Juan Miguel Carrillo Sanchez
Expediente 1151/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1151/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/11/2023
Partes del expediente
- Juan Miguel Carrillo Sanchez
- Presidente de la Junta Especial Numero Tres de la Local de Conciliacion Y Arbitraje, En Tijuana, Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Resuelve: ÚNICA. La justicia de la unión ampara y protege a ****, contra el acto consistente en la dilación de la secuela procesal en el juicio laboral 27/2018-13 3C y la omisión de pronunciarse sobre la promoción que se presentó el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, conforme a lo expuesto en el considerando sexto y para los efectos precisados en el diverso séptimo. Notifíquese personalmente.
- Principal
audiencia const
- Principal
Tijuana, Baja California, seis de noviembre de dos mil veintitrés, se notifica por medio de lista la sentencia de veintisiete de septiembre de este año, a la parte quejosa, en términos del artículo 27, fracción I, inciso b) de ley de amparo, en virtud de no haber compareció a este juzgado de distrito, a oír y recibir notificación personal; que al letra dice: VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 990/2022, promovido por Livia Soledad Bordeaux Szekely Shainman, por propio derecho y Fundación La Puerta, Asociación Civil, por conducto de su representante legal Liliana Marlene Corral Acevedo, contra actos del Congreso del Estado de Baja California, y de otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil veintidós, a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Bajan California, Livia Soledad Bordeaux Szekely Shainman, por propio derecho y Fundación La Puerta, Asociación Civil, por conducto de su representante legal Liliana Marlene Corral Acevedo, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que se hicieron consistir en: "III. Autoridades responsables: a) Se señalan como autoridades ordenadoras: 1. H. Congreso del Estado de Baja California (.). 2. Gobernador Constitucional del Estado de Baja California (.). 3. Secretario General de Gobierno del Estado de Baja California (.). b) Se señalan como autoridades ejecutoras: 4. Recaudador de Rentas del Ayuntamiento de Tecate (.). IV.- ACTOS RECLAMADOS: (.) iii. La Ley de Ingresos del Municipio de Tecate, Baja California y Tabla de Valores Catastrales Unitarios, Base del Impuesto Predial para los ejercicios fiscales del 2021 y 2022, publicadas, en-el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 18 de mayo de 2021 en Número Especial y el 31 de diciembre de 2021, respectivamente. Se impugnan en particular los artículos 8 y 10 (base de la contribución) de las respectivas leyes señaladas anteriormente, que constituye un elemento esencial del Impuesto Predial, sin el cual, el mismo no puede ser exigido. (.)" SEGUNDO. Separación de juicios, admisión y trámite del asunto en el juzgado auxiliado. Por razón de turno le correspondió el conocimiento del asunto al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, cuya titular, mediante proveído de quince de diciembre de dos mil veintidós, determinó la separación de juicios y se avocó al trámite únicamente en cuanto al acto reclamado por la parte quejosa consistente en: "(.) Ley de Ingresos del Municipio de Tecate, Baja California y Tabla de Valores Catastrales Unitarios, Base del Impuesto Predial para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en particular los artículos 2 y 4 (base de la contribución), de la ley de referencia, así como la Ley de Catastro Inmobiliario para el estado de Baja California articulo 17 y su Reglamento del Catastro Inmobiliario para el Municipio de Tecate, Baja California en sus artículos 4, 5 y 23." En atención a ello, ordenó remitir a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, a efecto de que se turnara en forma aleatoria a órganos jurisdiccionales correspondientes. En atención a lo anterior, por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto al Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, cuya titular, mediante proveído de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, ordenó formar el expediente y registrarlo en el libro de gobierno bajo el número 990/2022; y se avocó al conocimiento únicamente por el acto reclamado consistente en "Ley de Ingresos del Municipio de Tecate, Baja California y Tabla de Valores Catastrales Unitarios, Base de Impuesto Predial para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, en particular los artículos 8 y 10 (base de la contribución)" ; admitió a trámite la demanda; solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción; y fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. En proveído de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, se hizo del conocimiento de las partes que en cumplimiento al Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del