Juan Manuel Sánchez Couto

Expediente 406/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
406/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
10/06/2022

Partes del expediente

  • Juan Manuel Sánchez Couto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de junio de dos mil veintidós. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente asunto, promovido por Juan Manuel Sánchez Couto; por tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. SE ORDENA ARCHIVO. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de que se SOBRESEYÓ, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo X-406/2022 promovido por Juan Manuel Sánchez Couto, por conducto de su apoderado jurídico, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede; Secretario, dé cuenta con el informe justificado rendido en autos. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas; Secretario, dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la autoridad señalada como responsable adjuntó como sustento de su informe la documental consistente en: Copia certificada de diversas actuaciones dentro del expediente 4A-344/2020. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO Se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. EL JUEZ: Al no existir alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resoluciónV I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número X-406/2022, promovido por Juan Manuel Sánchez Couto, por conducto de su apoderado, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el doce de abril de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, Juan Manuel Sánchez Couto, por conducto de su apoderado, promovió juicio de amparo contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. El quejoso precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En proveído de diecinueve de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo registrándose con el número de expediente X-406/2022; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar en los términos que anteceden, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por territorio, materia y grado para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que se reclama una omisión de naturaleza laboral de una autoridad que tiene ejecución dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal tiene jurisdicción y competencia mixta. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se obtiene que el acto reclamado consiste en: La omisión de declarar cerrada la instrucción y dictar laudo en el juicio ordinario laboral 4A-344/2020 del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. TERCERO.- Inexistencia del acto reclamado. Al rendir su respectivo informe justificado, la autoridad responsable negó la existencia del acto omisivo que la parte quejosa le atribuyó. Lo que acreditó con las constancias adjuntas, de las que se advierte la inexistencia de la omisión reclamada; mismas que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197, 202 y 203 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, por tratarse de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. En apoyo a lo anterior se invoca, la jurisprudencia de contenido literal siguiente: "Época: Octava Época Registro: 227634 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989 Materia(s): Común Tesis: VI. 2o. J/20 Página: 627 INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Amparo en revisión 185/88. Hugolino González Méndez y otros. 23 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Patlán Origel. Amparo en revisión 313/88. Pascual Espinoza Palma. 11 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Núñez Rivera. Amparo en revisión 414/88. María Isabel Zárate Romero. 4 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Núñez Rivera. Amparo en revisión 420/88. José Ruperto Anaya Pérez. 12 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Amparo en revisión 208/89. Enrique Flores Rojas. 4 de julio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez". Lo anterior es así, dado que si bien la parte quejosa reclamó en su escrito inicial presentado el doce de abril de dos mil veintidós, que la autoridad responsable había sido omisa en dictar laudo en el juicio ordinario laboral 4A-344/2020; lo cierto es que de las constancias que adjuntó a su informe justificado, se advierte que desde el ocho de abril del año en curso, esto es, de manera anterior a la presentación de la demanda dictó el laudo respectivo, previo cierre de instrucción, tal como se asentó en el resultando cuarto de tal determinación. En tales circunstancias, es evidente la inexistencia del acto reclamado, dado que antes de la fecha de presentación de la demanda, esto es, el doce de abril de dos mil veintidós, no existía la dilación procesal que reclama en el presente asunto. En tales condiciones, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en este juicio de amparo, ante la evidente inexistencia del acto que la parte quejosa reclamó a la autoridad responsable. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el suscrito se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la jurisprudencia número 1028, que dispone: "Época: Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. Amparo en revisión 81/90. Pablo Zacatenco Ríos. 10 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Fernando Hernández Piña. Amparo en revisión 258/91. Esperanza Martínez de Rodríguez. 21 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretario: Pedro A. Rodríguez Díaz. Recurso de revisión 433/91. Nacional Financiera, S.N.C. 6 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 108/92. Felipe de Jesús Negrete Sotomayor. 20 de mayo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 130/93. Dominique Javier Bagnoud Lalquette. 