Juan Rangel Cortés

Expediente 441/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
441/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
30/12/2019

Partes del expediente

  • Juan Rangel Cortés
  • Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral y adversarial Región Uruapan, Michoacán
  • Aida Araceli Manzo Chávez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA TERCERO INTERESADO AIDA ARACELI MANZO CHÁVEZ Y SUS AUTORIZADOS, LA RESOLUCIÓN DE TREINTA DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO,MISMA QUE CONCLUYÓ DE LA SIGUIENTE MANERA:PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Juan Rangel Cortés, contra actos que atribuye al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral y Adversarial de la Región Uruapan, del Poder Judicial del Estado de Michoacán, en términos del considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Se hace constar que la publicación de esta sentencia se hará con supresión de los datos sensibles de las partes, aun cuando no hayan manifestado su oposición, de acuerdo con las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente a las partes.

  2. Principal

    Agréguese a sus autos el escrito signado por ***; atento a su contenido, se tiene a la citada tercera interesada compareciendo a juicio y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, toda vez que como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, téngase a la ocursante formulando alegatos en los términos que indica, sin perjuicio de hacer relación de los mismos al momento de la audiencia respectiva; lo anterior, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Por otro lado, vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve se requirió a la tercera interesada ***a fin de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que hasta el momento lo haya hecho; consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el mencionado auto y se ordena practicarle las subsecuentes notificaciones personales en el lugar donde se realizó su emplazamiento, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto. Finalmente, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que aún no obra constancia de emplazamiento a juicio del tercero interesado Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, con residencia en Morelia, Michoacán, pues al efecto se giró el oficio 18873, de quince de octubre de dos mil diecinueve; y tomando en consideración que de la fecha de su envió al día de hoy, no ha transcurrido tiempo suficiente para que el citado tercero interesado quedé legalmente notificado; en ese contexto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE para que tenga verificativo la misma. Notifíquese.

