Juan Pablo Chavez Moya
Expediente 629/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 629/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/12/2021
Partes del expediente
- Juan Pablo Chavez Moya
Actuaciones
- Principal
Cuenta. En esta misma fecha, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de dicha normatividad, para interponer el recurso de queja en contra del proveído de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo hubieren hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el citado auto ha causado estado. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso b) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse tenido por no presentada la demanda de amparo, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Cuenta. En esta misma fecha, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Feneció término legal. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que trascurrió el término de cinco días concedido al promovente Juan Pablo Chávez Moya, para que diera cumplimiento a la prevención que se le formuló por auto de uno de septiembre de dos mil veintiuno, sin que desahogara la misma. No presentada. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento realizado en el citado proveído y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda Notifíquese personalmente a la parte promovente, así como a su defensa.
- Principal
Tijuana, Baja California, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Designación Asesor. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta a través del cual la Coordinadora Área Penal Zona Costa de la Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad, designa a los licenciados Jesús Mendoza Medina y Mariana Lizbeth García, Defensores Públicos adscritos a esa coordinación a su cargo, a fin de brindarle al quejoso Juan Pablo Chávez Moya la orientación pertinente. Vista Defensores. Con fundamento en los artículos 1o. y 14 constitucionales y en términos de los artículos 2o., fracción I de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, resulta procedente dar vista con la totalidad de las actuaciones que conforman el presente juicio de amparo a los Defensores Públicos en mención, principalmente con la prevención de uno de septiembre de dos mil veintiuno, haciéndole del conocimiento el requerimiento efectuado al quejoso, así como los apercibimientos decretados en el mismo. Lo anterior, acorde a los lineamientos previstos en los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, instituido en el Estado Mexicano a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo el criterio jurisprudencial Tesis 1a./J.43/2019 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registrada bajo el número 2020495, publicada el veintitrés de agosto pasado, de rubro y texto siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc. -, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." Autorizados. Asimismo, téngase como autorizados para oír y recibir notificaciones de los asesores jurídicos señalados a las personas que se precisan en el oficio de cuenta. Señalamiento de domicilio. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de los citados asesores jurídicos el indicado en el oficio que se atiende. Estado de autos. Por otra parte, visto el estado procesal de autos, se advierte que mediante proveído de siete de septiembre del año en curso, se reservó a proveer respecto a las manifestaciones realizadas por la parte quejosa, hasta en tanto se designara un asesor que lo representara en el presente asunto, lo cual ya aconteció; por tanto, dese vista a los defensores con la petición del quejoso, atinente a que lo visiten en el centro en cual se encuentra recluido. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa, así como a los asesores jurídicos Jesús Mendoza Medina y Marianna Lizzbeth García.
- Principal
Tijuana, Baja California, siete de septiembre de dos mil veintiuno. Manifestaciones. Vista la constancia actuarial que antecede, mediante la cual el fedatario judicial de la adscripción notificó el proveído de uno de septiembre del año en curso, al quejoso Juan Pablo Chávez Moya y éste realizó manifestaciones; sin embargo, se reserva a proveer respecto de las mismas, hasta en tanto se designe un asesor que lo represente en el presente asunto. Notifíquese.
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