dieciséis del citado mes y año, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, cambió su denominación a Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en dicha ciudad. Finalmente, el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia constitucional. TERCERO. Vinculación y recepción del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo. El cinco de septiembre de dos mil veintitrés este Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en cumplimiento a lo dispuesto en el oficio SECNO/STCCNO/878/2023 de treinta de agosto de dos mil veintitrés suscrito por el Secretario Técnico de Ponencia, en suplencia por ausencia del Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, tuvo por recibido y vinculado electrónicamente el juicio de amparo 990/2022 del índice del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, por lo que en este juzgado auxiliar se ordenó registrarlo, lo que se hizo con el número de expediente auxiliar 454/2023-III, a efecto de dictar electrónicamente la sentencia respectiva; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo indirecto de conformidad con el Acuerdo General 52/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se crea el Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, así como los órganos jurisdiccionales que lo integrarán; y, en atención al oficio SECNO/STCCNO/878/2023 de treinta de agosto de dos mil veintitrés suscrito por el Secretario Técnico de Ponencia, en suplencia por ausencia del Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se determina que se inicia con el auxilio al Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en el dictado de sentencias en juicios de amparo indirecto. A su vez, dicho Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; así como con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados no son de los que resuelven un juicio en lo principal ni constituyen una resolución que le ponga fin, además de que los mismos tienen ejecución dentro de la circunscripción territorial que corresponde a dicho órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisarlos de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En cumplimiento a lo anterior, de la lectura integral de la demanda de amparo y del análisis de las constancias que integran el presente sumario, se advierte que la quejosa reclama lo siguiente:pediente Auxiliar 454/2023-III 6 1. Del Congreso, Gobernador y Secretario de Gobierno, todos del Estado de Baja California, en el ámbito de sus respectivas competencias: a) La Ley de Ingresos del Municipio de Tecate, Baja California y la Tabla de Valores Catastrales Unitarios para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, en específico los artículos 8 y 10 que establecen el impuesto predial. 2. Del Recaudador de Rentas del Ayuntamiento de Tecate: b) La aplicación de las normas reclamadas, a través del cobro del impuesto predial del bien inmueble identificado con la clave catastral 4-XA020160, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintiuno. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. Uno de los presupuestos de la acción de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, habida cuenta que no es posible revisar en primer lugar la procedencia de la instancia y en su caso la constitucionalidad de la conducta autoritaria, si no existe el proceder que de las responsables se acusa. Al respecto, el artículo 63, fracción IV, de la Ley Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." El anterior numeral informa que en el juicio de amparo procede el sobreseimiento cuando de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando la parte quejosa no probare su existencia. En el caso, la parte quejosa en su demanda de amparo señaló como autoridad responsable al Recaudador de Rentas del Ayuntamiento de Tecate, Baja California, de quien reclamó la aplicación de las normas reclamadas, a través del cobro del impuesto predial del bien inmueble identificado con la clave catastral 4-XA020160, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintiuno. Sin embargo, del análisis de las constancias del presente asunto, no se observa que dicha autoridad haya sido debidamente emplazada y, por tanto, que hubiere tenido conocimiento del acto reclamado; empero, dicha omisión en sí no tiene trascendencia en el resultado de esta sentencia, en virtud de que dichos actos no los reclama por vicios propios. Además, si bien es cierto que la parte quejosa exhibió la documental consistente en el recibo de pago del Impuesto predial reclamado; documental que cuenta con pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°; sin embargo, dicho comprobante de pago no implica un cobro por parte de la citada autoridad responsable, sino que fue la propia quejosa quien autoliquidó el pago del impuesto reclamado. Efectivamente, aun cuando la potestad haya intervenido de alguna forma en la recepción del entero de la contribución, el comprobante de pago no constituye de modo alguno la participación de la misma. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, agosto de 2007, página 367, que es del tenor siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." También es aplicable la tesis 2a. XCII/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Agosto de 2002, página 379, de rubro y texto siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UN TRIBUTO NO ES ACTO DE APLICACIÓN IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS. La existencia de un acto de autoridad no puede, lógicamente, hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad, por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con lo cual acredita la autoaplicación de la ley, por sí sola no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro que les atribuyó a las autoridades ejecutoras. No obsta a lo anterior el hecho de que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba serle atribuido a la autoridad receptora". Por lo expuesto, debe tenerse por inexistente el acto reclamado del Recaudador de Rentas del Ayuntamiento de Tecate, Baja California, y sobreseer en el presente juicio respecto de las mismas, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. El Congreso del Estado de Baja California, al rendir su informe con justificación aceptó la existencia del acto reclamado por la parte quejosa. Por su parte, la Gobernadora y el Secretario de Gobierno de dicha Entidad Federativa, fueron omisos en rendir su informe con justificación, no obstante de haber quedado debidamente emplazados. Con independencia de lo anterior, al tratarse los actos reclamados de normas generales, su existencia se acredita plenamente sin necesidad de prueba, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2º, conforme a los cuales las leyes no son objeto de prueba, pues basta que dichas normas estén publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, como en el caso acontece. Cobra aplicación, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, página 260, que dice: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." También es aplicable a lo expuesto la tesis sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, relativa a la Séptima Época, visible en el Tomo 65 primera parte, página 15, del órgano de difusión ya indicado, que es del tenor siguiente: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." QUINTO. Estudio de las causas de improcedencia del juicio de amparo. El artículo 62 de la Ley de Amparo previene que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo; por lo que su análisis es una cuestión de orden público y de estudio preferente. Esta juzgadora de manera oficiosa advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, en virtud de que la quejosa Livia Soledad Bordeaux Szekely Shainman, quien acudió a la presente instancia constitucional por su propio derecho, no acreditó que la aplicación de las normas reclamadas afecten su esfera jurídica. Por otro lado, en cuanto a la moral quejosa Fundación La Puerta, Asociación Civil, no existen datos fehacientes y objetivos que permitan arribar a la conclusión de que la normativa reclamada le fue aplicada en su perjuicio. Previo a justificar dicha premisa, resulta necesario trascribir el contenido del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" La hipótesis legal antes citada se debe analizar conjuntamente con lo que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" De los artículos antes transcritos se prevé que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue la conculcación de los derechos reconocidos por la Carta Magna en virtud del acto de autoridad que se reclama, circunstancia la anterior que a su vez habrá de trascender en la esfera jurídica de la quejosa de manera directa - interés jurídico-, o bien, en consecuencia de su especial situación frente al orden jurídico -interés legítimo-. En relación con lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia por contradicción de tesis que se expondrá a continuación, sentó el criterio de que el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Criterio rector que se encuentra registrado bajo la nomenclatura 2a. /J. 141/2002, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, diciembre de 2002, página 241, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. De los diversos procesos de reformas y adiciones a la abrogada Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y del que dio lugar a la Ley en vigor, se desprende que el legislador ordinario en todo momento tuvo presente las diferencias existentes entre el interés jurídico y el legítimo, lo cual se evidencia aún más en las discusiones correspondientes a los procesos legislativos de mil novecientos ochenta y seis, y mil novecientos noventa y cinco. