Juan Migueles Jiménez
Expediente 321/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 321/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 22/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan Migueles Jiménez
- Juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que por auto de veintiuno de septiembre del actual, se puso a disposición de la parte quejosa el billete de depósito con el número ********************, que ampara la cantidad de $******************** ofrecido por la parte quejosa para que surtiera efectos la suspensión definitiva concedida, indicándosele al quejoso que contaba con noventa días para recogerlo; sin embargo, conforme al artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, los billetes de depósito prescriben en favor del erario federal en un plazo de dos años contados a partir de la fecha en que pudo ser exigida su devolución; por tanto, mientras este plazo no fenezca la parte quejosa se encuentra en aptitud de presentarse a este órgano jurisdiccional a reclamarlo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme al numeral 2°, se regulariza el procedimiento y por tanto, dígase a la parte quejosa que queda a su disposición en la secretaría de este juzgado el referido billete de depósito; en el entendido de que a partir de que surta sus efectos la notificación de este auto empezará a contar el plazo de dos años que establece la Ley de Tesorería de la Federación, para la prescripción de esa garantía a favor del Erario Federal, y que la depuración de este expediente se llevará a cabo cuando se devuelva el billete de referencia o en su caso se declare prescrita dicha garantía. Notifíquese; personalmente al quejoso.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en el juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. En razón que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y como en este juicio de amparo se negó la protección de la justicia federal a la parte disidente, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), de la fracción III, del numeral 17 del referido Acuerdo General. Con fundamento en la fracción III inciso a) del artículo 17 del citado acuerdo, se considera que este expediente es conservable hasta por el plazo de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto. En términos de los artículos 34 y 44 del multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Ahora bien, conforme a lo acordado en líneas precedentes, carece de objeto que este órgano jurisdiccional continúe resguardando de los discos en formato DVD que en apoyo a su informe justificado remitió la autoridad responsable juez de Control del Circuito de Valles Centrales, sede Tanivet, por lo que se ordena devolver a su lugar de origen, para los efectos legales consiguientes. No es necesario acusar recibo. Notifíquese.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que en el expediente principal del que emana el presente incidente, con esta fecha se ordenó su archivo definitivo; asimismo, que mediante interlocutoria pronunciada el veintiuno de abril del actual, se concedió la suspensión definitiva solicitada. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se negó y se concedió la suspensión definitiva, de conformidad a los criterios de valoración a que alude el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales en relación con lo dispuesto por el capítulo 5, artículo 17, fracción III, inciso b), el presente asunto es conservable. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su trasferencia. Asimismo, se indica, conforme a la certificación de cuenta, en este incidente de suspensión obra el billete de depósito relativo a este incidente de suspensión, con el número N- ********************, que ampara la cantidad de $********************.00 [********************] mismo que se encuentra guardado en la caja de valores de este juzgado, exhibido por la parte quejosa para que surtiera efectos la suspensión definitiva concedida, considerado como original en términos del artículo 3° fracción XX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés; notifíquese personalmente a la parte quejosa este auto para que acuda a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, en días y horas hábiles, con identificación oficial, dentro de un plazo de noventa días, a recoger el referido documento exhibido en este incidente de suspensión. De igual manera comuníquese al peticionario que a partir de que surta sus efectos la notificación de este auto empezará a contar el plazo que establece la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación para la prescripción de dicha garantía a favor del Erario Federal. En términos de los artículos 34 y 44 del multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Notifíquese; personalmente al quejoso.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 321/2023 promovido por ********************, contra los actos de las autoridades que se mencionan más adelante. En este juicio de amparo se analiza la legalidad del auto de vinculación a proceso de seis de marzo de dos mil veintitrés, dictado por la juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, ********************, en la causa penal ********************. ANTECEDENTES ******************** es imputado en la causa penal ******************** del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, ********************, iniciado en su contra por el delito de ******************** cometido en perjuicio de ********************. Por audiencia de veintinueve de abril de dos mil veintidós, se dictó contra el aquí quejoso auto de vinculación a proceso en la aludida causa penal. Dicha determinación fue combatida por el quejoso en el amparo indirecto del que tuvo conocimiento este órgano jurisdiccional mediante el juicio 572/********************. En ese juicio se dictó sentencia el treinta de noviembre de dos mil veintidós, donde se concedió al quejoso ********************, el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos que la juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en Tanivet, ********************, en la causa penal ******************** realizara lo siguiente: "[.] Dejará insubsistente la audiencia inicial celebrada el veintidós de abril de dos mil veintidós, y su continuación de veintinueve de abril de dos mil veintidós. En su lugar, repusiera el procedimiento respecto de tales etapas, desde la audiencia inicial y señale nueva fecha y hora para que tuviera verificativo, tomando en cuenta los plazos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de que la misma juez de control responsable -atendiendo al principio de inmediación- inexcusablemente debería propiciar que las partes se abstengan de leer documentos completos o la totalidad de sus actuaciones que demuestren falta de argumentación y desconocimiento del asunto, debiendo tomar en cuenta que sólo podrían leer registros de la investigación para apoyo de memoria, así como para demostrar o superar contradicciones, previa solicitud de autorización para ello. Teniendo en cuenta, además, que el agente del Ministerio Público interviniente, debiera solicitar y motivar la vinculación a proceso del imputado, exponiendo y no leyendo la totalidad de los datos de prueba con los que considere se establece un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Valorara la totalidad de los datos de prueba con que cuente durante el plazo constitucional, y en su oportunidad, con plenitud de jurisdicción resolviera lo que en derecho correspondiera tanto en la audiencia inicial, como en la de vinculación a proceso, lo cual pudiera ser en el mismo sentido o en uno diverso, si así lo considerara procedente, pero purgando los vicios que se destacaron en la presente determinación. En la inteligencia de que con la reposición ordenada no se debería permitir a la agente del Ministerio Público, modificar los hechos y datos que sirvieron de base a la primigenia imputación, en observancia a los principios de non reformatio in peius y de igualdad entre las partes." La autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo y en audiencia de seis de marzo de dos mil veintitrés, nuevamente determinó dictar auto de vinculación a proceso por el delito de ********************. [Acto reclamado] TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ******************** promovió juicio de amparo mediante escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, a través de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de ********************, con sede en San Bartolo Coyotepec y enviado el veintinueve siguiente a este Juzgado de Distrito, al que correspondió por razón de turno. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los consagrados por los artículos 14, 16, 20 apartado A, fracciones II, IX y X y 133 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de las actuaciones combatidas y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. Por acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer de la demanda i) la registró con el progresivo 321/2023; ii) en proveído de dieciocho de abril -previo cumplimiento a la prevención inicial- la admitió a trámite; iii) solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; iv) dio la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; v) emplazó a la parte tercera interesada; y vi) señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo el ocho de agosto de dos mil veintitrés. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque este órgano de control constitucional conoce de todas las materias por no tener jurisdicción especial; el acto reclamado es de naturaleza penal pues se reclama el auto de vinculación a proceso dictado el seis de marzo de dos mil veintitrés por la juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales con sede en Tanivet, ********************, en la causa penal ********************; y se atribuye a una autoridad que reside dentro de la demarcación territorial en que este juzgado ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, del contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que la parte inconforme reclama: Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, ******************** El auto de vinculación a proceso dictado el seis de marzo de dos mil veintitrés en la causa penal ********************. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO La existencia del acto reclamado a la juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, ********************, quedó legalmente acreditada a partir del informe justificado que rindió y aceptó el acto que se le atribuye. Esa confesión se estima suficiente para tener por acreditada la certeza o existencia de la determinación que se le reclamada. Por tanto, se le tiene como plenamente probado en términos de la tesis jurisprudencial número 305, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, visible en la foja 206 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común. "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse ésta como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que se corroboró con el disco versátil digital relativo a la causa penal ******************** que remitió en apoyo a su informe de ley, así como con el solicitado en determinación emitida el treinta de junio del actual, medios de prueba que adquieren valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2; puesto que de su contenido cuenta con diligencias encomendadas por disposición de la Ley y al tratarse de discos ópticos en formato de videograbación [DVD] considerados como una prueba documental pública lato sensu y por lo mismo sin necesidad de ser desahogada en una audiencia especial en la cual se reproduzca su contenido. Lo anterior se sustenta en la tesis 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 455/2012, consultable en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1; con número de registro número 2004362, Décima Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTIVOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CAUSALES DE IMPROCEDENCIA En el presente asunto no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se advierte la concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, por lo que, a consideración de quien aquí resuelve, el amparo es procedente. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN La parte quejosa considera que los actos que reclama, violan en su perjuicio derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16, 20 apartado A, fracciones II, IX y X y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expresando para ello los conceptos de violación contenidos en su escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, por no ser necesaria su transcripción; pero además, porque los principios de congruencia y exhaustividad inherentes a toda resolución judicial, se satisfacen cuando el juzgador estudia y da respuesta al problema de constitucionalidad sometido a su decisión y no cuando hace meras transcripciones. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, Novena Época, con registro electrónico 164618, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, materia común, página 830, que al rubro y texto señalan: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SUPLENCIA DE LA QUEJA En el presente caso, opera la suplencia de la queja, por tratarse de un asunto de carácter penal, en el que el solicitante del amparo tiene la calidad de imputado, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que, al analizar el acto reclamado se suplirá la queja de resultar deficiente, lo cual no implica que obligadamente deba concederse el amparo solicitado, sino sólo verificar que el orden constitucional no haya sido vulnerado por el acto reclamado, en aras del respeto de la garantía de legalidad y certeza jurídica; en ese sentido, si a pesar del estudio oficioso que involucra tal figura, ésta no se traduce en algún beneficio ni reporta utilidad alguna para la parte quejosa, no existe obligación de este juzgador federal de expresar textualmente ese análisis en la presente sentencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.67/2017, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 44, julio de 2017, tomo I, página 263, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)." Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª/J 154/2015 (10ª.), de registro digital 2010623, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I. Página: 317, Materia Común, Décima Época, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE ANALIZARSE ACORDE CON EL MARCO SOBRE DERECHOS HUMANOS RESGUARDADO POR EL ARTÍCULO 1º. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011" ESTUDIO DE FONDO Por lo antes asentado, se procede a analizar lo reclamado hecho valer por la parte quejosa, consistente en el auto de vinculación a proceso de seis de marzo de dos mil veintitrés, dictado en la causa penal ********************, del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales sede Tanivet, ********************. Son infundados los conceptos que plasma el promovente, sin que se advierta deficiencia que suplir conforme a lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. El quejoso señala en sus conceptos de violación que la juez responsable transgredió en su perjuicio los derechos de certeza jurídica y debido proceso, ante la incorrecta valoración de los datos de pruebas consistentes en 1) el acta de matrimonio que exhibió, 2) un dictamen médico; y 3) el informe homologado de la agente Estatal de Investigaciones; asimismo, que se apoyó para el dictado del auto de vinculación a proceso en meras conjeturas. En el presente caso se estima legal lo determinado por la juez responsable al emitir un auto de vinculación a proceso contra el quejoso, pues la información aportada por la representación social -no desvirtuada por la defensa- permite establecer razonadamente la existencia de un hecho que encuadra en el supuesto delictivo de VIOLENCIA FAMILIAR, así como también la posibilidad de que el quejoso participó en su consumación. Resulta menester precisar que, en la emisión del auto de vinculación a proceso del cual deriva el acto reclamado, se observó el debido proceso previsto en el artículo 14 de la Carta Magna; puesto que, la juez responsable no vulneró las formalidades esenciales del procedimiento, con lo cual, se haya dejado en estado de indefensión al justiciable. Ciertamente, este órgano de control constitucional, advierte que no existe violación a los derechos fundamentales consagrados en el artículo 14 Constitucional, en concordancia con lo dispuesto en el ordinal 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; numerales 7 punto, 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos "Pacto de San José" y los diverso 9.1, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en razón de que el procedimiento del que deriva la resolución reclamada se substanció por la autoridad jurisdiccional legalmente competente, conforme a las disposiciones legales contenidas en el código adjetivo de la materia y fuero, en los términos y con las formalidades que el mismo exige, por leyes expedidas con anterioridad al hecho. Los anteriores derechos fundamentales reconocidos, no sólo por la Constitución Federal, sino también por los instrumentos internacionales antes mencionados, cuya observancia es obligatoria, como lo dispone el artículo 1 del citado Pacto Federal, conforman la esencia del debido proceso legal a que todo imputado tiene derecho, con la finalidad de ser oído públicamente y con justicia por un tribunal previamente establecido y con arreglo a los procedimientos legalmente establecidos, en los que se garantice su adecuada defensa, las que, como ya se indicó, fueron respetadas al ahora impetrante, por lo que no existe ninguna violación a sus derechos humanos que los protegen. Tiene aplicación, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1a./J. 11/2014 (10a.), visible en la página 396, libro 3, febrero de 2014, tomo I, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2005716, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza." Por lo que, en el caso concreto, fueron observadas las garantías del debido proceso (audiencia y de seguridad jurídica) que conforma un "núcleo duro" que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, identificadas como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia" las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. En tanto que, de los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva; derecho humano que también fue observado en la audiencia de comunicación de imputación, dentro de los plazos y términos que fija el Código Nacional de Procedimientos Penales, audiencia donde bajo los principios de inmediación, concentración y continuación, el ahora quejoso recurrente bajo una defensa técnica que ordena el numeral 17 del código procesal en cita, al acreditarse que la juez de control garantizó el derecho de defensa cuando los defensores ******************** y ********************, con cédulas profesionales ******************** y ********************, designados por el propio imputado, lo asistieron en la audiencia de comunicación de imputación. Además, en la audiencia de diez de febrero de dos mil veintitrés, la juzgadora al advertir la falta de técnica de litigación por parte de sus defensores, ordenó designarle un defensor público, ante ello, suspendió la misma para reanudarla el veinticuatro de febrero siguiente; sin embargo, en la continuación de la audiencia de ampliación de término constitucional el imputado revocó a sus defensores y designó como nuevos a ********************y ********************, con cédulas profesionales ******************** y ********************respectivamente, quienes también lo asistieron en la audiencia de vinculación a