Juan Manuel Tapia Loaiza
Expediente 1331/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1331/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Manuel Tapia Loaiza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio que remite el Presidente de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por el cual en cumplimiento al requerimiento de diecisiete de noviembre del año en curso, remite copia certificada de las constancia que integran el juicio laboral ******************** En tal virtud, con fundamento en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las pruebas documentales, allegadas por la citada autoridad. Asimismo, se considera innecesario abrir la dilación probatoria a que alude el citado numeral, dado que las pruebas ofrecidas no requieren preparación. En tal virtud, con fundamento den los citados preceptos se fijan las doce horas con cinco minutos del cinco de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia de alegatos relativa al incidente de daños y perjuicios en el cuaderno en que se actúa, la cual se desahogará concurran o no las partes. Notifíquese por lista, personalmente a las partes y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Angélica Estefanía Aponte Ayala, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se da cuenta con la razón actuarial que antecede en la cual se advierte que a la actuaria de la adscripción no le fue posible entregar el oficio 24088 dirigido al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en esta ciudad; toda vez que fue informado en las oficinas del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en esta ciudad, que dicho juzgado no existe desde del treinta y uno de octubre del año en curso. Consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y con fundamento en los artículos 5°, fracción II y 108 fracción III de la Ley de Amparo, interpretados en sentido contrario, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que dada la inexistencia de la referida autoridad, se ordena suspender toda comunicación con la misma. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.Jjg
- Incidental
... Seguido el juicio por su cauce legal, el veinte de diciembre de dos mil veintiuno (foja 92), este juzgado decretó en auto el sobreseimiento de este juicio, al considerar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que se consideró que en el asunto que nos ocupa se reclamó la omisión de aplicar la vacuna Pfizer contra el virus del SARS-CoV2 (Covid-19) a las entonces menores quejosas, ********************de 17 años y ******************** de 15 años. En ese sentido, se argumentó que, como en aquella temporalidad (dos mil veintiuno) se emitió la política pública de vacunación destinada a mayores de quince años, entonces el acto reclamado por la parte quejosa había cesado en sus efectos, ya que la nueva política de vacunación las contemplaba para su vacunación; además, se estimó de ese modo, porque en autos se acreditó que para la fecha en la que se emitió ese sobreseimiento, las menores quejosas********************ya habían recibido las dos dosis de vacunación contra el virus del SARS-CoV2 (Covid-19). Inconforme con dicha determinación, en auto de siete de enero de dos mil veintidós (foja 118), se tuvo al quejoso ********************, interponiendo recurso de revisión contra el auto que decretó el sobreseimiento de este juicio; medio de impugnación del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, el cual fue resuelto mediante ejecutoria emitida el siete de julio de dos mil veintidós dentro del amparo en revisión ********************, que por mayoría de votos, determinó lo siguiente: Revocar el auto de sobreseimiento impugnado; Determinar que no podía decretarse el sobreseimiento del juicio, ya que la demanda de amparo no fue presentada únicamente a favor de las menores quejosas********************sino también por ********************y ********************, por propio derecho; Que no se actualizaba la causal de cesación de efectos por las menores********************dado que no se acreditó en autos que el esquema de vacunación estaba completo, lo que debió ocurrir con la expedición a cada una de ellas, del comprobante de vacunación; Que tampoco se actualizaba esa causal, porque la causa de pedir específica de los quejosos ********************y ********************, no estaba satisfecha, ya que la misma consiste en la aplicación específica de las dos dosis de vacunas Pfizer/BioNTech; y, Se ordenó reanudar el procedimiento a fin que en audiencia constitucional se resolviera la controversia como en derecho correspondiera, sin que existiera impedimento para que nuevamente se pudiera sobreseer el juicio de amparo. Tercero. Segunda resolución del asunto y segunda impugnación de la misma. En atención a lo expuesto, en auto de nueve de agosto de dos mil veintidós (foja 165) se tuvieron por recibidos los autos remitidos por el citado tribunal de alzada, se reanudó el procedimiento, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional y se formuló requerimiento a la parte quejosa para que informara a este juzgado, si a la fecha recibieron la aplicación de la vacuna, así como los refuerzos correspondientes. Mediante escrito presentado el once de agosto de dos mil veintidós (foja 173), el quejoso ********************, señaló que, por lo que hace a las quejosas********************sólo