Juan Palacios Monterrosas
Expediente 348/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 348/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 28/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Juan Palacios Monterrosas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia mediante la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, dictada el veintiséis de agosto del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo vigente, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. Se establece que el presente expediente no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), pues en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Ahora bien, tomando en consideración que de la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa exhibió un documento original; por tanto, con fundamento en lo dispuesto los artículos 20, párrafo segundo, y 21, antepenúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquél en el término de NOVENTA DÍAS a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en e término concedido, dicho documento, correrá la misma suerte que este expediente Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las copias certificadas que remitiera la autoridad responsable, Juez Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, Veracruz, las cuales constan en un tomo de pruebas; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia mediante la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, dictada el veintiséis de agosto del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo vigente, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. Se establece que el presente expediente no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), pues en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Ahora bien, tomando en consideración que de la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa exhibió un documento original; por tanto, con fundamento en lo dispuesto los artículos 20, párrafo segundo, y 21, antepenúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquél en el término de NOVENTA DÍAS a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en e término concedido, dicho documento, correrá la misma suerte que este expediente Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las copias certificadas que remitiera la autoridad responsable, Juez Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, Veracruz, las cuales constan en un tomo de pruebas; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo.
- Principal
Córdoba, Veracruz, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se ordenó notificar personalmente al quejoso *********s, la sentencia de veintiséis de agosto del año en curso; sin embargo, el quejoso de mérito solicitó que las notificaciones le fueran practicadas vía electrónica. En tales condiciones, notifíquese electrónicamente al indicado quejoso la sentencia emitida en el presente asunto, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo...Vistos para dictar sentencia...En consecuencia, al no demostrar que exista identidad entre el bien que aduce como de su posesión y el que es objeto de afectación por virtud del acto que se reclama, por tanto, no demostró su interés jurídico al no acreditar que reciente un daño en su derecho subjetivo público. Al respecto sirve como apoyo la jurisprudencia VI.2o. J/340 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 53, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 84, de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro que dice: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMA LA DESPOSESION DE UN PREDIO DEBE ACREDITARSE SU IDENTIDAD, PARA QUE SE DEMUESTRE EL. El artículo 4 de la Ley de Amparo, establece que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama; es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados en su caso, en un juicio de garantías, causen un perjuicio al quejoso; por lo que si en autos no está demostrada la identidad entre el predio a que se refiere la quejosa cuya propiedad y posesión dice ostentar con el que se va a ejecutar la orden desposesoria reclamada, surge en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, la que se refiere a la titularidad que a la quejosa corresponde en relación con los derechos o posesiones que alega les son conculcadas por la autoridad responsable." El quejoso exhibió la copia fotostática certificada ante notario de su credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral, que contiene el domicilio ubicado en Oriente 7, número 211 de Orizaba, Veracruz; sin embargo, no tiene el alcance de probar la identidad de los bienes inmuebles de referencia, pues sólo acredita que ante la autoridad electoral declaró tener como su domicilio el asentado en esa identificación, lo que es insuficiente para demostrar su interés jurídico. Se invoca como apoyo la tesis IV.2o.C.42 C del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 2438, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, de enero de dos mil seis, que dice: "POSESIÓN. LA CREDENCIAL DE ELECTOR NO ES APTA PARA DEMOSTRARLA. El solo hecho de que en la credencial de elector aparezca el domicilio del bien inmueble del que una persona se ostenta poseedor, no tiene el alcance de probar que el titular de ella sea poseedor del domicilio que en esa tarjeta se asienta, sino, a lo más, que habita en él, lo que es insuficiente para demostrar que tiene una posesión jurídica." Por tanto, aun cuando de la demanda de amparo se observa que la parte quejosa manifiesta que detentó la posesión del domicilio con motivo de un contrato de compraventa que celebró con una persona, y que se encuentra pendiente el juicio ordinario civil para demostrar su acción de prescripción positiva; lo cierto es que no acreditó la identidad de los citados bienes inmuebles, para demostrar su interés jurídico en el amparo, pues no basta su simple aseveración, ya que el interés jurídico debe probarse y no simplemente manifestarse o deducirse; máxime que en el procedimiento del amparo se dio al quejoso la oportunidad para demostrar la existencia de un título generador de la posición sobre el inmueble de referencia, así como su identidad, y no lo hizo. Cobra aplicación la tesis de la Sala Auxiliar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Volumen 64, Séptima Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INTERES JURIDICO EN AMPARO. DEBE PROBARSE. NO SE DEMUESTRA CON LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO. La simple aseveración que el quejoso haga en su demanda de amparo de que es el propietario del predio que causa el tributo que reclama de inconstitucional, no debe considerarse suficiente para acreditar su interés jurídico, ya que éste debe probarse y no simplemente deducirse; máxime cuando en el procedimiento de amparo se da al quejoso oportunidad para recabar y exhibir la prueba documental ofrecida por él mismo al respecto y no lo hace." En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63, del mismo ordenamiento legal. Dicho sobreseimiento debe hacerse extensivo al acto reclamado de la autoridad ejecutora Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia con sede en Orizaba, Veracruz, por no reclamarse por vicios propios, sino vía consecuencia. Dado el sustento del fallo en torno al acto reclamado, no es jurídicamente posible emprender el examen de los conceptos que se dirigen a combatir las violaciones a las garantías establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales en contra de la autoridad responsable, por estar vinculadas con el fondo del asunto. Es aplicable la jurisprudencia II.3o. J/58 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado Del Segundo Circuito, visible en la página 57, materia común, tomo 70, correspondiente al mes de octubre de 1993, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por auto de admisorio, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna conllevaría a la no aprobación a tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tienen por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 73 a 75, y 124, de la Ley de Amparo en vigor se, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo número 348/2021, promovido por ************, por su propio derecho, respecto de los actos reclamados del Juez y actuario, ambos adscritos al Juzgado Cuarto de Primera Instancia con sede en Orizaba, Veracruz, precisados en el resultando primero, por las razones expresadas en el considerando quinto, de esta resolución. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.
