Juan Martin Martin Alvarez
Expediente 1537/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1537/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 23/11/2018
Partes del expediente
- Juan Martin Martin Alvarez
- Presidente Dela Junta Especial Número Cinco De La Local De Conciliación Y Arbitraje Del Valle De Toluca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
II)Toluca, Estado de México; veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho. De la certificación de cuenta se desprende que las partes no recurrieron la determinación de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, a través de la cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, dentro del plazo de diez días inserto en el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En otro orden, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito. Háganse, las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se hace la indicación siguiente: El presente juicio es susceptible de destrucción porque se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio (punto vigésimo primero, fracción I, párrafo y segundo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia). En el entendido que no existen documentos exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este juzgado de Distrito carecen de relevancia documental y, además, no encuadran en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción de los mismos, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obre los acuses de notificación del presente proveído, el expediente en que se actúa se enviará materialmente al archivo Notifíquese.
- Principal
II. Toluca, Estado de México; treinta de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, donde se evidencia que las terceras interesadas Elmex Superior sociedad anónima de capital variable, Mercadotecnia Tezontle sociedad anónima de capital variable y Elektra del Milenio sociedad anónima de capital variable no señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Toluca, Estado de México; por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de once de octubre de dos mil dieciocho (fojas 6 a 8), y con apoyo en el numeral 26, fracción III, de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones, así como las subsecuentes que deberán ser personales por medio de lista que se fija en este órgano jurisdiccional. Ahora bien, toda vez que mediante proveído de veintiséis de octubre pasado (fojas 32 a 34), este órgano jurisdiccional se reservó la notificación a la parte tercera interesada del citado auto, hasta en tanto feneciera el plazo de tres días otorgado en proveído de once de octubre de dos mil dieciocho, a fin de que ratificaran su domicilio o señalaran uno diverso, situación que a la data acontece; en tales condiciones, realícese la notificación del veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, a las terceras interesadas de mérito, por medio de lista que se fija en este órgano jurisdiccional . Notifíquese.
- Principal
II. se lista citatorio parte QUEJOSA: Toluca, Estado de México; veintiséis de octubre de dos mil dieciocho. Por recibido el oficio signado por la Presidenta de la Junta Local Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, a través del cual pretende rendir su informe justificado y remite copia certificada del laudo dictado en el expediente J.4/677/2016. En atención a ello, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio y anexo de cuenta para los efectos legales procedentes. Por otro lado, en consideración a la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se debe examinar la aleguen o no las partes, previamente a cualquier otra cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y en los razonamientos que rige la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Del estudio de las constancias que integran el sumario constitucional, se advierte una causa de improcedencia, que impide realizar el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. El artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, señala que el sobreseimiento procede cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En el caso, se estima que opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De acuerdo con la causa de improcedencia en estudio, los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto, lo cual da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o bien, a que se hubiera concedido la protección federal ya se hubiera restituido a la parte quejosa en el goce del derecho estimado violentado por la autoridad, en términos de la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo. Cesan los efectos cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. La cesación de efectos del acto reclamado significa, por tanto, que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia publicada con el número 103, en la página 81 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, en el presente juicio el quejoso Juan Martin Álvarez, se duele de: "La omisión de la responsable de emitir el laudo dentro de los términos establecidos por la Ley Federal del Trabajo en el juicio laboral J.4/677/2016." De las actuaciones remitidas por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje se advierte que el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho dictó el laudo correspondiente en el juicio J.4/677/2016, y le notificó el mismo a la parte quejosa el veinticinco siguiente. Constancias aludidas a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de actuaciones de un servidor público en ejercicio de sus atribuciones. Ahora, bien no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que la oficiante no sea parte en el presente juicio, sin embargo, dado a que el quejoso es quién instó el expediente J.4/677/2016 y toda vez que, se duele de la omisión de dictar el laudo dentro del juicio J.4/677/2016, lo procedente es sobreseer el presente juicio; ya que, el acto tildada de inconstitucional ha cesado y toda vez que se dejó de afectar la esfera jurídica del promovente de amparo, es incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, circunstancia que obliga a sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de esa propia legislación. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En tales condiciones, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las diez horas con cuarenta y cinco minutos del treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente. Finalmente, resérvese la notificación de la presente determinación a los terceros interesados, hasta en tanto fenezca el plazo de tres días concedido en proveído de once de octubre de dos mil dieciocho (fojas 6 a 8) para que ratifiquen su domicilio o señalen uno diverso. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
II. Toluca, Estado de México; veintiséis de octubre de dos mil dieciocho. Por recibido el oficio signado por la Presidenta de la Junta Local Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, a través del cual pretende rendir su informe justificado y remite copia certificada del laudo dictado en el expediente J.4/677/2016. En atención a ello, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio y anexo de cuenta para los efectos legales procedentes. Por otro lado, en consideración a la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se debe examinar la aleguen o no las partes, previamente a cualquier otra cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y en los razonamientos que rige la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Del estudio de las constancias que integran el sumario constitucional, se advierte una causa de improcedencia, que impide realizar el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. El artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, señala que el sobreseimiento procede cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En el caso, se estima que opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De acuerdo con la causa de improcedencia en estudio, los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto, lo cual da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o bien, a que se hubiera concedido la protección federal ya se hubiera restituido a la parte quejosa en el goce del derecho estimado violentado por la autoridad, en términos de la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo. Cesan los efectos cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. La cesación de efectos del acto reclamado significa, por tanto, que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia publicada con el número 103, en la página 81 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, en el presente juicio el quejoso Juan Martin Álvarez, se duele de: "La omisión de la responsable de emitir el laudo dentro de los términos establecidos por la Ley Federal del Trabajo en el juicio laboral J.4/677/2016." De las actuaciones remitidas por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje se advierte que el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho dictó el laudo correspondiente en el juicio J.4/677/2016, y le notificó el mismo a la parte quejosa el veinticinco siguiente. Constancias aludidas a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de actuaciones de un servidor público en ejercicio de sus atribuciones. Ahora, bien no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que la oficiante no sea parte en el presente juicio, sin embargo, dado a que el quejoso es quién instó el expediente J.4/677/2016 y toda vez que, se duele de la omisión de dictar el laudo dentro del juicio J.4/677/2016, lo procedente es sobreseer el presente juicio; ya que, el acto tildada de inconstitucional ha cesado y toda vez que se dejó de afectar la esfera jurídica del promovente de amparo, es incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, circunstancia que obliga a sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de esa propia legislación. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En tales condiciones, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las diez horas con cuarenta y cinco minutos del treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente. Finalmente, resérvese la notificación de la presente determinación a los terceros interesados, hasta en tanto fenezca el plazo de tres días concedido en proveído de once de octubre de dos mil dieciocho (fojas 6 a 8) para que ratifiquen su domicilio o señalen uno diverso. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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