18 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretaria: Gabriela Bravo Hernández". No obsta a lo anterior, el hecho de que aún no haya transcurrido el término de ocho días establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, respecto del informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, que se puso a la vista en auto de diecisiete de los corrientes, ya que lo cierto es que se actualizó una causal de improcedencia del juicio de amparo que no es posible desvirtuar ni aun cuando transcurriera dicho término, por lo que resulta innecesario esperar a que transcurra el mismo, pues con ello se retardaría la impartición de justicia. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Juan Manuel Sánchez Couto, respecto del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, de conformidad con lo expuesto en el tercer considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo sentenció y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    POR MEDIO DE LISTA, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, POR SÍ O A TRAVÉS DE SUS AUTORIZADOS, LA RESOLUCIÓN CON ENGROSE DE VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN LO CONDUCENTE REFIERE:.********************V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número VIII-1246/2019, promovido por ********************contra actos del Juez Primero Menor Mixto de Zamora, Michoacán, y otra autoridad; y, ********************R E S U L T A N D O : ********************PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, y remitido a este juzgado en esa misma fecha, ********************promovió demanda de garantías contra actos del Juez Primero Menor Mixto de Zamora, Michoacán, y otra autoridad. ********************La parte quejosa estimó violados en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.********************SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Previa aclaración del escrito inicial de demanda y ratificación del escrito aclaratorio, por auto de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, este juzgado admitió a trámite la demanda de amparo; se requirió a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; se dio intervención al representante social de la adscripción; y, finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional, en términos del acta que antecede; y,********************C O N S I D E R A N D O : ********************PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. En términos de lo señalando en los artículos primero y quinto transitorio del Decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el presente asunto, será resuelto conforme a la ley vigente a partir del día tres de abril de dos mil trece, al haberse presentado la demanda de amparo con posterioridad a la entrada en vigor de la citada ley.********************No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, cuyo contenido no se oponga a lo que la ley vigente de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la citada ley.********************SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridad con residencia en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado.********************TERCERO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de garantías, deben contener "I. La fijación clara y precisa del acto reclamado"., es necesario precisar el reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo y de las constancias que integran el presente sumario, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: ********************"ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.".********************Del análisis integral de la demanda de amparo y demás documentos que obran agregados en autos, se aprecia que la parte quejosa reclama del Juez y Actuario, ambos adscritos al Juzgado Primero Menor Mixto de Zamora, Michoacán:********************El emplazamiento practicado el diecinueve de abril de dos mil diecisiete, en el juicio ejecutivo mercantil 430/2016, promovido por ********************, frente al aquí quejoso ******************** y otros; y como consecuencia de ello, todo lo actuado en el aludido controvertido.********************CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Del contenido del informe justificado rendido por las autoridades responsables se advierte que aceptan la existencia del acto reclamado.********************Lo que se corrobora con las documentales remitidas por las autoridades responsables, mismas que adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por tratarse de copia certificada de actuaciones expedidas por autoridades facultadas para ello.********************QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por el promovente del amparo, en función a que el suscrito juzgador no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª./J58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN."********************SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. Los conceptos de violación vertidos por el quejoso son fundados y suficientes para conceder el amparo y protección de la justicia federal, aunque para ello haya que suplir en lo necesario su deficiencia en términos de la fracción VI del artículo 79 de la Ley de Amparo.********************Sirve de apoyo jurídico a lo anterior, la jurisprudencia de los datos de identificación, rubro y texto siguientes: ********************Registro digital: 190656********************Instancia: Pleno********************Novena Época********************Materias(s): Común********************Tesis: P./J. 149/2000 ********************Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Diciembre de 2000, página 22********************Tipo: Jurisprudencia****************************************SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón.****************************************En los conceptos de violación, el quejoso señala que se viola en su perjuicio el contenido del artículo 14 Constitucional, pues estima que el emplazamiento que se le hizo en el juicio de origen fue ilegal.********************Lo anterior, suplido en su deficiencia, como se adelantó, es fundado, conforme a los razonamientos que se expondrán a continuación.