Juan Núñez Saavedra
Expediente 956/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 956/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Núñez Saavedra
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo 1/2009, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Finalmente, acorde con lo previsto en el punto décimo primero, último párrafo, del citado Acuerdo General Conjunto, prevéngase al quejoso para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, acuda a este juzgado a recoger los documentos que en original anexó a su escrito de demanda; apercibido que de no hacerlo, estos podrán ser depurados del sumario y destruidos en su momento.
- Principal
Vista la demanda de amparo signada por **********, en contra de actos del director de Desarrollo Urbano de Acámbaro, Guanajuato, por considerarlos violatorios de sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro 956/2019-I. b) Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto en el normativo 113 de la ley de la materia, que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la ley adjetiva, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), del mismo ordenamiento legal, este último aplicado a contrario sensu, preceptos citados que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107.- El amparo indirecto procede: III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; De la disposición normativa transcrita en último término emerge que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, que de no revestir dicha característica, el juicio de derechos fundamentales será improcedente. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó criterio por el cual determinó que para ser calificados como irreparables -los actos reclamados-, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce -acotó el Pleno de la Corte- de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto en contra de actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. El citado criterio se encuentra en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), con registro 2006589, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, página 39, materia común, Décima Época, de rubro y texto: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).- Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto ... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos, y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza material de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. En el presente caso se reclama de manera destacada la notificación del oficio DU-JJ/025/19 de fecha diez de octubre de dos mil diecinueve, realizada por la autoridad responsable, dentro de un procedimiento administrativo que resolvió la problemática que resulta de la obstrucción de la calle ***, mediante dos bardas y una puerta de fierro, procedimiento que se llevó a cabo por la Dirección de Desarrollo Urbano de Acámbaro, Guanajuato. En tal virtud, es que resulta inconcuso que la notificación reclamada no tiene una ejecución de imposible reparación en contra del quejoso, ello en virtud que tal notificación no fue dictada en contra de este, sino que va dirigida a diversa persona. Por tanto, si la notificación no fue dictada para realizarse a la parte quejosa, sino que fue dirigida a diversa persona, es claro que por sí sola no genera perjuicio ni viola algún derecho sustantivo del peticionario de amparo, como puede ser entre otros, derechos patrimoniales, la vida, la libertad o el estado civil. Lo anterior toda vez que tal notificación no es un acto que afecte la libertad personal, sino que se trata de una simple comunicación de la autoridad responsable en el sentido de comunicar a la persona a que va dirigida que procederá a la liberación de la vía pública con nomenclatura oficial Privada Hidalgo, mediante la demolición de bardas y retiro de pontón que linda con la calle Hidalgo, de la Comunidad de Santiaguito, perteneciente al municipio de Acambaro, Guanajuato; de ahí que el acto reclamado no lesione derechos sustantivos del quejoso. Consecuentemente, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61 de la ley adjetiva, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), del mismo ordenamiento legal, este último aplicado a contrario sensu. A mayor abundamiento si de lo que se queja el inconforme es de la orden de liberar la vía pública con nomenclatura oficial Privada Hidalgo, mediante la demolición de bardas y retiro de pontón que linda con la calle Hidalgo, de la Comunidad de Santiaguito, perteneciente al municipio de Acambaro, Guanajuato, decretado en el procedimiento administrativo que hace mención, también se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que estatuye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; La fracción inserta regula el principio de definitividad, que se reconoce respecto de actos materialmente administrativos, en tanto prevé que contra tales actos procede el amparo siempre y cuando no fueran reparables mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal, siendo innecesario agotarlos cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión, mayores requisitos que los que Ley de Amparo requiera como condición para conceder esa medida cautelar. Ese principio responde a la naturaleza jurídica del juicio de garantías como medio extraordinario de defensa y a la necesidad de evitar el abuso de dicha acción, de modo tal que el control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación solo acontezca cuando la conducta de autoridad que se impugna posea el carácter de definitiva según la ley que la rija. El texto de los preceptos transcritos establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que, en contra del acto reclamado, proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Es importante destacar que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y, por consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo los quejosos deberán agotar esos medios ordinarios de impugnación. En el caso, el oficio DU-JJ/025/19 de fecha diez de octubre de dos mil diecinueve, que contiene la orden de liberación de la vía pública con nomenclatura oficial Privada Hidalgo, mediante la demolición de bardas y retiro de pontón que linda con la calle Hidalgo, de la Comunidad de Santiaguito, perteneciente al municipio de Acambaro, Guanajuato, puede ser combatido por el quejoso a través del recurso que prevé el artículo 226 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, como lo es el de inconformidad o impugnarlo ante la autoridad jurisdiccional, a su elección. En efecto, el artículo 226 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato , refiere que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas podrán, a su elección, interponer el recurso de inconformidad previsto o impugnar ante la autoridad jurisdiccional. Luego, la determinación contenida en el oficio DU-JJ/025/19 de diez de octubre de dos mil diecinueve, se fundamentó, entre otros, en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por lo que el peticionario de amparo debió haber interpuesto, optativamente, el recurso de inconformidad, o bien, el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dado que por virtud de los mismos, el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado. Siendo indispensable para