Juan Pablo Caro Figueroa
Expediente 452/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 21 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 452/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 21/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Pablo Caro Figueroa
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, veintiuno de julio de dos mil veintidós. DEMANDA Y RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo presentada por Julio Miranda López, en cuanto a Defensor Público Federal del quejoso directo Juan Pablo Caro Figueroa, contra actos que atribuye al Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-MICHOACÁN-, con residencia en Buena Vista Tomatlán, Michoacán y, otra autoridad; se manda formar expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 452/2022, en la inteligencia de que en el presente juicio, los actos reclamados se hacen consistir en:... DESECHAMIENTO. Debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia... Asentado lo anterior, Procede analizar las causales de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. ... En este juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. Así, en ese supuesto normativo se prevé el principio de definitividad del juicio de amparo, que consistente en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, el juicio, los recursos o medios de defensa legales y que puedan conducir a la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada, acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia:... Es así, pues el traslado urgente o excepcional, implica una determinación administrativa, cuando se trate de casos de delincuencia organizada, esté en riesgo la integridad y la salud de la persona privada de la libertad o esté en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario. Supuestos en que la autoridad penitenciaria deberá notificar a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida. Así, resulta necesario destacar que el acto que por esta vía combate, constituye un acto de la autoridad penitenciaria en contra de la cual procede un recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, a través del medio de impugnación denominado controversia judicial, previsto por los artículos 52, último párrafo, 117, fracción III, 122 y 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. De dichos dispositivos legales se tiene que, si la autoridad judicial es omisa en pronunciarse sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordena el traslado dentro del término fijado, se actualizará la procedencia de la controversia judicial. Así, en casos como el presente, en que la persona privada de su libertad, reclama una orden de traslado administrativa, lo procedente será que el afectado promueva una controversia judicial, a fin de que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva respecto de sus derechos implicados. Lo anterior, porque conforme a lo dispuesto por el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, podrá accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados, que podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente. El último párrafo, del citado artículo 117, prescribe que los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad, o bien, por cuestiones de seguridad del centro penitenciario, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida, y en su caso, confirmada o revocada, a través del medio legal de defensa antes referido, o bien, a través del recurso de apelación correspondiente. En ese orden, queda de manifiesto que contra la orden de traslado urgente o excepcional, que se reclama a una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa, es procedente la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque ese medio de defensa legal, tiene la potencialidad de confirmar, modificar o revocar la referida orden de traslado. Además que, el numeral 122 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé que dicho medio de impugnación deberá formularse por escrito y presentarse ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, así como la solicitud de suspensión del acto, cuando se considere que se trata de caso urgente, y la firma o huella digital. De igual forma, prescribe que el Juez de Control o de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. Mientras que, el segundo párrafo, del artículo 124 de la propia ley de ejecución, que regula la sustanciación de la controversia judicial, precisa que en caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Control o de Ejecución, de oficio o a solicitud de parte, decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. Como se ve, ante las relatadas circunstancias, en contra de la posible orden de traslado administrativa que pudiera ejecutarse, procede el medio de impugnación denominado controversia judicial; el cual, no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión del acto combatido; razón por la cual, no se actualiza la excepción a que se refiere el numeral 61, fracción XX, de dicha legislación; aunado a que, dicho acto reclamado se presume estar fundado y motivado, al encuadrar como una orden de traslado urgente o excepcional en términos del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En suma, previo a promover el juicio de amparo contra la orden de traslado administrativa, los quejosos debieron agotar el medio de impugnación ordinario que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal; y, al no haberlo hecho así, con apoyo en el dispositivo 113, en relación con el 61 fracción XX, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo. Similar criterio adoptó la Primera Sala de la Justicia de la Nación al resolver los recursos de queja 36/2020 y 46/2020, en las cuales determinó apartarse del criterio previamente sostenido, para ahora considerar que, en el caso de los traslados administrativos sin control judicial previo, no se está frente a ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, sino que se trata de actos dentro del procedimiento administrativo seguido para el traslado, el cual es susceptible de control a través del recurso ordinario, ante autoridad judicial, de referencia. Asimismo, mediante el comunicado de prensa 100/2021, de diecinueve de abril del año en curso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión remota de la Primera Sala, resolvió mediante jurisprudencia que cuando una persona privada de su libertad reclama una orden de traslado calificada como urgente o excepcional, de un centro penitenciario a otro, sin tener certeza de su legalidad, no deberá promover un juicio de amparo sino el recurso denominado controversia judicial, previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, con la finalidad de que sea el juez de control o de ejecución de sentencia, quien resuelva respecto a la posible afectación a alguno de sus derechos fundamentales. Finalmente, tiene apoyo la jurisprudencia siguiente: ... Téngase a la parte quejosa autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo Erika de la Cruz Cruz, Carlos Andrés Trujillo Morales, Diana Laura Yáñez Martínez, Carla Haydee Tovar García, Karla Karina Torres Silva, María del Rosario Torres Elizalde, Adriel Isaac, Bazán Maroto y Erika Anabel Zamudio Hernández, toda vez que como se advierte de la certificación secretarial que antecede tienen registradas su cédula en el sistema Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notificación a la parte quejosa. Ahora bien toda vez que la parte quejosa citó como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Insurgentes Sur 2065, Colonia San Ángel, Alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, Código Postal 01000, tomando en consideración que dicho domicilio se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, esto es, en la ciudad de México, Michoacán, con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento EXHORTO al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio y delegación de las labores de este juzgado, se sirva comisionar a quien corresponda, y se constituya en legal y debida forma en el domicilio indicado en líneas precedentes, y notifique este proveído al Licenciado Julio Miranda López en su carácter de defensor Público Federal del Quejoso; además, le requiera para que al momento de la notificación o dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación que se practique señale domicilio en esta ciudad de Uruapan, Michoacán para oír y recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes y aún las de carácter personal, se le hará por medio de lista, que se publique en los estrados de este Tribunal, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de la Materia. Por otro lado, la ocursante proporciona correo electrónico para recibir notificaciones; sin embargo, dígasele que no ha lugar a tenerle señalando los mismos para tal efecto, toda vez que no es un medio legalmente establecido para notificar a las partes, y de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3º de la Ley de Amparo, solo puede autorizarse a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, como se advierte de párrafos precedentes. No obstante a lo anterior, téngase a la parte tercero interesado proporcionando el correo electrónico que refiere, a fin de establecer contacto que llegase a ser necesario, en términos de la fracción XIX, del citado acuerdo general 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Se ordena que únicamente la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifiquen a las autoridades responsables por medio de oficio, debiendo notificarse preferentemente por medios electrónicos, para lo cual se solicita a las autoridades, de así desearlo, proporcionen algún correo electrónico oficial o se den de alta con Firel y acepten la notificación en línea en el portal del Poder Judicial de la Federación; de no desearlo así, se le notificarán por medios ordinarios como antes se ha señalado; lo anterior con apoyo en la SECNO/7/2020 y acuerdo general en cita; lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se les notificarán por medio de lista. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde éste momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de aquellos que llegaren a declararse inhábiles laborales, para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las demás partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento legal en cita. Finalmente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas y desahogadas dada su propia naturaleza las documentales que refiere en el escrito de demanda, con las que se ordena dar nueva cuenta en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA EN LO TÉRMINOS INDICADOS.
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