********************En principio, de las constancias relativas al juicio de origen, mismas que fueron previamente valoradas, se desprenden los siguientes antecedentes:********************Ante el Juzgado Primero Menor Mixto de Zamora, Michoacán, se radicó el juicio ejecutivo mercantil 430/2016, promovido por ********************, frente al aquí quejoso ******************** y otros, a cuyo efecto la parte actora, aquí tercero interesada, proporcionó como domicilio del citado quejoso el ubicado en la calle ********************, lo anterior a efecto de lograr su emplazamiento a juicio.********************En mérito de ello, por auto de nueve de junio de dos mil dieciséis, se comisionó al Actuario adscrito al juzgado primigenio para que procediera a dar cumplimiento a la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento.******************** Siendo así que por razón de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, el actuario responsable señaló la imposibilidad que tuvo para dar cumplimiento a lo encomendado al manifestar: ". no se encontraba ninguna persona en el domicilio de referencia esto porque se encontraba cerrado el domicilio además porque por un lapso de 15 quince minutos no obtuvimos respuesta de alguna persona que viviera en dicho domicilio.". ********************En mérito de ello y a petición de la parte quejosa, el veintisiete de enero de dos mil diecisiete, se inició la investigación del domicilio del aquí quejoso a efecto de emplazarlo a juicio, girando oficios a diversas autoridades para tal fin.******************** Como resultado de dicha investigación, en proveído de cinco de abril de dos mil diecisiete, se comisionó al actuario responsable para que se constituyera en el domicilio ubicado en ********************y realizara la diligencia encomendada. ********************En cumplimiento a lo anterior, el dieciocho de abril de dos mil diecisiete, la actuaria responsable se constituyó en el referido domicilio, donde fue atendida por ********************quien se identificó con la credencial de elector número ******************** y refirió ser cuñada del quejoso, señalando que ese era el domicilio de la persona buscada, pero que no se encontraba por el momento; por lo que procedió a dejar el citatorio correspondiente a fin de que lo esperara el día diecinueve de abril de dos mil diecisiete, a las trece horas con veinte minutos.********************Llegada la fecha y hora precisada, el actuario se constituyó de nueva cuenta en el citado inmueble sin que persona alguna atendiera su llamado (no obstante, la fedataria adujo que corroboró el domicilio con lo manifestado un día anterior por quien la atendió para dejar citatorio); por lo que procedió a emplazar al demandado por medio de instructivo fijado en la puerta, a cuyo efecto precisó el final del acta relativa y con diversa tipología de letra, que las copias de traslado quedaban a disposición del demandado en la secretaría del Juzgado Primero Menor Mixto de la ciudad de Zamora, Michoacán. ********************Una vez seguido el juicio por sus cauces legales, sin que el quejoso compareciera a este, el quince de agosto de dos mil diecisiete, se dictó sentencia definitiva condenatoria; y, posteriormente, se procedió a la ejecución de la sentencia.********************Ahora bien, el segundo párrafo del artículo 14 constitucional exige para la plena satisfacción de la garantía de audiencia previa al acto privativo de la libertad o de las propiedades, posesiones o derechos, la existencia de un ".juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho".********************El Tribunal Pleno del Máximo Tribunal, en su jurisprudencia 47/95, y en diverso criterio, determinó que las formalidades esenciales del procedimiento son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: ********************a) Notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; ********************b) Oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; ********************c) Oportunidad de alegar; y, ********************d) Dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas; y, ********************e) La posibilidad de impugnarla.********************La jurisprudencia aludida, establece:********************"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado".********************Conforme a la jurisprudencia transcrita, la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias constituye una formalidad esencial del procedimiento que, de no respetarse, impide u obstaculiza una adecuada defensa.********************En consecuencia, la falta o el defectuoso emplazamiento del demandado al juicio natural constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades esenciales del procedimiento, pues afecta la exigencia de que a aquél se le dé la oportunidad de alegar lo que a su derecho convenga, así como la de ofrecer y desahogar las pruebas que estime pertinentes, lo que lógicamente implica colocarlo en un serio estado de indefensión.********************El propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que en las materias civil, mercantil y administrativa, la falta de emplazamiento del demandado al juicio natural o la práctica defectuosa de esa diligencia constituye una violación manifiesta a la ley que produce indefensión. ********************Por ende, al respecto los juzgadores de amparo deben suplir la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios del particular recurrente con fundamento en la entonces fracción VI del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo (79, fracción VI, de la ley en vigor), lo que implica que no pueden dejar de examinar esa cuestión solo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda, ni estimar inoperantes los agravios relativos por esa razón.