Juan Miguel Peralta Resendis

Expediente 525/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
525/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
31/12/2021

Partes del expediente

  • Juan Miguel Peralta Resendis
  • Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de tres de agosto de dos mil veintiuno, en la que este juzgado desechó la demanda de amparo promovida por ***************, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Archivo y valoración del expediente Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años - contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que el proveído de diez de noviembre de dos mil veinte, en el que este Juzgado sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo promovido por xxxxxxxx en contra de los actos que reclamó del juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de esta ciudad; no fue recurrido dentro del término legal de diez días señalado en el numeral 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento a los artículos 21, inciso a) de la disposición administrativa en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia y no se formó incidente de suspensión.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, denota que en proveído de veintiuno de octubre de dos mil veinte (foja 23), se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, al que acompañó un disco versátil digital y copias certificadas del juicio oral especial F0733/2019, promovido por Selenne Alonso Arellano y Juan Miguel Peralta Resendis, sobre disolución del vínculo matrimonial. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso Juan Miguel Peralta Resendis, reclama: ".Se reclama del C. Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de Celaya, Guanajuato, el proveído de fecha once de septiembre del año dos mil veinte, mismo que fue publicada el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, y que recayó al RECURSO DE REVOCACIÓN promovido en contra del auto de fecha siete de septiembre de dos mil veinte, dentro del expediente F-0733/2019, por el que el Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de Celaya, Guanajuato de manera indebida, decide: '.En relación al mismo, debe decirse que se desecha el recurso de revocación que pretende instaurar, ya que la resolución que quiere atacar es la negativa de ejecución de sentencia de fecha dos de abril de dos mil diecinueve, por lo que en términos del artículo 447 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, es apelable en ambos efectos. Notifíquese por medio de lista.". De lo anterior, se advierte que el quejoso reclama el auto de once de septiembre de dos mil veinte, emitido por el juez responsable dentro del juicio oral especial F-733/2019. Luego, de las documentales allegadas por la citada responsable se advierte que dicho proveído se notificó al quejoso por medio de lista el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, como se advierte de la siguiente foto: En tales condiciones, del auto reseñado y que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo, denota fehacientemente que el presente juicio de amparo es improcedente y por ende, debe sobreseerse fuera de audiencia, en atención a lo siguiente: En efecto, una vez analizados los autos, de oficio, se estima que en el caso concreto, procede decretar el sobreseimiento en el presente asunto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, numeral que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo en contra de actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio de amparo dentro del término establecido por los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Por su parte, los referidos preceptos legales establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Así es, el último de los preceptos legales invocados se evidencia que la Ley de Amparo establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de amparo, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: 1. A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo que se reclame. 2. A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución. 3. A partir del día siguiente al en que la parte quejosa se haya ostentado sabedora de los referidos actos. Bajo ese tenor, si el auto reclamado de once de septiembre de dos mil veinte, se notificó por medio de lista a las partes, entre ellas al quejoso, el diecisiete del citado mes y año (foja 251 del tomo de pruebas). En tal virtud, el plazo para la presentación del juicio de amparo empezó a correr a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación del acto reclamado. Por tanto, de los hechos narrados por el quejoso, se desprende que el acto reclamado surgió de una controversia civil, de ahí que conforme lo dispone el artículo 330 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato, el término de quince días comenzó el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, para concluir el nueve de octubre del mismo año, excluyendo los días: veintiséis y veintisiete de septiembre, tres y cuatro de octubre de dos mil veinte, al ser inhábiles. Luego, si la demanda que nos ocupa fue presentada el trece de octubre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, y turnada a este Juzgado Federal ese mismo día, como se advierte del sello de recibo estampado en el escrito de demanda, debe decirse que se actualiza de manera notoria e indudable, la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 61 fracción XIV, en relación con el 17 de la Ley de Amparo, tocante a que el quejoso tenía obligación de promover el juicio de amparo dentro de los quince días siguientes al en que le fue notificado el acto que reclama, y al no haberlo hecho así, su demanda resulta extemporánea. Apoya lo anterior lo establecido por la jurisprudencia 2a./J. 9/2018 (10a.), publicada en febrero de dos mil dieciocho en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LOS DÍAS NO LABORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBEN DESCONTARSE DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PREVISTO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL ACTO RECLAMADO DERIVE DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO LLEVADO EN FORMA DE JUICIO. Con base en el criterio de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 9/89, de la que derivó la jurisprudencia 3a. 42, así como de los derechos de acceso a la justicia y al debido proceso, se advierte que es parte esencial del derecho a la defensa adecuada el acceso al expediente del que deriva el acto de autoridad que se estima violatorio de derechos humanos, por lo que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto derive de un procedimiento jurisdiccional o administrativo llevado en forma de juicio, deben descontarse del cómputo del plazo previsto para la presentación de la demanda los días en los que la autoridad responsable suspenda sus labores o no pueda funcionar por causas de fuerza mayor y, en estos casos, para resolver sobre su admisión, los juzgadores de amparo podrán apoyarse en boletines judiciales o en publicaciones de acuerdos o resoluciones en periódicos oficiales, sin que esta situación impida que el Juez -de estimarlo necesario y con fundamento en las facultades que le otorga la ley- requiera a las autoridades para que manifiesten si durante el plazo para presentar la demanda de amparo suspendieron sus labores." Bajo esa tesitura, se concluye que el presente juicio de amparo deviene improcedente en términos de la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por tanto, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. En la inteligencia de que el sobreseimiento impide a este órgano jurisdiccional estudiar los conceptos de violación, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." En mérito de lo anterior, resulta innecesario llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para las trece horas con diez minutos del trece de noviembre del dos mil veinte. Comuníquese el presente proveído a la autoridad responsable y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio firmado por el juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, adjunto al cual remite constancia del emplazamiento en la dirección electrónica del Sistema Informático del Poder Judicial del Estado, realizado a la parte tercera interesada Selene Alonso Arellano por sí y en representación de las menores de iniciales P.S.P.A. y F.P.A., por lo que se les tiene emplazadas al presente juicio. En otro tenor, intégrese al sumario el escrito firmado por la tercera interesada Selenne Alonso Arellano, en atención al contenido del mismo, se le tiene apersonándose al presente juicio, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta; asimismo, toda vez que la citada parte procesal no proporcionó dato alguno con el que se acredite que las personas que autoriza tienen facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo (el número de registro de la cédula profesional en el sistema computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); se les tiene como autorizadas únicamente en términos restringidos del citado numeral, hasta en tanto se salve dicha situación. Finalmente, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la citada tercera interesada por vertidas las manifestaciones que hace valer en vía de alegatos, los que podrán ser tomados en consideración al resolver el presente asunto. Así mismo, se le tiene ofreciendo copia simple de las resoluciones dictadas en el juicio oral ordinario familiar F-3137/2019 y en el toca de apelación 332/2020; por lo que, de conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia, dicha prueba documental se tiene por ofrecida, admitida y desahogada por su propia naturaleza, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional.

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