Juan Manuel Nava Estrada

Expediente 1289/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1289/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
19/12/2019

Partes del expediente

  • Juan Manuel Nava Estrada

Actuaciones

  1. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con veinte minutos del diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1289/2019, sin la comparecencia de las partes. Enseguida el secretario da cuenta al juez con la totalidad de las constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez de Distrito provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, se da cuenta al juez con la documental remitida por la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. Al respecto, el Juez de Distrito acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, la probanza referida. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez acuerda: Se tiene por precluído el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, RESULTANDO: Primero. Mediante escrito remitido el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, del que por razón de turno tocó conocer a este juzgado, Juan Manuel Nava Estrada, compareció a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, contra el acto reclamado y la autoridad responsable siguientes: Autoridad responsable: 1. Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: La omisión de dictar el laudo correspondiente al juicio ordinario laboral 731/2014. Segundo. Por acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la presente demanda de amparo, se registró en el libro de gobierno con el número 1289/2019, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, se pidió el informe justificado a la autoridad responsable, se fijó fecha para la audiencia constitucional y ahora procede resolver de acuerdo a las siguientes: CONSIDERACIONES: Primera. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, reformado y adicionado por el diverso 28/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues la parte quejosa reclama un acto de naturaleza omisiva y la demanda fue presentada ante este Distrito Judicial. Segunda. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, debe decirse, que en la especie, el acto reclamado consiste en: La omisión de dictar el laudo correspondiente al juicio ordinario laboral 731/2014. Tercera. El Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, al momento de rendir su informe justificado, manifestó que es cierto el acto que se le reclama. Lo que se corrobora con la copia certificada que remitió del auto por el que se declara cerrada la etapa de instrucción, documental que tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su dispositivo 2º. Cuarta. Determinada la certeza del acto reclamado, por ser preferente su estudio, se analiza en primer lugar la improcedencia del juicio, ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse antes de abordar el fondo del asunto, pues de actualizarse alguna hipótesis del diverso precepto 61 del mismo ordenamiento, deberá sobreseerse en el juicio constitucional sin juzgar la legalidad de los actos reclamados y mucho menos atender a los conceptos de violación; ello, con apoyo además en la jurisprudencia 814, visible a foja 553, tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro: 394770, que a la letra expresa: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Quinta. La parte quejosa invoca como derechos violados el consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó su concepto de violación que estimó conducente el cual se tiene por reproducido en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCION. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." El concepto de violación formulado resulta fundado suplido en su queja deficiente de conformidad con el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, como a continuación se expondrá: En el análisis de los conceptos de violación, este Juzgado de Distrito atiende al principio de mayor beneficio implícito en el artículo 77 de la Ley de Amparo, conforme al cual deben abordarse aquellas cuestiones que trasciendan a la plena restitución en el goce de la garantía individual violada, a fin de garantizar a la parte quejosa, con la mayor amplitud posible, el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia tutelada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A efecto de examinar la violación de los derechos conviene señalar que de la documental que acompañó a su informe la autoridad responsable consistente en copia certificada del juicio ordinario laboral 731/2014, que ya fue valorada con antelación, se advierte que el veintidós de febrero de dos mil dieciocho, declaró cerrada la instrucción, turnando los autos a proyecto de resolución. Al respecto, se vulnera en perjuicio de la parte quejosa el contenido del artículo 17 Constitucional, el cual establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. La violación a ese derecho se manifiesta a través de un acto negativo u omisión en sentido estricto, que tiene dos vertientes: La primera, que es la que en el caso nos interesa, consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de los términos y plazos previstos legalmente, esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda, implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha del juicio a la tramitación del procedimiento respectivo. La Ley Federal del Trabajo, aplicable al caso prevé lo siguiente: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. (.)." De la anterior transcripción se advierte que el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, instituye que al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo. Sin que se soslaye que mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de la presente anualidad, se derogaron entre otros el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, sin embargo, del artículo séptimo transitorio de la aludida reforma se advierte que los juicios que se encuentren en trámite serán sustanciados y resueltos con las normas que se hayan encontrado vigentes al momento en que hayan iniciado. Ahora bien, de las constancias del juicio laboral de origen referidas anteriormente se advierte que la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, ha omitido formular por escrito el proyecto de laudo, por un plazo mayor a los diez días que establece el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, faltando así al derecho de administración de justicia pronta al no tramitar el juicio de origen en los plazos y términos previstos en la ley en cita, para encontrarse en condiciones dentro de los diez días siguientes formular por escrito el proyecto de laudo, conforme al artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo. Todo lo anterior, trae como consecuencia la dilación del trámite del juicio de origen. En tal virtud, la autoridad responsable ha dilatado el procedimiento sometido a su tramitación, lo que vulnera en perjuicio de la parte quejosa el artículo 17 Constitucional, por lo que está demostrado que la junta responsable originó retardo en el mismo. Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en el sentido de que la omisión o el retardo de la autoridad en la tramitación y resolución del juicio actualiza la violación al derecho a la impartición de justicia pronta, lo cual afecta a todo el procedimiento, pues éste se configura por una serie de actos y etapas concatenadas o unidas entre sí, que se van desarrollando una tras otra en forma lógica y sistematizada para la consecución de un resultado que consiste en la emisión del laudo que dirima la controversia planteada. Asimismo, el máximo tribunal determinó que aun cuando el retraso o la omisión se concreten respecto de actos o etapas previas y específicas, ello trasciende a todo el procedimiento o juicio, porque una vez salido de sus cauces legales, ya no podrá desarrollarse dentro de los plazos y términos originalmente previstos, pues dada la necesaria conexión de los actos procesales, el que éstos se efectúen tardíamente o no se realicen, desfasa el ámbito temporal en que los subsecuentes actos deben desplegarse y, por tanto, los tiempos en que la controversia debe quedar resuelta. En consecuencia, está demostrada la violación de los derechos reclamados, por tanto, procede conceder a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal para que la junta responsable una vez que cause ejecutoria la presente resolución realice lo siguiente: "a) Atentos al artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo; proceda a la elaboración del proyecto de laudo dentro del expediente ordinario laboral 731/2014, el cual deberá formularse dentro del plazo de diez días; en su momento, entregar copia del proyecto de laudo a los miembros de la junta responsable; b) De no solicitar la práctica de otras diligencias dentro del plazo de cinco días, citar a los miembros de la junta para la discusión y votación del proyecto de laudo dentro de los diez días siguientes; y, c) Una vez aprobado el proyecto, elevarlo a la categoría de laudo y firmarlo de inmediato, mandando notificar a las partes." Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Único. Por las razones expresadas en la quinta consideración de esta resolución, la Justicia de la Unión ampara y protege a Juan Manuel Nava Estrada, contra el acto reclamado a la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, para los efectos indicados en la parte final de dicha consideración. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rinde el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Asimismo, téngase a la autoridad referida ofreciendo prueba documental, misma que se tiene por admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza, en términos de los artículos 119 y 123 de la ley de Amparo. Hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional acepta la competencia declinada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, residente en esta ciudad y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Juan Manuel Nava Estrada por su propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno con el número 1289/2019 y acúsese recibo. Por otra parte, con fundamento en los artículos 1°, 5°, 6°, 33, 35, 107, 108, 110, 112 y 116 de la Ley de Amparo en vigor, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por Juan Manuel Nava Estrada por su propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Sin que sea necesario tramitar el incidente de suspensión del acto reclamado, toda vez que dicha medida cautelar no fue solicitada por la parte quejosa. Con copia de la demanda de amparo, dése al agente del Ministerio Público Federal la intervención correspondiente, quien deberá asentar el acuse de recepción respectivo, lo anterior con fundamento en los artículos 5°, fracción IV y 110 de la Ley de Amparo. Para la celebración de la audiencia constitucional con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las diez horas con veinte minutos del diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe con justificación, que deberá rendir de la manera siguiente: a) En caso de que los actos reclamados resulten inexistentes y por ende innecesaria su justificación, de conformidad con el derecho de pronta y expedita administración de justicia tutelado por el artículo 17 Constitucional, así como por principio de economía procesal, cuyo objetivo es tener procedimientos ágiles, que se desenvuelvan en el menor tiempo posible y con el menor empleo de recursos, rinda su informe dentro del plazo de cinco días, contado a partir de que reciba el oficio de notificación respectivo; o bien, b) Si son ciertos los actos reclamados, rinda su informe dentro del plazo de quince días, contado a partir de que reciba el oficio de notificación del presente auto, en el entendido de que en dicho informe deberá exponer las razones y fundamentos que considere pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos, debiendo acompañar en su caso, copia debidamente certificada de las constancias que avalen la existencia de los mismos y que soporten su emisión. En relación con el inciso a) que antecede, con fundamento en los artículos 117 de la Ley de Amparo y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, se autoriza a la autoridad responsable para que rinda su informe por vía fax al número telefónico 01 443 3 21 54 41, sin perjuicio de lo realice enseguida mediante oficio que remita a este juzgado por una sola ocasión, independientemente de que reciba el oficio por el que se le requiere el mismo en dos vías (telegráfica y posteriormente postal), ya que basta con atender la primera comunicación recibida. Asimismo, deberá