********************Así se establece en la tesis de jurisprudencia P./J. 149/2000, de rubro: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL.". ********************Precisado lo anterior, a efecto de analizar la legalidad del emplazamiento reclamado por el quejoso, se tiene que los artículos del Código de Comercio, que establecen las formalidades conformes a las cuales debe realizarse el emplazamiento en los juicios mercantiles son, en lo que interesa, los siguientes:********************Artículo 1069. Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial, deben designar domicilio ubicado en el lugar del juicio para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias. Igualmente deben designar el domicilio en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promueven.********************Cuando un litigante no cumpla con la primera parte de este artículo las notificaciones se harán conforme a las Reglas para las notificaciones que no deban ser personales, hasta en tanto sea señalado domicilio para los efectos referidos. Si no se designare domicilio de la contraparte, se le requerirá para que lo haga, y si lo ignoran se procederá en los términos del artículo siguiente.********************Las partes podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a una o varias personas con capacidad legal, quienes quedarán facultadas para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. Las personas autorizadas conforme a la primera parte de este párrafo, deberán acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado o licenciado en Derecho, debiendo proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización y mostrar la cédula profesional o carta de pasante para la práctica de la abogacía en las diligencias de prueba en que intervengan, en el entendido que el autorizado que no cumpla con lo anterior, perderá la facultad a que se refiere este artículo en perjuicio de la parte que lo hubiere designado, y únicamente tendrá las que se indican en el penúltimo párrafo de este artículo.********************Las personas autorizadas en los términos de este artículo, serán responsables de los daños y perjuicios que causen ante el que los autorice, de acuerdo a las disposiciones aplicables del Código Civil Federal, relativas al mandato y las demás conexas. Los autorizados podrán renunciar a dicha calidad, mediante escrito presentado al tribunal, haciendo saber las causas de la renuncia.********************Los tribunales llevarán un libro de registro de cédulas profesionales de abogados, en donde podrán registrarse los profesionistas autorizados.********************Las partes podrán designar personas solamente autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquiera con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refieren los párrafos anteriores.********************El juez al acordar lo relativo a la autorización a que se refiere este artículo deberá expresar con toda claridad el alcance con el que se reconoce la autorización otorgada.********************Artículo 1392. Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el demandado sea requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del actor, en depósito de persona nombrada por éste.********************En todo momento, el actor tendrá acceso a los bienes embargados, a efecto de verificar que no hayan sido dispuestos, sustraídos, su estado y la suficiencia de la garantía, para lo cual, podrá además solicitar la práctica de avalúos. De ser el caso, el actor podrá solicitar la ampliación de embargo, salvo que la depreciación del bien haya sido por causas imputables al mismo o a la persona nombrada para la custodia del bien.********************Artículo 1393. No encontrándose el demandado a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos.********************Una vez que el actuario o ejecutor se cerciore de que en el domicilio sí habita la persona buscada y después de la habilitación de días y horas inhábiles, de persistir la negativa de abrir o de atender la diligencia, el actuario dará fe para que el Juez ordene dicha diligencia por medio de edictos sin girar oficios para la localización del domicilio.********************Artículo 1394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al demandado, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación, se emplazará al demandado.********************En todos los casos se le entregará a dicho demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061.********************La diligencia de embargo no se suspenderá por ningún motivo, sino que se llevará adelante hasta su conclusión, dejando al demandado sus derechos a salvo para que los haga valer como le convenga durante el juicio.********************En todos los casos, practicada la diligencia de ejecución decretada, el ejecutor entregará también al ejecutante copia del acta que se levante o constancia firmada por él, en que conste los bienes que hayan sido embargados y el nombre, apellidos y domicilio del depositario designado.********************La copia o constancia que se entregue al ejecutante podrá servir para el caso de haberse embargado bienes inmuebles, para que la misma se presente al Registro Público de la Propiedad, o del Comercio, dentro de los tres días siguientes, para su inscripción preventiva, la cual tendrá los mismos efectos que se señalan para los avisos de los notarios en los términos de la parte final del artículo 3016 del Código Civil, y el juez, dentro de un término máximo de cinco días, deberá poner a disposición del interesado el oficio respectivo junto con copia certificada de la diligencia de embargo para su inscripción.********************El juez, en ningún caso, suspenderá su jurisdicción para dejar de resolver todo lo concerniente al embargo, su inscripción en el Registro Público que corresponda, desembargo, rendición de cuentas por el depositario respecto de los gastos de administración y de las demás medidas urgentes, provisionales o no, relativas a los actos anteriores.********************Como se aprecia, la finalidad de la actuación del emplazamiento se centra en que la parte demandada tenga conocimiento íntegro y, en lo posible directo, de la pretensión deducida en su contra por la parte actora; así como de las actuaciones de inicio y trámite previos al primer llamamiento a juicio.