recibieron la aplicación de dos dosis y que hasta esa data no habían recibido el suministro de refuerzo posterior ni tampoco se les habían expedido los certificados de vacunación; mientras que, él y ******************** no habían recibido ninguna dosis. Luego, mediante escrito presentado el quince de agosto de dos mil veintidós (foja 181) el quejoso ********************, manifestó que aunque él y ********************, acudieron a vacunarse oportunamente a través de la campaña generada por la Secretaría de Salud; sin embargo, que las autoridades responsables no les ofrecieron la aplicación del biológico solicitado por ellos correspondiente a la marca Pfizer/BioNTech, razón por la que se negaron a la aplicación de vacunas de otras marcas, porque no ofrecen el mismo grado de protección y presentan un mayor índice de efectos secundarios. En atención a dichas manifestaciones, mediante auto de dieciocho de agosto del año pasado (foja 185), este juzgado nuevamente decretó el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, al estimar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y bajo el argumento que desde el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno y quince de enero de dos mil veintidós, estaba disponible el registro para que los adultos de cuarenta a cuarenta y nueve años pudieran vacunarse contra el virus del SARS-CoV2 (Covid-19). Inconforme con dicha determinación, en auto de seis de septiembre de dos mil veintidós (foja 202), nuevamente se tuvo al quejoso ********************, interponiendo recurso de revisión contra el auto que decretó el sobreseimiento de este juicio; medio de impugnación del que igualmente correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, el cual fue resuelto mediante ejecutoria emitida el ocho de junio de dos mil veintitrés dentro del amparo en revisión ********************, que por unanimidad de votos, determinó lo siguiente: Revocar el auto de sobreseimiento impugnado; Por lo que hace a las menores quejosas********************considerar que no se actualizaba la causal de cesación de efectos, dado que las autoridades responsables deben proveer lo conducente para que se lleve a cabo la aplicación del refuerzo con la misma vacuna con la que fueron inoculadas, esto es, vacuna Pfizer/BioNTech, o en su defecto, informar si ya les fue aplicada o la imposibilidad que exista para ello, pero garantizando en todo momento su derecho a la salud; Por lo que hace a los quejosos ********************y ********************, determinó que el hecho que desde el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno y desde el quince de enero de dos mil veintidós, estuviera disponible el registro para que los adultos de cuarenta a cuarenta y nueve años pudieran vacunarse contra el virus del SARS-CoV2 (Covid-19), no actualizaba la cesación de efectos de los actos reclamados, porque la aspiración esencial de los peticionarios del amparo a través de la promoción de este juicio constitucional, es obtener la aplicación del esquema completo de vacunación mediante el biológico electo por ellos, esto es, la vacuna Pfizer/BioNTech; Que tampoco hay impedimento para que sea el biológico de su elección con el que se les inocule, ya que el mismo cuenta con autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS); y, Ordenó reanudar el procedimiento a fin que en audiencia constitucional se resolviera la controversia como en derecho correspondiera, sin que exista impedimento para que nuevamente se pudiera sobreseer el juicio de amparo. Cuarto. Llegada de autos y señalamiento de nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional. En atención a lo expuesto, en auto de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés (foja 276) se tuvieron por recibidos los autos remitidos por el citado tribunal de alzada por segunda ocasión, se reanudó el procedimiento, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional y a las nueve horas con veinte minutos del dieciocho de agosto de dos mil veintitrés se celebró la audiencia constitucional y se dejaron los autos en estado de dictar resolución; por lo que ahora se procede a emitir conforme a las siguientes: CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49, 50 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior en virtud de que se reclaman omisiones a autoridades del sector salud que tienen ubicada su residencia en esta ciudad de Morelia, Michoacán, en donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 192097, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de la lectura integral de la demanda, de conformidad con el precepto citado y en atención a los criterios transcritos, y atendido a lo ya resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, los actos reclamados y autoridades responsables señalados en el escrito de demanda son: Actos reclamados: *********************y ********************ambas de apellidos ********************, reclaman la omisión de aplicar la vacuna de refuerzo contra el virus del SARS-CoV2 (Covid-19), de la marca Pfizer/BioNTech, así como de expedir los certificados de vacunación correspondientes; y, *********************y ********************, la omisión de proporcionales la aplicación del esquema completo de vacunación mediante el biológico electo por ellos, esto es, la vacuna Pfizer/BioNTech, así como de expedirles los certificados de vacunación correspondientes. Autoridades responsables: 1. Secretario de Salud; 2. Secretario de Bienestar; Ambos con sede en la Ciudad de México; 3. Secretario de Salud en Michoacán; 4. Delegado en el Estado de Michoacán de la Secretaría de Salud; 5. Delegado en el Estado de Michoacán de la Secretaría del Bienestar; y, 6. Director General del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Michoacán. Éstos con sede en esta ciudad de Morelia. Tercera. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades que a continuación se señalan: Autoridad Informe visible en la foja: 1. Secretario de Bienestar; y, 61 2. Delegado en el Estado de Michoacán de la Secretaría del Bienestar. 29 Lo que debe considerarse de ese modo, porque las autoridades al rendir su informe justificado manifestaron expresamente que fue la Secretaría de Salud, la designada para la atención de la emergencia sanitaria y para establecer los parámetros conforme a los cuales se desarrollaría la campaña de vacunación. Pese a ello, los promoventes del amparo no aportaron probanza alguna tendente a desvirtuar la negativa de las autoridades responsables de referencia, a pesar que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, era su obligación. Es aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, Novena Época, registro 187728, de rubro y texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Por lo anterior, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 181, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común Sexta Época, registro 804176, que establece: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarta. Certeza de los actos. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades siguientes: Autoridad Informe visible en la foja: 1. Secretario de Salud, con residencia en la Ciudad de México; Acuse 100 2. Secretario de Salud en Michoacán; 44 3. Delegado en el Estado de Michoacán de la Secretaría de Salud; y, Acuse 25 4. Director General del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Michoacán. 44 Lo que debe considerarse de ese modo respecto de las autoridades que rindieron su informe, pues aunque negaron los actos reclamados, realizaron manifestaciones implícitas que revelan la existencia de los mismos, tales como que a las entonces menores quejosas se les aplicaron dos dosis del biológico Pfizer/BioNTech. En tanto que, respecto de las autoridades que fueron omisas en rendir su informe justificado aun y cuando se les emplazó oportunamente a esta contienda de amparo, procede tener actualizada la presunción de certeza de los actos reclamados en términos del artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, sobretodo, porque como lo mencionaron las autoridades pertenecientes a la Secretaría del Bienestar, competencialmente dichas autoridades sanitarias fueron designadas para la atención de la emergencia sanitaria y para establecer los parámetros conforme a los cuales se desarrollaría la campaña de vacunación. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Quinta. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del presente asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sin embargo, atento a lo ya resuelto por Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, este juzgado no advierte de manera oficiosa la existencia de alguna, y las autoridades que rindieron su informe justificado tampoco las hicieron valer. Sexta. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo, que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 164618, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". En este punto es preciso señalar que de conformidad con el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, en suplencia de la queja deficiente, verificará el estudio del auto reclamado, al margen de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. Lo anterior, porque constituye obligación del juzgador de amparo, de conformidad con el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, analizar las disposiciones legales aplicables y atender al mayor beneficio que pudiera corresponder a los quejosos. El artículo 4°, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su última reforma, efectuada el ocho de mayo de dos mil veinte, respecto al derecho a la salud, establece: "Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social." Constitución cuyos artículos transitorios disponen: "Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. El Congreso de la Unión deberá armonizar el marco jurídico en la materia para adecuarlo al contenido del presente Decreto en un plazo que no excederá de 365 días a partir de la entrada en vigor del mismo, debiendo incluir disposiciones que determinen los alcances y permitan dar cumplimiento gradual conforme a lo que se apruebe en los presupuestos de egresos correspondientes, así como la concurrencia de los tres órdenes de gobierno para garantizar los derechos derivados del presente Decreto. Tercero. El monto de los recursos asignados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en el presupuesto de las entidades federativas del ejercicio fiscal que corresponda, para los programas de atención médica y medicamentos gratuitos, de apoyo económico para personas que tengan discapacidad permanente, de pensiones para personas adultas mayores, y de becas para estudiantes que se encuentren en