Juan Miguel Pantoja Lara
Expediente 1164/2014 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 24 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1164/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 16/10/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Miguel Pantoja Lara
- Miguel Ángel Contreras Juárez
- MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS JUÁREZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Agréguese el escrito de cuenta signado por ***********, autorizado de la parte quejosa mediante el cual, de conformidad con lo previsto en el artículo 199 de la Ley de Amparo denuncia la repetición del acto reclamado, que estima se actualizó en la resolución de once de septiembre de dos mil quince, dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Manifiesta toralmente que en el fallo de referencia no logran distinguirse con exactitud las pruebas y argumentos que sirvieron de base para tener por acreditados los cuerpos del delito de cada ilícito que se les imputa a los quejosos. Que la sentencia no observó los principios de congruencia y exhaustividad que deben imperar en las mismas. Cuestiones por las que estima no fue restituido en el goce de sus garantías al haberse repetido el acto que primigeniamente se controvirtió en esta instancia. Con fundamento en los artículos 196 y 199 de la Ley de Amparo y 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se desecha de plano por notoriamente improcedente, en virtud de que la resolución (de once de septiembre de dos mil quince) en la que estima que la autoridad responsable incurrió en la repetición denunciada, se trata de la misma que fue tomada en cuenta para declarar cumplida la ejecutoria de amparo en proveído de veinticinco de septiembre pasado, en que, no sobra decir, expresamente se determinó -en respuesta a lo manifestado por el quejoso- que no existió repetición del acto reclamado. Lo anterior es así, porque la procedencia de la denuncia de repetición del acto reclamado está condicionada a la existencia de una resolución que declare cumplida la sentencia de amparo y a que el acto denunciado como reiterativo sea distinto de aquel que se tomó en cuenta para emitir la declaratoria respectiva, lo que en el particular, como se precisó, no acontece. Sirve de apoyo, la tesis 2a. XV/2014 (10a.) , que establece: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. LA PROCEDENCIA DE SU DENUNCIA ESTÁ CONDICIONADA A LA EXISTENCIA DE UNA RESOLUCIÓN QUE DECLARE CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO Y EL ACTO DENUNCIADO COMO REITERATIVO SEA DISTINTO DE AQUEL QUE SE TOMÓ EN CUENTA PARA EMITIR LA DECLARATORIA RESPECTIVA. Del análisis de los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 a 200 de la Ley de Amparo, se colige que el incumplimiento inexcusable y la repetición del acto reclamado constituyen dos supuestos de inobservancia a una ejecutoria de amparo distintos y excluyentes entre sí, ya que mientras el primero supone la existencia de una actitud contumaz de la autoridad responsable para acatar debidamente todos los deberes impuestos en el fallo protector, el segundo presume la intención de burlar la calidad de cosa juzgada de la sentencia de amparo que se ha declarado cumplida, mediante la emisión posterior de un acto que reitera los mismos vicios de que adolecía el acto declarado inconstitucional. En tal sentido, el acto emitido por la autoridad responsable en pretendido cumplimiento a la sentencia de amparo no puede configurar la repetición del acto reclamado aunque, formalmente, sea idéntico a éste, pues la circunstancia de que adolezca de los mismos vicios, revela una actitud contumaz para acatar el fallo protector y, por ende, lo procedente será declarar su incumplimiento, excepto cuando se advierta una causa que justifique tal proceder. Lo anterior se corrobora al tener en cuenta que la configuración de la repetición del acto reclamado requiere, como condición esencial, un actuar deliberado de la autoridad responsable, lo que se explica, precisamente, porque su objeto es garantizar que la sentencia de amparo no se torne ineficaz, evitando que después de que se ha declarado cumplida, se emita un nuevo acto que reitere las mismas violaciones que dieron lugar a conceder la protección constitucional. Por tanto, la procedencia de la denuncia de repetición del acto reclamado está condicionada a la existencia de una resolución que declare cumplida la ejecutoria de amparo y que el acto denunciado como reiterativo sea distinto de aquel que se tomó en cuenta para emitir la declaratoria respectiva."
- Principal
Agréguese el escrito signado por **********, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, con fundamento en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele copia simple de la constancia que indica, previa razón de recibo que se deje en autos. Finalmente, toda vez que el presente asunto se encuentra concluido devuélvanse los tomos de prueba que como justificación a su informe remitió el Juez Único Penal de Partido en Moroleón, Guanajuato. Solicítese acuse de recibo.