  3. Principal

    Vista la pieza postal que contiene el oficio 17589, derivado del proveído de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, dirigido al Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado de Control del Sistema de Justicia Penal y Acusatorio y oral Región Morelia, de la que se advierte la imposibilidad de la Administración de Correos para su entrega, por el motivo plasmado en dicha pieza: "Autoridad desconocida en el domicilio." Ahora bien, toda vez que de la página web de Gobierno del Estado de Michoacán, se desprende que la denominación y domicilio correcto son Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, con domicilio en Periférico Independencia número 5000, colonia Sentimientos de la Nación, código postal 58170, Morelia, Michoacán; por tanto, en obvio de dilaciones procesales, mediante oficio que al efecto se gire, reenvíese la pieza postal devuelta de que se trata, a fin de que dicha autoridad quede notificada de su contenido. Autoridad a quien se le solicita acuse recibo del oficio con el que se le notifica el presente proveído, por una sola vía, a saber, fax 452-52-354-83, por correo electrónico oficial (8jdo11cto@correo.cjf.gob.mx) o telegráfica; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, agréguese a sus autos el escrito signado por Gerardo Nava Mejía, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo del quejoso Juan Rangel Cortés, mediante el cual, en cumplimiento a lo requerido en auto de nueve de octubre pasado, manifiesta: "[.] lo que se pretende acreditar de manera indubitable, mediante la exhibición de dichos instrumentos privados, es el hecho de que, dichos actos de investigación fueron recabados en tiempo y forma, es decir, de manera oportuna, sin infringirse las disposiciones ni formalidades legales contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y por ende, sin violaciones a los Derechos Humanos, y que por lo tanto, jamás se ha pretendido sorprender la buena fe de la Autoridad señalada como Responsable, ya que en todo tiempo el acusado y el suscrito defensor, en la causa penal de cuenta, hemos dado observancia a los principios de lealtad y buena fe, sin propender ofrecer medios de pruebas desfasados dentro del proceso de marras, para ser incorporados al Auto de Apertura a Juicio Oral; lo que se hace de su conocimiento para todos los efectos legales a que haya lugar." Ahora bien, los artículos 119, 120, 123 y 124 de la Ley de Amparo, así como los consecutivos 87, 197, 211 y 215 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, establecen que en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que sea idóneo y que esté reconocido en la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho, así como el procedimiento para su ofrecimiento, preparación o desahogo y la facultad del juzgador para conocer la verdad de valerse de los medios de prueba que estén relacionados con los hechos controvertidos. Luego entonces, el promovente ofrece en esta instancia las pruebas documentales que no le fueron admitidas en la causa penal de la que deriva el presente juicio de amparo, pruebas consistentes en diversas entrevistas y testimoniales recabadas por la defensa, mediante auxilio de investigadores privados, con la finalidad de acreditar que los mismos fueron recabados en tiempo y forma por la defensa del aquí quejoso. Así, cabe destacar que el acto reclamado es en esencia: "IV.- ACTO RECLAMADO.- De la AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA, se reclama la Resolución Judicial de fecha 9 nueve de agosto del año 2019 dos mil diecinueve, dictada de manera oral, ello dentro de la etapa de ofrecimiento y exclusión de pruebas, durante la continuación de la Audiencia Intermedia en la que se tuvo a mi defensor particular, el ciudadano Licenciado en Derecho GERARDO NAVA MEJÍA, por no ofreciendo medios de prueba a favor del suscrito [.]" Por tanto, dígase a la parte quejosa que en este juicio de amparo se analizará la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto atribuido al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Uruapan, conforme a lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Amparo, esto es, se analizará tal como aparece probado ante la autoridad responsable. Tienen aplicación al caso concreto los criterios siguientes: Tesis: 1a. CCCXLVIII/2018 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2018783 7 de 53 Primera Sala Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I Pag. 392 Tesis Aislada(Común) PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE LA MATERIA, QUE LIMITA SU ADMISIÓN, NO TRANSGREDE EL DERECHO DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. El precepto citado, al prever que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, y que no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante aquélla, no transgrede el derecho a la tutela judicial efectiva, pues dicha limitación deriva de la propia naturaleza extraordinaria del juicio de amparo directo, que conlleva que deban desestimarse aquellos razonamientos ajenos y/o novedosos a los que se expresaron en el juicio o procedimiento natural, pues es evidente que la autoridad responsable no puede incurrir en una violación a derechos humanos, respecto de razonamientos o pruebas que no tuvo oportunidad de conocer, esto es, los que no se le hicieron valer en el juicio original ni se ventilaron en los medios ordinarios de defensa. Considerar lo contrario, además de desnaturalizar el objeto del juicio de amparo como medio de revisión constitucional extraordinario, llevaría al extremo de considerar que se erige como una tercera instancia del acto reclamado, lo cual no se concibe, pues su naturaleza no está diseñada con esos fines. En ese tenor, el impedimento técnico que deriva del artículo 75 de la Ley de Amparo, no se traduce en un obstáculo para que el quejoso exprese los argumentos que desee y sí, por el contrario, encuentra una justificación racional y constitucional en la naturaleza del juicio, pues jurídicamente dicha acción constitucional no es un derecho de acción procesal ordinaria penal, civil, laboral o administrativa, sino que es puramente constitucional, ya que nace directamente de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, por lo que va encaminada a controlar el acto de