proceso desahogada el seis de marzo de dos mil veintitrés. De ahí que haya recibido una defensa técnica, sin perjuicio de la defensa material que le permitió ejercer al quejoso por sí mismo al cederle el uso de la voz; otorgándole la oportunidad de recurrir el auto de vinculación a proceso. Resulta pertinente establecer que el imputado al pertenecer a una comunidad indígena, en todo momento contó con un intérprete en su lengua Mixe, de Tamazulapam de Espítitu Santo, designado por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Por otro parte, no se advierte que el acto reclamado carezca de la debida fundamentación y motivación, en términos del artículo 16 Constitucional, pues la autoridad responsable al emitir el acto de autoridad citó los preceptos legales que le sirvieron de apoyo, 404, 404 bis, y 405, del Código Penal vigente en el Estado de ********************; de igual forma, se invocó los ordinales 259, 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que se establecen los principios generales que rigen la valoración de las pruebas del sistema acusatorio, bajo la sana crítica; además, se expresaron los razonamientos que la llevaron a concluir en tal sentido; así también, señaló los motivos que influyeron para corroborar el valor a los diversos datos de prueba que tomó en cuenta la juez de control para tener por demostrada la conducta delictiva y la probable intervención del quejoso recurrente su comisión; por tanto, es inconcuso que la autoridad jurisdiccional responsable fundó y motivó el acto reclamado. Consecuentemente, se satisfacen las exigencias del artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal y de la jurisprudencia 204 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Así, como la jurisprudencia la./J.139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 162, Tomo XXII, Diciembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 176546, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." De igual forma, este órgano coincide como lo sustentó la juez responsable, que en la especie fueron satisfechos los requisitos que exige el ordinal 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales; los referidos artículos, en su parte conducente establecen: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión" "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". Ahora bien, del análisis del mencionado texto constitucional y del dispositivo de la legislación procesal en cita, permiten establecer que para la emisión de un auto de vinculación a proceso se requiere satisfacer los siguientes extremos: 1. Se haya formulado la imputación; estableciendo el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. 2. Que el imputado haya sido informado de su derecho a declarar. 3. De los antecedentes de la investigación se desprendan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. 4. No se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. En el caso, al revisar los registros audiovisuales, se determina que todos esos requisitos fueron cumplidos. Es así, porque en el caso se acredita que: 1) Se formuló imputación. Hipótesis que se configura a cabalidad en el caso que nos ocupa, pues previa autorización de la juez, la representación formuló imputación en los términos siguientes: "Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 307, 310 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, hago de su conocimiento señor ******************** que con fecha ********************, en la Dirección de Averiguaciones Previas en la Coordinación de Fiscalías Foráneas se inició la carpeta de investigación ********************, preciso la fecha traductora, esa carpeta se inició el ********************, asimismo, con fecha ******************** en esa misma Dirección de Fiscalías Foráneas, se inició la carpeta ********************, esas carpetas señor ******************** se iniciaron en su contra por su probable comisión o participación en el hecho que la ley señala como el delito de ********************, ésta fue cometida en agravio de la víctima directa de nombre ********************, el hecho que se le imputa señor ******************** es el siguiente: Del día veintiocho de julio del año dos mil trece al día ocho de julio del año dos mil veintidós, la víctima ******************** y el imputado ******************** vivieron juntos de manera voluntaria, coexistiendo en un mismo espacio ubicado en la calle ********************del ********************, sin embargo, dicha relación se dio por terminada debido a diversas acciones de violencia que el imputado ******************** ejerció en contra de la víctima ********************. Como segundo hecho, el día ********************, aproximadamente a las quince horas cuando la víctima se encontraba en el interior de su cocina, hasta ese lugar llegó el imputado y le dijo qué sigues haciendo aquí, lárgate de mi casa, lárgate a la casa de tus padres, aquí estorbas tu [inaudible] enseguida el imputado agarró un rifle que se encontraba en el trastero de la concina y se lo puso en el pecho a la víctima y le dijo te voy a matar, si te mato nadie me va a castigar, por lo cual, la víctima ******************** salió corriendo con dirección a la casa de sus padres para salvaguardar su integridad física. Como tercer hecho, el día ********************, aproximadamente a las trece horas en el interior del domicilio ya mencionado, hasta ese lugar llegó el imputado ******************** en compañía de sus hijas de nombre ********************y ********************de apellidos ********************, enseguida el imputado al ver a la víctima le dijo pinche vieja, tú qué haces aquí en mi casa, te voy a matar si no te vas de mi casa, enseguida el imputado tiró al suelo a la víctima y le jaló de las piernas mientras **************************************** la jaló del cabello, en tanto que, **************************************** con un palo que tenía en las manos, le dio un golpe en la nalga izquierda y le dijo te voy a quebrar el culo para que ya te calmes luego la agarró de las piernas se las abría y se las cerraba para finalmente azotarlas contra el suelo, a consecuencia de estos hechos, la víctima ******************** presentó diversas lesiones en la cabeza, en la espalda, brazo, muslo y pierna derecha, asimismo, presentó una afectación en su estado emocional consistente en un estado ansioso provocándole alteración autocognitiva y autodevaluativa. Como cuarto hecho, el día ********************, aproximadamente a las cinco de la tarde, cuando la víctima ******************** se encontraba afuera del domicilio ya multicitado, al verla el imputado quien traía un machete en sus manos se lo aventó hacia ******************** y le dijo hija de tu chingada madre, ya lárgate de aquí o te voy a matar, porque no te quiero volver a ver aquí por lo que la víctima comenzó a correr y el imputado la empezó a seguir mientras le decía si regresas te voy a matar hija de tu chingada madre, a consecuencia de este hecho, la víctima presentó un estado adaptativo de ansiedad y ánimo deprimido. Este hecho señor ******************** se subsumió o más bien dicho, se tipificó en un hecho que la ley señala como delito, este delito, esta representación social le da la calificación jurídica de ********************, este delito de ******************** está establecido en un Código Penal que más adelante le explicará su defensa. Este delito o hecho que la ley señala como delito se encuentra previsto en el artículo 404 y en el artículo 404 Bis en sus fracciones I y II, y sancionado por el artículo 405 en su párrafo primero y su párrafo tercero del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de ********************. El grado de ejecución es consumado en términos de lo dispuesto por el artículo 10, en su fracción I, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de ********************, qué quiere decir esto señor ********************, que el delito que usted cometió de ******************** quedó consumado, toda vez que se lesionó el bien jurídico, el bien jurídico es algo que no podemos ver, que es valioso para el ser humano, en este caso, el acceso a una vida libre de violencia en el ámbito familiar por parte de la señora o víctima ******************** ésta se consumó en el momento en que usted la agredió física y verbalmente. Señor ******************** su forma de intervención en este hecho es a título de autor material, esto se encuentra dispuesto en el artículo 11 en su fracción I, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de ********************, qué quiere decir esto, que usted es autor material, quiere decir que usted por sí mismo sin la ayuda de ninguna otra persona agredió a la víctima ******************** de manera física y verbal sin que le haya pedido la ayuda a ninguna otra persona, a ningún vecino, sino que usted mismo ejerció esa violencia, eso quiere decir que usted es autor material. El modo de ejecución en este hecho, es a título de acción [inaudible] previsto en el artículo 8 en su fracción I, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de ********************, qué quiere decir, que fue una acción dolosa que usted sabía que agredir a una mujer no está permitido y sin embargo, usted lo hizo y aceptó la [inaudible] o las consecuencias de su conducta, valor agredido física y verbalmente a la víctima ********************. El nombre de la persona que en este caso depone en su contra o quien le denunció es la señora ********************." Enseguida, el agente del Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso por los hechos y calificación jurídica que fueron materia de la imputación. 2) Se otorgó al imputado la oportunidad para declarar. En el caso, de la audiencia de diez de febrero de dos mil veintitrés, se extrae que la juez de control dio oportunidad al imputado para declarar, quien realizó su declaración respectiva, previa consulta con su defensa. 