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con este último, fue precisamente permitir el acceso a la justicia administrativa a aquellos particulares afectados en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico), con la finalidad clara de ampliar el número de gobernados que pudieran accesar al procedimiento en defensa de sus intereses. Así, el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico." Asimismo, debe decirse que el segundo párrafo de la fracción I del artículo 107 Constitucional antes invocado, establece que, tratándose de los actos o resoluciones provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la quejosa deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, pues ello implica la demostración en dicho procedimiento del derecho subjetivo que se dice afectado. Finalmente, tratándose de normas generales, el interés jurídico o legítimo para efectos del juicio de amparo no puede acreditarse únicamente con la expedición y presumible aplicación respectiva de tales normas, sino que debe acreditarse plenamente que la disposición legal reclamada (sea autoaplicativa o heteroaplicativa) ha causado un agravio en la esfera de derechos de la parte quejosa, por virtud de encontrarse en los supuestos hipotéticos de la norma de observancia general para el caso de interés jurídico; que se ocasiona una afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante, tutelada por el derecho objetivo por su sola entrada en vigor, en el supuesto de interés legítimo; o por virtud de un acto de aplicación que lo actualice, aplicable para el interés jurídico. Así las cosas, para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos de los propios particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario a la parte quejosa con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. Igualmente, debe decirse que para analizar el aspecto sustantivo de una norma, con motivo de su primer acto de aplicación, debe existir como presupuesto que la misma haya irrumpido en la individualidad del gobernado, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea que se le aplique formal o materialmente, de manera escrita o de hecho, pues basta que dicho ordenamiento materialice sus efectos en el mundo fáctico y altere el ámbito jurídico de la persona, para que se estime aplicable. Orienta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 12/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Marzo de 1998, página 323, de rubro y texto siguientes: "LEYES HETEROAPLICATIVAS QUE NO CAUSEN PERJUICIO AL QUEJOSO. EL AMPARO ES IMPROCEDENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN I, A CONTRARIO SENSU, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. Conforme a la técnica del juicio de garantías, para analizar el aspecto sustantivo de una norma, con motivo de su primer acto de aplicación, debe existir como presupuesto que la misma haya irrumpido en la individualidad de un gobernado, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea que se le aplique formal o materialmente, de manera escrita o de hecho, pues basta que dicho ordenamiento materialice sus efectos en el mundo fáctico y altere el ámbito jurídico de la persona, para que se estime aplicada. De no ser así, la ley reclamada no causa perjuicio y el amparo resulta improcedente, de conformidad con el artículo 73, fracción XVIII, ésta en concordancia con el artículo 114, fracción I, a contrario sensu, de la ley de la materia." En el caso, la parte quejosa acude a la presente instancia constitucional en reclamó de la Ley de Ingresos del Municipio de Tecate, Baja California y la Tabla de Valores Catastrales Unitarios para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, en específico los artículos 8 y 10 que establecen el impuesto predial. Para acreditar el acto de aplicación de los aludidos numerales, y por ende, su interés jurídico, la parte quejosa exhibió el original del recibo número 611710, del que se observa que el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, se efectuó un pago por la cantidad de $573,976.88 (quinientos setenta y tres mil novecientos setenta y seis pesos 88/100 moneda nacional), por concepto de impuesto predial; probanza previamente valorada. a) Análisis de la causa de improcedencia por falta de interés jurídico en relación con la quejosa Livia Soledad Bordeaux Szekely Shainman, por su propio derecho. En relación con la quejosa Livia Soledad Bordeaux Szekely Shainman, por su propio derecho, el juicio de amparo es improcedente, en razón de que la documental aludida no demuestra de alguna manera que sea sujeta del impuesto reclamado. Esto es, que sea la persona que tiene el carácter de contribuyente del tributo reclamado -predial-, puesto que el recibo con el que pretende acreditar su interés jurídico se encuentra expedido a nombre de la moral Fundación La Puerta, Asociación Civil; por tal motivo, este órgano de