********************Para tal efecto, el emplazamiento debe practicarse en el lugar designado y en la persona misma que deba ser notificada; si no lo encuentra, el actuario judicial deberá:********************Cerciorarse que el domicilio en el que se constituye, es precisamente en el que vive el demandado y está en la población.********************Dejarle citatorio para hora fija, y si no espera, se practicará la diligencia con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del código aplicable, a quien también se dejarán las copias de traslado.********************Sobre esa base, debe decirse que si bien el notificador practicó el emplazamiento reclamado en el domicilio señalado por la actora, empero, no se cercioró de que el demandado, aquí quejoso, estuviera en la ciudad, por lo que tal ausencia resulta incierta al desconocerse si tal ausencia era temporal o indefinida, ello incluso a fin de justificar el tiempo que mediaría entre la hora de la primera búsqueda y la hora de la citación.********************Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia que a continuación se transcribe: ****************************************Registro digital: 2014523********************Instancia: Plenos de Circuito********************Décima Época********************Materias(s): Civil********************Tesis: PC.III.C. J/31 C (10a.)********************Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 43, Junio de 2017, Tomo III, página 1797********************Tipo: Jurisprudencia****************************************EMPLAZAMIENTO. EN EL ACTA DE ENTREGA DEL CITATORIO CORRESPONDIENTE, EL FUNCIONARIO JUDICIAL DEBE ASENTAR LAS RAZONES POR LAS QUE FIJÓ DETERMINADA HORA PARA QUE EL DEMANDADO LO ESPERE. De los artículos 112, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, en su texto publicado en el Periódico Oficial local el 30 de diciembre de 2003, y 1393 del Código de Comercio, que son análogos a la disposición de la ley procesal civil de Michoacán analizada en la jurisprudencia 1a./J. 186/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se colige que, conforme a lo determinado en dicha jurisprudencia, los funcionarios judiciales que actúan con las facultades establecidas en los referidos numerales, están obligados a señalar en el acta de entrega del citatorio correspondiente, las razones por las que fijan determinada hora para que el demandado espere, a efecto de emplazarlo; con independencia de que el plazo fijado sea el menor, el mayor o el intermedio que contemplan los preceptos legales en cuestión, ya que lo trascendente para verificar el respeto al derecho de audiencia del demandado, consignado en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es que la fijación de tal plazo atienda a las reglas del sentido común, de la lógica y de la experiencia, así como a las circunstancias que le hayan sido manifestadas al diligenciario en la primera búsqueda o, incluso, al contexto del lugar o población, a fin de que, en lo posible, se garantice que el interesado tenga real conocimiento del citatorio; debiéndose asentar, además, en el acta correspondiente, las razones por las que el notificador determinó la hora fijada en el citatorio, por tratarse de un acto de autoridad que debe estar debidamente fundado y motivado.********************Aunado a lo anterior, la imprecisión del dato relativo a la identificación de la persona con quien atendió la primera búsqueda, ya que en el acta relativa se señaló que se identificó con credencial de elector 2453104324842 y en la razón de citatorio se precisó un número distinto, esto es, el ********************. ********************De igual forma si bien es verdad que al dejar el citatorio el actuario responsable dijo que entendió la diligencia con ********************mientras que en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento asentó nuevamente que se cercioró del domicilio por el dicho de la misma persona, aunque ella no se encontraba presente en ese momento (tanto es así que indicó haber tocado la puerta por cinco minutos sin respuesta). ********************Ello no obstante que en este tipo de diligencias es menester que los actuarios precisen los medios de cercioramiento directos y que perciban en el momento de la diligencia; y no así en elementos previos o diversos a los advirtió al momento de emprender la actuación. ********************Asimismo, es de destacarse que al constituirse nuevamente en el domicilio señalado, el actuario responsable precisó que procedió a tocar la puerta de acceso por un espacio de cinco minutos sin existir respuesta en su interior y sin que nadie lo atendiera pese al citatorio, que ante la imposibilidad de cumplir con lo ordenado en el auto de exequendo, la parte actora se reservó el derecho de promover lo procedente, por lo que con copia del acta el actuario responsable emplazó al demandado a través de instructivo que dejó fijado en la puerta, haciendo del conocimiento de la parte demandada que las copias de traslado quedaban a su disposición en la secretaría del Juzgado Primero Menor Mixto de Zamora, Michoacán, para concluir reservándose el derecho de dar cuenta al juez de los autos.********************Contraviniendo con ello lo dispuesto por el artículo 1393 del Código de Comercio, toda vez que dicha porción normativa señala que una vez que el actuario o ejecutor se cerciore de que en el domicilio sí habita la persona buscada y después de la habilitación de días y horas inhábiles, de persistir la negativa de abrir o de atender la diligencia, el actuario dará fe para que el Juez ordene dicha diligencia por medio de edictos sin girar oficios para la localización del domicilio.