Juan Miguel Plata Ramos
Expediente 223/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 1 actuación registrada, la última del 15 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 223/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 15/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan Miguel Plata Ramos
Actuaciones
- Principal
Mesa de Amparo IV-B "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de marzo de dos mil diecinueve. Vista la razón actuarial de cuenta se hace constar la imposibilidad que le asistió a la fedataria pública adscrita para notificar a la parte quejosa el acuerdo de once de marzo del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda, ya que refiere que al constituirse en el domicilio señalado por el justiciable para recibir notificaciones, fue atendida por ************ quien le manifestó que no conoce al promovente ni a los autorizados y que tienen poco tiempo que llegaron al despacho. ...Se ordena notificar a la citada parte procesal el acuerdo de once de marzo y los ulteriores de carácter personal, por lista de acuerdos..., sin perjuicio de que posteriormente señale domicilio para tal efecto. Notifíquese y cúmplase. --------Inserción--------San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de marzo de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda y los anexos señalados en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el número 223/2019. Ahora bien, de conformidad con lo establecido por el numeral 113 de la Ley de Amparo este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de amparo, dado que advierte que el juicio constitucional que se promueve es improcedente por las razones que se expondrán a continuación. El precepto citado señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la disposición inserta se desprende que el Juez de Distrito debe examinar el escrito inicial y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo desechará de plano; lo que es así porque en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el ordinal 17 de la Constitución Federal no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente improcedente. Así, la norma transcrita impone al Juez de Distrito la obligación de estudiar el libelo de amparo y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia desecharla de plano, para lo cual en principio deben tomarse en consideración únicamente los hechos y las circunstancias narrados en el propio ocurso y los anexos que se acompañen. Precisa destacar que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y la plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento relativo no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o porque estén acreditados con datos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran aportar o hacer valer en el procedimiento sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." El proceder anterior tiene como base lo previsto por el arábigo 17 constitucional que consagra el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción e impone como deber a los órganos jurisdiccionales de salvaguardar esa prerrogativa de manera pronta y expedita, dado que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse la improcedencia de una cuestión de orden público debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar qué supuestos legales que regulan a esa institución jurídica se actualizan en el presente sumario. Ahora bien, el promovente del amparo Juan Miguel Plata Ramos atribuye al Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, el acto reclamado siguiente: El acuerdo de once de diciembre de dos mil dieciocho, dictado en el cuaderno de pruebas dentro del incidente de aumento de pensión alimenticia del expediente familiar 587/2013, de su índice en el que la responsable admitió a su contraparte del juicio natural las pruebas supervinientes consistentes en varios tickets de compra, y de cuyo contenido de ellos se presentan como prueba por parte de la actora incidentista, ya que menciona que ninguno es de artículos es de primera necesidad y que la actora realizó la compra de productos como platos, tenedores, vasos, agua mineral, así como bebidas embriagantes tales como botellas de whisky expresando que de ninguna manera se puede tener como justificando es gastos dentro de la pensión alimenticia en favor sus acreedores alimentistas, por lo que considera entonces que de manera incorrecta la autoridad responsable tuvo por admitidas los medios de prueba antes mencionados. Dicho inconforme, manifiesta bajo protesta de decir verdad, en el capítulo de antecedentes narrados en el escrito de demanda y del cual se advierte lo siguiente: Mediante sentencia dictada el veintisiete de febrero del dos mil catorce se decretó la pensión en el juicio de divorcio por mutuo consentimiento, en donde el quejoso fue condenado al pago de alimentos. El justiciable Juan Miguel Plata Ramos ha cumplido con la obligación de brindar la pensión a sus menores acreedores toda vez que se le realizan descuentos de manera quincenal. La contra parte Vanessa Cabrera Jiménez -tercera interesada- promovió incidente de pensión alimenticia al cual se le dio trámite y se abrió el plazo probatorio correspondiente, en dicho procedimiento presentó como prueba superviniente consientes en diversas documentales tales como tickets de compra de diferentes negocios, las cuales la autoridad responsable las admitió. Por escrito de quince de agosto de dos mil diecisiete Vanessa Cabrera Jiménez presentó el "INCIDENTE DE MODIFICACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA" dentro de expediente principal 587/2013. Con fecha siete de noviembre del dos mil dieciocho la actora incidentista presentó como prueba las documentales mencionadas en dicho escrito y que la autoridad responsable admitió mediante auto de once de diciembre de dos mil dieciocho; proveído que pretende combatir por la presente vía. En el caso, de escrito, se advierte que contra el acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, el precepto legal aludido en primer término, en su fracción invocada, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" (Énfasis es propio). Conforme a lo transcrito, debe establecerse que el artículo 61, en su fracción XXIII, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo; en tanto que, el diverso 107, fracción IV, segundo párrafo, prevé que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido; empero, si se trata de actos que no son la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Así las cosas, por "última resolución" debe entenderse que es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. De ahí que la determinación mencionada que aquí se pretende reclamar no constituye la última resolución dictada dentro "INCIDENTE DE MODIFICACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA" en el expediente del juicio familiar ********, toda vez que en los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad manifiestan que el dicho juicio de controversias del orden familiar se encuentra en la etapa probatoria; de ahí que en la especie, este juzgador estime actualizada la causal de improcedencia que nos ocupa. Por otra parte, cabe destacar que el citado auto impugnado no constituye un acto que afecte de manera inmediata derechos sustantivos de la parte quejosa protegidos por la Constitución, tales como la propiedad, posesión o la libertad, que dieran lugar a la procedencia del juicio de amparo indirecto, toda vez que resulta factible que puedan ser reclamados precisamente cuando se impugne la última resolución que se dicte en el incidente de modificación de pensión alimenticia dentro del juicio familiar ********. Puesto que, al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado de manera general que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia sólo procede el amparo en contra del último acto dictado en ese procedimiento, el cual debe entenderse como aquel que tiene por cumplida la sentencia o declara la imposibilidad de cumplirla. Consecuentemente, el reclamo en amparo de actos "en" o "para" ejecución de sentencia debe hacerse hasta que culmine el período de ejecución, lo que se deduce de la interpretación sistemática de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo. Así entonces, resulta evidente la causal prevista en la fracción XXIII, del numeral 61, relacionada con el artículo 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de la Materia, pues como se explicó, el amparo indirecto únicamente procede contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, sin que los actos que se reclaman en este asunto, cumplan con ese extremo, ni sean de los casos de excepción, pues como lo ha sostenido nuestro Máximo Órgano de Control Constitucional, por "última resolución" ha de entenderse la que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento. Abundando en lo anterior, debe decirse que el acto reclamado, no encuadra en los casos de excepción del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que para que la acción constitucional biinstancial sea procedente, se requiere que los mismos no se dicten en ejecución de la sentencia, los cuales revisten el carácter de autónomos y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio de origen, como son el arresto como medida de apremio o la adjudicación de los bienes que fije en cantidad líquida la condena, pues la resolución controvertida está vinculada con seguir la secuela procesal de dicho un juicio civil; por lo que dicho extremo de excepción, no se satisface en este asunto. Sobre el tópico, cobra aplicación la Jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 163152, cuyos rubro y texto establecen: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, a contrario sensu, del ordenamiento legal invocado, procede desechar la demanda de plano promovida por Juan Miguel Plata Ramos, por las razones expuestas con anterioridad. Domicilio. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que refiere, registradas en el Sistema de Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que el quejoso, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente.
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