Juan Octaviano Gonzalez Ambriz

Expediente 668/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
668/2019
Año
2019
Actuaciones
14
Última actuación
18/09/2019

Partes del expediente

  • Juan Octaviano Gonzalez Ambriz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintiocho de agosto del año en curso, en la que se sobreseyó en el presente asunto, promovido por la sucesión a bienes de Octaviano González Díaz; por tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de veintinueve de julio de dos mil diecinueve, dictado en el expediente del juicio de amparo X-668/2019, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la ley de amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las diez horas con cincuenta minutos del veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo X-668/2019 promovido por Juan Octaviano González Ambriz, contra actos del Juez Séptimo de lo Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo tiene reconocido el carácter de tercero interesado César Villicaña Moreno, quien se encuentra debidamente emplazado en autos. Además, se hace constar la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. Por último, se da cuenta que con el estado que guardan los autos, en específico, con los autos de veinticinco de junio y uno de julio del año en curso, en los que por una parte el promovente pretendió cumplir con la prevención formulada en autos y, por otra, se tuvo por evacuado lo solicitado para en último término admitir el libelo constitucional, por propio derecho. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede y, respecto al estado procesal que guardan los autos, toda vez que acuerdo de veinticinco de junio del actual se tuvo al promovente por dando cumplimiento parcial a la prevención formulada en autos, en concreto, lo inherente a la calidad con la que promovió este juicio constitucional, se subsana la admisión que por propio derecho se efectúo en auto de uno de julio siguiente, para tener a Octaviano González Ambriz accionando este juicio en calidad de albacea provisional de la sucesión a bienes de Octaviano González Díaz. EL SECRETARIO: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: a) Juez Séptimo de lo Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. b) Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Séptimo de lo Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. c) Actuaria adscrita al Juzgado Séptimo de lo Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas; Secretario, dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la autoridad señalada como responsable Juez Séptimo de lo Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, adjuntó como sustento de su informe la documental consistente en: a) Copia certificada de diversas actuaciones dentro del Juicio Sumario Civil 221/2019, mismas que con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO Se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. EL JUEZ: Al no existir alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número X-668/2019, promovido por Juan Octaviano González Ambriz en cuanto albacea provisional de la sucesión a bienes de Octaviano González Díaz, contra actos del Juez Séptimo de lo Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O : Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el once de junio de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta capital, y recibido por este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, en esa misma fecha, Juan Octaviano González Ambriz en cuanto albacea provisional de la sucesión a bienes de Octaviano González Díaz, promovió demanda de amparo contra actos del Juez Séptimo de lo Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Segundo. Substanciación del juicio. Previas prevenciones formuladas en autos, por auto de uno de julio de dos mil diecinueve, se admitió la demanda en cuestión, misma que fue registrada originalmente bajo el número X-668/2019; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que fue levantada en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución General de la República, en relación con el 36 y 114, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos emitidos por autoridades judiciales residentes en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado. Segundo. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías, demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000 , emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, sus escritos aclaratorios y demás constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional consisten en:  El ilegal emplazamiento que se practicó a la parte demandada dentro del Juicio Ordinario Civil 221/2019 que sobre rescisión de contrato de arrendamiento promovió César Villicaña Moreno frente a Diagnóstico por Imagen Torreón Nuevo Sociedad Anónima de Capital Variable, del índice del Juzgado Séptimo Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, así como todas sus consecuencias, incluida la sentencia dictada dentro de dicho juicio, así como su procedimiento de ejecución. Tercero. Certeza del acto reclamado. Del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables se advierte que aceptaron la existencia del acto reclamado, a cuyo efecto remitieron copia certificada del juicio de origen 221/2019, del que deriva el acto reclamado. Prueba documental pública a la que se le concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones, la cual, con arreglo a la ley, goza de fe pública. Quinto. Causales de improcedencia. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a la luz de los motivos de disenso expuestos por la parte quejosa, debe abordarse el estudio de la causal de improcedencia que se estima actualizada en la especie, por ser ello una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este juzgado de Distrito estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" La hipótesis citada, debe analizarse conjuntamente con lo que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" De los artículos transcritos, se obtiene que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, aquella que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la Constitución Federal, a virtud del acto de autoridad que se reclama; circunstancia que, a su vez, habrá de trascender en la esfera jurídica de la parte quejosa de manera directa -interés jurídico- o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico -interés legítimo-. Dichas figuras (interés jurídico o legítimo) están referidas u orientadas a cuestiones de legitimación en la causa, pues en ambas se pretende la protección de derechos bajo modalidades distintas, en el caso del interés jurídico, la protección de los derechos subjetivos individuales directos y, en el legítimo, aquellos de grupo o individuales indirectos. Cabe señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 141/2002, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.", estableció que el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Asimismo, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), que a continuación se transcribe, ha determinado que para acreditar el interés jurídico, debe demostrarse lo siguiente: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. En relación con el interés legítimo, el referido órgano colegiado estableció que su demostración requiere la comprobación de los aspectos siguientes: a) La existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) Que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) El promovente pertenezca a esa colectividad. En la inteligencia de que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, ya que así lo dispone expresamente el artículo 107, fracción I, constitucional. Bajo ese contexto, corresponde al juzgador de amparo determinar en función del caso concreto, si se está o no en presencia de un supuesto donde deba analizarse el interés jurídico o el legítimo (en el entendido de que uno excluye al otro), para lo cual resulta útil atender a la condición legal del sujeto frente al acto reclamado, en conjunción con las pruebas y la naturaleza jurídica tanto del acto como de la autoridad responsable, dado que estos factores, conjuntamente, influyen para determinar cuál interés busca protegerse. Ahora bien, tenemos que la sucesión quejosa reclama el ilegal emplazamiento que se practicó a la parte demandada dentro del Juicio Ordinario Civil 221/2019 que sobre rescisión de contrato de arrendamiento promovió César Villicaña Moreno frente a Diagnóstico por Imagen Torreón Nuevo Sociedad Anónima de Capital Variable, del índice del Juzgado Séptimo Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, así como todas sus consecuencias, incluida la sentencia dictada dentro de dicho juicio, así como su procedimiento de ejecución. De inicio, se considera que la sucesión quejosa no tiene interés jurídico respecto de los actos que reclama en este juicio constitucional, dado que al no ser parte dentro del controvertido de origen, los actos ahí dictados no afectan la esfera jurídica de la sucesión que representa, precisamente, porque no se encuentran dirigidos a su persona. Es decir, el juicio de origen se promovió en contra de la moral Diagnóstico por Imagen Torreón Nuevo Sociedad Anónima de Capital Variable, quien reciente las consecuencias jurídicas de haber sido emplazada a un procedimiento jurisdiccional e, incluso, al haberse dictado sentencia en su contra, los actos de ejecución se encuentra dirigidos a la citada moral, sin que se advierta afectación alguna a los intereses jurídicos de la parte aquí quejosa. Lo anterior, sin que obste el hecho de que el albacea aduzca que el finado Octaviano González Díaz era el administrador único de la moral demandada y que, con base en ello, pretende controvertir el emplazamiento practicado el pasado dos de abril de dos mil diecinueve, ya que además de que dicha circunstancia no se encuentra acreditada en autos, la representación que eventualmente le hubiera correspondido al citado finado, no es un derecho personal que ahora se encuentre dentro de la esfera jurídica de su sucesión, de modo que la ilegalidad del emplazamiento practicado a la moral demandada, únicamente puede ser reclamado en juicio constitucional a través de quien actualmente ostente la representación de la sociedad, no así la sucesión del finado administrador. En esas condiciones, es indudable que la sucesión quejosa no demostró el interés jurídico necesario para reclamar los actos emanados del juicio ordinario civil 522/2017, en razón de que no acreditó con medios de prueba idóneos el derecho que le asiste. Razón por la cual incumplió con la carga probatoria que le corresponde, en términos de la jurisprudencia 1a./J. 1/2002, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA.". En consecuencia, al no haberse acreditado el interés jurídico de la parte quejosa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo cual conduce a sobreseer en el juicio, de conformidad con lo previsto en el numeral 63, fracción V, de la mencionada ley. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de garantías. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 74, 76, 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por la sucesión a bienes de Octaviano González Díaz, contra del acto reclamado al Juez Séptimo de lo Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por las razones contenidas en el último considerando del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, ante Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario quien autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de julio de dos mil diecinueve. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que el tercero interesado ******************** se imponga del contenido de los presentes autos; en tal virtud, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza. Doy Feoms

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de julio de dos mil diecinueve. AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Juez Séptimo de lo Civil de este Distrito Judicial, a través del cual informa que mediante diligencia de diecinueve de julio de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la entrega real y material del inmueble ubicado en la Avenida Torreón Nuevo, número 1601 local 60, Colonia Villas del Real, de esta ciudad y al efecto anexa copia certificada de dicha actuación, misma que con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de lo anterior en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.

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