********************Por lo que, ante la imposibilidad destacada en la segunda búsqueda por parte del actuario, correspondía a este dar cuenta al juez de los autos para que se habilitaran días y horas inhábiles a fin de que se verificara la diligencia encomendada; y, en caso de persistir tal obstáculo, nuevamente se diera cuenta a fin de que el juez rector de los autos ordenara la práctica de la diligencia por medio de edictos, no así por medio de instructivo.********************Máxime que en la parte inferior del acta relativa, con diversa tipología de letra, se asentó que las copias de traslado se dejaban a disposición de la parte demandada en la secretaría del Juzgado Primero Menor Mixto de Zamora, Michoacán, siendo que si en ese acto se emplazó al demandado, aquí quejoso y se precisó que contaba con el término de ocho días hábiles para presentarse a hacer el pago o a excepcionarse, era indispensable que junto con el instructivo se dejaran las copias de traslado a fin de que estuviera en aptitud de hacer valer sus derechos, para lo cual incluso era necesario que se describieran los mismos. ********************Ello en atención a que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, en la ejecutoria que derivó la tesis de jurisprudencia 1a./J. 39/2020 (10a.), que cuando una ley procesal establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a esta, ello implica que, a través de la exigencia de tal formalidad (entrega de copias de los documentos), la legislación procesal busca que se observen las normas constitucionales que reconocen el derecho de audiencia, de debido proceso y de certeza jurídica.********************Tal jurisprudencia que emanó de la ejecutoria precisada es de los datos de identificación, rubro y texto siguientes:********************Registro digital: 2022118********************Instancia: Primera Sala********************Décima Época********************Materias(s): Civil********************Tesis: 1a./J. 39/2020 (10a.)********************Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, página 204********************Tipo: Jurisprudencia****************************************EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE CORRE TRASLADO. Hechos: Los órganos colegiados contendientes analizaron si como requisito de validez del emplazamiento, el actuario o notificador debe describir cuáles son las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda con las que corre traslado.****************************************Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba a la convicción de que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado.********************Justificación: La importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del procedimiento. En ese sentido, los preceptos que establecen las formalidades del emplazamiento a un procedimiento jurisdiccional deben interpretarse de conformidad con las normas constitucionales que reconocen el derecho de audiencia, al debido proceso y de certeza jurídica. Esto último se traduce en que para considerar que el emplazamiento a juicio cumple con su finalidad constitucional de garantizar al demandado el pleno ejercicio a la defensa, la información que a través de él se proporcione al enjuiciado debe otorgar la suficiente certeza jurídica respecto a la fidelidad de los términos en los que el accionante formuló su demanda y de los documentos que adjuntó a ésta. Dicho de otro modo, la finalidad legal y constitucional del emplazamiento no es la de proporcionar al demandado cualquier información o información incompleta respecto al juicio instaurado en su contra por la actora, sino que tal finalidad consiste en que el emplazado tenga conocimiento cierto y completo, no únicamente de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción, a fin de estar en posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante actos jurídicos como contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que considere necesarias para su defensa. Bajo esta lógica, si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son esos documentos que se adjuntaron y con cuyas copias corrió traslado. Tal formalidad en el emplazamiento no constituye un requisito irrazonable o difícil de cumplir por parte del actuario o notificador, pues éste sólo debe identificar en el acta de emplazamiento cuáles son, en cada caso, los anexos con cuyas copias corre traslado.********************Lo anterior pone de manifiesto que la finalidad de que al practicarse el emplazamiento se corra traslado con copia de los documentos respectivos, no es otra que la de garantizar que la persona emplazada tenga conocimiento cierto y completo, no sólo de las prestaciones que se le reclaman, sino también de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción; a fin de estar en condiciones de contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que considere necesarias para su defensa, ya que es a partir de esos documentos que se adjuntan a la demanda que la parte demandada adquiere conocimiento pleno y cierto de aquella información que le permitirá ejercer su derecho a la defensa.********************De ahí que al no dejar los documentos anexos ni precisar o describir los mismos, la parte enjuiciada no podía establecer con la certeza suficiente para formular excepciones y defensas si existe legitimación en la causa, si operó o no la prescripción de la acción, si el derecho procede en menor medida que lo reclamado o si el órgano jurisdiccional es competente o no, ni tampoco estaría en aptitud de oponer una excepción de falta de legitimación en el proceso, por ejemplo.********************De tal modo que la formalidad del emplazamiento consistente en correr trasladado con las copias de los documentos que se adjuntan al escrito de demanda, tiene por objeto el permitir al emplazado acceder, de forma cierta, a aquella información que le permitirá ejercer plenamente su derecho a la defensa.********************Lo anterior, al margen de que genera suspicacia el hecho de que el actuario responsable hubiera agregado al final del acta cuyo contenido estaba preimpreso con un tipo de letra, lo relativo a que se dejaban las copias de traslado a disposición del reo, con otro tipo y resaltado de letra al usado en el resto del documento.