3) De los antecedentes de la investigación se desprenden datos que establecen que se cometió un hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado en su comisión. Respecto de los requisitos de fondo que se encuentran precisados en la fracción III del numeral 316 del Código Procesal aplicable, esto es, que existan datos de prueba que permitan establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, acorde a una interpretación armónica del artículo 19 constitucional el auto de vinculación a proceso solamente tiene carácter presuntivo tal como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.) localizable en la Gaceta Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 360, Materia Penal, Décima Época, con registro 2014800, de rubro "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)" de la que se destaca que en el sistema penal acusatorio oral, la vinculación se realiza en función de los hechos, siempre y cuando se establezca que los mismos están tipificados como delito, y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, lo que ocurrirá cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. La ley refiere que el auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivos de la imputación y la juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta, misma que se hará saber al imputado a fin de que pueda ejercer una mejor defensa, puesto que en la propia audiencia del juicio oral, el juzgador está en aptitud de reclasificar jurídicamente los hechos. Añade que para el dictado de un auto de vinculación a proceso no se requiere un cúmulo probatorio amplio como lo requería el auto de formal prisión, en razón de que el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas que puedan acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado, sino sólo hace una referencia de datos probatorios que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley prevé como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Concluye, que la intensidad o profundidad del análisis que deberá hacer la juez, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 Constitucional, para identificar si un hecho o una serie de hechos está tipificado en la ley como delito, será el que resulte necesario de acuerdo a la metodología de resolución del juzgador, para satisfacer el mandato constitucional, esto es, que permita que se "establezca" a partir de los datos de prueba, que un hecho o serie de hechos están tipificados como delito por la ley penal y que para el dictado del auto de vinculación a proceso, no es necesario que la juez de control realice un desglose de los elementos del delito, sino que tal actuar dependerá de la metodología que elija para otorgar claridad y certeza a su determinación, pero sí lo conmina a fundar y motivar suficientemente su ejercicio de ponderación de los datos de prueba expuestos por la representación social, así como las razones que llevan a determinar credibilidad o no en este estándar probatorio de los que haya ofrecido la defensa para establecer el dictado de vinculación a proceso. Por lo que, si bien, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, no se requiere un estándar probatorio alto ni tan estricto como en el dictado de una sentencia, en razón que sólo tiene un carácter presuntivo, pues el proceso no tendría sentido si se considerara que la acreditación del delito y responsabilidad penal indican que son plenos; lo cierto es que ello, no exime al Estado a través del órgano técnico de la acusación, de establecer indicios razonables en su investigación que sustenten la imputación, esto es, establecer la presencia de condiciones objetivas, razonables y suficientes para, en su caso el Estado inicie un proceso a una persona considerada inocente, ya que el propio acto tiene el objeto de dar seguridad jurídica al imputado, a fin de que conozca las razones particulares por las cuales se estima que intervino en su comisión sustentadas en indicios razonables sin que tengan el carácter de prueba, pero que permitan inferir de manera indiciaria que intervino en el mismo. En ese sentido, como legalmente lo determinó la autoridad responsable, de los datos de prueba propuestos por el agente del Ministerio Público valorados de forma libre y lógica en términos del artículo 259 del Código Nacional de Procedimientos Penales y de acuerdo con el principio de congruencia, se advirtieron indicios razonables que permitieron establecer que se llevó a cabo en el mundo fenomenológico, de manera probable, un hecho que la ley señala como delito de VIOLENCIA FAMILIAR y que existían datos de prueba suficientes e idóneos, hasta el momento procesal en que se actuó, para establecer con grado de probabilidad que el ahora imputado participó o intervino en su comisión, atento a las siguientes consideraciones. Como se ha expuesto en líneas que preceden, la fiscalía formuló imputación por el delito de VIOLENCIA FAMILIAR, previsto en los artículos los artículos 404, 404 Bis fracciones I y II, sancionado por el 405, en relación con los preceptos 8, fracción I y 11 fracción II, del Código Penal en el Estado de ********************; que al respecto establecen: "404.- Violencia familiar, es toda acción u omisión, dirigida a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica, sexual, o contra los derechos reproductivos, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo activo tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, legal, concubinato, noviazgo, relaciones de convivencia o mantenga o haya mantenido una relación similar con la víctima." "404 Bis.- Para los efectos del presente capítulo los tipos de ******************** son los siguientes: I. Violencia Física: Toda agresión en la que se utilice cualquier objeto o arma, o se haga uso de alguna parte del cuerpo, para sujetar o lesionar físicamente a otro; así como el uso de sustancias para inmovilizarle, atentando contra su integridad física, y que tienen por objeto lograr su sometimiento o control y con el resultado o riesgo de producir lesión física, interna, externa o ambas; II. Violencia psicoemocional. Acción u omisión, consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, humillaciones, indiferencia, chantaje, celotipia, abandono, actitudes devaluatorias, que provoquen en quien las recibe alteración autocognitiva y autovalorativa, que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de la estructura psíquica entre las que se pueden encontrar la depresión, el aislamiento, la devaluación e incluso el suicidio;." "405.- A quien cometa el delito de ******************** se le impondrá de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad, tutela y alimentos, y se decretarán las medidas de protección conforme a lo establecido por la legislación en la materia; además se sujetará a tratamiento especializado en el Centro de Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia contra las Mujeres, que para personas agresoras de ******************** establece la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género. La pena señalada en el párrafo anterior, se aumentará hasta en una mitad de su mínimo y su máximo; en los casos en que la violencia se ejerza en contra de menores de doce años, personas adultas mayores, persona con discapacidad, mujeres en estado de gravidez o durante tres meses posteriores al parto o cuando la conducta sea cometida durante una declaratoria de emergencia sanitaria o cualquier otra que requiera aislamiento social. En el supuesto de que, se ejerza la violencia física a que se refiere la fracción I del artículo 404 Bis de este Código, la pena será de 5 a 10 años de prisión. En ningún caso se entenderá como tratamiento o rehabilitación, la violencia hacia persona alguna con trastorno mental, ni como forma de educación o formación hacia los menores de edad." "8o.- Los delitos pueden ser dolosa o culposamente realizados. I. Actúa con dolo la persona que al momento de la realización del hecho se representa el resultado típico y quiere o acepta su realización." "11.- Son autores o partícipes del delito: I.- Los que acuerden o preparen su realización; II.- Los que lo realicen por sí;" Los elementos del tipo penal del hecho que la ley señala como delito de VIOLENCIA FAMILIAR son los siguientes: 1. Que el sujeto activo realice una acción dirigida a dominar, someter, controlar, agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica, sexual o contra los derechos reproductivos del pasivo; 2. Que el activo tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad, afinidad legal, concubinato, noviazgo o relaciones de convivencia, que mantenga o que haya mantenido una relación similar con la víctima; y 3. Que el hecho se haya producido dentro o fuera del domicilio familiar. Ahora, atendiendo a la naturaleza del injusto penal que nos ocupa, debe establecerse que el derecho de la mujer a vivir en un entorno libre de violencia forma parte del catálogo de los derechos humanos que deben considerarse integrados al orden nacional, al estar reconocido en diversos tratados internacionales, tales como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Pará" y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés). Asimismo, deriva de los derechos a la vida, salud e integridad física establecidos en la Constitución General. En ese sentido, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Pará" señala que debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Además, que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros, a ser libre de toda forma de discriminación, a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. Asimismo, que la violencia contra la mujer es "una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres" y reconoce que el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye el derecho a ser libre de toda forma de discriminación. De igual manera, en los Casos Fernández Ortega y Otros Vs. México, y Rosendo