- Principal
Agréguese para que obre como corresponda el escrito signado por ********, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita copia simple del auto de cinco de septiembre de dos mil quince; en tal sentido, no ha lugar a proveer de conformidad su petición, pues de autos se desprende no existe ningún proveído de esa fecha. Así
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, atendiendo a los elementos que obran en el expediente y a los datos proporcionados por la autoridad responsable, de oficio se procede a determinar si se cumplió o no la sentencia de amparo dictada en el presente asunto Del análisis de la sentencia emitida por este juzgado el pasado treinta de julio [F. 72-79], que causara ejecutoria el dieciocho de agosto inmediato anterior [F. 88-89], emerge que se concedió el amparo solicitado contra el acto reclamado a la Juez Penal de Partido de Moroleón, Guanajuato, consistente en el auto de formal prisión dictado en su contra el dos de diciembre inmediato anterior, dentro del proceso penal ********************, y su ejecución, para los siguientes efectos: .El efecto de la protección constitucional es para que la juez responsable, deje insubsistente el auto de bien preso así como sus consecuencias, y con plenitud de jurisdicción dicte otro purgando los vicios de inconstitucionalidad aquí vertidos, esto es: Precise con qué pruebas se acreditan o no, cada uno de los elementos del cuerpo de los delitos; expresando el valor que les corresponde a cada una de acuerdo con las reglas establecidas en ley adjetiva aplicable, citando los preceptos legales pertinentes al caso, y además, todas aquellas circunstancias que tenga en consideración para ello (el porqué de su apreciación considerando las reglas, ya sea valoración tasada o libre), precisando la adecuación entre los motivos que aduzca y las normas que aplique. Respecto a las declaraciones ministeriales y preparatorias de los aquí promoventes, deberá justipreciarlas destacando el valor probatorio que detentan, y cuál de las dos subsiste sobre la otra. Precisar, en su caso, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se llevaron a cabo las conductas ilícitas; y, De ser necesario, al abordar la probable responsabilidad, expresar el valor que otorgue a cada una de las pruebas, citando los preceptos legales pertinentes al caso, precisando la adecuación entre los motivos que aduzca y las normas que aplique, y las circunstancias de modo tiempo y lugar en que se llevó a cabo la conducta antijurídica." Así, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la juzgadora del fuero común responsable, en data veinticuatro de agosto pasado, dejó sin efectos la resolución reclamada, y ese mismo día, pronunció otra interlocutoria en la que decretó de nueva cuenta auto de formal prisión contra los quejosos, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de los narcóticos conocidos como cocaína y metanfetamina, ilícito previsto y sancionado por los artículos 476, en relación con los diversos 473 y 479 de la Ley General de Salud; y asociación delictuosa, previsto por el precepto 224 primer párrafo del Código Penal del Estado de Guanajuato y sancionado por el mismo numeral en su segundo acápite; ambos en términos de los arábigos 10, 12 párrafo primero, 13 y 20 párrafo primero del citado código sustantivo Posteriormente, en proveído de tres de septiembre pasado, con fundamento en los artículos 192, 193 y 196 párrafo tercero de la Ley de Amparo, esta potestad consideró que la Juez Penal de Partido de Moroleón, Guanajuato, había incurrido en defectos en el cumplimiento del fallo protector, razón por la cual, se le requirió de nueva cuenta para que dejase insubsistente el auto de formal prisión emitido en cumplimiento a la sentencia de amparo declarada firme, así como sus consecuencias, y dictara otro purgando los defectos de forma destacados, en cumplimiento a la sentencia concesoria. En acatamiento a lo ordenado, el pasado once de septiembre pasado, la juzgadora responsable dejó sin efectos la resolución dictada el veinticuatro de agosto inmediato anterior, y ese mismo día, pronunció otra interlocutoria en la que expuso en lo que aquí interesa: En considerativo cuarto abordó el cuerpo del delito contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de los narcóticos conocidos como cocaína y metanfetamina, ilícito previsto y sancionado por los artículos 476, en relación con los diversos 473 y 479 de la Ley General de Salud, en el que después de trascribir los preceptos citados, puntualizó que los elementos corpóreos del citado injusto eran [F. 152]: La existencia de alguna sustancia, considerada como estupefaciente y psicotrópico por el artículo 479 de la Ley General de Salud, en el caso cocaína y metanfetamina; Que el activo posea una cantidad menor a la multiplicada por mil veces la contemplada