Juan Miguel Fernández Rodríguez

Expediente 260/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 20 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
260/2022
Año
2022
Actuaciones
20
Última actuación
25/11/2022

Partes del expediente

  • Juan Miguel Fernández Rodríguez
  • LÁZARO JOSÉ MARTINEZ TORTOLO y Otros.
  • MICHELLE DÍAZ HERNÁNDEZ y Otros.
  • JUAN MIGUEL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ y Otros.
  • Subrepresentante del Instituto Nacional de Migración, En Tijuana, Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Informa multa. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio suscrito por el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Baja California "2", con sede en esta ciudad, a través del cual, informa que la multa impuesta a Marte Antonio Camacho Solano, Director de la Estación Migratoria, en esta ciudad, se encuentra registrada con el número OF.188727/2022 JA 260/2022-III, de lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Transcurrió plazo. Por otro lado, vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días hábiles establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y su defensa interpusieran recurso de revisión en contra del proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, en donde se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; sin que lo hubiere hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada resolución ha causado estado. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho que a la fecha no obran acuses de recibo relativos a los oficios girados a las autoridades responsables a efecto de hacerles del conocimiento el contenido de la determinación en cita, dado que no les causa ningún perjuicio que las legitime para interponer recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por el numeral 87 de la ley de la materia. Reexpedición de oficio. No obstante lo anterior, toda vez que los citados acuses sí se estiman necesarios para la debida integración de este asunto, reexpídanse y reenvíense las aludidas comunicaciones, a fin de que sus destinatario conozcan el contenido de la resolución ahí inserta. Certificación. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales.1 Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). 1 Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. Los expedientes digitalizados o electrónicos de los juicios de amparo generados con la FIREL serán administrados por la Dirección General de Archivo y Documentación a través del SISE, una vez que hayan sido transferidos y destruidos los expedientes físicos en términos de lo dispuesto en este Acuerdo. Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa. Artículo 35. Orden de archivo. Todos los expedientes judiciales en los que se acordó su archivo como asunto concluido deberán indicar la valoración que corresponda, incluyendo alguna de las siguientes leyendas: Relevancia documental, Conservable, Depurable o Destruible. Las leyendas referidas en el párrafo que antecede deberán constar en la carátula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia. El servidor público designado verificará que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, sea incorporada cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. Se precisa que el presente expediente es susceptible de depuración; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis prevista en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, capítulo 7, punto 7.4 "Tratamiento los expedientes con suspensión de plano", al haberse concedido la suspensión de plano de los actos reclamados, por tanto, dicha medida cautelar tiene efectos definitivos, lo cual actualiza el supuesto antes citado. Cuadernos incidentales. En cambio, se precisa que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, al ubicarse en el supuesto del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, puesto que fue concedida la suspensión provisional. Mientras que, en lo relativo al cuaderno duplicado del incidente de suspensión, se determina que es susceptible de destrucción, al encontrarse ubicado en la hipótesis del artículo 20, fracción II, inciso a), del referido acuerdo; lo que deberá ocurrir en un plazo de seis meses a partir de la emisión de este proveído. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del mencionado acuerdo general. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15, último párrafo, del citado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite el Subcomisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, con sede en Ciudad de México, por el cual informa que conminó a las autoridades responsables a dar cumplimiento al auto de once de octubre pasado, en el que se les requirió las constancias para resolver el presente asunto; sin que sea el caso hacer pronunciamiento alguno, toda vez que en auto de veinte de octubre de la presente anualidad, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia y en este acuerdo se causó estado al mismo. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Sin mayor proveído. Agréguense a los autos el oficio y anexos que remite el Titular de la Oficina de Representación Federal del Instituto Nacional de Migración en Baja California; sin hacer mayor pronunciamiento al respecto, dado que en proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintidós se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto. Informa multa. Por otro lado, agréguense a los autos para que obren como correspondan los oficios suscritos por el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Baja California "2", con sede en esta ciudad, a través del cual, informa que la multa impuesta en autos a Manuel Alfonso Marín Salazar, Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California se encuentra registrada con número de documento determinante 188727/2022, así como las gestiones realizadas para hacer efectivo su cobro. Requerimiento. Ahora, dado que refiere que ". a la brevedad emitirá mandamiento de ejecución y requerimiento de pago, esto por ser la autoridad facultada para tal efecto."; por tanto, se requiere al mencionado Administrador para que en el plazo de tres días hábiles legalmente computados, remita a este órgano jurisdiccional constancia fehaciente con la que acredite haber realizado lo anterior. Apercibimiento. Se le apercibe que en caso de no cumplir con lo anterior o no informe el impedimento legal que tenga para hacerlo, de acuerdo con lo estipulado en los ordinales 237, fracción I y 259 de la ley de la materia, se les impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, equivalentes a $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos moneda nacional), de conformidad con los artículos segundo y tercero Transitorios el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Actualización de causal de improcedencia. Vista la constancia actuarial de cuenta se advierte que en cumplimiento a lo ordenado por auto de trece de octubre pasado, la actuaria judicial adscrita a este juzgado se constituyó en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad y fue informada por el Agente Federal de Migración "B" que los quejosos Juan Miguel Fernández Rodríguez, Lisbet Pérez Lorenzo, Lázaro José Martínez Tortolo, Michelle Díaz Hernández, Lisandra de la Caridad Fernández Cruz, Liliana Lorenzo Hernández, Juan Miguel Hernández Lorenzo, Joselin Cruz Pupo y Dayana González Miragaya ya no se encuentran alojados en dicha estación migratoria. Esa información permite declarar improcedente el juicio de amparo al haber cesado los efectos del acto reclamado, con base en lo siguiente. El artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". Del precepto legal en cita, se advierte que la causa de improcedencia consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia de éste, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicional, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. En ese sentido, al interpretar el texto del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo anterior (cuyo contenido es idéntico al texto actual), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la razón fundamental que justifica la improcedencia del juicio por cesación de efectos del acto reclamado radica en que es ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tales razonamientos encuentran sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, página 38, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL: De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Precisión del acto reclamado. En el caso particular, los actos que motivaron el juicio de amparo son los siguientes: "II.- LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DE MANERA, INDEFINIDA, PROLONGADA E INJUSTIFICADA, al momento en que la autoridad migratoria, determinó, el aseguramiento, alojamiento y/o detención de los hoy quejosos.." "II.- LA APLICACIÓN DEL INCONSTITUCIONAL ARTÍCULO 111 DE LA LEY DE MIGRACIÓN EN CONTRA DE LOS QUEJOSOS" "III.- LA POSIBLE ORDEN DE DEPORTACIÓN Y/O RETORNO ASISTIDO, DE LOS HOY QUEJOSOS." "IV.- LA INMINENTE DETENCIÓN POR MAS DE 36 HORAS, límite máximo de temporalidad para los arrestos o sanciones de carácter administrativo.." "V.- LA OMISIÓN DE APLICAR A FAVOR DEL QUEJOSOS EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 62 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE MIGRACIÓN.." "VI.- LA NEGATIVA DE PERMITIR A LOS HOY QUEJOSOS LLEVAR SU PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MIGRATORIO EN LIBERTAD EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 102 DE LA LEY DE MIGRACIÓN" "VII.- LA INCOMUNICACIÓN, NO PERMITIENDO AL REPRESENTANTE LEGAL, TENER CONTACTO CON LOS QUEJOSOS A FIN DE LLEVAR EL PROCEDIMIENTO DE MANERA LEGAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 228 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE MIGRACIÓN." "VIII. LA EXPOSICIÓN DEL EXTRANJERO EN UN AMBIENTE PROPICIO A LA EXPOSICIÓN DEL VIRUS COVID 19, POR ESTAR EN HACINAMIENTO EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA PONIENDO EN RIESGO SU VIDA.?" Ahora, de la constancia actuarial de cuenta se advierte que ya no se encuentran alojados en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad los quejosos Juan Miguel Fernández Rodríguez, Lisbet Pérez Lorenzo, Lázaro José Martínez Tortolo, Michelle Díaz Hernández, Lisandra de la Caridad Fernández Cruz, Liliana Lorenzo Hernández, Juan Miguel Fernández Lorenzo, Joselin Cruz Pupo y Dayana González Miragaya. En tales condiciones, al haber sido liberados los quejosos cesaron los efectos del acto reclamado en esta vía constitucional, pues aquella situación jurídica se destruyó en todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo. Se sostiene lo anterior, pues los actos que reclamaron con motivo de su detención por las autoridades migratorias al internarse en territorio mexicano sin la documentación correspondiente, cesaron al haber sido liberados por la autoridad migratoria. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria y artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa, en razón de la cesación de efectos actualizada. Audiencia constitucional. Por lo expuesto y fundado en este proveído, se deja sin efectos la hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional, siendo esta las diez horas del veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese y por estrados a la parte quejosa.

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