Juan Méndez Maganda

Expediente 288/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
288/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
01/10/2021

Partes del expediente

  • Patricia Cornejo Huerta
  • Magali Hernández Ramírez
  • Juan Méndez Maganda
  • Magali Hernández Ramírez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, uno de octubre de dos mil veintiuno. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los presentes autos, de lo que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa, encuadra en la hipótesis contenida en el Artículo 18, fracción I del aludido acuerdo, en razón de haberse CONCEDIDO LA SUSPENSIÓN DE PLANO; lo anterior, sin soslayar que mediante proveído de diez de septiembre de dos mil veinte, se SOBRESEYÓ fuera de audiencia el juicio de amparo; sin embargo, el mismo es SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE al haberse concedido la medida cautelar solicitada; por lo tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio. Sin que haya lugar a pronunciarse respecto a los incidentes de suspensión, toda vez que los mismos no fueron formados. TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE Una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal Silvia Lorena Arenas Raya, Secretario que autoriza. Doy Fe./*arga*/*

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. CUENTA CON AUTOS. VISTOS: por cuanto ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa que es a a quien perjudica el sentido de la resolución, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de treinta de diciembre de dos mil veinte, en la que se SOBRESEYÓ el juicio de amparo promovido por JUAN MÉNDEZ MAGANDA, PATRICIA CORNEJO HUERTA y su menor hija ATIANA VALENTINA LEÓN CORNEJO, CLAUDIA LEONOR GONZÁLEZ GERINI y MAGALI HERNÁNDEZ RAMÍREZ, sin que lo haya hecho. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número VI-288/2020, promovido por Jorge Álvarez Banderas, gestionando a nombre de los quejosos directos JUAN MÉNDEZ MAGANDA, PATRICIA CORNEJO HUERTA y su menor hija ATIANA VALENTINA LEÓN CORNEJO, CLAUDIA LEONOR GONZÁLEZ GERINI y MAGALI HERNÁNDEZ RAMÍREZ, contra actos del Presidente de la República, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado electrónicamente el once de abril de dos mil veinte, Jorge Álvarez Banderas, gestionando a nombre de los quejosos directos JUAN MÉNDEZ MAGANDA, PATRICIA CORNEJO HUERTA y su menor hija ATIANA VALENTINA LEÓN CORNEJO, CLAUDIA LEONOR GONZÁLEZ GERINI y MAGALI HERNÁNDEZ RAMÍREZ, promovió demanda de amparo indirecto contra actos del Presidente de la República, con sede en Ciudad de México, y otras autoridades. SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. En la propia demanda de amparo, la parte quejosa precisó como violados en si perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º y 4º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de once de abril de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda relativa, misma que se registró bajo el número VI-288/2020; se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se dio la intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo ??????????????? sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, así como del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso, la parte quejosa reclama actos omisivos atribuidos a autoridades con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado, aunado a que los quejosos directos tienen su domicilio en esta ciudad. TERCERO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de garantías, deben contener "I. La fijación clara y precisa del acto reclamado"., es necesario precisar el reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo y de las constancias que integran el presente sumario, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.". Del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que el peticionario de garantías reclama en esta instancia constitucional: ? La omisión de aplicar las medidas y acciones sanitarias; la omisión de aplicar medidas de contención, así como de diversas medidas para evitar el contagio y detectar personas infectadas con el virus SARS-CoV- 2 (COVID-19), a fin de evitar su propagación; y, la omisión de practicar a los quejosos las pruebas para la detección de dicho virus. CUARTO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables se advierte que niegan la existencia de las omisiones reclamadas. No obstante lo anterior, dicha negativa se desvirtúa acorde a los siguientes razonamientos. En principio, es necesario precisar el concepto de "omisión", pues no todo "no hacer" por parte de una autoridad constituye un acto omisivo. 1 Publicada en la página 17, Tomo VI, Materia: Común, Jurisprudencia SCJN, Novena Época, del Apéndice 2000. ??????????????? Esto es, para que exista una conducta calificada jurídicamente como "omisión", no basta con una referencia al curso de una actuación humana (un no hacer), sino se requiere un elemento normativo previo, el cual haga previsible el actuar que no se llevó a cabo; pues, sin duda, sólo se omite algo en el contexto en que es relevante una actuación determinada, porque existe una obligación que así lo indica. En síntesis, omitir no es un mero "no actuar", sino un no actuar conforme la ley lo obliga. Desde esa perspectiva, para que exista una omisión (como conducta -aunque negativa- cualificada por el derecho), se deben reunir dos elementos, a saber: 1. Uno deóntico, el cual consiste en una obligación de hacer, a cargo del sujeto de derecho a quien se le imputa el acto