Cantú y otra vs México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recordó como lo señala la "Convención de Belem do Para" que la violencia contra la mujer no solo constituye una violación de los derechos humanos, sino que es "una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres" que "trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases." Por su parte, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) en su recomendación general núm. 19, párr. 6, y recomendación general núm. 28, párr. 19., estableció que la violencia por razón de género afecta a las mujeres a lo largo de todo su ciclo de vida. Dicha violencia adopta múltiples formas, a saber, actos u omisiones destinados a o que puedan causar o provocar la muerte o un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o económico para las mujeres, amenazas de tales actos, acoso, coacción y privación arbitraria de la libertad. Por otro lado, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo 7 establece que la ******************** es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho. Bajo ese contexto, la juez responsable ponderó de manera destacada para acreditar el hecho que la ley señala como delito de VIOLENCIA FAMILIAR, los datos de prueba que la representación social externó, siendo los siguientes: Denuncia de ******************** de ********************. Comparecencia de ******************** de primero de agosto de dos mil veintiuno, con asistencia de su traductor en la lengua materna mixe alto, ********************. Certificado médico de lesiones de ******************** expedido por el perito médico legista del instituto de Servicios Periciales y Asistencia Forense, doctor ********************, con cedula profesional ********************, en el que se encuentra inmerso el diverso certificado médico de ocho de julio de dos mil veintiuno, expedido por el Hospital de Tamazulapam Mixe ********************. Dictamen psicológico de once de octubre de dos mil veintiuno, expedida por la licenciada en psicología ********************, con cédula profesional ********************. Dictamen psicológico de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, emitido por la referida experta. Constancia de concubinato expedida el nueve de julio de dos mil veintiuno por ********************, en su calidad de presidente del Ayuntamiento Constitucional de ********************. Inspección ocular de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, realizada por la agente Estatal de Investigaciones ********************, con identificación ********************, en el domicilio ubicado en la calle ********************. Dictamen psicológico de doce de noviembre de dos mil veintiuno, por la psicóloga ********************, con cédula profesional ********************. Posteriormente, la juez cuestionó al imputado si haría uso de su derecho a la ampliación del término constitucional para ofrecer y desahogar pruebas; previa consulta con sus defensores particulares, manifestó que sí solicitaba la ampliación de su término constitucional, para lo cual se fijaron las nueve horas con treinta minutos del diez de febrero de dos mil veintitrés. De igual manera el agente del Ministerio Público, con fundamento en los artículos 153, 154, fracción I y 155, fracciones VII y VIII, solicitó la imposición de la medida cautelar, consiste en la prohibición que se acerque al domicilio de la víctima ********************, así como de convivir, acerarse o comunicarse a través de cualquier medio con aquélla; a lo que después, el defensor del imputado quejoso manifestó que no tenía ninguna oposición. Por tanto, la juez responsable analizó la procedencia de la medida cautelar provisional y determinó imponer como tales, las establecidas en el precepto 155, fracciones VII y VIII, esto es, la prohibición del imputado a concurrir o acercarse al domicilio de la víctima, asimismo, a comunicarse con ella de cualquier manera. En la audiencia de ampliación de término constitucional, señalada para el diez de febrero del año en curso, se solicitó la incorporación de pruebas por parte de la defensa, que consisten en: Acta de matrimonio de los contrayentes ******************** y ********************. Constancia expedida por el defensor público ********************adscrito al distrito judicial de Zacatepec, Mixe, ********************, en la que hace constar la comparecencia del imputado el ********************. Credencial de ********************-defensor público- expedido por Recursos Humanos del Gobierno del Estado. Acta convenio de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, [donde aparecen firmas del alcalde único constitucional, síndico municipal, alcalde suplente, síndico suplente, secretario de la sindicatura municipal, huellas de ******************** Jiménez Albines y una firma de ********************. Auto admisorio de juicio de amparo ********************. Acta convenio de cesación de concubinato y repartición de bien inmueble, firmados por el síndico, alcalde único directora de la instancia municipal de la mujer, regidor de salud y equidad de género, huellas de ******************** Jiménez Albines y una firma de ********************, refiere que se quedó sin efecto el acta convenio de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Dictamen en grafoscopía emitido por el perito oficial ********************. Constancia de participación y colaboración expedida por el agente propietario, agente suplente, secretario tesorero, presidente de la asociación de padres de familia del poblado ********************. Constancia participación expedida por el agente propietario, agente suplente, tesorero, suplente y policía por su colaboración con el pueblo. Testimoniales a cargo de ********************y ********************. Una vez concluida la incorporación de las pruebas ofrecidas por la defensa del imputado, la juez requirió a aquélla para que -conforme al proveído de siete de febrero- manifestaran si se desistían o querían realizar alguna manifestación en relación a citar al médico ********************y el informe por el presidente municipal, por lo que indicaron que querían hacerle unas preguntas al primero de ellos. Debido a que la intérprete señalada inicialmente para apoyar al imputado ********************, tenía diversa audiencia, se procedió a decretar un receso y se reanudó designándole como nuevo a ********************. Posteriormente, la juez dio intervención al Ministerio Público para que manifestara lo que a su derecho correspondiera en relación a los datos de pruebas ofrecidos por su contraparte, a lo cual, manifestó lo relativo y de igual manera, se procedió a la réplica; en consecuencia, la a quo determinó admitir los referidos medios y datos. Para lo cual, en esa misma audiencia se llevó a cabo el desahogo de la prueba testimonial a cargo del médico ********************, sin embargo, ante la falta de técnica de litigación por parte de los defensores del imputado, se suspendió aquélla para la designación de un defensor público a favor de éste y señaló para su continuación el veinticuatro de febrero siguiente, para resolver la situación jurídica del imputado. Llegada la fecha y hora señalada para la continuación de la ampliación del término constitucional, no se pudo llevar a cabo ante la falta de intérprete para el imputado, por tal motivo, se difirió para el seis de marzo de dos mil veintitrés. El seis de marzo del año en curso, una vez individualizadas las partes, se procedió a continuar con la prueba testimonial a cargo del médico ********************, siendo únicamente la defensa quien realizó las preguntas pertinentes. Asimismo, la defensa -por así considerarlo- se desistieron de las testimoniales a cargo de ********************y ********************, por lo cual, la a quo le preguntó al imputado si estaba de acuerdo con tal desistimiento, quien respondió que sí. Ante ello, la jueza continuó con los datos de prueba que en uso de la voz incorporó la defensa: Acta de matrimonio de los contrayentes ******************** y ********************. Constancia de participación de diez de marzo de dos mil quince, suscrito por el agente de policía, el agente suplente, tesorero y secretario de la comunidad ********************, Espíritu Santo, en que hace constar que ********************, es donador de refrigerios para la celebración de la misa de pueblo. Constancia de participación y colaboración suscrita el dieciséis de marzo de dos mil catorce, por el agente de policía municipal, asociación de padres de familia, el comité de liconsa, el comité de salud, la agencia de policía municipal ********************, perteneciente al Municipio de Tamazulapam, Espítiu Santo Mixe, ********************. De igual manera, la defensa se desistió de los restantes medios de pruebas consistentes en: Constancia expedida por el defensor público ********************adscrito al distrito judicial de Zacatepec, Mixe, ********************, en la que hace constar la comparecencia del imputado el ********************. Credencial de ********************-defensor público- expedido por Recursos Humanos del Gobierno del Estado. Acta convenio de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Acta convenio de veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Auto admisorio de juicio de amparo ******************** y su respectiva resolución. Dictamen en grafoscopía emitido por el perito oficial ********************, realizado el cuatro de octubre de dos mil veintidós. Por lo tanto, la juez -previo corroboración que realizó con el imputado- tuvo por desistido de los referidos datos de prueba y acto seguido, dio por concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por la defensa de aquél. Se continuó con los argumentos de la defensa, posteriormente, se concedió el uso de la voz a la representación social y nuevamente a la defensa para replicar; concluida esa fase, se cerró el debate. Conforme a lo relatado se observa que el proceso fue debido, pues previo al dictado del auto de vinculación al proceso se siguieron todas las fases procesales establecida en la ley, incluida la relativa al derecho de defensa del quejoso; por lo tanto, el acto cumple con las formalidades esenciales del procedimiento que conforme a la ley se deben seguir, previamente a su dictado. En ese orden, el responsable estableció que cuanto hace a la parte jurídica del hecho delictuoso ******************** [descripción y adecuación típica] la misma se colma por la idoneidad, pertinencia y en su conjunto suficientes, por lo que se establece racionalmente la adecuación típica de la parte fáctica del hecho delictuoso aludido y que según el Ministerio Público, esa conducta encuadra dentro de la norma penal, desde luego que ha quedado acreditado que efectivamente encuadra dentro del tipo penal de ********************, que se encuentra previsto en los artículos 404, 404 Bis y 405 del Código Penal vigente en el Estado de ********************. Ello pues los medios de prueba relacionados por la representación social, resultan idóneos, útiles y suficientes para acreditar de manera probable un hecho que la ley señala como delito de VIOLENCIA FAMILIAR, ya que bajo las reglas de la sana crítica se pudo establecer que: 1.