Juan Miguel Luis López

Expediente 878/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
878/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
21/09/2018

Partes del expediente

  • Juan Miguel Luis López

Actuaciones

  1. Principal

    Mesa de Amparo I-A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. En atención a la cuenta que antecede, el titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca determina lo siguiente: I. Se declara que el acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho ha causado estado. II. Archívese este expediente como asunto concluido. III. Se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción. IV. Se considera que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. V. De igual forma, se indica que, conforme a la certificación que antecede, en este expediente no existen documentos considerados originales... VI. Hágase del conocimiento de las partes ..., el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá a la Dirección de Recepción, Tratamiento y Resguardo Documental del Centro de Manejo Documental y Digitalización del Consejo de la Judicatura Federal, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. VII. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el número 878/2018. Este juzgado considera que debe desecharse la demanda de amparo promovida por Juan Miguel Luis López, contra la omisión de dar respuesta a la petición que formuló el seis de junio de dos mil de dos mil diecisiete, dirigida a la directora del Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia que encuentra su fundamento en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con los diversos artículos 1°, último párrafo, y 5º, fracción II, en sentido contrario, del propio cuerpo legal invocado; motivo de improcedencia que desde luego es notorio y manifiesto. Al efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte el numeral 1º, párrafo último, de la ley de la materia, dice: "El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley." El artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, dice: "ARTÍCULO 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". De las transcripciones anteriores, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se concluye que éste sólo es procedente en contra de actos de autoridad que sean violatorios de los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; y para la procedencia del juicio de amparo las instituciones o entes a quienes les atribuyen los actos reclamado, tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos previstos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por otra parte, es conveniente recordar que la teoría distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entre gobernantes y gobernados en materia de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos fundamentales y garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supra a subordinación que se dan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de cualquier institución, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera del gobernado. Lo anterior, atento a que el artículo 5°, fracción II, de la ley de la materia, dispone qué autoridad responsable es quien, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En el caso, si bien el juicio de amparo procede contra actos de autoridad, dichos actos deben de ser unilaterales y obligatorios y las funciones del ente que las realice deben estar determinadas por una norma general, esto es, por normas creadoras de situaciones jurídicas de carácter general, abstracto y de observancia obligatoria, que no pueden ser modificadas sino por otro acto de la misma naturaleza del que las creó. Otro requisito que establece el artículo de referencia para estimar a una institución como autoridad responsable, es que realicen actos equivalentes a los de autoridad, siendo que por acto de autoridad, se entiende, aquél que se emite por facultades decisorias que le estén atribuidas en la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; de ahí que una característica que distingue a este tipo de actos de cualquier otro es la relación de supra a subordinación entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social, cuya relación se caracteriza por la unilateralidad, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Ahora bien, la lectura íntegra de la demanda de amparo revela que el quejoso Juan Miguel Luis López, reclama a la directora del Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca, la omisión de dar respuesta a la petición que formuló el seis de junio de dos mil diecisiete. En los antecedentes del acto reclamado, se advierte que el quejoso manifiesta: a) El dieciocho de junio de dos mil cuatro, celebró con el Instituto de la Juventud Oaxaqueña, un contrato de prestación de servicios profesionales para la defensa de cincuenta y ocho créditos determinados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en contra de dicho instituto y del Gobierno del Estado de Oaxaca. b) El veintidós de junio de dos mil cuatro, se presentó ante la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, una demanda de nulidad, correspondiente a los créditos referidos en el párrafo anterior, que se registró con el número 1297/04-15-01-4. Seguido el trámite de ese juicio, en resolución de doce de octubre de dos mil siete, se declaró la nulidad de los referidos créditos y se le notificó al Instituto Mexicano del Seguro Social, el cuatro de abril de dos mil ocho, sin que hiciera valer los recursos ordinarios correspondiente, por lo que, quedó firme. c) Indica que en el referido contrato de prestación de servicios, en la cláusula cuarta se estableció que el importe de los honorarios serían del cuarenta por ciento (40%), calculado sobre el total de los créditos, su actualización, recargos y multas, que el Instituto de la Juventud Oaxaqueña debió haberle pagado al momento de quedar firme la resolución. Narra el impetrante que el titular del referido Instituto se comprometió a cubrir el total de los honorarios dentro de los siguientes treinta día a la fecha en que se hiciera de su conocimiento el fallo favorable. d) Debido a que la Comisión Estatal de la Juventud sustituyó en todas sus obligaciones al desaparecido el Instituto de la Juventud Oaxaqueña, el veintiocho de octubre de dos mil ocho, el peticionario de amparo solicitó a dicha comisión el pago de los honorarios pactados, que ascienden a la cantidad de $490,027.60 (cuatrocientos noventa mil veintisiete pesos, con sesenta centavos, moneda nacional). e) No obstante, refiere que en dos ocasiones la Comisión Estatal de la Juventud, solicitó la ampliación presupuestal a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, no se le realizó el pago al suscrito. f) Razón por la cual, demandó el pago de honorarios y de la pena convencional pactada en el contrato de prestación de servicios, a dicha Comisión, al Gobierno del Estado de Oaxaca, a través de la Consejería Jurídica, a la Secretaría de Finanzas y a la Secretaría de Administración, ante el Juzgado Quinto Civil del distrito judicial del Centro, radicándose dicho juicio con el número 8/2011. En sentencia de treinta de enero de dos mil quince, los demandados fueron condenados al pago de la cantidad de $490,027.60 (cuatrocientos noventa mil veintisiete pesos, con sesenta centavos, moneda nacional), por concepto de honorarios, más la cantidad de $490,027.60 (cuatrocientos noventa mil veintisiete pesos, con sesenta centavos, moneda nacional), por concepto de pena convencional, haciendo un total de $980,055.20 (novecientos ochenta mil cinco pesos, con veinte centavos, moneda nacional). g) Los demandado interpusieron el recurso de apelación y el ocho de octubre de dos mil quince, la Segunda Sala Civil, modificó la sentencia de primera instancia, condenando únicamente a la Comisión Estatal de la Juventud, a pagar las cantidades descritas. h) El ocho de junio de dos mil diecisiete, presentó ante la responsable un escrito en donde le solicitó el pago de las cantidades antes mencionadas, sin que hasta el momento le haya sido contestado. De lo anterior se colige, que la relación que existe entre el quejoso Juan Miguel Luis López y la Comisión Estatal de la Juventud, que es la directamente relacionada con el acto reclamado, es bilateral, de coordinación y no de supra a subordinación, toda vez que éstos actúan como particulares en relación con el justiciable, con aspectos enmarcados dentro del ámbito del derecho civil, lo que se evidencia de los propios actos reclamados que la relación jurídica se entabla precisamente por su relación contractual. Máxime que indica que existe un contrato de prestación de servicios profesionales entre el Instituto de la Juventud Oaxaqueña, que actualmente fue sustituido en todas sus obligaciones por la Comisión Estatal de la Juventud. Por ese motivo, no puede considerarse que la petición que refiere no le ha sido respondida, la haya elevado a la responsable en su carácter de autoridad, sino más bien lo hizo derivado de la relación contractual que sostienen. En tal orden de ideas, el juicio de amparo que se intenta resulta notoriamente improcedente, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, pues existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, fracción I y 5º, fracción II, en sentido contrario, del propio cuerpo legal invocado; en consecuencia, se desecha de plano la demanda en estudio por notoriamente improcedente. Domicilio y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de acuerdos y notificaciones el que indica en su demanda de amparo y como autorizado para tales efectos a la persona que señala. Notifíquese personalmente. (SE NOTIFICO POR LISTA)

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