Juan Olivares Rocha

Expediente 184/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
184/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
13/03/2017

Partes del expediente

  • Juan Olivares Rocha

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que el proveído de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, en el que este Juzgado, sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo promovido por *************contra el actos que reclamó del Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, no fue recurrido dentro del término legal de diez días señalado en el numeral 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III del acuerdo en cita, el presente expediente, es susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que se sobreseyó en el juicio. Finalmente, se advierte que en el sumario obran documentos allegados por el quejoso, los cuales se dejan a su disposición para efecto de su devolución.

  2. Principal

    Agréguese el oficio signado por la Titular de la Unidad Jurídica, de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, mediante el cual rinde informe justificado de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se le tiene ofreciendo como pruebas las presuncionales legal y humana, instrumental de actuaciones, así como la documental consistente en copia certificada del oficio número BOO.910.01.1/006295, de fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis y su respectiva notificación, realizada el ocho de febrero de la presente anualidad, las cuales se tienen por desahogadas dada su naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional. Se le tiene señalando como domicilio, el que indica y como delegados en términos del artículo 9 de la ley de Amparo, a las personas que menciona. Ahora bien, el acto reclamado en el presente juicio de amparo, es la omisión de emitir y notificar la resolución como respuesta a la solicitud de prórroga, respecto del título de concesión número 08GUA122449/12AMDL12, misma que fue recibida bajo solicitud de trámite GUA-L-1549-01-07-16. En esas condiciones, de las manifestaciones esgrimidas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, bajo protesta de decir verdad y de las documentales que acompaña a dicho ocurso en copia simple, se desprende que: 1.- El uno de julio de dos mil dieciséis, ********** -quejoso-, presentó ante la Dirección Local Guanajuato, solicitud de prórroga del título de concesión número 08GUA122449/12AMDL12, la que quedó registrada bajo la solicitud GUA-L-1549-01-07-16. 2.- Que el ahora quejoso designó como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en *****. Por otra parte, la autoridad responsable al rendir su informe justificado, acompañó copia certificada del oficio BOO.910.01.1/006295, que contiene la resolución positiva de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, el acta de notificación de ocho de febrero de dos mil diecisiete, de las que se advierte: a) Que a la fecha en que fue emplazada al presente juicio, ya había resuelto de manera definitiva la solicitud de que se trata, es decir, la presentada el uno de julio de dos mil dieciséis, bajo el número de expediente GUA-L-1549-01-07-16. b) Que emitió el oficio BOO.910.01.1/006295 de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, el cual fue notificado el ocho de febrero de dos mil diecisiete, por el cual declaró procedente la petición de referencia, dando con esto respuesta a lo solicitado, y notificando lo anterior en el domicilio señalado para tal efecto. De la resolución referida en el inciso anterior, se hace importante destacar los puntos siguientes:  Que la misma deriva del expediente GUA-L-1549-01-07-16 de uno de julio de dos mil dieciséis.  Que se declaró procedente autorizar la prórroga de la vigencia del título de concesión 08GUA122449/12AMDL12, así como la modificación administrativa del título antes mencionado En ese sentido, se advierte que las constancias exhibidas por la autoridad responsable que guardan identidad con la solicitud referida por el quejoso en su demanda inicial, además concuerda con el tipo de solicitud, folio, fecha, predio y autoridad ante la que se presentó. Atento a lo anterior, en el caso, se materializa la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.).". Del precepto antes transcrito, se desprende la posibilidad de que, cuando el acto combatido haya desaparecido, el objeto del amparo carece de finalidad, ya sea cuando se revoque el acto reclamado o se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio origen al juicio de amparo, y que atento a tal situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho humano violado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 731 del Tomo LXXXIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos.". Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación u omisión en que incurrió, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, es decir, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Ahora en el presente asunto del estudio integral de la demanda de amparo, se tiene que el quejoso reclama de la directora Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, la falta de respuesta a solicitud de prórroga, respecto del título de concesión número 08GUA122449/12AMDL12, mismo que fue recibida bajo solicitud de tramite GUA-L-1549-01-07-16. Entonces si de autos se advierte que la responsable ya atendió la promoción presentada el uno de julio de dos mil dieciséis, mediante oficio número B00.910.01.1/006295, y la hizo del conocimiento del promovente mediante acta de notificación de ocho de febrero de dos mil diecisiete, en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones***; resulta inconcuso que en el presente se actualiza la causal de improcedencia planteada. Es decir, en la especie cesaron los efectos del acto reclamado, en virtud de que todos los efectos y consecuencias del mismo quedaron totalmente destruidos en el juicio natural, puesto que la autoridad responsable dio contestación a su solicitud y notificó dicha resolución en el domicilio señalado para ese efecto, con lo que desaparece así perjuicio alguno en la esfera jurídica del quejoso, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, es decir, como si dichos actos no hubieren invadido la esfera jurídica del mismo, por dejar de existir la afectación de que se dolía. En esas condiciones, es evidente que se actualiza plenamente la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, y, por ende, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en el numeral 63 fracción V, de la propia ley de la materia. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Por tanto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE. Comuníquese el presente proveído a la autoridad responsable y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional.

  3. Principal

    Por recibido el ocurso de cuenta signado por el quejoso ********************; téngasele formulando alegatos de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, los que podrán ser tomados en consideración al resolver en definitiva.

  4. Principal

    Visto el escrito de demanda formulada por ***********Nacional del Agua con residencia en esta ciudad, por violación a los artículos 8°, 16 y 17 de la Constitución General de la República; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, fracción I, 37, 107,108 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro de juicio de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el consecutivo 184/2017 y fórmese el expediente electrónico. Dese la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. Pídase a la responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del término de quince días, y para que remita copia certificada de la constancia que tomó en cuenta para dictar el acto que se le reclama, en la inteligencia que de no hacerlo se le impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada en cien días, en términos de lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el 260, fracción II de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. No se tramite el incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa. Se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, para llevar a cabo la audiencia constitucional. De igual manera, se requiere a las partes, para que conforme a lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de la materia, informen a este Juzgado de Distrito, si en el presente juicio de amparo se llegare a presentar alguna causa notoria que diera lugar a decretar el sobreseimiento, así como si tienen conocimiento de diversos juicios de amparo promovido por la misma parte quejosa; bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización decretada por el ejecutivo federal, incrementada treinta días, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 251 del ordenamiento legal invocado. En relación con las pruebas documentales que exhibe, así como la presuncional en su doble aspecto y la instrumental de actuaciones, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se admiten y se tienen por desahogadas dada su naturaleza, sin perjuicio de hacer relación, de ellas al celebrarse la audiencia constitucional. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Se tiene como domicilio para oir y recibir notificaciones de la parte quejosa los estrados de este Tribunal; y autorizando en términos restringidos del numeral 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona en su ocurso, en virtud de que no proporcionó los datos necesarios a efecto de que este juzgado verifique si cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, con apoyo en el último párrafo, del artículo 21, de la Ley de Amparo se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario Judicial de la adscripción realice las diligencias y notificaciones que deben realizarse en el presente asunto.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano