Juan Martin Zarate Chavez
Expediente 1559/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1559/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 18/12/2018
Partes del expediente
- Juan Martin Zarate Chavez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
iii)Toluca, Estado de México; dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la razón de cuenta, a través de la cual el actuario de la adscripción asentó la imposibilidad de notificar al quejoso la determinación emitida el once del mes y año en curso, por los motivos ahí expuestos. A dicha razón se le concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 del referido código supletorio, ya que al tratarse de una actuación de un funcionario investido de fe pública. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia publicada con el número 563, página 405, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tomo IV, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." Asimismo, en lo conducente, la tesis publicada en la página 202, del Semanario Judicial de la Federación, Marzo de 1993, Tomo XI, que establece: "ACTUACIÓN JUDICIAL DE UN ACTUARIO. SU VALOR EN JUICIO. No basta para desvirtuar la fe dada por un funcionario judicial, como lo es un actuario, en ejercicio de su encargo, el aseverar que lo asentado por éste es falso, por cuanto que, como se encuentra investido legalmente de fe pública, corresponde a quien impugna esa actuación demostrar, con los medios de prueba idóneos, que son ciertos los vicios, ya sea de forma o materiales, que le atribuye a dicha actuación, y si no se hace así, es evidente que la misma conserva su valor probatorio para tener por cierto que lo ahí asentado corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos o actos jurídicos de los cuales dio fe esa autoridad." Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la razón actuarial referida para los efectos legales procedentes y notifíquese al quejoso de mérito la determinación de once de los actuales, por medio de lista que se fija en el juzgado. Notifíquese. III-Toluca, Estado de México; once de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que dentro del plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa a quien podría causarle perjuicio el acuerdo de veintiuno de noviembre del presente año (fojas 30 a 31), no la recurrió, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1.- El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el juicio (punto vigésimo primero, fracción II, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009). Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a la parte quejosa que de conformidad con el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
III-Toluca, Estado de México; once de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que dentro del plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa a quien podría causarle perjuicio el acuerdo de veintiuno de noviembre del presente año (fojas 30 a 31), no la recurrió, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1.- El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el juicio (punto vigésimo primero, fracción II, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009). Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a la parte quejosa que de conformidad con el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
III)Toluca, Estado de México; veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. De conformidad con lo previsto en el numeral 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, agréguese a los autos la constancia de notificación realizada al quejoso Juan Martín Zárate Chávez, a través de la cual manifiesta desistirse del presente juicio. Atento a lo anterior, se tiene por hecha tal aseveración para los efectos legales procedentes, pues en términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dicha diligencia tiene pleno valor probatorio, al tratarse de una actuación de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en su razón corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. Por tanto, en atención a lo manifestado por el impetrante de garantías, resulta evidente la actualización de la hipótesis prevista en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, la cual establece: "Articulo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuara el juicio." En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo promovido por Juan Martín Zárate Chávez, contra actos de la Directora del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno Altiplano y otra autoridad. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia 2a./J.10/2003, publicada en las páginas 286 y 287, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2003, Tomo XVII, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Y, la jurisprudencia II.2o.P. J/23, publicada en la página 991, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 2006, Tomo XXIV, Novena Época, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO." Ello es así, pues la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada; sin embargo, con la sola manifestación de desistirse, válidamente el quejoso puede renunciar al trámite correspondiente, ya que el desistimiento de la demanda constituye la renuncia a que el órgano jurisdiccional ejerza su actividad. Al caso se invoca la jurisprudencia 2a./J. 33/2000, publicada en la página 147, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2000, Tomo XI, con el rubro siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA." Lo anterior, pues el quejoso citado desistió de la demanda origen del presente juicio, lo cual significa que no es su voluntad continuar con la secuela procesal de este, por lo cual se actualiza, como ya quedó precisado, la causal de sobreseimiento inserto en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional prevista para las diez horas con diez minutos del cinco de diciembre de dos mil dieciocho. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
III. Toluca, Estado de México; catorce de noviembre de dos mil dieciocho. La certificación de cuenta evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse a las diez horas con diez minutos de hoy; sin embargo, mediante proveído de veintinueve de octubre pasado, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la Directora General y Presidenta del Comité Técnico del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno Altiplano, Almoloya de Juárez, Estado de México; por tanto, resulta evidente que no media el plazo de ocho días previsto en el numeral 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de su contenido, pues se le notificó al quejoso el auto de mérito el ocho de los cursantes, por lo que a la fecha trascurre el tercer día del plazo estipulado. Por tanto, a fin de no transgredir las reglas que rigen el juicio de amparo, con fundamento en el numeral invocado en el párrafo precedente, la audiencia constitucional prevista para esta fecha se difiere y, en su lugar, se fijan las diez horas con diez minutos del cinco de diciembre de dos mil dieciocho para su celebración. Notifíquese.
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