control constitucional no puede concluir que la quejosa Livia Soledad Bordeaux Szekely Shainman cuenta con interés para reclamar el impuesto predial en los términos que se plantea en la demanda de amparo. Ello es así, pues al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 141/20121 estableció que para acreditar 1 Jurisprudencia con registro digital 2002151, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, página 1305, cuyo contenido dice: "IMPUESTO el interés jurídico cuando se reclama el impuesto predial es suficiente el recibo o certificado de pago a nombre de la parte quejosa, correspondiente al ejercicio de vigencia de la ley, pues de esa prueba se deriva que es contribuyente de aquél, en relación con el predio a que el recibo se refiere y que realizó el pago de la contribución. Sin embargo, como se explicó, el recibo de pago que ofreció la quejosa Livia Soledad Bordeaux Szekely Shainman únicamente acredita que quien es causante y, por ende, contribuyente del impuesto predial es la persona moral quejosa Fundación La Puerta, Asociación Civil, en razón de que dicho recibo se encuentra a nombre de ésta. Sin que pase desapercibido el hecho de que las quejosas Livia Soledad Bordeaux Szekely Shainman y Fundación La Puerta, Asociación Civil, por conducto de su apoderada legal Liliana Marlene Corral Acevedo, en la demanda de amparo manifestaran que son propietarias en partes iguales "del bien inmueble ubicado en la ciudad de Tecate, Baja California" lo que se corrobora -dicen- con la sentencia de tres de noviembre de dos mil veintidós, emitida por la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ya que con independencia del valor y alcance probatorio que pudiera tener la mencionada documental, lo cierto es que se demostró que el pago del tributo combatido, en el caso concreto, lo realizó únicamente la Fundación La Puerta, Asociación Civil, persona moral a nombre de quien está expedido el recibo del predial. PREDIAL. EL RECIBO O CERTIFICADO DE PAGO ES SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LAS LEYES QUE LO ESTABLECEN. El interés jurídico que le asiste a la parte quejosa para reclamar en el juicio de amparo las leyes que establecen o modifican el impuesto predial en aspectos generales, con motivo de un acto de aplicación, puede acreditarse con el recibo o certificado de pago del tributo a su nombre, correspondiente al ejercicio de vigencia de la ley, pues de tal prueba deriva que es contribuyente de aquél, en relación con el predio a que el recibo se refiere y que realizó el pago de la contribución, sin que deba exigirse la aportación de mayores elementos de prueba; salvo en los casos en que se impugnen, en lo particular, normas que regulen determinados supuestos que requieran de la demostración, con mayores pruebas, de que el particular se encuentra comprendido en ellos". Se cita como apoyo, por las razones que la sustentan, la tesis I.15o.A.31 A, emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, abril de 2005, página 1412, Novena Época, con número de registro digital 178727, del rubro y texto siguientes: "IMPUESTO PREDIAL DE INMUEBLES EN COPROPIEDAD QUE SE OTORGAN EN USO O GOCE TEMPORAL. LA DEMOSTRACIÓN DE LA COPROPIEDAD Y DEL PAGO DEL TRIBUTO POR UNO DE LOS CODUEÑOS, NO LEGITIMA A TODOS A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. De lo dispuesto en los artículos 4o., 73, fracción V, 114, fracción I, de la Ley de Amparo en relación con lo establecido en los artículos 148 y 149, fracción II, del Código Financiero del Distrito Federal, vigentes a partir del primero de enero de dos mil dos, se desprende que el ejercicio de la acción de amparo contra el primer acto de aplicación de estos últimos dos artículos que establecen el impuesto predial respecto de inmuebles que se otorgan en uso o goce temporal, precisa como presupuesto de procedencia, la demostración de la afectación del interés jurídico de quien solicita la protección constitucional, mediante prueba de las siguientes premisas: a) que el promovente del amparo es el propietario o poseedor del inmueble relativo; b) que ese inmueble se otorgó en uso o goce temporal, inclusive para la instalación o fijación de anuncios o cualquier otro tipo de publicidad; y, c) que se enteró el impuesto predial respecto del bien, o en su caso, que existe una resolución o requerimiento de pago del mencionado tributo. En ese orden de ideas, es patente que cuando el juicio de garantías se promueve por los copropietarios de un inmueble, no basta que acrediten esa copropiedad y demuestren que uno de ellos pagó la contribución, pues en este evento, faltaría por probar, por una parte, que todos otorgaron en arrendamiento la parte alícuota que les corresponde del predio y, por otra, que justifiquen que ese pago se realizó en su representación, ya sea porque el bien se encuentre inscrito en el catastro a nombre de la copropiedad, o