por la Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato de la Ley General de Salud, que contiene el numeral 479; Que por la cantidad y demás circunstancias del acto posesorio de la cocaína y metanfetamina, se cuente con indicios que demuestren que la finalidad de la posesión lo fue realizar el comercio o el suministro, aun gratuitamente; y, Que la posesión de cocaína y metanfetamina, se realice sin la autorización a que se refiere la Ley General de Salud. Inmediatamente, procedió a señalar con qué elementos probatorios se acreditaban individualmente cada uno de los componentes de la corporeidad del injusto penal [F. 154-168], citando los mismos y transcribiendo su contenido, a saber: Inspección ministerial; Dictamen pericial en materia de química forense, Oficio número 328/GERI/2014, de fecha 28 veintiocho de noviembre del año dos mil catorce, suscrito por los C.C. Alfonso E. Pedraza Serrano, Rosa G. Hernández Cerriteño, Gabriel Zaragoza Sandoval, Rubén Vázquez Mendoza, Ángel Ruiz Carrillo y Alberto Murrieta González, el primero de ellos como Comandante y los demás en su calidad de elementos de la policía ministerial del Estado, Ratificación de parte de puesta a disposición, Declaraciones de los testigos Rafael Mora Zamudio, Alejandro Zavala Mora, y Jahaziel Ávila Ibarra. Declaraciones ministeriales de los impetrantes. Para posteriormente valorarlos conforme a la legislación procesal aplicable. Concluyendo con: ".En síntesis, los indicios reseñados enlazados de manera lógica, jurídica y natural conducen a la integración de la prueba circunstancial que es apta para acreditar que los narcóticos que se encontraron en poder de los indiciados al momento de ser detenidos, tenía una finalidad distinta a su simple posesión, concretamente su transmisión a través de la venta. De manera particular la prueba circunstancial se basa en el lazo que se produce entre los hechos ciertos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - Los activos llevaban en su poder una cantidad significativa de porciones de COCAÍNA (12) y METANFETAMINA (1). Estaban embaladas en envoltorios de plástico transparente. No existen indicios que nos permitan asumir que los activos son adictos a los referidos narcóticos. La anterior serie de hechos ciertos, conduce a la presunción fundada que los 12 doce envoltorios con COCAÍNA y un envoltorio conteniendo METANFETAMINA que se hallaron a los activos tenían como fin ulterior su venta a consumidores o adictos, dado que su tenencia carece de una explicación lógica que la justifique, no se encuentra probado con medio objetivo alguno que indique que ambos son adictos a esos narcóticos, así que no es factible establecer que estuvieran destinados para su consumo personal." [F. 186] ".En consecuencia se colige que los narcóticos los tenían en posesión ambos indiciados, por habérseles encontrado entres sus vestimentas y dentro de su radio de acción y que dichos narcóticos eran destinados para su venta; siendo 07 siete envoltorios conteniendo COCAÍNA, que dio un peso neto de 1199 miligramos, de igual manera 05 cinco envoltorios también conteniendo COCAÍNA con un pesaje neto de 807 miligramos y un envoltorio conteniendo 24332 miligramos de METANFETAMINA. Por lo que se tiene con esto por acreditado que los indiciados tenían el estupefaciente y psicotrópico en posesión, bajo su radio de acción y disponibilidad inmediata para su venta, ello cuando en data veintiocho de noviembre del año dos mil catorce, aproximadamente a las veinte horas con cero minutos, sobre el boulevard Uriangato concretamente en el entronque de la salida a Cuitzeo, los elementos aprehensores al momento de realizar la revisión de entre sus pertenencias a ambos indiciados, así como del vehículo que abordaban les encontraron los narcóticos ya referenciados. Siendo además que los atestes **** resultan ser quienes los señalan como vendedores de narcóticos.- Luego, queda demostrado que la posesión del narcótico se llevó a cabo en contravención a disposiciones de orden público, esto debido a que no obra en autos prueba alguna que demuestre que los indiciados de referencia contaran con autorización de la Secretaría de Salud, para poseer los narcóticos que llevaban consigo al momento de su detención. De esta manera los medios de prueba antes citados al ser valorados al tenor de lo dispuesto por los artículos 268, 269, 272, 273, 275, 276, 277, 278, en relación con el diverso 274 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, resultan eficaces para tener por comprobado hasta este momento, el cuerpo del delito CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE POSESIÓN CON FINES DE COMERCIO DE LOS NARCÓTICOS DENOMINADOS COCAÍNA y METANFETAMINA, previsto y sancionado por el artículo 476 en relación con el 473 fracción V y con la tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato