Juan Omar Gallardo Torres
Expediente 524/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 524/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Omar Gallardo Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Uruapan, Michoacán, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el escrito signado por la apoderada jurídica de las autoridades responsables Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, con residencia en Morelia, por sí y en cuanto superior jerárquico del Director del "Hospital General de Sahuayo, Michoacán", mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en oficios 20064/2023 y 20065/2023, de nueve de noviembre de dos mi veintitrés, informa que se realizaron las gestiones correspondientes a fin de que se continúe brindando las sesiones de hemodiálisis al quejoso en la Clínica denominada "ATP Sahuayo"; asimismo remite diversas constancias en copia certificada con las que refiere dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, con el oficio de cuenta y sus anexos, dese vista a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no realizar pronunciamiento alguno, se dictará resolución fundada y motivada en la cual se declare si la sentencia de amparo está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; lo anterior, de conformidad con el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro indican: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO.
- Principal
Uruapan, Michoacán, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que el término de diez días que contempla el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió en los términos señalados en la misma, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Cabe precisar, que en la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, se resolvió: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra los actos reclamados al Director del Hospital General de Sahuayo, "Dr. Héctor Orozco Zepeda", y la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud, Michoacán, con sede en Morelia; para los efectos precisados en el último considerando de esta resolución.. (.)" Lo anterior para efecto que: (.) OCTAVO. Efectos de la concesión. En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional para el efecto de que las autoridades responsables en el ámbito de sus competencias, dicten un acuerdo administrativo o establezcan la mejor opción para ordenar a quien corresponda, se realicen las medidas necesarias para otorgarle, de manera continua y permanente -definitiva- la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos que requiera; además de que se le proporcione en lugar cercano a su domicilio." Por tanto, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de tres días contado a partir del momento en que reciban el oficio respectivo, cumplan con dicha ejecutoria, en el ámbito de su competencia, remitiendo a este Juzgado Federal copia certificada de las constancias que así lo acrediten, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, que a la letra indica: "Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable (.)" Apercibida las responsables que en caso de no cumplir con el requerimiento aquí formulado en el lapso concedido, se procederá en términos del artículo citado con anterioridad. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, agréguese a sus autos el escrito de cuenta, signado por ********************, autorizado de la quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; mediante el cual, realiza manifestaciones tendientes a que la autoridad se encuentra incumpliendo con la suspensión de plano. En atención a su contenido, dígase a la promovente que deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden en los cuales se requiere a las autoridades responsables cumplan con la ejecutoria que nos ocupa. NOTIFÍQUESE.
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Uruapan, Michoacán, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Uruapan, Michoacán a las nueve horas con cuarenta minutos del veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, día y hora señalados para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, estando en audiencia pública la Jueza Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, licenciada Esthela Pedroza Díaz, asistida de la licenciada Iliana Guzmán Cárcamo, Secretaria que da fe, se declara abierta la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 524/2023, promovido por Juan Omar Gallardo Torres, por propio derecho, contra actos que atribuye a la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán y Organismo Público Descentralizado, Servicios de Salud Michoacán y otra autoridad, sin la presencia de las partes, ni persona alguna que las represente, pese a haber sido debidamente citadas. Acto continuo, la Secretaria hace constar que en los presentes autos obra: Escrito de demanda de amparo. Auto admisorio de dos de agosto de dos mil veintitrés. Notificación en la que se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete el tres de agosto de dos mil veintitrés. Asimismo, la Secretaria HACE CONSTAR que las autoridades responsables fueron omisas en rendir sus informes justificados, pese a estar debidamente notificadas para ello: NO. AUTORIDADES RESPONSABLES FECHA DE ACUSE RECIBO 1 Secretaría de Salud del Estado de Michoacán. Ocho de agosto de dos mil veintitrés (OFICIO 14136/2023) 2 Director del Hospital General de Apatzingán, Michoacán Ocho de agosto de dos mil veintitrés (OFICIO 14135/2023) Asimismo, se