porque la persona que realizó el mencionado pago cuenta con documento suficiente para representarlos, pues de otra forma, no acreditarían su interés jurídico para impugnar ese gravamen, ya que el pago del impuesto predial realizado por alguno de los copropietarios, no puede considerarse como efectuado también por los demás participantes del bien común, dado que si bien tienen el carácter de obligados solidarios respecto de los créditos fiscales que deriven de él en términos de lo establecido en el artículo 70, fracción XV, de la citada codificación tributaria; lo cierto es que dicha obligación solidaria únicamente tiene por efecto que el deudor solidario que pagó el total de la deuda (impuesto predial), tenga derecho a exigir de los otros codeudores o copropietarios la parte que les corresponda, es decir, pueda repercutir a los copropietarios la erogación que efectúo, pero de ninguna forma implica que lo haya hecho en representación de los demás codueños." De ahí que, en relación con la quejosa Livia Soledad Bordeaux Szekely Shainman, se actualice la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; por lo tanto, lo procedente es decretar el sobreseimiento en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. b) Análisis de la causa de improcedencia por falta de interés jurídico en relación con la inconforme Fundación La Puerta, Asociación Civil. Por otra parte, en lo relativo a la diversa parte quejosa -Fundación La Puerta, Asociación Civil-, si bien el recibo de pago aludido en líneas previas se encuentra expedido a su nombre, el cual se advierte que fue pagado - lo que demuestra que es causante del tributo reclamado-; lo cierto es que dadas las particularidades del presente caso, dicha documental resulta insuficiente para acreditar su interés jurídico en el presente juicio constitucional. En efecto, en el capítulo de actos reclamados se advierte que la parte quejosa impugna la constitucionalidad de diversos ejercicios fiscales; sin embargo, este el órgano jurisdiccional auxiliado únicamente se avocó al conocimiento del ejercicio fiscal del año dos mil veintiuno, con motivo del primer acto de aplicación. En ese sentido se estima que del recibo de pago número 611710, se desprende que el impuesto predial se calculó con base en los montos siguientes: 1. Número de metros cuadrados (superficie): 278745.171; 2. Valor por metro cuadrado: $65.00; 3. Tipo de uso predial: Baldío. 4. Sector: "2" y 5. Tasa: 0.4725% Establecido lo anterior, si bien el referido precio de $ 65.00 (sesenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional) por metro cuadrado, sí se encuentra contemplado en la Ley de Ingresos del Municipio de Tecate, Baja California y la Tabla de Valores Catastrales Unitarios para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, lo cierto es que no existen datos objetivos que de manera fehaciente permitan arribar a la conclusión de que efectivamente esa legislación fue la que se aplicó en perjuicio de la parte quejosa. Esto es así, pues del contenido del recibo de pago se observa la leyenda "CON EL APOYO DEL AYUNTAMIENTO PAGAS LO MISMO DEL IMPUESTO PREDIAL QUE EN 2019". Por tal motivo, al consultar la Ley de Ingresos del Municipio de Tecate, Baja California y la Tabla de Valores Catastrales Unitarios para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, se puede advertir que el valor que fue aplicado a la parte quejosa precisamente fue el de ese ejercicio fiscal, dado que se observa el precio del metro cuadrado de la siguiente manera: Además, se le adicionó una tasa de interés del 0.4725%, la cual no corresponde ni al ejercicio fiscal de dos mil diecinueve ni al de dos mil veintiuno, sino que es la que se contemplaba en ejercicio fiscal de dos mil dieciséis. Para demostrar lo anterior, se traen a colación las imágenes relativas a los porcentajes en los que se ubicaba el inmueble de la parte quejosa, en los ejercicios fiscales en mención: Con lo hasta aquí expuesto, es dable concluir que en autos no está demostrado de manera fehaciente que el impuesto predial reclamado se calculó conforme a la tabla de valores catastrales unitarios para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno. Por ende, el recibo de pago del impuesto predial expedido por el Ayuntamiento de Tecate, Baja California, a nombre de Fundación La Puerta, Asociación Civil, respecto del inmueble identificado con clave catastral 4- XA020160, resulta ineficaz para acreditar el primer acto de aplicación de la norma que tilda de inconstitucional en este juicio constitucional. Lo anterior, porque, se insiste, no existen datos objetivos que permitan concluir de manera fehaciente y sin lugar a dudas que se aplicaron a la parte las hipótesis contenidas en la Ley de Ingresos del Municipio de Tecate, Baja California y la Tabla de Valores Catastrales Unitarios para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, en