omisivo, impuesta por una norma jurídica, ya sea una ley (regla de conducta general, abstracta e impersonal), o por una resolución judicial o administrativa (regla de conducta particular, concreta y personal); y, 2. Otro óntico o fáctico, relativo a una conducta pasiva ante esa obligación, esto es, un no hacer. Con base en la diferencia entre omisión y no hacer, debe precisarse que para verificar la certeza de los actos omisivos es necesario examinar si la autoridad a la cual se atribuye esa conducta se encuentra constreñida a actuar en el sentido pretendido por la parte quejosa, ya sea por la existencia de alguna norma que así lo disponga, o bien, por una resolución judicial o administrativa que así lo ordene. Enseguida, es necesario examinar si las autoridades responsables, conforme alguna norma jurídica, se encuentran obligados a actuar en el sentido indicado por la quejosa; es decir, si acorde con las facultades y obligaciones que ineludiblemente están constreñidos a ejercer, tienen el deber de dictar medidas preventivas para detectar casos de personas infectadas por el citado virus y evitar su propagación en el territorio nacional. Para dilucidar esa cuestión, en principio debe precisarse que de la demanda de amparo se advierte que los quejosos se duelen de que las autoridades referidas no han actuado en el sentido que indica; sin embargo, acorde a las facultades y/o atribuciones legales que les corresponden se advierte que, acorde al artículo 4º de la Ley General de Salud, tanto el Presidente de la República, como el Consejo de Salubridad General, la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, son autoridades sanitarias. Asimismo, en el diverso 134 de la Ley General de Salud, se establece la obligación de dichas autoridades de realizar actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de enfermedades transmisibles, para lo cual el ??????????????? artículo 184 los faculta para integrar brigadas especiales que actuarán bajo su dirección y responsabilidad. De tal modo que, del marco jurídico que integra la Ley General de Salud, es factible determinar que las responsables, en el ámbito de sus respectivas competencias, son autoridades sanitarias, las cuales pueden adoptar las medidas que estimen pertinentes para salvaguardar a la población, dentro de las cuales puede incluirse lo relativo a dictar medidas preventivas para detectar personas infectadas por ese virus y evitar así su propagación en el territorio nacional, de modo que sus determinaciones incumben a todo el país al ser declarada una pandemia por la Organización Mundial de la Salud. En ese contexto, pese a que en su informe hayan negado la existencia de las omisiones reclamadas, lo procedente es desvirtuar dicha negativa y presumir ciertos los actos reclamados, ello en atención a que a la fecha de presentación de a demanda de amparo subsistían las omisiones reclamadas, tal como queda evidenciado de las pruebas exhibidas en autos. Documentales que adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por tratarse de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones. QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. Previo al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, es necesario analizar las causales de improcedencia, en virtud de ser una cuestión de orden público y de previo análisis, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, el suscrito juzgador considera que el juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que han cesados los efectos de la omisión reclamada, actualizándose la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De la norma transcrita, se desprende que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o ??????????????? habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Al respecto, debe destacarse que la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado", hace referencia a la desaparición del acto de autoridad que originó el juicio de garantías, y en consecuencia, los efectos del mismo, como si el acto reclamado nunca hubiese acontecido, y a la parte quejosa no se le hubiere vulnerado garantía constitucional alguna. Esto, tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 9/98, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En ese sentido, no se entrará al estudio de fondo de las violaciones aducidas en la de la demanda de garantías, derivada del acto ahí reclamado, toda vez que durante la tramitación del presente juicio, sobrevino la causa de improcedencia antes referida. En efecto, la parte quejosa en su libelo constitucional fue precisa en señalar que su reclamo consistía, específicamente, en omisión de aplicar las medidas y acciones sanitarias; la omisión de aplicar medidas de contención, así como de diversas medidas para evitar el contagio y detectar personas infectadas con el virus SARSCoV- 2 (COVID-19), a fin de evitar su propagación; y, la omisión de practicar a los quejosos las pruebas para la detección de dicho virus. Ahora bien, de las constancias que obran agregadas en autos, toda vez que, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, las autoridades responsables adoptaron diversas acciones a fin de combatir y evitar la propagación del virus en comento, tales como emitir los decretos, acuerdos y protocolos en los que se establecieron las medidas preventivas que se debían implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), entre los que se dispuso evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, suspender temporalmente las actividades de los sectores público, social y privado que