- "Que a partir del 28 de julio del año 2013 al 8 de julio del año 2021, ******************** y ******************** vivieron juntos de manera voluntaria coexistiendo en un mismo espacio ubicado en ********************y ********************, ********************, ********************, ********************, sin embargo, esta relación se dio por terminada esta circunstancias a través de diversas acciones de violencia por parte de ******************** quien ejerció violencia en contra de ********************. 2.- Que el 11 de mayo del año 2021, aproximadamente a las 15 horas, cuando ******************** se encontraba en el interior de su cocina, hasta ese lugar llego el señor ******************** y le dijo: que sigues haciendo aquí, lárgate de mi casa, lárgate a la casa de tus padres, aquí estorbas con tu culo", enseguida agarró un rifle que se encontraba en el trastero de la cocina, y se lo puso en el pecho de ella, le dijo "te voy a matar, si te mato nadie me va a castigar", por lo cual esta sale corriendo con dirección a la casa de sus padres para salvaguardar su integridad física. 3.- El 8 de julio del año 2021, aproximadamente a las 13 horas en el interior del domicilio señalado anteriormente llego ******************** en compañía de ********************y ********************de apellidos ********************, enseguida este le dijo a ella, "pinche vieja, tú que haces aquí, en mi casa te voy a matar si no te vas de mi casa", enseguida este la tira al suelo, le jalo de las piernas mientras dos personas más, una le jala el cabello y la otra con un palo que tenía en las manos le dio un golpe en la nalga izquierda y le dijo; te voy a quebrar el culo para que te calmes, luego la agarro de las piernas se las abría y se las cerraba para finalmente azotarlas en contra del suelo. A consecuencia de estos hechos ******************** presentó diversas lesiones en cabeza, espalda, brazo, muslo y pierna derecha, así mismo presentó una afectación emocional consistente en un estado de ánimo ansioso provocando una alteración auto cognitiva y autoevaluativa en su persona. 4.- Posteriormente el 30 de agosto del año 2021, aproximadamente a las 5 de la tarde cuando ******************** se encontraba afuera del domicilio señalado anteriormente, al verla ******************** quien traía un machete en su mano se lo aventó hacia ella y le dijo "hija de tu chingada madre, ya lárgate de aquí o te voy a matar porque no te quiero volver a ver aquí", por lo que esta comenzó a correr, y este la empezó a seguir mientras le decía "si regresas te voy a matar hija de tu chingada madre", a consecuencia de esto ******************** presentó un estado adaptativo de ansiedad y ánimo depresivo." En ese sentido, como lo ponderó la a quo, la conducta realizada por el sujeto activo resulta ser antijurídica, sin que haya ninguna causa que justifique precisamente ese actuar, aunado a que la defensa no aportó ningún dato de prueba idóneo que lo contravenga. Por lo que, al no existir medio probatorio de la defensa no destruyen los hechos que refiere en su declaración la víctima ********************, sin que se advierta dato alguno que afectara su credibilidad, pues señaló que a partir del veintiocho de julio de dos mil trece al ocho de julio de dos mil veintiuno, comenzó a vivir con el ahora imputado ********************, en el domicilio ubicado en la ********************y ********************, ********************, ********************, ********************, sin embargo, esa relación concluyó ante la violencia que ejercía él hacia su persona. Asimismo, que aproximadamente a las quince horas del ********************, en el interior de su domicilio [cocina], llegó el imputado y la comenzó a insultar, le sacó un rifle que se encontraba en el trastero de la cocina y se lo puso en el pecho de ella, amenazándola en matarla. De igual manera, el ocho de julio de la misma anualidad, aproximadamente a las trece horas, estando de nueva cuenta la víctima en el domicilio referido, llegó el imputado con sus hijas ********************y ********************de apellidos ********************, el primero de los mencionados la volvió a amenazar indicándole que la mataría, para el caso de no retirarse de su casa, la tiró al suelo, le jaló las piernas, mientras que una de sus hijas le jalaba el cabello y la otra con un palo la golpeó en su glúteo izquierdo, insultándola y procedió a abrirle y cerrarle las piernas para posteriormente azotarlas contra el suelo; por lo que presentó diversas lesiones en diferentes partes de su cuerpo: cabeza, espalda, brazo, muslo y pierna derecha, además que presentó una afectación emocional consistente en un estado de ánimo ansioso provocando una alteración cognitiva y autoevaluativa en su persona. Y el treinta de agosto de dos mil veintiuno, aproximadamente a las cinco de la tarde, la víctima se encontraba afuera de domicilio de mérito y cuando la vio el imputado le aventó un machete que traía en su mano insultándola y amenazándola en matarla, por lo que ella comenzó a correr, mientras que él la perseguía. Dichos datos como lo valoró la a quo son congruentes, puesto que no existen alguna contradicción en lo manifestado y por el contrario tienen congruencia externa porque se relacionan con los datos de pruebas ofrecidos por el fiscal. Como lo es la comparecencia de uno de agosto de dos mil veintiuno en donde la víctima hace manifestación ante la instancia de la mujer de ********************, respecto a los hechos que sucedieron en esa misma data; quien refirió que ********************, nuevamente trató de asustarla, al indicarle que esa era su casa, su terreno y que nadie lo asustaba y que no la iba a dejar entrar, circunstancia que se acredita con la declaración del imputado, al haber manifestado que existe un conflicto respecto a ese terreno que señala la propia víctima. Por lo que resulta creíble las manifestaciones de la víctima, en cuanto a que identifica a la persona con quien tuvo una relación desde el dos mil trece y atendiendo a la persistencia o sistemática de acciones que se generaron en su contra, como lo indicó la juez de control, resultan suficientes para solicitar el auxilio ante la instancia correspondiente, de ahí que ese dato de prueba es pertinente, idóneo y necesario, para establecer precisamente las acciones sistemáticas que se generaban en su contra por parte del imputado, sin que exista alguna circunstancia que pudiera tornarla inverosímil; por tanto, al concatenar la declaración de la víctima con ese dato de prueba, permite establecer la coherencia externa. Asimismo, respecto al certificado médico de lesiones de veintiuno de julio de dos mil veintiuno, se establece su idoneidad tomando en consideración que la persona que lo emite es un experto por parte del órgano investigador, quien realizó un planteamiento del problema y desarrolló una metodología de estudio, para poder determinar que de la exploración realizada a ******************** encontró lesiones en su cuerpo de naturaleza activa, siendo localizadas en el brazo derecho, cara interna del muslo izquierdo, así como escoriaciones en la pierna derecha y tercio distal de cara anterior externa; dichos golpes concatenado con lo declarado por la víctima, permite inferir que fueron originados el ocho de julio de dos mil veintiuno, cuando fue violentada tanto por el imputado, así como por sus hijas. Sin que exista dato contrario tendente a desvirtuar lo asentado por el galeno; además que de la testificación que realizó el médico [quien expidió el certificado médico de ocho de julio de dos mil veintiuno en el Hospital de Tamazulapam Mixe, ********************] ante el Juzgado de Control, precisó que él había realizado esa documental y que si bien la institución ministerial refirió que era un certificado médico, quedó establecido en la propia audiencia que la nota médica que se presentó precisamente el ocho de julio de dos mil veintiuno, refiere a las lesiones que logró advertir en la corporeidad de la persona favor de quien lo expidió, de ahí que tenga relación con los hechos suscitados en esa propia fecha. Referente a los dictámenes psicológicos realizados el once de octubre y nueve de diciembre, ambos de dos mil veintiuno emitidos por ********************, se establecen su idoneidad tomando en consideración que son una opinión científica de su parte, en el que señalan los test y las técnicas que su ciencia le exige; de tal manera, que resultan congruentes al hacer una valoración del estado emocional de la víctima. Así, de la descripción que realizó la citada experta tanto el once de octubre, como el nueve