específico los artículos 8 y 10 que establecen el impuesto predial. Por el contrario, existen datos objetivos que generan dudas razonables respecto a cómo fue que la autoridad hacendaria realizó el cálculo del impuesto predial, es decir, conforme a qué legislación. Pues, como se indicó, el propio recibo de pago contiene la leyenda que el impuesto predial se pagaría igual que en el año dos mil diecinueve; lo que se robustece con el hecho de que el precio de $65.00 (sesenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional) por metro cuadrado, sí se encuentra contemplado en la Ley de Ingresos del Municipio de Tecate, Baja California y la Tabla de Valores Catastrales Unitarios para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve. En ese sentido, cobra aplicación lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 2a./J. 43/2000, en la que determinó que conforme a la jurisprudencia de la propia corte, para acreditar una afectación al interés jurídico del gobernado que lo legitime para impugnar en el juicio de amparo una disposición de observancia general con motivo de su primer acto de aplicación, resulta necesario que se compruebe, fehacientemente, que a través de dicho acto la respectiva hipótesis normativa se concretó expresa o implícitamente en su perjuicio, lo que no puede derivar de presunciones o de las afirmaciones contenidas en la demanda de garantías o en los diversos escritos presentados durante la tramitación del juicio sino, en todo caso, del contenido del supuesto acto de aplicación. En ese sentido, dicha Sala indicó que a través del formato de declaración de pago de uno o varios impuestos es factible acreditar la aplicación de las disposiciones jurídicas que sirven de base a los diversos cálculos cuyo resultado se plasma en él, siempre y cuando sea indudable que las correspondientes hipótesis normativas sustentan los resultados contenidos en el mismo, lo que no acontece si los datos reportados no generan convicción al órgano de control constitucional sobre la norma que sirvió de base al cálculo de un determinado concepto, situación que puede suceder cuando la ley correspondiente establece diversos sistemas y, por ende, diferentes hipótesis o porciones normativas, que regulan disímiles procedimientos para obtener el mismo concepto, por lo que, en tales casos, para acreditar el respectivo acto de aplicación no bastará, por sí solo, el formato de declaración de pago, ya que será necesario el desahogo de la prueba idónea para acreditar el sistema utilizado y, por ende, la norma jurídica efectivamente aplicada. Se cita en la idea conducente, la jurisprudencia 2a./J. 43/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "LEYES TRIBUTARIAS. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE SUS HIPÓTESIS NORMATIVAS Y LA CONSECUENTE AFECTACIÓN AL INTERÉS JURÍDICO, SE PUEDE ACREDITAR CON LA RESPECTIVA DECLARACIÓN DE PAGO, SI LOS RESULTADOS PLASMADOS EN ELLA SE SUSTENTAN INDEFECTIBLEMENTE EN LO PREVISTO EN AQUÉLLAS. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, para acreditar una afectación al interés jurídico del gobernado, que lo legitime para impugnar en el juicio de amparo una disposición de observancia general con motivo de su primer acto de aplicación, resulta necesario que se compruebe, fehacientemente, que a través de dicho acto la respectiva hipótesis normativa se concretó expresa o implícitamente en su perjuicio, lo que no puede derivar de presunciones o de las afirmaciones contenidas en la demanda de garantías o en los diversos escritos presentados durante la tramitación del juicio sino, en todo caso, del contenido del supuesto acto de aplicación. En tal virtud, a través del formato de declaración de pago de uno o varios impuestos, es factible acreditar la aplicación de las disposiciones jurídicas que sirven de base a los diversos cálculos cuyo resultado se plasma en él, siempre y cuando sea indudable que las correspondientes hipótesis normativas sustentan los resultados contenidos en el mismo, lo que no acontece si los datos reportados no generan convicción al órgano de control constitucional sobre la norma que sirvió de base al cálculo de un determinado concepto, situación que puede suceder cuando la ley correspondiente establece diversos sistemas y, por ende, diferentes hipótesis o porciones normativas, que regulan disímiles procedimientos para obtener el mismo concepto, por lo que, en tales casos, para acreditar el respectivo acto de aplicación no bastará, por sí solo, el formato de declaración de pago, ya que será necesario el desahogo de la prueba idónea para acreditar el sistema utilizado y, por ende, la norma jurídica efectivamente aplicada."2 En esa tesitura, dado que la parte quejosa no demostró con medio de convicción idóneo el acto de aplicación de los artículos 8 y 10 de Ley de Ingresos del Municipio de Tecate, Baja California y la Tabla de Valores Catastrales Unitarios para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, es que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V, de dicha normativa, por lo que procede decretar el sobreseimiento respecto de los artículos 8 y 10 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tecate, Baja California. 