el recurso de inconformidad 25/2015 del índice del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, entre otras cosas, se determinó lo siguiente: ".1. Requiera al Titular de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito, para que señale día y hora en la cual le sea entregado a Carvajal Jiménez Roberto el cheque número 0046339 por la cantidad de $1,208.94 (mil doscientos ocho pesos 94/100 moneda nacional) relativa al pago de derechos de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. Considerando el juez de distrito que dicha devolución debe corresponder con el impuesto adicional que se encuentra amparado en los recibos oficiales expedidos por la Secretaria de Finanza y Planeación, Subsecretaria de Ingresos del Gobierno del Estado, menos el monto que resulte de un día de .salario mínimo general vigente en el Estado de Morelos. 2. Requiera al Ayuntamiento de Temixco, así como al Tesorero Municipal de dicho ayuntamiento, para que señale día y hora en la cual le sea entregado a Carvajal Jiménez Roberto el cheque número 71513409 por la cantidad de $7,175.00 relativa al Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles y su adicional. 3. Conmine al quejoso para que comparezca ante las autoridades arriba nombradas, reciba los títulos de crédito expedidos a su favor e informe lo conducente al órgano jurisdiccional." En esas condiciones, se requiere a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito, para que en el término de cinco días siguientes a la notificación del presente acuerdo, señale fecha exacta (día y hora) para hacer la entrega del título de crédito número 0046339 por la cantidad de $1,208.94 (mil doscientos ocho pesos 94/100 moneda nacional) relativa al pago de derechos de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. Asimismo, se requiere al Tesorero Municipal de Temixco, Morelos, para que en el término de cinco días siguientes a la notificación del presente acuerdo, señale fecha exacta (día y hora) para hacer la entrega del título de crédito número 71513409 por la cantidad de $7,175.00 (siete mil ciento setenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional) relativa al Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles y su adicional. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Finalmente, visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo y advirtiéndose que por oficio SEADS/780/2015, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión ordinaria de diecinueve de agosto del año en curso, la Comisión de Adscripción determinó la readscripción del Juez Carlos Anuar Jaimes Torres como Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con efectos a partir del uno de septiembre de dos mil quince; lo anterior hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Blanca Fuentes Sánchez, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del cinco de octubre del dos mil quince, que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, cinco de octubre de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo de los que se advierte que por auto de veintiuno de septiembre de dos mil quince (foja 354), se dio vista a las partes, con el oficio signado por el Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, quien firma en suplencia de la Titular de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos (fojas 351 y 352), para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento del fallo protector y debidamente notificados, no desahogaron la vista contenida en el citado acuerdo. En consecuencia se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla: Por sentencia de doce de junio de dos mil quince, dictada por el Juzgado Segundo de Distrito del Centro auxiliar de la Quinta Región, en el cuarto punto resolutivo, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a María de los Ángeles Bertha Díaz Mercado Gutiérrez, contra los actos que reclamó del Congreso, Gobernador y Secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos; consistentes en su intervención en el proceso legislativo que dio origen a los numerales 77, fracción II, y 78, fracción I, de la Ley General de Hacienda; y, 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal; en relación con el numeral 26 de la Ley de Ingresos del Municipio de Xochitepec, para el ejercicio fiscal dos mil catorce, dichos ordenamientos de aquella entidad federativa, para los efectos siguientes: ".En ese orden de ideas, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a María de los Ángeles Bertha Díaz Mercado Gutiérrez, para los efectos siguientes: No se le apliquen los artículos 77, fracción II, y 78, fracción I, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos; y, Se le devuelvan, con su actualización, las cantidades que efectivamente se le hayan retenido por concepto de derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad, por el Notario Público Número Dos de la Novena Demarcación de esa entidad, según testimonios notariales 3330, 3336 y 3338; así como el impuesto adicional; lo anterior, en virtud que al ordenarse la devolución de lo pagado por la citada contribución, no existe base legal para el cobro del impuesto adicional mencionado. No se le apliquen los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal; en relación con el numeral 26 de la Ley de Ingresos del Municipio de Xochitepec, para el ejercicio fiscal dos mil catorce, ambos ordenamientos del Estado de Morelos; y, Se le devuelvan, con su actualización, las cantidades que efectivamente se le hayan retenido únicamente por concepto del cobro del impuesto adicional al de adquisición de bienes inmuebles, con motivo de la aplicación de dichos numerales; según se advierte de las escrituras públicas referidas. Es aplicable al caso la jurisprudencia 75/2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 339, tomo XIV, diciembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el siguiente rubro y texto: "SENTENCIA DE AMPARO. SE INCURRE EN DEFECTUOSO CUMPLIMIENTO SI HABIÉNDOSE OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DE PRECEPTOS RELATIVOS A UN IMPUESTO, LA AUTORIDAD SE LIMITA A DEVOLVER LO PAGADO POR ÉSTE Y NO LO CUBIERTO POR TRIBUTOS COMPLEMENTARIOS A LOS QUE NO SE REFIRIÓ LA SENTENCIA, PERO QUE DEBÍAN CALCULARSE EN UN PORCENTAJE ADICIONAL A AQUÉL. En virtud de que el efecto de las sentencias dictadas en los amparos contra leyes es que al quejoso no le sea aplicada la norma declarada inconstitucional (durante el tiempo de su vigencia), lo conducente es que las autoridades exactoras estén obligadas a restituirle las cantidades que haya enterado, tanto por el impuesto principal como por los tributos complementarios, puesto que su aplicación se encuentra estrechamente vinculada a la norma materia del juicio de garantías, independientemente de que la protección constitucional se haya sustentado en consideraciones relativas al precepto que señalaba la tasa que debía aplicarse para pagar el tributo principal, pues si los tributos complementarios deben calcularse sobre la misma base, el amparo otorgado trasciende necesariamente a ellos". Respecto a la actualización de la devolución de las contribuciones pagadas, conviene citar al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 13/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 592, tomo XXVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL). El efecto de la sentencia que concede el amparo y declara la inconstitucionalidad de la norma tributaria en que se funda el pago de una contribución, es la desincorporación de la esfera jurídica del contribuyente de la respectiva obligación tributaria, que conlleva a la devolución del saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Por tanto, aun cuando la norma declarada inconstitucional no establezca la actualización del monto a devolver, a fin de cumplir con el artículo 80 de la Ley de Amparo, la autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debidamente actualizado, toda vez que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce de la garantía individual violada" Devolución que correrá a cargo de las autoridades exactoras. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. XIV/97 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el tomo V, febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "LEYES FISCALES, AMPARO CONTRA. LA SENTENCIA QUE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS COMO ACTOS DE APLICACIÓN DE LAS MISMAS. De conformidad con lo ordenado por el artículo 80 de la Ley de Amparo y lo establecido en la tesis de jurisprudencia número 201, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, página 195, que lleva por rubro: "LEYES AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.", el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; de esta forma, cuando se estima por el juzgador de amparo que una norma general viola la Constitución, el efecto de su sentencia debe ser que dicha disposición nunca se le aplicará al quejoso, de lo que se sigue que las autoridades exactoras que recaudaron contribuciones con base en estas normas están obligadas a restituirle a la quejosa las cantidades que, como primer acto de aplicación de las mismas se hayan enterado, pero también de las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido, y la restitución de las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional implica que las cantidades erogadas por mandato de la norma inconstitucional le sean restituidas al quejoso." Sin embargo, tal concesión de amparo no libera a la contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, consistente en la inscripción en el Registro Público de la Propiedad, previsto en la fracción II, del artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad, contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, se deberán restituir a la quejosa las cantidades enteradas, menos la tarifa menor que prevé el artículo 78, fracción V, de dicha legislación, esto es, diez días de salario mínimo vigente en esa entidad, en la época de celebración de los actos traslativos de dominio contenidos en las escrituras públicas 3330, 3336 y 3338. Apoya lo anterior, en lo conducente y aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 29/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1244, libro VIII, tomo 2, mayo de 2012, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en cuyo texto y rubro se dice: "DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS. Por regla general, la concesión del amparo respecto de una ley fiscal tiene como efecto que no se aplique al quejoso el precepto declarado inconstitucional, y que se le restituyan las cantidades enteradas. Ahora bien, atento al criterio sustentado por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 62/98, de rubro: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA.", se concluye que cuando en la ley se prevea un vicio subsanable en el mecanismo de cálculo de la tasa a pagar por concepto de derechos por servicios, el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva. Consecuentemente, cuando la disposición declarada inconstitucional fija derechos por registro de documentos a partir de un porcentaje sobre el valor de la operación comercial que les dio origen, pero previendo también una cantidad fija mínima a pagar, la restitución en el goce de la garantía individual violada sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa porcentual, pero sin relevarlo de la obligación de enterar dicha cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar, con lo cual se respeta el criterio del Tribunal Pleno plasmado en la jurisprudencia P./J. 121/2007, de rubro: "SERVICIOS REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA". Por auto de nueve de julio de dos mil quince (fojas 282 a la 285), causó ejecutoria el fallo protector del amparo y se requirió autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia constitucional. Por auto de diecisiete de agosto del dos mil quince (fojas 315 a la 317), se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo únicamente por cuanto a la autoridad responsable Tesorero del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, toda vez que restituyó al quejoso Juan Alberto Salcedo Díaz Mercado, la cantidad de $12,411.64 (doce mil cuatrocientos once pesos 64/100 Moneda Nacional), por concepto de cobro de impuesto adicional que se aplicó bajo una tasa del 25% derivado del Impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, por la aplicación de las normas declaradas inconstitucionales. Por autos de doce y veintisiete de agosto del año en curso (foja 312 y 331 ), se requirió al Notario Público Dos de la Novena Demarcación Notarial del Estado de Morelos, con residencia en Jiutepec, Morelos, para que remitiera a éste juzgado copia certificada, completa y legible de los recibos de pago de derechos de inscripción, relativos a las escrituras públicas 3336 (tres mil trescientos treinta y seis) y 3338 (tres mil trescientos treinta y ocho). En atención a lo anterior, el Notario número Dos de la Novena Demarcación Notarial del Estado de Morelos, por oficio recibido el siete de septiembre del año en curso (fojas 338 y 339), remitió copia certificada de los recibos de pago de derechos de inscripción en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, con número de folio 2342617 y 2342621. Por auto de ocho de septiembre del dos mil quince (foja 341 y 342), se acordó que toda vez que la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, mediante oficio recibido el once de agosto del año en curso (foja 311), solicitó copia certificada de los recibos de pago correspondientes a los testimonios notariales 3336 y 3338, en los cuales se sustentó la concesión del amparo y se desprendiera el pago que debería ser devuelto a la parte quejosa, por lo que se le remitió copia certificada de los recibos de pago con número de folio 2342617 y 2342621 que remitió el Titular de la Notaria número Dos de la Novena Demarcación Notarial del Estado de Morelos, a la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos (Adriana Flores Garza) requiriéndole el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por auto de diez de septiembre del año en curso (foja 347), se declaró firme el auto de diecisiete de agosto del año que transcurre, por el cual se declaró cumplida parcialmente la ejecución de la sentencia únicamente por cuanto al Tesorero del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos. La Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, en suplencia del Titular de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, por oficios recibidos el dieciocho y veintiocho de septiembre del año en curso, informó el cumplimiento al fallo protector; para acreditar lo anterior, exhibió copia certificada de la póliza de cheque con número de folio 0053324 de fecha quince de septiembre de dos mil quince, a favor de Juan Alberto Salcedo Díaz Mercado, por la cantidad total de $17,323.32 (diecisiete mil trescientos veintitrés pesos 32/100 moneda nacional), por concepto de pago improcedente de derechos de inscripción de una escritura pública ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (fojas 351 y 352); asimismo, se advierte que la quejosa María de los Ángeles Bertha Díaz Mercado Gutiérrez firmó de recibido el veinticuatro de septiembre del año en curso. Documental que fue expedida por la autoridad en ejercicio de sus funciones, por tanto, es un documento al cual se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Consecuentemente, al restituirle a la parte quejosa el citado monto cobrado por concepto de pago improcedente de derechos de inscripción de compraventa ante el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, por la aplicación de las normas inconstitucionales en este juicio de amparo, la sentencia de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, por cuanto a las manifestaciones que realizó el autorizado de la parte quejosa, en el sentido de que recibió el cheque que la Secretaria de Hacienda del Estado, puso a disposición de los quejosos, por lo que se le da un cumplimiento parcial a la sentencia de doce de junio del año en curso, toda vez que el Notario y autoridad responsable no aclaran las cantidades enteradas por el Notario Dos de Jiutepec, Morelos, ya que ha solicitado se requiriera al Notario para que aclarara las cantidades que entero a hacienda; atento a lo anterior, dígase al promovente que la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, dio cumplimiento a la sentencia de amparo, toda vez que de autos se advierte que obran los recibos de pago de derechos de inscripción en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, con número de folio 1971456 (foja 183), 2342617 (foja 339) y 2342621 (foja 340) correspondientes a los testimonios notariales 3330, 3336 y 3338, en los cuales se sustentó la concesión del amparo y se desprendiera el pago que debería ser devuelto a la parte quejosa, además que en la sentencia de amparo, se precisó la autoridad debería restituir a la quejosa las cantidades enteradas, menos la tarifa menor que prevé el artículo 78, fracción V, de dicha legislación, esto es, diez días de salario mínimo vigente en esa entidad, en la época de celebración de los actos traslativos de dominio contenidos en las escrituras públicas 3330, 3336 y 3338. En consecuencia, hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo...

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