********************Por tanto, una vez destacadas las irregularidades en el emplazamiento del aquí quejoso, quien suscribe considera que la diligencia de emplazamiento no cumplió su objetivo constitucional al no apegarse a las disposiciones legales aplicables, además de que no se proporcionó al demandado aquella información que le permitiría ejercer adecuadamente su derecho a la defensa.********************Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial que a continuación se transcribe:********************Registro digital: 200234********************Instancia: Pleno********************Novena Época********************Materias(s): Constitucional, Común********************Tesis: P./J. 47/95 ********************Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre de 1995, página 133********************Tipo: Jurisprudencia********************FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.********************En esas condiciones, dado lo fundado de los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, lo procedente es concederle la protección de la Justicia Federal que solicitó contra los actos del Juez Primero Menor Mixto de Zamora, Michoacán, en su calidad de autoridad responsable ordenadora, para el efecto de que:********************Deje sin efectos el emplazamiento del aquí quejoso ********************en el juicio ejecutivo mercantil 430/2016, así como todo lo actuado en dicha controversia a partir de tal diligencia, incluyendo los actos de ejecución tales como el embargo del salario del citado promovente del amparo, por ser consecuencia directa del emplazamiento que en forma ilegal se practicó al quejoso.********************Sirve de apoyo a lo anterior la tesis que a continuación se transcribe: ********************Registro digital: 2012041********************Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito********************Décima Época********************Materias(s): Común********************Tesis: VII.2o.C.36 K (10a.)********************Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 32, Julio de 2016, Tomo III, página 2244********************Tipo: Aislada****************************************TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO. LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO DEPENDEN DEL SUPUESTO EN QUE SE UBIQUE EL QUEJOSO CON ESE CARÁCTER. En la práctica judicial se presentan diversos supuestos de persona extraña a juicio que se ha considerado conveniente clasificar con el fin de establecer, del modo más preciso posible, cuáles habrán de ser los efectos de la protección constitucional en cada una de esas hipótesis. Así, se tiene: I. Al tercero extraño stricto sensu que se identifica con la persona física o moral distinta de los sujetos que forman parte de una controversia; en esta hipótesis, al ser ajeno a la litis ventilada en el juicio, el concepto de persona extraña es menester ubicarlo como opuesto al de parte procesal. De resultar en el amparo que efectivamente el quejoso es extraño a la controversia, conforme al principio establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo, en restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación el efecto natural de la salvaguarda constitucional solamente se constreñirá en reintegrarlo en el goce de sus derechos que, involucrados en el litigio al que es ajeno, le fueron afectados; esto es, se le restituirá, por ejemplo, en el disfrute de su derecho de propiedad sobre un bien que ha sido embargado en un juicio en que no es parte; al no ser partícipe de esa relación procesal, es claro que no puede verse favorecido ni perjudicado por los actos que se lleven a cabo en la contienda. De ese modo, la concesión del amparo no implicará la nulidad de todo lo actuado en el juicio natural al que se es extraño, en mérito a que al acudir al juicio de garantías la única intención del tercero en comento es simplemente extraer de aquella controversia sus derechos; no le interesa una declaratoria de nulidad total del juicio porque, se reitera, es ajeno a la relación jurídica en él ventilada. II. El tercero extraño por equiparación que de acuerdo con la jurisprudencia se presenta con las siguientes modalidades: a) El tercero extraño equiparado simple que se define como el sujeto que es parte del juicio natural por ser el demandado, y no es llamado correctamente virtud a un ilegal emplazamiento, lo que le impidió apersonarse a fin de desplegar su defensa; bajo esa condición, evidentemente que será extraño a todo lo actuado en el pleito. En este supuesto el efecto de una sentencia protectora se traducirá simplemente en que se declare nulo el juicio a partir del inexacto emplazamiento, resultando inválidas todas las actuaciones posteriores; en materia civil, a partir de ese momento de restitución, la continuación y conclusión de la contienda quedarán sujetas al principio de derecho rogado que la rige, por lo que será la instancia de las partes la que defina la conclusión de la controversia. Virtud a lo anterior, el efecto de la sentencia de amparo no puede abarcar la orden de que se convoque adecuadamente al tercero extraño en su calidad de demandado como parte que es en aquel proceso, a fin de entablarse así la relación procesal pertinente, sino sólo ordenar la nulidad en los términos apuntados; b) El tercero extraño equiparado por litisconsorcio que a su vez se manifiesta de dos formas: por un lado, aquel que no fue señalado como demandado en el juicio natural que se identifica con la persona que sin haber sido parte de la relación procesal entablada en el juicio, acredita un interés jurídico común con la parte demandada en la controversia, lo cual le otorga el carácter de un litisconsorte pasivo necesario no llamado a juicio que de suyo evidencia la necesidad de haberla integrado a la relación jurídica para