- Principal
Vistos para dictar sentencia...En consecuencia, al no demostrar que exista identidad entre el bien que aduce como de su posesión y el que es objeto de afectación por virtud del acto que se reclama, por tanto, no demostró su interés jurídico al no acreditar que reciente un daño en su derecho subjetivo público. Al respecto sirve como apoyo la jurisprudencia VI.2o. J/340 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 53, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 84, de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro que dice: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMA LA DESPOSESION DE UN PREDIO DEBE ACREDITARSE SU IDENTIDAD, PARA QUE SE DEMUESTRE EL. El artículo 4 de la Ley de Amparo, establece que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama; es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados en su caso, en un juicio de garantías, causen un perjuicio al quejoso; por lo que si en autos no está demostrada la identidad entre el predio a que se refiere la quejosa cuya propiedad y posesión dice ostentar con el que se va a ejecutar la orden desposesoria reclamada, surge en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, la que se refiere a la titularidad que a la quejosa corresponde en relación con los derechos o posesiones que alega les son conculcadas por la autoridad responsable." El quejoso exhibió la copia fotostática certificada ante notario de su credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral, que contiene el domicilio ubicado en Oriente 7, número 211 de Orizaba, Veracruz; sin embargo, no tiene el alcance de probar la identidad de los bienes inmuebles de referencia, pues sólo acredita que ante la autoridad electoral declaró tener como su domicilio el asentado en esa identificación, lo que es insuficiente para demostrar su interés jurídico. Se invoca como apoyo la tesis IV.2o.C.42 C del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 2438, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, de enero de dos mil seis, que dice: "POSESIÓN. LA CREDENCIAL DE ELECTOR NO ES APTA PARA DEMOSTRARLA. El solo hecho de que en la credencial de elector aparezca el domicilio del bien inmueble del que una persona se ostenta poseedor, no tiene el alcance de probar que el titular de ella sea poseedor del domicilio que en esa tarjeta se asienta, sino, a lo más, que habita en él, lo que es insuficiente para demostrar que tiene una posesión jurídica." Por tanto, aun cuando de la demanda de amparo se observa que la parte quejosa manifiesta que detentó la posesión del domicilio con motivo de un contrato de compraventa que celebró con una persona, y que se encuentra pendiente el juicio ordinario civil para demostrar su acción de prescripción positiva; lo cierto es que no acreditó la identidad de los citados bienes inmuebles, para demostrar su interés jurídico en el amparo, pues no basta su simple aseveración, ya que el interés jurídico debe probarse y no simplemente manifestarse o deducirse; máxime que en el procedimiento del amparo se dio al quejoso la oportunidad para demostrar la existencia de un título generador de la posición sobre el inmueble de referencia, así como su identidad, y no lo hizo. Cobra aplicación la tesis de la Sala Auxiliar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Volumen 64, Séptima Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INTERES JURIDICO EN AMPARO. DEBE PROBARSE. NO SE DEMUESTRA CON LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO. La simple aseveración que el quejoso haga en su demanda de amparo de que es el propietario del predio que causa el tributo que reclama de inconstitucional, no debe considerarse suficiente para acreditar su interés jurídico, ya que éste debe probarse y no simplemente deducirse; máxime cuando en el procedimiento de amparo se da al quejoso oportunidad para recabar y exhibir la prueba documental ofrecida por él mismo al respecto y no lo hace." En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63, del mismo ordenamiento legal. Dicho sobreseimiento debe hacerse extensivo al acto reclamado de la autoridad ejecutora Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia con sede en Orizaba, Veracruz, por no reclamarse por vicios propios, sino vía consecuencia. Dado el sustento del fallo en torno al acto reclamado, no es jurídicamente posible emprender el examen de los conceptos que se dirigen a combatir las violaciones a las garantías establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales en contra de la autoridad responsable, por estar vinculadas con el fondo del asunto. Es aplicable la jurisprudencia II.3o. J/58 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado Del Segundo Circuito, visible en la página 57, materia común, tomo 70, correspondiente al mes de octubre de 1993, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por auto de admisorio, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna conllevaría a la no aprobación a tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tienen por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 73 a 75, y 124, de la Ley de Amparo en vigor se, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo número 348/2021, promovido por ************, por su propio derecho, respecto de los actos reclamados del Juez y actuario, ambos adscritos al Juzgado Cuarto de Primera Instancia con sede en Orizaba, Veracruz, precisados en el resultando primero, por las razones expresadas en el considerando quinto, de esta resolución. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y Agente del Ministerio Público Federal adscrito, por lista de acuerdos a la parte tercero interesada y por oficio a las autoridades responsables
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