de diciembre, no hubo discrepancia entre ellos, ya que en el primero indicó que encuentra a la víctima en un estado ansioso en presencia de intranquilidad, preocupación, inseguridad y temor, además que advierte que esas circunstancias deterioran su calidad de vida al generarle un desgaste físico y emocional que tiene relación con los hechos denunciados. Por lo que hace al segundo de los dictámenes, la galena nuevamente señala que efectivamente la víctima en ese momento presentó un estado ansioso de intranquilidad, preocupación, inseguridad, impotencia y tristeza; de ahí que en ambos -como lo advirtió la juez de control- se puede evidenciar una afectación en la psique de la víctima, por lo que la propia experta sugirió terapias psicológicas de tipo cognitivo. Circunstancias que deben considerarse con los hechos vividos, es decir, que una persona vive en un entorno de violencia estructural por problemas familiares y la forma de actuación del propio imputado, evidentemente le dejará secuelas, como al efecto se determinó por una persona con conocimiento especiales en la materia de la psicología; sin que exista algún motivo que afecte la credibilidad en los mismos. En relación a la constancia de concubinato de nueve de julio de dos mil veintiuno, expedida por ********************, en su calidad de presidente del Ayuntamiento Constitucional de ********************, este juzgador comparte el alcance que le dio la a quo, ya que dicha autoridad municipal no es el facultado para emitir ese tipo de constancias, conforme lo establece el artículo 68 de la Ley Orgánica Municipal, puesto que es ante un órgano jurisdiccional en donde se debe establecer la existencia de dicha figura jurídica, aunado a que el artículo 7 del Código Familiar del Estado de ********************, establece la forma en cómo se constituye un concubinato; sin que ello implique, desvirtuar que el imputado y la víctima hayan tenido una relación de pareja en el tiempo que declaró la primera de los referidos, así como que compartían y convivían en el domicilio ubicado en la calle sin nombre, ********************, ********************, Tamazalupam del Espíritu Santo. Lo anterior, debido a que como se asentó en párrafos que anteceden, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo 7 establece que la ******************** es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho; por tanto, en el presente caso se actualiza la última de las hipótesis descritas. Respecto a la inspección ocular de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, realizada por la agente Estatal de Investigaciones ********************, se establece la referencia determinada del lugar en que se suscitaron los hechos, siendo el ubicado en la calle sin nombre, ********************, ********************, Tamazalupam del Espíritu Santo, lo que corroboran las afirmaciones hechas por la víctima, resultando creíble que ésta compartía y convivía con el imputado en dicho domicilio, además que dicha prueba está concatenada con las placas fotográficas que se tomaron del inmueble de mérito. En cuanto al dictamen psicológico de doce de noviembre de dos mil veintiuno, emitido por la psicóloga ********************, de igual manera, se otorga valor probatorio, atendiendo en la forma en que se desarrolló, pues se realizó a través de diversos test, un planteamiento del problema, para poder explorar el estado mental de la víctima, una entrevista psicológica forense, así como la aplicación de diversos instrumentos. Por tanto, con esa prueba, se puede obtener que la víctima ******************** presentó un trastorno adaptativo con ansiedad, ánimo depresivo, caracterizada por ansiedad, preocupación, intranquilidad, tristeza, baja autoestima y estado de vulnerabilidad, lo que tiene relación con los hechos denunciados por aquélla y con lo también dictaminado por la perito ********************, que convienen en la ansiedad en la psique de la víctima. Todo lo anterior permite instaurar hasta este momento procesal, como lo refirió la a quo, que se cometieron los hechos que la ley marca como ********************. Sin que esas circunstancias, en la fase en que se encuentra el procedimiento, puedan ser desvirtuadas con los datos de pruebas que ofreció la defensa, ya que con la declaración de ******************** se obtiene a) la edad de éste, b) que conoce a la víctima ********************, con quien ha tenido problemas, c) que se dedica a manejar un coche, d) la existencia de un terreno y la casa en El ********************, e) el conflicto que tiene con la víctima en relación a un terreno, el cual supuestamente le cedió los derechos, f) que se encuentra casado con ********************, g) que tiene cuatro hijas y h) que no estudió. Asimismo, que si bien aduce que el once de mayo y treinta de agosto de dos mil veintiuno se encontraba en diverso lugar de donde se suscitaron los hechos que declaró la víctima, no existe dato de prueba que corrobore tales circunstancias. Lo mismo acontece con el interrogatorio realizado al médico ********************, quien emitió la nota médica de ocho de julio de dos mil veintiuno, del cual se puede corroborar que efectivamente él expidió la nota médica a través de la exploración física que realizó a ********************, en donde observó las lesiones que señaló el órgano investigador; sin que tampoco exista diverso dato de prueba que acredite que las lesiones que tiene la víctima fueron provocadas por ella misma, como lo pretende hacer valer la defensa. Respecto al acta de matrimonio de ******************** y ********************, se puede acreditar el estado civil del imputado (casado) no obstante a ello, dicha circunstancia no desvirtúa la relación de pareja que declaró la víctima haber mantenido con el imputado desde el veintiocho de julio de dos mil trece al ocho de julio de dos mil veintiuno, quienes compartían y convivían en el domicilio ubicado en la calle sin nombre, ********************, ********************, Tamazalupam del Espíritu Santo. Finalmente, por lo que hace a las constancias de participación expedidas por autoridades de ********************, únicamente se puede constatar la participación de ******************** con la comunidad en las fechas que refieren. Por consiguiente, resultan infundados los argumentos planteados por el impetrante, debido a que se determina que la valoración de los datos de pruebas fueron legalmente analizados por la juez de control de acuerdo con la sana crítica y observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia que imperan en el nuevo sistema de justicia penal, de acuerdo con lo establecido en los artículos 259, párrafo segundo, 261, párrafo primero, 265 y 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales conllevan a determinar que, en términos del último supuesto de la fracción III del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, existen indicios razonables para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito de ******************** previsto en los artículos 404, 404 Bis, fracciones I y II, sancionado por el numeral 405, en relación con los preceptos 8, fracción I y 11, fracción II, del Código Penal para el Estado de ********************, en agravio de ********************. Como sustento de lo anterior, se cita la tesis aislada IV.1o.P.5 P (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, localizable en la página 1522, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 2 Materia(s): Penal, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS EN EL JUICIO ORAL. CONCEPTO DE SANA CRÍTICA Y MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA PARA EFECTOS DE SU VALORACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 592 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). De la interpretación del citado numeral se advierte que los medios de prueba en el juicio oral penal, el cual es de corte acusatorio adversarial, deberán ser valorados conforme a la sana crítica, sin contradecir las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, y dispone, además, que la motivación de esa valoración deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a las que se arribe en la sentencia. Ahora bien, la sana crítica implica un sistema de valoración de pruebas libre, pues el juzgador no está supeditado a normas rígidas que le señalen el alcance que debe reconocerse a aquéllas; es el conjunto de reglas establecidas para orientar la actividad intelectual en la apreciación de éstas, y una fórmula de valoración en la que se interrelacionan las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, las cuales influyen de igual forma en la autoridad como fundamento de la razón, en función al conocimiento de las cosas, dado por la ciencia o por la experiencia, en donde el conocimiento científico implica el saber sistematizado, producto de un proceso de comprobación, y que por regla general es aportado en juicio por expertos en un sector específico del conocimiento; mientras que las máximas de la experiencia son normas de conocimiento general, que surgen de lo ocurrido habitualmente en múltiples casos y que por ello pueden aplicarse en todos los demás, de la misma especie, porque están fundadas en el saber común de la gente, dado por las vivencias y la experiencia social, en un lugar y en un momento determinados. Así, cuando se asume un juicio sobre un hecho específico con base en la sana crítica, es necesario establecer el conocimiento general que sobre una conducta determinada se tiene, y que conlleva a una específica calificación popular, lo que debe ser plasmado motivadamente en una resolución judicial, por ser precisamente eso lo que viene a justificar objetivamente la conclusión a la que se arribó, evitándose con ello la subjetividad y arbitrariedad en las decisiones jurisdiccionales". De tal manera, que las manifestaciones que realiza el quejoso en cuanto a que no se valoró el acta de matrimonio que