Juan Miguel Bautista Vazquez
Expediente 1287/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1287/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 10/11/2016
Partes del expediente
- Juan Miguel Bautista Vazquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
III. Toluca, Estado de México; diez de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el oficio de cuenta, mediante el cual el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la ciudad de México, solicita se le acuse de recibió del oficio 7244 el exhorto 112/2016-I (orden 114/2016), formado con motivo del diverso 961/2016 (orden 961/2016), deducido del juicio de amparo 1287/2016-III. Atento a lo anterior, agréguese a los autos para que obre como corresponda y como lo solicita el juez oficiante, acúsese el recibo correspondiente, no obstante que mediante auto de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, se ordenó enviar el acuse correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna que autoriza, firma y da fe.
- Principal
III. Toluca, Estado de México; nueve de noviembre de dos mil dieciséis.Visto el escrito de cuenta, mediante el cual Juan Miguel Bautista Vázquez, solicita la devolución de los documentos exhibidos como prueba en el juicio de amparo en que se actúa.Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2º, toda vez que el presente juicio se encuentra total y definitivamente concluido, devuélvansele los documentos que refiere debiendo dejar en autos constancia de su recepción.En el entendido que quien se presente a recogerlos, deberá exhibir copia simple de su identificación oficial vigente, para ser certificada y glosada a los autos para debida constancia legal. Notifíquese.Así lo proveyó y firma, José Antonio Ruiz Rosales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Encargado del Despacho por licencia otorgada al titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa asistido del Secretario Israel Díaz Reyna que autoriza, firma y da fe.
- Principal
IV. Toluca, Estado de México; siete de octubre de dos mil dieciséis. De la certificación precedente, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado estado, y en el libro de gobierno háganse las anotaciones correspondientes. Por otra parte, vista la cuenta precedente y del estado que guarda este asunto, del cual se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa lo siguiente: 1. Este asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto obran constancias originales, en términos del punto décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 citado, hágase del conocimiento del quejoso que cuenta con un plazo de noventa días, con la finalidad de comparecer a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos adjuntados, debiéndose dejar copia simple de los mismos. Con el apercibimiento que de no hacerlo, éstos podrán ser destruidos junto con el expediente. Finalmente, se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, José Antonio Ruiz Rosales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Encargado del Despacho por licencia otorgada al titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa asistido del Secretario, Israel Díaz Reyna, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
III. Toluca, Estado de México; veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos los oficios de cuenta, a través de los cuales en el primero el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, acusa recibo del exhorto 961/2016-III (número de orden 961/2016-III), derivado de los presente juicio de amparo, el cual lo registro bajo el número 112/2016-I (número de orden 114/2016). En el segundo oficio de mérito, remite diligenciado el exhorto citado; por el que se solicitó notificar al quejoso Juan Miguel Bautista Vázquez, la determinación de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis; acúsese recibo vía fax, al número señalado en el oficio de cuenta. Por otra parte, vistos los autos, se advierte que mediante auto de veintiuno de los actuales, se reservó acordar lo conducente respecto al escrito aclaratorio del quejoso Juan Miguel Bautista Vázquez, hasta en tanto obrara en autos la constancia de notificación del proveído de veinticinco de agosto del año en curso; por tanto, toda vez que ello ha acontecido, se tiene por desahogada la prevención de mérito, para los efectos legales correspondientes. Ahora, En términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, este juzgador al momento de dictar resolución se encuentra obligado a precisar los actos reclamados por el quejoso, considerando todos los datos que emanen de la demanda de amparo e incluso la totalidad del expediente, atendiendo al pensamiento e intencionalidad de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados debe atender a lo que quisieron decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Ahora, de conformidad, con los artículos 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia, en atención a lo siguiente. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia publicada en la página 1008 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de 1998, Tomo VII, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO PROCEDE POR MOTIVOS MANIFIESTOS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA. En términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista; de no ser así, procede admitir y tramitar la demanda y dar oportunidad a las partes para que rindan los elementos de convicción relacionados con aquélla. Por otra parte, el Juez de Distrito, al recibir el escrito de demanda debe tomar en cuenta que, bajo protesta de decir verdad, el quejoso proporciona hechos y datos a través de los cuales especifica por qué estima que los actos reclamados resultan infractores de sus garantías individuales y atendiendo a que la función esencial del juzgador federal es vigilar el cumplimiento de éstas, debe otorgar credibilidad a las manifestaciones hechas valer en el escrito de demanda.". Por ser las causas de improcedencia del juicio de amparo, de estudio preferente y oficioso a la cuestión de fondo debatida, conforme a lo ordenado en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de la que éste resolutor federal advierte oficiosamente. En efecto, el suscrito advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Sobre esa base, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo cual implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. La interpretación relacionada de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, permite considera que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. A fin de demostrar plenamente la causa de improcedencia invocada, es pertinente señalar que de las constancias que obran en autos, se advierte que el quejoso reclama: La detención del quejoso Juan Miguel Bautista Vázquez y de su vehículo pointer color rojo con placas de circulación 602ZTZ, con número de identificación vehicular 9BWCC05X45P005443. Sin embargo, de la demanda de amparo se advierte que el veintiuno de julio de dos mil dieciséis, aproximadamente a la una de la tarde fue puesto en libertad; asimismo, que en esa misma fecha se ordenó la devolución de su vehículo pointer color rojo con placas de circulación 602ZTZ, con número de identificación vehicular 9BWCC05X45P005443. Por lo que resulta incuestionable que los motivos que dieron origen al presente sumario constitucional ya no existen en la realidad, y en consecuencia de ello no hay motivo para estudiar su legalidad o ilegalidad, porque ya no existiría derecho humano que reparar, pues la detención del quejoso y la de su vehículo, quedaron sin efectos al haberse ordenado su libertad y la devolución del citado vehículo. De lo que se concluye que ha quedado jurídicamente inexistente el acto combatido, pues los motivos que lo generaron quedaron sin efectos en el momento en el que se ordenó la libertad del quejoso y la devolución del vehículo pointer color rojo con placas de circulación 602ZTZ, con número de identificación vehicular 9BWCC05X45P005443. Sirve de Apoyo la jurisprudencia 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXI de la Ley de Amparo vigente, procede desechar de plano la demanda de amparo. No pasa inadvertido para este juzgador que el quejoso en su demanda de amparo señala como actos reclamados la omisión de darle alimentos durante el tiempo que permaneció detenido, la negativa a proporcionarle un defensor y obligarlo a presentar un defensor particular y negarle a tener comunicación con sus familiares; sin embargo, los mismos no constituyen actos que puedan ser analizados como actos reclamados destacados en el juicio de amparo, sino como violaciones analizables vía conceptos de violación, en el caso que hubiese resultado procedente el juicio de amparo. Asimismo, tomando en consideración que el quejoso aduce que fue objeto de abuso de autoridad por parte de las autoridades que intervinieron en su detención; por tanto, se hace de su conocimiento que tiene a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y ante la autoridad correspondiente. Domicilio para oír y recibir notificaciones.- Toda vez que el domicilio que señaló el quejoso se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, en conformidad con el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se publican en este juzgado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario, Israel Díaz Reyna, que autoriza, firma y da fe.
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