hace constar que la parte quejosa no manifestó si se oponía o no, a que se publiquen sus datos personales. A lo anterior la Jueza acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos legales a que haya lugar, tómese por omisas en la rendición de los informes justificados a las autoridades descritas en el cuadro que antecede y determínese lo conducente en la sentencia que se dicte con motivo de esta audiencia. Con lo anterior se cierra esta etapa y se ordena la apertura de periodo probatorio. Abierta la etapa probatoria: la Secretaria hace constar que únicamente el quejoso ofreció con su demanda de amparo: Copia fotostática de la credencial para votar con fotografía a nombre de Juan Omar Gallardo Torres. Resumen médico elaborado por Alejandro Tellez Pulido medicina interna nefrología en el que refiere que el quejoso de treinta y nueve años de edad con antecedentes de Hipertensión Arterial Sistémica, con cirugía previa de Hiperparatiroctomia Total, ERC EN HD secundario a riñores pequeños, enfermedad renal crónica, dependencia de diálisis renal, cuidados relativos a la diálisis extracorpórea, requiriendo como mínimo dos sesiones por semana. Al efecto la Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las pruebas relacionadas con antelación; a las demás partes, se les tiene por perdido su derecho para ofrecer pruebas, al no haberlas presentado por escrito, previo a esta audiencia, ni haber comparecido a la misma a exhibirlas, con lo que se cierra la etapa probatoria. Se ordena la apertura de la etapa de alegatos. Abierto el periodo de alegatos: La secretaria certifica que ninguna de las partes lo formuló. Al efecto la Jueza acuerda: con la certificación anterior, se tiene por perdido el derecho de las partes para formular alegatos, al no haberlos presentado por escrito con anterioridad a esta audiencia, cerrándose así este período. La Jueza: Con lo anterior, se consideran agotadas las etapas procesales de la audiencia constitucional, y se procede a dictar resolución. Vistos; para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo indirecto 524/2023, que promovió Juan Omar Gallardo Torres, por su propio derecho, contra actos del Director del Hospital General de Sahuayo, Michoacán "Dr. Héctor Orozco Zepeda", y otra autoridad. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de demanda. Por escrito presentado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el veintiuno de julio de dos mil veintitrés, enviado por razón de turno a este Juzgado el mismo día, Ana Luisa Gómez Ibarra, promovió demanda de amparo a favor de Juan Omar Gallardo Torres, contra actos de autoridad que hizo consistir en: III. Autoridades Responsables Director del Hospital General de Sahuayo Dr. Héctor Orozco Zepeda. B) Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado, Servicios de Salud Michoacán. IV. Omisión reclamada: La omisión de proporcionarle la atención médica, el tratamiento adecuado y medicamentos para la enfermedad de insuficiencia renal crónica que padece" Al respecto, la parte quejosa expuso que se vulneraron sus derechos reconocidos en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado; señaló que no hay tercero interesado y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Ratificación de demanda, admisión, trámite y audiencia constitucional. En auto de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, se radicó la demanda de amparo, registrándose con el número 524/2023, se concedió la suspensión de plano del acto reclamado, se mandó ratificar por el quejoso la demanda de amparo. En auto de dos de agosto del dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó dar al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; además, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo, en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción en el lugar donde radica una de las autoridades señaladas como responsables y donde tiene ejecución el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, deben precisarse los actos reclamados; para lo cual, se tomará en consideración los criterios del Pleno de Suprema Corte de Justicia de la Nación de títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."; y, "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." De la lectura íntegra del escrito de demanda de amparo se advierte que el quejoso refiere padecer insuficiencia renal crónica; que tiene su domicilio particular en "Andador Esmeralda, número 20, Unidad Habitacional Fovissste II, Jiquilpan, Michoacán", y que las autoridades responsables le han negado la atención medica que requiere, con el argumento de que no cuentan con espacio en la agenda. Asimismo, refirió que no cuenta con seguridad social, es decir, IMSS, ISSSTE o de alguna otra institución pública. Por lo tanto, el acto reclamado se fija como la falta de tratamiento, medicamento y atención médica necesarios para el debido tratamiento que la parte quejosa requiere para vivir, ya que padece insuficiencia renal crónica. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Secretaría de Salud del Estado de Michoacán y Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud, Michoacán y el Director del Hospital General de Sahuayo, Michoacán, fueron omisos en rendir su respectivo informe justificado, lo anterior a pesar de haber sido notificados en su orden, de los oficios 14135/2023 y 14136/2023, deducidos del auto de dos de agosto del año en curso, por el que se les solicitó dichos informes; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se les reclama. CUARTO. Procedencia. Se analiza la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso ninguna de las partes manifestó la actualización de causales de improcedencia, ni se advierte alguna que se actualice, y al no existir precepto que ordene plasmar en la sentencia las razones por las que no se concreta alguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, es evidente que no hay obligación del juzgador de amparo de hacer un análisis exhaustivo de todas y cada una de las causas que hipotéticamente pueden concurrir en un juicio de esta índole; de ahí que se estime legal analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia de rubro: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los motivos de disenso contenidos en su escrito de demanda, los cuales no son necesarios reproducir, pues no constituye un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni en alguna otra disposición; basta hacer el estudio de los mismos, como en derecho corresponda, acorde con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Suplencia de la deficiencia de la queja. De los autos se advierte que la parte quejosa bajo protesta de decir verdad manifestó que "no cuenta con ningún servicio de salud ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, ni el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ni ningún otro.", además de que refirió ser de escasos recursos; circunstancia que actualiza la hipótesis prevista en el artículo 79, fracción VII, de la Ley de Amparo, para que este Juzgado proceda a suplir la queja deficiente a su favor, pues es evidente que por su condición económica y social, se encuentra en desventaja para su defensa y el debido acceso a la justicia. Se llega a esta conclusión, pues acorde con las consideraciones dadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la controversia constitucional 41/2006, al diferenciar entre los términos de pobreza y marginación, sostuvo que la última se define como el fenómeno estructural que se expresa, por un lado, en la dificultad para propagar el progreso técnico en el conjunto de la estructura productiva y en las regiones del país, y por el otro, en la exclusión de grupos sociales del proceso de desarrollo y del disfrute de sus beneficios. Por lo tanto, para que se actualice el supuesto previsto en la fracción VII, del artículo 79 de la Ley de Amparo, no se requiere que se trate de personas en condiciones de pobreza (económica) o pobreza extrema ni tampoco que se trate de una marginación social en términos absolutos; menos aún que se le pida a la parte peticionaria que pruebe su situación de desventaja social; sino que ese término es entendido en una intelección más amplia, y debe atenderse a los objetivos de fondo que persigue esta institución procesal respecto de personas que por sus condiciones se encuentran en clara desventaja social para su defensa en el juicio. Esta circunstancia que en la especie está evidenciada por la condición multifactorial de la parte quejosa por su situación económica que le impide procurarse la debida atención médica; de ahí que es procedente el estudio de los conceptos de violación en suplencia de la deficiencia de la queja en toda su amplitud, en términos del penúltimo párrafo del artículo 79 de la Ley de Amparo. SÉPTIMO. Estudio. Los conceptos de violación suplidos en su deficiencia resultan fundados y suficientes para conceder la protección constitucional solicitada. La parte quejosa se duele de la vulneración de los artículos 1º y 4° constitucionales, porque las autoridades responsables se han negado a proporcionarle la atención médica que requiere para su padecimiento de insuficiencia renal crónica; lo cual, transgrede su derecho a la salud. El referido motivo de disenso es esencialmente fundado, porque el acto reclamado vulnera el derecho a la salud de la parte quejosa de acuerdo con los estándares normativos internacionales y nacionales -contenidos en Constitución y ley-, así como jurisprudenciales. En efecto, a nivel internacional, el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos -en lo que interesa- refiere que toda persona tiene derecho a un nivel adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. En tanto, el numeral 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y que los Estados deberán adoptar las medidas a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho. Por su parte, en el ámbito regional, el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, señala que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En la misma línea de protección al derecho a la salud, el artículo 4º, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que toda persona tiene derecho a la protección de la salud; que la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de Federación y entidades federativas en materia de salubridad general.; además, la Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. De esta manera, en la norma constitucional se prevé que toda persona tiene la protección al derecho a la salud, incluyendo a quienes no cuenten con seguridad social, respecto de lo cual, prevé que, la Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita; pero también se advierte, la obligación de concurrencia en materia de salubridad, de la Federación y las entidades federativas para el respeto al derecho a la salud. Así, la ley a la que hace referencia el texto constitucional, es la Ley General de Salud, la cual, definirá un sistema de salud para el bienestar