autoridad que se estima violatorio de derechos y no la ley común. Tampoco debe soslayarse que considerar los argumentos que no hubiesen sido planteados en el juicio o procedimiento de origen, en el análisis constitucional de una resolución definitiva implicaría una violación al principio procesal de equidad de las partes del juicio natural, en tanto resolvería sobre la regularidad constitucional de la decisión reclamada, con base en planteamientos respecto de los cuales la contraparte del quejoso en el juicio o procedimiento natural (tercero interesado) no tuvo la oportunidad de pronunciarse o desvirtuar, lo cual, lejos de salvaguardar al juicio como un medio eficaz para proteger y hacer judicialmente efectivos los derechos humanos reconocidos constitucionalmente, se traduciría en un recurso que generaría incertidumbre jurídica e inequidad para los terceros interesados, al dar a su contraparte una nueva oportunidad para hacer valer argumentos que pudieron y debieron haberse planteado en la controversia de origen, lo cual, incluso, es contrario al principio de congruencia externa de las sentencias. Tesis: I.1o.P.82 P (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2016043 20 de 53 Tribunales Colegiados de Circuito Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV Pag. 2199 Tesis Aislada(Común, Penal, Penal) OFRECIMIENTO DE PRUEBAS EN AMPARO INDIRECTO. SE DEBEN DESECHAR LAS PRUEBAS OFRECIDAS EN AMPARO INDIRECTO AL NO ACTUALIZARSE LA EXCEPCIÓN DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE AMPARO, ASÍ COMO POR LA VIOLACIÓN A LA ORALIDAD O A LOS PRINCIPIOS DE CONTRADICCIÓN O INMEDIACIÓN QUE RIGEN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. El artículo 75, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece, como regla general, que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante aquella; sin embargo, su párrafo segundo prevé una excepción, consistente en que, tratándose del amparo indirecto, el quejoso podrá ofrecer pruebas, siempre y cuando no hubiera tenido la oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. Aunado a que en la reforma a dicho precepto, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, se estableció que, adicionalmente, en materia penal, el Juez de Distrito deberá cerciorarse de que este ofrecimiento probatorio en el amparo no conlleve una violación a la oralidad o a los principios de contradicción o inmediación que rigen en el proceso penal acusatorio, pues no hacerlo implicaría, en términos de las reglas de ofrecimiento y desahogo de pruebas que prevé la Ley de Amparo, analizar elementos formalizados, esto es, no constituirían datos de prueba, sino una prueba como tal; lo que no es legalmente factible, ya que ingresarlos de esa manera (como prueba formalizada), violentaría las reglas de incorporación de pruebas del procedimiento penal acusatorio. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    En razón de la parte quejosa JUAN RANGEL CORTÉS o sus autorizados, no comparecieron ante este juzgado dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se les dejó en el domicilio señalado en autos; diecisiete de octubre del año en curso; se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído de quince de octubre de dos mil diecinueve, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo. Proveído que en lo conducente dice: Vista la pieza postal que contiene el oficio 17589, derivado del proveído de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, dirigido al Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado de Control del Sistema de Justicia Penal y Acusatorio y oral Región Morelia, de la que se advierte la imposibilidad de la Administración de Correos para su entrega, por el motivo plasmado en dicha pieza: *Autoridad desconocida en el domicilio.* Ahora bien, toda vez que de la página web de Gobierno del Estado de Michoacán, se desprende que la denominación y domicilio correcto son Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, con domicilio en Periférico Independencia número 5000, colonia Sentimientos de la Nación, código postal 58170, Morelia, Michoacán; por tanto, en obvio de dilaciones procesales, mediante oficio que al efecto se gire, reenvíese la pieza postal devuelta de que se trata, a fin de que dicha autoridad quede notificada de su contenido. Autoridad a quien se le solicita acuse recibo del oficio con el que se le notifica el presente proveído, por una sola vía, a saber, fax 452-52-354-83, por correo electrónico oficial (8jdo11cto@correo.cjf.gob.mx) o telegráfica; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, agréguese a sus autos el escrito signado por Gerardo Nava Mejía, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo del quejoso Juan Rangel Cortés, mediante el cual, en cumplimiento a lo requerido en auto de nueve de octubre pasado, manifiesta: *[.] lo que se pretende acreditar de manera indubitable, mediante la exhibición de dichos instrumentos privados, es el hecho de que, dichos actos de investigación fueron recabados en tiempo y forma, es decir, de manera oportuna, sin infringirse las disposiciones ni formalidades legales contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y por ende, sin violaciones a los Derechos Humanos, y que por lo tanto, jamás se ha pretendido sorprender la buena fe de la Autoridad señalada como Responsable, ya que en todo tiempo el acusado y el suscrito defensor, en la causa penal de cuenta, hemos dado observancia a los principios de lealtad y buena fe, sin propender ofrecer medios de pruebas desfasados dentro del proceso de marras, para ser incorporados al Auto de Apertura a Juicio Oral; lo que se hace de su conocimiento para todos los efectos legales a que haya lugar.* Ahora bien, los artículos 119, 120, 123 y 124 de la Ley de Amparo, así como los consecutivos 87, 197, 211 y 215 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, establecen que en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que sea idóneo y que esté reconocido en la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho, así como el procedimiento para su ofrecimiento, preparación o desahogo y la facultad del juzgador para conocer la verdad de valerse de los medios de prueba que estén relacionados con los hechos controvertidos. Luego entonces, el promovente ofrece en esta instancia las pruebas documentales que no le fueron admitidas en la causa penal de la que deriva el presente juicio de amparo, pruebas consistentes en diversas entrevistas y testimoniales recabadas por la defensa, mediante auxilio de investigadores privados, con la finalidad de acreditar que los mismos fueron recabados en tiempo y forma por la defensa del aquí quejoso. Así, cabe destacar que el acto reclamado es en esencia: *IV.