presentó, con el cual desvirtúa el concubinato que refiere la víctima, es infundado, ya que dicho dato de prueba sí fue valorado, sin embargo, fue insuficiente para desvirtuar la declaración de la víctima, en cuanto a que ella y el imputado mantuvieron una relación de pareja, desde el veintiocho de julio de dos mil trece al ocho de julio de dos mil veintiuno y convivieron en el mismo inmueble en donde ocurrieron los hechos. Asimismo, en relación al primer dictamen médico que se realizó a la víctima, en el que indica que no se desprende que haya recibido golpes en la cabeza y que los hematomas que tenía fueron hechos con la mano, las cuales se las pudo hacer ella misma, por el momento, no puede otorgarse el valor que pretende la parte quejosa, debido a que fue realizado por un médico quien cuenta con la pericia de poder valorar y certificar lo que conforme a su conocimiento le permite. En cuanto a que en el informe homologado de la agente Estatal de Investigaciones no declaró haber tenido a la vista el trastero en donde aduce la víctima que sacó el rifle de la cocina, se precisa que dicho informe únicamente se realizó en el exterior del inmueble para identificarlo, sin que pudieran ingresar a él, debido a que como quedó asentado en la audiencia, en el interior se encontraba el imputado; por tanto, resulta evidente que la referida agente no pudiera constatar la circunstancia hecha valer por aquél. Bajo ese contexto, se aprecia la ineficacia de los conceptos de violación que hace valer al respecto el impetrante, pues contrario a lo argumentado por éste, se reitera que los datos de pruebas que fueron ofrecidos por la institución Ministerial sí son suficientes para tener por acreditados los elementos del hecho delictuoso, ya que como se ha evidenciado aquéllos han sido relacionados, asimismo, resultan ser idóneos y pertinentes para establecer que se cometió un hecho delictuoso en agravio de la víctima; sin que se haya contravenido el principio de convicción de culpabilidad y el esclarecimiento, como lo pretende hacer valer el quejoso, por todo lo ya expuesto. PROBABLE PARTICIPACIÓN. De igual forma se convalida lo sustentado por la juez de control, en relación que a partir del análisis de los datos de prueba expuestos, acredita la probable participación penal del quejoso ******************** en la comisión del delito de ********************. Ello, ya que los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público y ponderados bajo la sana critica, de manera libre y lógica en términos del artículo 265 del código adjetivo nacional, además, acorde con el estándar de prueba requerido para el dictado del auto de vinculación a proceso, permitieron establecer que son suficientes, pertinentes e idóneos para señalar razonablemente que el ahora justiciable participó de manera probable en esos hechos con carácter de autor material en términos del precepto 11, en su fracción II, del Código Penal Para el Estado de ********************, lo cual, se estimó satisfecho, especialmente tomando en consideración el señalamiento directo por parte de ********************, lo que se corrobora con el certificado médico y los dictámenes psicológicos que se le realizaron, siendo coincidentes al referir que ésta fue violentada física y psicológica. Todo lo anterior permite establecer hasta este momento procesal, como lo refirió la a quo, que existen datos de prueba suficientes para sostener a título probable que ******************** es la persona que violentó a ********************, profiriéndole agresiones físicas y psicológicas en diversas ocasiones. De igual manera, como se estableció, no hay indicios que permitan establecer la actualización de una causa de extinción de la acción penal como puede ser la prescripción o sobreseimiento, o bien, alguna causa de exclusión del delito de las señaladas en el artículo 14 del código punitivo local; esto es, alguna causa de atipicidad, de justificación o de inculpabilidad; por lo tanto, se arribó a un grado de certeza probable de que haya sido el imputado quien cometió la conducta mencionada; bajo la construcción de la prueba indiciaria, acorde con el estándar de prueba para la emisión de un auto de vinculación a proceso de establecer indicios razonables que permitan conocer que se cometió una conducta antisocial y que el quejoso participó de manera probable en su comisión. Robustece lo anterior, la tesis, 1a. CCLXXXIII/2013(10a.) de la Primera Sala del más Alto Tribunal del país, de rubro y texto: "PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL. SU NATURALEZA Y ALCANCES. A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la prueba indiciaria o circunstancial es aquella que se encuentra dirigida a demostrar la probabilidad de unos hechos denominados indicios, mismos que no son constitutivos del delito, pero de los que, por medio de la lógica y las reglas de la experiencia se pueden inferir hechos delictivos y la participación de un acusado. Esta prueba consiste en un ejercicio argumentativo, en el que a partir de hechos probados, mismos que se pueden encontrar corroborados por cualquier medio probatorio, también resulta probado el hecho presunto. Así, es evidente que dicha prueba tiene una estructura compleja, pues no sólo deben encontrarse probados los hechos base de los cuales es parte, sino que también debe existir una conexión racional entre los mismos y los hechos que se pretenden obtener. Es por ello que debe existir un mayor control jurisdiccional sobre cada uno de los elementos que componen la prueba. Adicionalmente, es necesario subrayar que la prueba circunstancial o indiciaria no resulta incompatible con el principio de presunción de inocencia, pues en aquellos casos en los cuales no exista una prueba directa de la cual pueda desprenderse la responsabilidad penal de una persona, válidamente podrá sustentarse la misma en una serie de inferencias lógicas extraídas a partir de los hechos que se encuentran acreditados en la causa respectiva. Sin embargo, dicha prueba no debe confundirse con un cúmulo de sospechas, sino que la misma debe estimarse actualizada solamente cuando los hechos acreditados dan lugar de forma natural y lógica a una serie de conclusiones, mismas que a su vez deben sujetarse a un examen de razonabilidad y de contraste con otras posibles hipótesis racionales. Así, debe señalarse que la prueba indiciaria o circunstancial es de índole supletoria, pues solamente debe emplearse cuando con las pruebas primarias no es posible probar un elemento fáctico del cual derive la responsabilidad penal del acusado, o cuando la información suministrada por dichas pruebas no sea convincente o no pueda emplearse eficazmente, debido a lo cual, requiere estar sustentada de forma adecuada por el juzgador correspondiente, mediante un proceso racional pormenorizado y cuidadoso, pues sólo de tal manera se estaría ante una prueba con un grado de fiabilidad y certeza suficiente para que a partir de la misma se sustente una condena de índole penal." Así como la tesis 1a.CCLXXXIV, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor: "PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS INDICIOS PARA QUE LA MISMA SE PUEDA ACTUALIZAR. A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si bien es posible sostener la responsabilidad penal de una persona a través de la prueba indiciaria o circunstancial, lo cierto es que deben concurrir diversos requisitos para que la misma se estime actualizada, pues de lo contrario existiría una vulneración al principio de presunción de inocencia. Así las cosas, en relación con los requisitos que deben concurrir para la debida actualización de la prueba indiciaria o circunstancial, los mismos se refieren a dos elementos fundamentales: los indicios y la inferencia lógica. Por lo que hace a los indicios, debe señalarse que los mismos deben cumplir con cuatro requisitos: a) deben estar acreditados mediante pruebas directas, esto es, los indicios deben encontrarse corroborados por algún medio de convicción pues, de lo contrario, las inferencias lógicas carecerían de cualquier razonabilidad al sustentarse en hechos falsos. En definitiva, no se pueden construir certezas a partir de simples probabilidades; b) deben ser plurales, es decir, la responsabilidad penal no se puede sustentar en indicios aislados; c) deben ser concomitantes al hecho que se trata de probar, es decir, con alguna relación material y directa con el hecho criminal y con el victimario; y d) deben estar interrelacionados entre sí, esto es, los indicios forman un sistema argumentativo, de tal manera que deben converger en una solución, pues la divergencia de alguno restaría eficacia a la prueba circunstancial en conjunto." Ante lo estudiado, es que resulte acorde a derecho el auto de vinculación a proceso por encontrarse acreditado de manera probable el ilícito de VIOLENCIA FAMILIAR cometido en agravio de ********************, así como la probable participación del quejoso en su comisión. DECISIÓN En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violación expuestos y al no advertirse queja deficiente que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo solicitado. Precisión respecto de las jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis aisladas citadas en esta sentencia, anteriores a la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, continúan siendo obligatorias y aplicables, en términos de los artículos Décimo y Decimoprimero transitorios, respectivamente del Decreto publicado el siete de junio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, por el cual, se reformó la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, respecto del acto que se reclama a la autoridad responsable precisada en el considerando IV de esta sentencia, por las razones y fundamentos expuestos en el diverso IX. Notifíquese personalmente.
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