de las personas que no cuenten con seguridad social, a fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud, para la atención integral y gratuita. Ahora, en el artículo 1º de la Ley General de Salud, se reitera la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general; y, se prevé que dicha normativa es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social. Además, en el numeral 2º se señala que una de las finalidades del derecho a la protección de la salud, es el disfrute de servicios de salud y de asistencia social, y tratándose de personas que carezcan de seguridad social, la prestación de los servicios, medicamentos e insumos asociados será gratuita. En tanto, el artículo 4 de la Ley General de Salud reconoce de manera expresa como autoridades sanitarias, entre otras, a los gobiernos de las entidades federativas; y el diverso 5º indica cómo está constituido el Sistema Nacional de Salud, por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud, y dicho Sistema, tiene por objetivo -entre otros- proporcionar servicios de salud a toda la población y colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de asistencia social. Entendiéndose por prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, al conjunto de acciones que en esta materia provean la Secretaría de Salud, por sí o en coordinación con las entidades agrupadas en su sector coordinado, así como los gobiernos de las entidades federativas a través de sus servicios estatales de salud. De esa manera, la Federación y las entidades federativas llevarán a cabo la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados, para las personas sin seguridad social, para lo cual se formulará por sí o por conducto del Instituto de Salud para el Bienestar un programa estratégico en el que se defina la progresividad, cobertura de servicios y el modelo de atención, de conformidad con las disposiciones reglamentarias. Para ello, se prevé que el Instituto de Salud para el Bienestar y las entidades federativas celebrarán acuerdos de coordinación para la ejecución de la prestación gratuita, por ende, la Secretaría de Salud establecerá el modelo nacional a que se sujetarán dichos acuerdos, tomando en consideración la opinión de las entidades federativas. Asimismo, se indican los requisitos para ser beneficiario de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social, entre otros, contar con Clave Única de Registro de Población, o de no tenerla, podrán presentarse acta de nacimiento, certificado de nacimiento o los documentos que se establezcan en las disposiciones reglamentarias. Ahora, es de destacar uno de los criterios más recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vinculado con el derecho a la salud, en el cual, determina que las autoridades del Estado que se encuentren directamente obligadas a garantizar el derecho a la salud deben brindar asistencia médica y tratamiento de forma oportuna, permanente y constante; tomando en cuenta su estado de salud, así como sus requerimientos médicos y clínicos; máxime cuando se trate de padecimientos en los que el éxito del tratamiento dependa del óptimo cumplimiento en la toma de medicamentos. El citado criterio se encuentra en la jurisprudencia 1a. XIII/2021 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 84, Marzo de 2021, Tomo II, página 1225, que es de título y texto siguientes: "DERECHO HUMANO A LA SALUD. LA ASISTENCIA MÉDICA Y EL TRATAMIENTO A LOS PACIENTES USUARIOS DE ALGUNA INSTITUCIÓN QUE INTEGRE EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, DEBEN GARANTIZARSE DE FORMA OPORTUNA, PERMANENTE Y CONSTANTE. Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto en contra de la omisión de un Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de entregarle oportunamente el medicamento que requiere para el control de la enfermedad que padece. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que las autoridades del Estado que se encuentren directamente obligadas a garantizar el derecho humano a la salud deben brindar asistencia médica y tratamiento a sus pacientes usuarios de forma oportuna, permanente y constante; este último, además, debe ser entregado tomando en cuenta su estado de salud, así como sus requerimientos médicos y clínicos, tomando particular importancia cuando se trata de padecimientos en los que el éxito del tratamiento dependa, principalmente, del óptimo cumplimiento en la toma de medicamentos, es decir, en aquellos casos en los que la adherencia deficiente al tratamiento sea determinante para la progresión de la enfermedad. Justificación: Ello, pues la lucha contra las enfermedades, en términos amplios, representa la práctica de esfuerzos individuales y colectivos del Estado para facilitar la creación de condiciones que aseguren a las personas asistencia y servicios médicos, lo cual no se limita al acceso igual y oportuno a los servicios de salud básicos preventivos, curativos y de rehabilitación, sino también al tratamiento apropiado de enfermedades, afecciones, lesiones y discapacidades. Esto como parte del estándar de protección del derecho humano a la salud, reconocido en los artículos 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 11 y 12 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño." Teniendo presente la anterior premisa normativa y jurisprudencial en el caso, es de precisar que el quejoso refiere que es una persona que no está inscrita en alguna institución de seguridad social, por lo cual, reclama de las autoridades responsables la omisión de brindarle atención médica, para atender la insuficiencia renal crónica diagnosticada que padece, esto es, el tratamiento médico y medicamento, de forma gratuita y cercano a su domicilio ubicado en "Andador Esmeralda, número 20, Unidad Habitacional Fovissste II, Jiquilpan, Michoacán". Para demostrar tales aseveraciones, el peticionario anexó a su demanda de amparo: 1.