rendir el informe justificado requerido con copia certificada de las documentales que justifiquen la constitucionalidad de los actos reclamados, tomando en consideración las siguientes directrices: 1. Si algunas de las fojas del expediente de origen se encuentran ilegibles o pierden su continuidad, en virtud de que así se encuentran en el mismo, aclare dicha circunstancia y señale el número de folio que corresponde a cada una de ellas; 2. En el caso de que las constancias sean legibles, pero las reproducciones que se obtengan de éstas no, deberá efectuar su transcripción con la indicación y folio correspondientes al remitirlas a este juzgado; y, 3. Observe que las copias que remita se encuentren debidamente ordenadas, atendiendo a su legibilidad, continuidad, orden cronológico y totalidad, o bien, realice las aclaraciones respectivas si así obran en el expediente a que pertenecen. En el entendido de que en caso de no rendir el informe en el tiempo y forma requeridos, se presumirán ciertos los actos reclamados respectivos, salvo prueba en contrario, de acuerdo con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que en caso de que remita el expediente original del que derivan los actos reclamados, es su obligación conservar testimonio autorizado íntegro del mismo, ya que en el supuesto de necesitarlo para realizar alguna actuación, este juzgado no podrá devolverlo por ser imprescindible para resolver el juicio de amparo y en su caso el recurso de revisión, por lo que queda bajo su responsabilidad obtener las copias conducentes para su resguardo. Asimismo, se requiere a la autoridad responsable para el efecto de que en su informe haga del conocimiento de este juzgado si la parte quejosa o alguna otra persona ha promovido juicio de amparo indirecto relacionado con los actos reclamados o derivado del expediente de origen, informando el número de juicio y el Juzgado de Distrito a que corresponde, apercibida que en caso de no hacerlo, de acuerdo con el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá un multa por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA). De conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de no rendir su informe justificado o lo haga sin acatar las directrices que fueron trazadas con anterioridad, se hará acreedora a una multa por siete mil trescientos cuatro pesos moneda nacional, equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumentos que por esa causa recibe. En términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que en el supuesto de cesación de efectos de los actos reclamados o en caso de que se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento, lo hagan saber a este juzgado de manera inmediata, apercibidas que en caso de no hacerlo, de conformidad con el artículo 238, en relación con el diverso 251, ambos de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de manera individual por el equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA). Por otra parte, se informa a las autoridad responsable que no es necesario que acuse recibo de los oficios derivados del presente juicio, salvo que le sea solicitado expresamente y se le proporcione plazo específico para ello. Con apoyo en los numerales 9 y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, téngase como delegados a las personas que, en su caso, designe la autoridad responsable y por señalado el domicilio para recibir notificaciones que llegue a designar en autos. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del numeral 79 del ordenamiento legal invocado), desde ahora se le apercibe, en el sentido de que en caso de que alguna autoridad responsable no exista en la denominación señalada en la demanda, mediante auto se suspenderá toda comunicación con la misma quedando fuera de juicio y en la audiencia constitucional que se celebre no se hará referencia a ésta, o bien, en la propia audiencia se hará el pronunciamiento respectivo sobre su inexistencia, sin que sea necesario realizar señalamiento alguno en la sentencia respecto de los actos reclamados que se le atribuyan, de acuerdo con los artículos 5°, fracción II y 108, fracción III, de la ley de la materia, interpretados en sentido contrario. Lo anterior, salvo prueba en contrario o que se corrija la denominación de la autoridad responsable relativa, previa vista que en su caso otorgue este juzgado, tomando en consideración que corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura la impartición de justicia pronta, así como al principio de economía procesal ya referido en párrafos precedentes. Por otro lado, se reserva proveer sobre la existencia de parte tercera interesada, hasta que obren en autos las documentales relativas a los actos reclamados, de donde se advierta a quién, en su caso, le asiste dicho carácter de acuerdo con el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo. En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Ahora bien, fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidos y desahogados en atención a su propia y especial naturaleza los medios de convicción aportados por la parte quejosa. Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizadas para tal efecto a las personas que designa, quienes no podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, por no habérselas conferido expresamente. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. De conformidad con los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables, así como a las que tengan el carácter de terceras interesadas, mediante oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente en relación con aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa, en el entendido de que las determinaciones diversas serán notificadas mediante lista que se publica en lugar visible de este juzgado, así como en la sección de servicios de la página electrónica institucional www.cjf.gob.mx consultable vía Internet. En tal virtud, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista de autos, lo cual constituye un sistema de notificación que se publica en Internet con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, y con apoyo además en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante el Acuerdo General 49/2011. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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