la procedencia del juicio de amparo, el cumplimiento de aquel principio, pues la promoción del procedimiento constitucional se restringió a los casos en los cuales la determinación reclamada no tuviere remedio jurídico alguno dentro de las disposiciones del orden común. Destaca que en el particular no es obstáculo para desechar la demanda de mérito, lo relativo a la suspensión del acto debatido, atendiendo a que una vez analizados los requisitos que establecen los artículos 268 al 248 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión del acto, en comparación con los preceptos de la Ley de Amparo, se advierte que existen coincidencias entre ambos ordenamientos, por los que el citado código no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto reclamado, de ahí que sea procedente previo a la instauración del juicio constitucional, los citados medios ordinarios de defensa. En razón de lo cual no se actualiza la excepción al principio de definitividad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XVI.1o.A. J/19 (10) , sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, de rubro y texto: PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Del análisis de los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión del acto o resolución impugnada en el proceso administrativo, en comparación con los preceptos de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, que la prevén en el juicio constitucional, se advierte que existen coincidencias entre ambos ordenamientos, a saber: de conformidad con el artículo 268 del primero, el actor podrá solicitar la suspensión en su demanda o en cualquier momento del proceso y, en términos del numeral 130 del segundo, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria; el artículo 269 de la legislación local condiciona la procedencia de la medida únicamente a que no cause perjuicio evidente al interés social, no se contravengan disposiciones de orden público, ni se deje sin materia el proceso, de forma similar al artículo 128 de la ley citada; por cuanto ve al plazo para proveerla, al disponer el código que debe ser lo antes posible (artículo 268, en relación con el 275), tal expresión se traduce en que debe ser de inmediato, por lo que no excede el establecido en la norma reglamentaria (artículo 144); los numerales 270 del código y 132 de la ley, exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen al tercero si no se obtiene sentencia favorable; el artículo 136 de la ley establece que la medida surte sus efectos desde que se pronuncie el acuerdo que la conceda, pero dejará de surtirlos si la garantía fijada para ello no se exhibe en el término de cinco días, precepto de similar redacción al 271 del código; finalmente, también concuerdan en que, tratándose de actos de naturaleza fiscal, los efectos de la medida están condicionados a la exhibición de la garantía del interés fiscal, la cual puede otorgarse por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables (artículos 276 del código y 135 de la ley). No obsta que a diferencia del ordenamiento local, en la Ley de Amparo (artículo 136) expresamente se señale la reanudación de los efectos, aun cuando la garantía se exhiba extemporáneamente, siempre y cuando el acto reclamado no se haya ejecutado, porque tal divergencia tiene que ver con la eficacia de la suspensión, no con las condiciones de procedencia de la medida y, por ello, no incide para concluir que el código no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión que los establecidos para el juicio constitucional, pues ambos esquemas son similares; incluso, la legislación de la entidad federativa mencionada tiene un alcance mayor que la federal, ya que dispone, a diferencia de ésta, que podrá concederse la medida cautelar con efectos restitutorios, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle esos efectos (artículo 275). Por tanto, el proceso administrativo debe agotarse previo a promover el juicio de amparo." Asimismo, debe puntualizarse que, a consideración de este juzgado, no se actualiza ninguna de las excepciones que prevé la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues la determinación contenida en el oficio de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, se fundamentó, entre otros, en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato; asimismo, se considera que no solo se reclaman violaciones directas a la constitución, pues del ocurso de demanda constitucional y atendiendo a la causa de pedir, se desprende que el quejoso cuestiona la prescripción del acto que se pretende ejecutar, así como que la notificación es ilegal porque se realizó a una persona que falleció desde el diez de marzo de dos mil dieciocho; temas que van relacionadas con la legalidad del acto reclamado. De ese modo el acto reclamado tampoco encuentra asidero en el supuesto de excepción aludido en la causal de improcedencia que se analiza. Es de invocarse, en sentido contrario, la tesis pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: RECURSOS ORDINARIOS, NO EXISTE OBLIGACIÓN DE AGOTARLOS SI EL ACTO CARECE DE FUNDAMENTACIÓN. Si en la demanda de garantías se impugnan los actos reclamados por falta de fundamentación, no existe obligación de agotar los recursos o medios de defensa que establezcan las leyes previamente a la interposición del juicio de garantías, pues el artículo 73, fracción XV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es claro al establecer que no existe obligación de agotar tales medios de defensa si el acto carece de fundamentación. Atento a lo anterior, tomando en consideración que existe un medio de defensa ordinario mediante el cual puede anularse el acto reclamado en el presente juicio de amparo, sin que la ley que regula ese medio de defensa exija mayores requisitos que la Ley de Amparo, para efectos de suspender los actos reclamados, y sin que se advierta algún motivo de excepción al principio de definitividad que rige al presente medio de control constitucional, resulta ineludible que se actualiza también la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX del citado ordenamiento legal. Consecuentemente, al quedar plenamente demostradas las causales de improcedencia analizadas, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. c) Domicilio y autorizados. Toda vez que la parte quejosa señala los estrados de este juzgado federal para oír y recibir notificaciones de carácter personal, lo que propiamente no constituye un domicilio, con apoyo en lo establecido por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena practicarle por medio de lista que se fija en lugar visible de este tribunal las notificaciones que sean de carácter personal. Así también, se tiene como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica en su escrito de demanda; lo anterior, toda vez que no fueron proporcionados mayores datos que justifiquen que tales autorizados cuenten con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, tales como su número de cédula profesional o de inscripción ante el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral. d) Habilitación de días y horas para notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. e) Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita
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