involucraran la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas. Posterior a ello, incluso la Secretaría de Salud dictó un acuerdo estableciendo acciones ??????????? extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el citado virus, como lo son la suspensión inmediata de actividades no esenciales y el resguardo domiciliario. De igual forma el veintiuno de abril de dos mil veinte la Secretaría de Salud, publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecían acciones extraordinarias para determinar que la suspensión de actividades no esenciales se ampliaría hasta el treinta de mayo de dos mil veinte. Del mismo modo el veintinueve de mayo de dos mil veinte, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de Actividades Económicas, con las respectivas medidas de protección para la población vulnerable, entre las que se destaca priorizar el trabajo a distancia a fin de reducir el riesgo de contagio. De las acciones precisadas se evidencia que la Secretaría de Salud del Gobierno Federal indicó a los integrantes del Sistema Nacional de Salud, a las autoridades civiles, militares y los particulares, así como a las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, las medidas preventivas que deberían poner en práctica con motivo del aludido virus; asimismo, hizo énfasis respecto de las personas que resultaban vulnerables al mismo. Bajo esa óptica, es que la omisión atribuida a las autoridades sanitarias, incluidas el Presidente de la República y las autoridades estatales, ha desaparecido, ya que la pretensión principal consistía en que se dictaran medidas y acciones sanitarias para evitar el contagio y propagación del virus; y, por tanto, han cesado los efectos de las omisiones reclamadas con el actuar de las autoridades en sentido positivo. Situación que también acontece respecto de la omisión de practicar a los quejosos directos la prueba de detección del virus, ello en atención a que en cumplimiento a la suspensión de plano decretada por este órgano jurisdiccional, el apoderado jurídico del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, informó que a fin de ser valorados los quejosos debían comparecer al módulo de enfermedades respiratorias en la puerta principal del Hospital General Dr. Miguel Silva, el lunes trece de abril de dos mil veinte, a las diez horas, a fin de que fueran valoradas y se emitiera un diagnóstico en el que se determinara si era procedente realizar la prueba acorde a los protocolos establecidos y de ser así, realizar la prueba respectiva; con lo que se estima que también quedó subsanada la omisión respectiva, ya que en todo caso correspondía a la parte quejosa presentarse voluntariamente para su valoración, diagnóstico y, en su caso, a que se le ??????????????? realizara la prueba, cuestión que ya no sería atribuible a las autoridades responsables. Máxime que las circunstancias precisadas no fueron desvirtuadas ni controvertidas por los promoventes del amparo, siendo que oportunamente se les dio vista con los informes respectivos y con las constancias relativas, de modo que estuvieron en aptitud de imponerse de las mismas y proponer los cuestionamientos y alegatos que a su interés convinieran. La circunstancia antes narrada hace patente que la omisión reclamada por la parte quejosa, ha cesado en cuanto a sus efectos, evidenciándose de este modo, que los efectos de la omisión reclamada, ha desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Además no debe perderse de vista que la omisión específica que aquí se reclama cesó totalmente en sus efectos; de modo que, si posteriormente llegara a existir una diversa omisión por parte de las autoridades responsables, dicha abstención sería distinta y desvinculada con la que aquí se combate, por lo que la parte quejosa estaría en aptitud de reclamarla en su momento, sin que pueda analizarse en el presente asunto por ser futura e incierta en el momento en que se resuelve. Resulta aplicable a lo anterior, el criterio sustentado por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, que señala lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En esas condiciones, al quedar plenamente justificada la causa de improcedencia examinada, inmersa en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio constitucional, con fundamento en el diverso numeral 63, fracción V, de la propia ley. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ??????????????? ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Jorge Álvarez Banderas, gestionando a nombre de los quejosos directos JUAN MÉNDEZ MAGANDA, PATRICIA CORNEJO HUERTA y su menor hija ATIANA VALENTINA LEÓN CORNEJO, CLAUDIA LEONOR GONZÁLEZ GERINI y MAGALI HERNÁNDEZ RAMÍREZ, en contra de las omisiones reclamadas a las autoridades responsables, atento a las razones contenidas en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy treinta de diciembre de dos mil veinte, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de octubre de dos mil veinte. INFORMA REPRESENTACIÓN PRESIDENCIAL Agréguese a los presentes autos la copia del oficio que remite el Consejero Adjunto, de la que se advierte que otorgó la representación presidencial en el presente asunto a la Secretaría de Salud, con sede en la Ciudad de México, sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento en torno al mismo, toda vez que en auto de siete de octubre en curso, se tuvo a la oficiante informando esa situación, y se proveyó lo conducente. CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Mach

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