a que se refiere el artículo 479, todos de la Ley General de Salud, en concordancia con los dispositivos 234 y 245 del referido cuerpo de leyes, al quedar de manifiesto que: Aproximadamente a las veinte horas con cero minutos del día veintiocho de noviembre del año dos mil catorce, en el entronque ubicado en el boulevard Uriangato salida a Cuitzeo, los ahora indiciados *** alias el copetes poseían el primero de ellos en la bolsa derecha de su chamarra, 07 siete envoltorios de plástico transparente conteniendo en su interior COCAÍNA (1199 miligramos), mientras que el segundo, en la bolsa derecha de su pants, 05 cinco envoltorios de plástico transparentes conteniendo en su interior cada uno de ellos también COCAÍNA (807 miligramos), así como en el portaequipajes del vehículo que abordaban de la marca NISSAN XTERRA, concretamente en el interior de una caja fuerte, un envoltorio de plástico transparente anudado contendiendo METANFETAMINA (24332 miligramos), considerados como estupefacientes y psicotrópicos por la Ley General de Salud, los cuales como ya se precisó, tenían como finalidad su comercialización, a través de su venta, sin mediar la autorización por parte de la autoridad sanitaria competente. Conducta que puso en peligro el bien jurídico tutelado, que en la especie es la Salud Pública." [F. 35] En su considerando quinto [F. 168 vuelta], procedió a transcribir los artículos que tipifican el delito de asociación delictuosa, previsto por el precepto 224 primer párrafo del Código Penal del Estado de Guanajuato y sancionado por el mismo numeral en su segundo acápite, estableciendo como elementos: a) La constitución de una asociación delictiva; b) Que esté integrada por, al menos, 2 tres personas; c) Que haya permanencia en su organización, con la finalidad de cometer delitos, en este caso, necesariamente de calidad grave. Para posteriormente narrar y justipreciar los elementos de convicción que integran la causa penal de origen y con los que se acredita cada uno de los elementos constitutivos del antijurídico, a saber: Declaración de****. Declaraciones ministeriales de los peticionarios de la tutela federal. Inspección ministerial de un vehículo de motor y de objetos puestos a disposición. Para posteriormente valorarlos conforme a la legislación procesal aplicable. Concluyendo con: .Siendo así, existen indicios suficientes, analizados que son en su conjunto acorde a lo señalado en el artículo 274 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato para considerar que los ahora inculpados, se encontraban desde hace aproximadamente cinco u ocho años permanentemente organizados con el propósito de cometer delitos consistentes en la comercialización de narcóticos, ello en la región de las ciudades de Uriangato y Moroleón, ilícito que es considerado como grave según lo establece el artículo 194 fracción XV inciso 2) del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con los diversos 476 y 480 de la Ley General de Salud, que desde luego tenían cierta organización en la cual se reconocía a ****como el líder u organizador de la misma, y como otro miembro más y segundo en jerarquía a ***** alias el COPETES, pues estos recibían el narcótico proveniente del Estado de Michoacán para su distribución, existiendo otro asociado de nombre ****** alias ***, además de los miembros apodados EL ******. Siendo la tarea de los tres primeros el reclutar gente para la distribución y venta del narcótico, mientras que los últimos en mención se dedicaban de facto a la venta del narcótico, esto es dentro de la organización cada uno de sus integrantes tenía una tarea específica para llevar a efecto sus actividades delictivas previamente establecidas, lo que indudablemente entraña una verdadera asociación delictiva. Insistiéndose que los activos se encontraban permanentemente organizados para la comisión de dichos ilícitos, tal y como se ha sostenido con antelación, con las declaraciones de los propios indiciados, de las que se advierten las actividades de distribución y venta de doga que ellos realizaban, así como el hecho de reclutar gente para tal fin, todo ello en esta región que comprende las ciudades de Uriangato y Moroleón, las pesquisas realizadas por parte de los elementos de la policía ministerial, de las que tenían el conocimiento de que los indiciados de mérito se dedicaban permanentemente a la distribución y venta de droga en estas regiones, que al estar realizando operativo ubicaron el vehículo que abordaban éstos, y efectivamente les fueron encontrados narcóticos en su posesión los cuales tenían como fin su comercialización." [F. 176] ".En esta tesitura se estima que los anteriores elementos de prueba, aunados y relacionados entre sí, dado su enlace lógico y natural existente entre ellos y valorado en su pluralidad conexa conforme a lo que disponen los artículos 272, 