ponerla en aptitud de defender sus derechos. En esta hipótesis, el amparo que llegara a concederse por quedar corroborado el carácter de tercero en comento, habrá de tener como alcance no ordenar la reposición del procedimiento a fin de que dicha persona que no fue señalada en la demanda natural, sea emplazada junto con los demás litisconsortes; sino que, como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la que emergió la jurisprudencia 1a./J. 79/2001 "...los alcances de la protección deberán ser para que se revoque la sentencia reclamada y se dejen a salvo los derechos de las partes...", en mérito a que "...admitir otra postura, esto es, que se reponga el procedimiento, sería tanto como darle poderes al Juez para que supla la demanda del actor, señalando a demandados que no fueron mencionados en la demanda, y es al actor a quien corresponde redactar otra demanda en la que cite a todos los demandados, no al Juez hacerlo de oficio.". Por otro lado, dentro de este apartado de tercero extraño equiparado por litisconsorcio se presenta aquel que fue señalado en la demanda como litisconsorte pasivo necesario y, no obstante ello, no fue emplazado o se le llamó incorrectamente al juicio; caso en que al igual que el tercero extraño equiparado simple al que se hizo referencia, por virtud del principio de derecho rogado rector de la materia civil, el efecto de una concesión de amparo se constreñirá a la declaratoria de nulidad del juicio a partir del inexacto emplazamiento quedando inválidas todas las actuaciones posteriores, con la particularidad, en esta modalidad, de que tales consecuencias del fallo protector sí deben alcanzar o beneficiar a los codemandados del quejoso en el juicio natural, en tanto que constituye un acto necesario para el debido cumplimiento de la sentencia de amparo, tal como lo sustentó el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 9/96, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO ORDENEN REPONER EL PROCEDIMIENTO, SUS EFECTOS DEBEN HACERSE EXTENSIVOS A LOS CODEMANDADOS DEL QUEJOSO, SIEMPRE QUE ENTRE ÉSTOS EXISTA LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO.". Así, los diferentes supuestos de persona extraña a juicio que se presentan en el amparo permiten afirmar que el efecto del fallo protector no puede ser el mismo en todos ellos; los alcances que deban asignarse a la protección constitucional dependerán de la ubicación del caso en específico dentro de la categorización enunciada.********************Sin que lo anterior implique que el codemandado ********************obtenga una renovación de plazos y oportunidad para aportar pruebas o formular alegatos, en atención al principio de relatividad de las sentencias de amparo previsto por el artículo 73 de la Ley de Amparo.********************Sin embargo, acorde al principio procesal de continencia de la causa, no puede haber dos sentencias ni dos etapas de ejecución; por tanto, los efectos de dejar insubsistente dicho fallo y toda la etapa de ejecución, también se hacen extensivos al codemandado********************.********************Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 72/2011 (9a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro I, octubre de 2011, Tomo 2, página 933, registro digital 160821, de rubro y texto siguientes:********************"LITISCONSORCIO PASIVO. LA CONCESIÓN DE AMPARO A UNO DE LOS LITISCONSORTES PARA EL EFECTO DE SER EMPLAZADO AL JUICIO, NO TIENE EL ALCANCE DE DEJAR INSUBSISTENTES LOS EMPLAZAMIENTOS DE LOS DEMÁS LITISCONSORTES Y ORDENAR SU NUEVO LLAMAMIENTO A JUICIO. El principio de relatividad que rige al juicio de garantías ordena que la sentencia de amparo solamente se ocupe de los individuos que lo hubiesen solicitado, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto reclamado. Tal principio admite como excepción el supuesto en que exista litisconsorcio necesario, en cuyo caso, el beneficio de la concesión se extiende al resto de los litisconsortes, pues por su naturaleza misma, atinente a la indivisibilidad del derecho sustantivo litigioso, se haceimprescindible oír a todos los interesados que se encuentren en la comunidad jurídica respecto de la materia de la controversia, para que se pueda dictar una sentencia válida. Sin embargo, la reposición del procedimiento como efecto de la sentencia de amparo que concede la protección de la justicia federal solicitado por la falta de llamamiento a juicio de uno de los litisconsortes, no tiene el alcance de dejar insubsistentes los llamamientos a juicio de aquellos que sí fueron emplazados de forma legal, para que éste se verifique de nueva cuenta, pues esa no es una consecuencia lógica y natural del litisconsorcio, si se considera que el llamamiento de cada uno de los litisconsortes se verifica de manera independiente, por lo que en ese preciso tema ha de atenderse al principio de relatividad explicado." ********************Por lo expuesto y fundado, se resuelve:********************ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ******************** en contra del acto que reclamó a las autoridades responsables precisadas, para los efectos precisados en el último considerando de la presente sentencia.********************Notifíquese personalmente. ********************Así lo resolvió y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe, hoy veintidós de abril de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron.- Doy fe.****************************************

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, once de mayo de dos mil veintidós. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince día que establecen los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo para que la autoridad responsable rinda su informe justificado; en tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las doce horas con cuarenta minutos del veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy Feoms

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