- ACTO RECLAMADO.- De la AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA, se reclama la Resolución Judicial de fecha 9 nueve de agosto del año 2019 dos mil diecinueve, dictada de manera oral, ello dentro de la etapa de ofrecimiento y exclusión de pruebas, durante la continuación de la Audiencia Intermedia en la que se tuvo a mi defensor particular, el ciudadano Licenciado en Derecho GERARDO NAVA MEJÍA, por no ofreciendo medios de prueba a favor del suscrito [.]* Por tanto, dígase a la parte quejosa que en este juicio de amparo se analizará la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto atribuido al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Uruapan, conforme a lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Amparo, esto es, se analizará tal como aparece probado ante la autoridad responsable. Tienen aplicación al caso concreto los criterios siguientes: Tesis: 1a. CCCXLVIII/2018 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2018783 7 de 53 Primera Sala Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I Pag. 392 Tesis Aislada(Común) PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE LA MATERIA, QUE LIMITA SU ADMISIÓN, NO TRANSGREDE EL DERECHO DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. El precepto citado, al prever que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, y que no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante aquélla, no transgrede el derecho a la tutela judicial efectiva, pues dicha limitación deriva de la propia naturaleza extraordinaria del juicio de amparo directo, que conlleva que deban desestimarse aquellos razonamientos ajenos y/o novedosos a los que se expresaron en el juicio o procedimiento natural, pues es evidente que la autoridad responsable no puede incurrir en una violación a derechos humanos, respecto de razonamientos o pruebas que no tuvo oportunidad de conocer, esto es, los que no se le hicieron valer en el juicio original ni se ventilaron en los medios ordinarios de defensa. Considerar lo contrario, además de desnaturalizar el objeto del juicio de amparo como medio de revisión constitucional extraordinario, llevaría al extremo de considerar que se erige como una tercera instancia del acto reclamado, lo cual no se concibe, pues su naturaleza no está diseñada con esos fines. En ese tenor, el impedimento técnico que deriva del artículo 75 de la Ley de Amparo, no se traduce en un obstáculo para que el quejoso exprese los argumentos que desee y sí, por el contrario, encuentra una justificación racional y constitucional en la naturaleza del juicio, pues jurídicamente dicha acción constitucional no es un derecho de acción procesal ordinaria penal, civil, laboral o administrativa, sino que es puramente constitucional, ya que nace directamente de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, por lo que va encaminada a controlar el acto de autoridad que se estima violatorio de derechos y no la ley común. Tampoco debe soslayarse que considerar los argumentos que no hubiesen sido planteados en el juicio o procedimiento de origen, en el análisis constitucional de una resolución definitiva implicaría una violación al principio procesal de equidad de las partes del juicio natural, en tanto resolvería sobre la regularidad constitucional de la decisión reclamada, con base en planteamientos respecto de los cuales la contraparte del quejoso en el juicio o procedimiento natural (tercero interesado) no tuvo la oportunidad de pronunciarse o desvirtuar, lo cual, lejos de salvaguardar al juicio como un medio eficaz para proteger y hacer judicialmente efectivos los derechos humanos reconocidos constitucionalmente, se traduciría en un recurso que generaría incertidumbre jurídica e inequidad para los terceros interesados, al dar a su contraparte una nueva oportunidad para hacer valer argumentos que pudieron y debieron haberse planteado en la controversia de origen, lo cual, incluso, es contrario al principio de congruencia externa de las sentencias. Tesis: I.1o.P.82 P (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2016043 20 de 53 Tribunales Colegiados de Circuito Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV Pag. 2199 Tesis Aislada(Común, Penal, Penal) OFRECIMIENTO DE PRUEBAS EN AMPARO INDIRECTO. SE DEBEN DESECHAR LAS PRUEBAS OFRECIDAS EN AMPARO INDIRECTO AL NO ACTUALIZARSE LA EXCEPCIÓN DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE AMPARO, ASÍ COMO POR LA VIOLACIÓN A LA ORALIDAD O A LOS PRINCIPIOS DE CONTRADICCIÓN O INMEDIACIÓN QUE RIGEN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. El artículo 75, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece, como regla general, que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante aquella; sin embargo, su párrafo segundo prevé una excepción, consistente en que, tratándose del amparo indirecto, el quejoso podrá ofrecer pruebas, siempre y cuando no hubiera tenido la oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. Aunado a que en la reforma a dicho precepto, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, se estableció que, adicionalmente, en materia penal, el Juez de Distrito deberá cerciorarse de que este ofrecimiento probatorio en el amparo no conlleve una violación a la oralidad o a los principios de contradicción o inmediación que rigen en el proceso penal acusatorio, pues no hacerlo implicaría, en términos de las reglas de ofrecimiento y desahogo de pruebas que prevé la Ley de Amparo, analizar elementos formalizados, esto es, no constituirían datos de prueba, sino una prueba como tal; lo que no es legalmente factible, ya que ingresarlos de esa manera (como prueba formalizada), violentaría las reglas de incorporación de pruebas del procedimiento penal acusatorio. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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