- Copia fotostática de la credencial para votar con fotografía a nombre de Juan Omar Gallardo Torres. 2.- Resumen médico elaborado por Alejandro Tellez Pulido medicina interna nefrología, en el que refiere que el quejoso de treinta y nueve años de edad con antecedentes de Hipertensión Arterial Sistémica, con cirugía previa de Hiperparatiroctomia Total, ERC EN HD secundario a riñores pequeños, enfermedad renal crónica, dependencia de diálisis renal, cuidados relativos a la diálisis extracorpórea, requiriendo como mínimo dos sesiones por semana. A las anteriores documentales públicas y privadas se les otorga valor probatorio, de acuerdo con los artículos 197, 202, 203, 204 y 205 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo; con valor pleno por provenir de autoridad competente en ejercicio de sus funciones, a excepción de la segunda que constituye un documento privado, con valor indiciario por ser emitida por un tercero; en tanto que todas hacen prueba en favor de la parte quejosa y contra las autoridades responsables, en razón de que no las objetaron. No pasa inadvertido que el apoderado jurídico de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Michoacán, por sí y en cuanto Superior Jerárquico del Director del Hospital General de Sahuayo, Michoacán, en su informe respecto de la suspensión de plano, informó que el quejoso recibe sesiones de hemodiálisis por semana de manera subrogada en la Clínica ATP, en la ciudad de Sahuayo, ya que se realizó la contratación y adjudicación directa a la empresa intermediaria para que esta continúe brindando las sesiones de hemodiálisis. Sin embargo, si las autoridades responsables no demostraron que garantizan el derecho a la salud de la parte quejosa de forma oportuna, permanente -definitiva- y constante, así como de manera gratuita y cercano a su domicilio, se llega a la conclusión de que el acto reclamado es inconstitucional e ilegal por vulnerar el derecho a la salud de la quejosa. Lo anterior, pues la restitución al derecho a la salud acontecerá, cuando se verifique una actuación concreta de las autoridades, con la cual se asegure a la parte quejosa, de manera continua y permanente -definitiva- la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados, que requiere para tratar la insuficiencia renal crónica que padece; además de que se le proporcione en lugar cercano a su domicilio. Sin que, para las autoridades responsables, represente un obstáculo para cumplir con el derecho a la protección a la salud del quejoso, el que no esté afiliado en alguna institución de seguridad social, en razón a que, como se evidenció en párrafos previos, en términos de la Ley General de Salud, el derecho a la salud es una obligación para el Estado Mexicano que de manera solidaria debe cumplir por la federación y las entidades federativas, en términos de la Ley y sus disposiciones reglamentarias. En consecuencia, al quedar acreditada la vulneración al derecho a la salud del quejoso, resultan fundados los conceptos de violación y lo procedente es CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL para los efectos que enseguida se precisarán. OCTAVO. Efectos de la concesión. En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional para el efecto de que las autoridades responsables en el ámbito de sus competencias, dicten un acuerdo administrativo o establezcan la mejor opción para ordenar a quien corresponda, se realicen las medidas necesarias para otorgarle, de manera continua y permanente -definitiva- la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos que requiera; además de que se le proporcione en lugar cercano a su domicilio. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Juan Omar Gallardo Torres, contra los actos reclamados al Director del Hospital General de Sahuayo, "Dr. Héctor Orozco Zepeda", y la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud, Michoacán, con sede en Morelia; para los efectos precisados en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE. Y por oficio a las autoridades responsables. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro electrónico del SISE (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes).
- Principal
Uruapan, Michoacán, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio signado por téngase al apoderado jurídico de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Michoacán, por sí y en cuanto Superior Jerárquico del Director del Hospital General de Apatzingán, Michoacán, mediante el cual en atención al requerimiento que le fue formulado en proveído de treinta y uno de agosto del año en curso, informa que la empresa adjudicada mediante oficio 001/hemo-160 de treinta y uno de agosto pasado, le hizo de su conocimiento que ninguna de las unidades médicas que brindan el servicio dialítico ha suspendido sus actividades y respecto a la falta de pago, al ser un trámite administrativo entre su representada y la moral que presta el servicio, no ha afectado a la quejosa en su tratamiento médico. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
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