273, 275, 277, en relación con el 274 y 278 de la Ley adjetiva Penal, son plenamente eficaces para tener por comprobados en la especie, a plenitud, los elementos constitutivos del delito de ASOCIACIÓN DELICTUOSA, Que se imputa a los señores , Al patentizar que los prenombrados y por lo menos otros seis sujetos activos, se encontraban desde hace más o menos cinco u ocho años permanentemente organizados con el único propósito de cometer delitos contra la salud en la modalidad de venta de narcóticos en la región de Uriangato y Moroleón, ilícito que es considerado como grave según lo establece el artículo 194 fracción XV inciso 2) del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con los diversos 476 y 480 de la Ley General de Salud. Que desde luego tenían cierta organización en la cual se reconocía a *** como el jefe u organizador de la misma y segundo en jerarquía, a ****alias el**, así como otro asociado de **; además de los miembros apodados ***. Siendo la tarea de los tres primeros el reclutar gente para la distribución y venta del narcótico, mientras que los últimos en mención se dedicaban de facto a la venta del narcótico." [F.177] En sus considerandos sexto y séptimo [F. 178-201], tuvo por acreditada la probable responsabilidad de ********************, en la comisión de los delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de los narcóticos conocidos como cocaína y metanfetamina, ilícito previsto y sancionado por los artículos 476, en relación con los diversos 473 y 479 de la Ley General de Salud; y asociación delictuosa, previsto por el precepto 224 primer párrafo del Código Penal del Estado de Guanajuato y sancionado por el mismo numeral en su segundo acápite; con los mismos medios de convicción con que tuvo por actualizados los injustos penales, destacando y valorando de nueva cuenta los medios de convicción que consideró preponderantes. En su punto considerativo octavo [F. 201-2015 vuelta], procedió a justipreciar las declaraciones preparatorias rendidas por los quejosos, en donde estableció que subsistían sus deposados ministeriales, acorde al principio de inmediatez procesal, destacando que dio vista a su representación social adscrita respecto de los hechos de tortura denunciados por los impetrantes. Para posteriormente decretar auto de formal prisión contra los impetrantes [F. 206], bajo los siguientes resolutivos: ".R E S U E L V E: Primero.- Se decreta en contra de los señores *** alias EL CANELAS y JUAN MIGUEL PANTOJA LARA alias EL COPETES, Auto de PLAZO CONSTITUCIONAL EN LA MODALIDAD DE FORMAL PRISION, Por aparecer como probables responsables en la comisión de los delitos CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE POSESIÓN CON FINES DE COMERCIO DE LOS NARCÓTICOS DENOMINADOS COCAÍNA y METANFETAMINA, y ASOCIACION DELICTUOSA agravada, Cometidos en agravio de la SALUD PÚBLICA y LA SOCIEDAD respectivamente.- - Segundo.." En consecuencia de todo lo anterior, si la protección federal se otorgó para el preciso efecto de que, la responsable dejara insubsistente el auto de plazo constitucional reclamado, y con plenitud de jurisdicción dictase otro en el que precisara con que pruebas se acreditaba o no, cada uno de los elementos del cuerpo de los delitos; expresando el valor que les corresponde a cada una de acuerdo con las reglas establecidas en ley adjetiva aplicable, citando los preceptos legales pertinentes al caso, y además, todas aquellas circunstancias que tenga en consideración para ello; además para que valorara y las declaraciones ministeriales y preparatorias de los impetrantes, destacando cuál de las dos subsiste sobre la otra; para que precisara las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se llevaron a cabo las conductas ilícitas, tanto en el cuerpo del delito como en la probable responsabilidad. Vicios formales que como se asentó, quedaron resarcidos con la emisión de su nuevo fallo, y por tanto, se concluye que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de su derecho violado en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, lo que conduce a declarar que la sentencia de amparo ha quedado cumplida. En consecuencia, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se concedió el amparo y se otorgó la medida suspensional provisional y definitiva, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones III y IV del acuerdo en cita, el presente expediente y original del cuaderno incidental son susceptibles de depuración, una vez que transcurran los cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, debiendo conservarse la demanda y la sentencia respectivas, así como las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión provisional y definitiva y, en su caso, de su violación. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado
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