2 Registro 191786. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Mayo de 2000, Materia Constitucional, Administrativa, página 112. Apoya esta determinación, la jurisprudencia 1ª./J. 4/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,3 que dice: "LEY RECLAMADA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO SE ACREDITA DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de un dispositivo legal como heteroaplicativo, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, y no acredita su existencia, procede sobreseer en el juicio de garantías, por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo". En este sentido y ante la imposibilidad de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, se hace innecesario emprender el estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, tal y como lo establece el criterio jurisprudencial sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificado bajo el número 509, consultable en la página 335, Séptima Época, del Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, del Antepenúltimo Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que menciona: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Archivo. En cumplimiento al oficio SECNO/STCCNO/878/2023 de treinta de agosto de dos mil veintitrés, suscrito por el Secretario Técnico de Ponencia, actuando en suplencia por ausencia del Secretario Técnico de la Comisión de Creación de 3 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Febrero de 1999, página 103 Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el presente asunto fue resuelto conforme a las constancias digitalizadas que se encuentran en el expediente electrónico localizado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, háganse las anotaciones que correspondan en el libro electrónico, respecto del envío de la presente resolución por dicho medio, ordenándose desde este momento su archivo, únicamente en lo que hace al expediente electrónico auxiliar del que derivó el juicio de amparo indirecto que ahora se resuelve, sin que sea necesario realizar pronunciamiento respecto a la valoración del presente expediente auxiliar en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, ya que el mismo no se formó de manera física, correspondiendo al juzgado auxiliado pronunciarse por lo que hace al juicio de amparo 990/2022, por haber sido dicho órgano jurisdiccional el que respecto a éste formó expediente físico y, por ende, el que valorará y determinará conforme a las constancias que lo integran, en qué supuestos del acuerdo se encuentra dicho expediente. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 61, 62 y 63 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Livia Soledad Bordeaux Szekely Shainman y por Fundación La Puerta, Asociación Civil, contra los actos reclamados y autoridades responsables que quedaron precisados en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y quinto, de la presente resolución. SEGUNDO. Tomando en consideración que el presente asunto fue resuelto conforme a las constancias digitalizadas que se encuentran en el expediente electrónico localizado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), háganse las anotaciones que correspondan en el libro electrónico y archívese el expediente electrónico auxiliar que derivó del juicio de amparo indirecto que ahora se resuelve; de conformidad con lo establecido en el último considerando de esta resolución. CÚMPLASE. Así lo resolvió y firma electrónicamente la licenciada Mónica Vianney Pereda Gutiérrez, Jueza Cuarta de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, hoy veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, quien actúa con el licenciado Roberto Ramírez Mendoza, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, trece de octubre de dos mil veintitrés. Se rinde informe justificado. Se ordena glosar a los autos para que surta sus efectos legales el informe justificado rendido por la autoridad responsable y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Pruebas documentales. En cuanto a las pruebas documentales que se anexan al informe rendido por la autoridad responsable, con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Datos de contacto. Finalmente, se tiene a la responsable señalando como medios de contacto el correo electrónico y número telefónico que señala; se toma nota de los mismos y a través de éstos única y exclusivamente se podrán entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese.
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