Juan Mendez Alvarado
Expediente 906/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 906/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Juan Mendez Alvarado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Puebla, Puebla, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Se ordena agregar al expediente, el oficio de cuenta del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por el cual remite el testimonio de ejecutoria en el recurso de queja 154/2022 de su índice, y las copias certificadas del presente expediente. Por lo tanto, se acusa de recibo de las constancias recibidas al tribunal colegiado. Del punto resolutivo se advierte: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por *, a través de su autorizado en término amplios * contra el proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, dictado por la Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo indirecto 906/2022-VI, en el que se desechó de plano la demanda de garantías". En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente porque constituye un asunto concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años1. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS A LAS PARTES La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. En consecuencia, se descarta devolución alguna de anexos. DEVOLUCIÓN DE CUADERNOS AUXILIARES Al no haberse ordenado formar cuaderno auxiliar de pruebas, es innecesario proveer al respecto. RESGUARDO DEL EXPEDIENTE Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis o Deposito Documental que corresponda; ello, una vez realizada la depuración del expediente. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. CARÁTULA DEL EXPEDIENTE Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. ANOTACIONES EN LOS LIBROS DE GOBIERNO Se instruye a la Analista Jurídico SISE para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la caratula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- sean coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). REVISIÓN DEL EXPEDIENTE Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar por conducto del personal a su cargo que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, en cumplimiento con el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de
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Puebla, Puebla, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Tribunal colegiado acusa recibo de constancias. Se agrega al expediente el oficio de la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por el cual comunica el auto pronunciado por el magistrado presidente, de siete de septiembre del año en curso, emitido en el recurso de queja 154/2022 de su índice. De ese proveído se advierte que el magistrado presidente del citado tribunal admitió el recurso de queja presentado por la parte quejosa contra el auto que desechó la demanda de amparo. Por tanto, esta juzgadora queda enterada de lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase.
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Puebla, Puebla, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese al expediente, el escrito de cuenta del autorizado en términos amplios del quejoso, donde interpone recurso de queja y formula agravios contra el acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, que desechó la demanda planteada. Ahora, al haberse recibido vía interconexión, es innecesario requerir al quejoso en términos del requisito establecido en el segundo párrafo del artículo 100, de la Ley de Amparo, para que señale las constancias que en copia certificada se deban remitir al tribunal colegiado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, se rinde el informe sobre el recurso de queja en los términos siguientes: ES CIERTO EL ACTO MATERIA DE LA QUEJA, porque en acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo promovida por el quejoso Juan Méndez Alvarado al estimar que debió agotar el principio de definitividad, porque la Ley Nacional de Ejecución Penal contempla un recurso ordinario que debe agotarse previo a promover el juicio de amparo indirecto, y como consecuencia se actualizó la causa de improcedencia manifiesta e indudable, en términos del artículo 113, de la Ley de Amparo, relacionado con el diverso 61, fracción XX. Como sustento a lo anterior, se remiten copias certificadas de todo lo actuado en el presente juicio de amparo. También se ordena remitir el original del escrito relativo al recurso planteado, al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, a fin de que lo turne al órgano que deba substanciar el citado recurso.
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Puebla, Puebla, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Radicación. Se recibe la demanda de amparo advertida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), promovida por XXXX, por propio derecho, contra actos atribuidos al ".DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCION SOCIAL DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA.". En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, de la lectura integral de la demanda, se advierte que el promovente reclama de la única autoridad responsable la omisión de proporcionar atención médica y medicamentos en relación a la condición de diabético y demás padecimientos que adolece, dentro del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, en el cual se encuentra recluido. En efecto, el promovente se duele de las condiciones de internamiento, en las que se encuentra ante la omisión de que se le proporcione atención médica y medicamentos en relación a la diabetes y demás padecimientos que adolece. Sin embargo, de acuerdo a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, como en este caso la falta de atención médica. +Es así porque, dicho Pleno de Circuito estableció, en primera instancia, que la Ley de Ejecución Penal prevé varios regímenes con el tema que regula el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, entre las cuáles destacó que el régimen de internamiento, en el que se reglamentan las condiciones de reclusión deberán garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad. Este régimen se encuentra previsto en el capítulo II del título segundo de la legislación especial citada. De esa forma se consideró que la atención médica forma parte de las condiciones de internamiento, por ser un medio necesario para garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad; tanto es así, que se encuentran reguladas en el mismo capítulo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, artículos 30 y 34. Para salvaguardar lo anterior, la legislación especial en cita prevé que las personas privadas de su libertad y demás legitimados (familiares, visitantes, defensores, Ministerio Público, organismos de protección de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil) pueden formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones que afecten sus condiciones de internamiento, entre ellas la atención médica adecuada, en términos de lo que se establece en el título cuarto, capítulo III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En efecto, la citada legislación prevé un procedimiento administrativo de peticiones a favor de las personas privadas de su libertad, para proteger la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, entre las que se encuentran cuestiones relativas a su salud; peticiones que pueden efectuarse por escrito y, en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes. Además, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues en su artículo 114 dispone que si la solicitud fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste puede formular controversia ante el Juez de Ejecución, dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución, o bien, en cualquier momento si los efectos del acto son continuos o permanentes. Es importante destacar que la Ley Nacional de Ejecución Penal también prevé la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender las peticiones formuladas por las personas privadas de su libertad, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del término legal, la parte promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el Juez resolverá dentro de un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el Juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo en el plazo previsto en la ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la autoridad penitenciaria. Por otra parte, es menester precisar que, por sí misma, la falta de protocolos y la negativa de atención médica, no constituye, en automático, un acto prohibido por el artículo 22, de la constitución, ya que no se puede establecer que esa falta o negativa de atención médica sea, en todos los casos, un acto que implique una pena de muerte, ni una mutilación o una infamia, ni una marca o un azote, ni tormento de cualquier especie, desde luego, salvo que en algún caso muy particular, se ponga en evidencia una situación de esa naturaleza, supuesto en el cual, la procedencia del amparo no sería, en sí, por la falta o negativa de atención médica, sino porque se actualiza alguna de las hipótesis prohibidas por el artículo 22 constitucional. En efecto, de las manifestaciones realizadas por el quejoso no se advierte que los padecimientos que refiere impliquen un necesario, inmediato e inminente peligro a su vida, pues se trata de las condiciones de internamiento en las que se encuentra inmerso y que son objeto de revisión ante un juez en la ejecución de sentencia conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal antes de promover juicio de amparo. Ahora, en la especie, los actos reclamados por el promovente no corresponden a un acto de los prohibidos por el artículo 22, de la constitución, ni los referidos en el artículo 15, de la Ley de Amparo; y, por otro lado, deberán ser objeto de estudio en la "petición administrativa" que prevé el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por consiguiente, al reclamarse una cuestión relacionada con las cuestiones cualitativas del internamiento (omisión de proporcionar atención médica y medicamentos al quejoso en relación a la diabetes y demás padecimientos que refiere), cuya ruta ordinaria de impugnación se encuentra prevista en el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permite visualizar la improcedencia del presente juicio a partir de la causal prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Y, en virtud de lo anterior, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio, pues, se insiste, se actualiza la causa de improcedencia manifiesta e indudable, en términos del artículo 113, de la Ley de Amparo, relacionado con el diverso 61, fracción XX.
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