Juan Manuel Valdiolivar Figueroa
Expediente 186/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 186/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Manuel Valdiolivar Figueroa
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto de seis de octubre de dos mil veinte, por el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que lo haya hecho; por tanto, se tiene por consentido el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, se advierte que por auto de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa para que se manifestara sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que ésta realizara manifestación alguna. Por tanto, este Juzgado de Distrito procede a pronunciarse respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable. Mediante sentencia de veintiuno de septiembre de dos mil veinte se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para que la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: "Consecuentemente, resulta procedente conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal al aquí quejoso, para el efecto de que el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, realice lo siguiente: 1. Dicte de inmediato la sentencia interlocutoria de la audiencia incidental celebrada el trece de diciembre de dos mil dieciocho. (.)" En cumplimiento a lo anterior, la mencionada autoridad responsable mediante oficio ********************, presentado el veintiuno de octubre del año en, ante este Juzgado de Distrito, remitió copia certificada de la resolución del incidente de liquidación del laudo dictada el veintiuno de octubre de dos mil veinte, dentro del juicio laboral ********************, del índice de la autoridad responsable. En consecuencia, este juzgado estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento al fallo protector pronunciado en este juicio; motivo por el cual se aprecia colmado el extremo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el goce de la garantía violada y sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta Instancia Constitucional, se declara que el fallo protector quedó cumplido. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de octubre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio remitido por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por medio del cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, y remite copia certificada del laudo que dictó dentro del juicio de origen. En tal virtud, se deja sin efectos el apercibimiento decretado al respecto y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, computado a partir de la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y las autoridades responsables interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, en la que se concedió la protección de la Justicia Federal solicitada en el juicio de amparo en que se actúa, sin que lo hayan realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Asimismo, en dicha resolución se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para que las autoridades responsables Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, realice lo siguiente: "Consecuentemente, resulta procedente conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal al aquí quejoso, para el efecto de que el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, realice lo siguiente: 1. Dicte de inmediato la sentencia interlocutoria de la audiencia incidental celebrada el trece de diciembre de dos mil dieciocho. Lo anterior, tomando en cuenta que la concesión del amparo abarca únicamente la dilación a estudio en el presente juicio y no respecto de aquéllas futuras o inciertas que lleguen surgir de manera posterior, acorde con lo establecido en el criterio 2a CV/2013 emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época, registro 2005150, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". (Lo subrayado no es de origen)". Atento lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente cumpla con la sentencia ejecutoriada de referencia, apercibido que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá multa por $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos moneda nacional), equivalente a cien unidades de medidas de actualización, de conformidad con el artículo 192, segundo párrafo, en relación con los diversos 238 y 258 del ordenamiento legal en cita. Toda vez que la autoridad responsable, carece de superior jerarquico y en caso de no cumplir con los requerimientos formulados, se remitirá el expediente al tribunal colegiado competente o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación del puesto del titular de la autoridad. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.36/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo 4, enero de 2012, página 3515, de la Décima Época, con número de registro 2000099 de rubro y contenido siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo". Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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