condición de pobreza, no podrá ser disminuido, en términos reales, respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior." Disposiciones que le son aplicables, en favor de la parte quejosa, porque, la demanda de amparo, se presentó, el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, es decir, ya en la vigencia de las normas constitucionales invocadas -sustantivas-, de las que se advierte: Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud; La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. Así, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece para toda persona la protección al derecho a la salud, incluyendo a quienes no cuenten con seguridad social, respecto de lo cual, prevé que, la Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita; pero también se advierte, la obligación de concurrencia en materia de salubridad general, de la Federación y las entidades federativas para el respeto al derecho a la salud. Ahora, en la especie conviene tener en cuenta lo resuelto en la ejecutoria relativa al amparo en revisión 173/2008, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que al tenor de lo dispuesto en el artículo 4o. constitucional, determinó que "toda persona tiene derecho a la protección de la salud". Indicó que, el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Que el derecho a la salud protegido constitucionalmente incluye, entre otras cosas, las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y la colectividad. Igualmente, que el contenido de esta norma constitucional y la interpretación que de ésta ha realizado esta Suprema Corte, son compatibles con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, tal y como se observa: a) Del párrafo 1o. del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios); b) Del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y que los Estados deberán adoptar las medidas a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho); c) Del artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador" (toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social); d) De lo establecido por la Comisión de Derechos Humanos, así como también en la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993 y en otros instrumentos internacionales. En congruencia con lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la ejecutoria de amparo en comento, determinó que la protección del derecho a la salud, depende de la forma como son reguladas las condiciones de acceso a los servicios médicos y la regulación de todas aquellas peculiaridades que incidan en la calidad de ésta. Asimismo, que la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de los Estados de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con la salud proporcionados por terceros; velar porque la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios de atención de la salud; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia. Concluyó señalando que, el derecho a la salud, entre varios elementos, comprende: el disfrute de servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como que sean apropiados médica y científicamente, esto es, que exista personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, y condiciones sanitarias adecuadas. Por su parte, la Enciclopedia Jurídica Mexicana del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Tomo XII, página siete, define el derecho a la salud como "el conjunto de normas de derecho público que regulan las actividades de las instituciones del Estado y los sujetos públicos, privados y sociales que tengan por objeto común proteger la salud.". Por tanto, ese derecho subjetivo implica un cúmulo de facultades de los órganos estatales cuyo ejercicio permite, entre otras cosas, garantizar las condiciones necesarias para que la salud de los gobernados esté protegida a través de la emisión y aplicación de reglas de carácter general. En ese sentido, el contenido de la norma constitucional y la interpretación que de ésta ha realizado esta Suprema Corte, son compatibles con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, tal y como se observa: Declaración Universal de Derechos Humanos "Artículo 25, párrafo 1o.- Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios ." Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. "Artículo 12.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad". Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador" Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos y familiares de la comunidad; [.] La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables." De la misma forma, atendiendo a la litis que nos ocupa, es pertinente señalar que los artículos 144, 157 Bis 1 a 157 Bis 16, 404 y 408 de la Ley General de Salud contienen principios y reglas sobre el derecho humano a la salud derivados del artículo 4o. de la Constitución General, los cuales, contienen los principios de vacunación universal y gratuita; de interpretación y actuación en materia de vacunas, bajo evidencia científica y criterios de racionalidad y objetividad; de mayor calidad de las vacunas y de prioridad de importación por salud pública, así como las reglas de las vacunas como cuestión de seguridad nacional y la de suficiencia presupuestaria para su abasto, disponibilidad y distribución. Asimismo, se prevé el derecho de toda persona residente en el territorio nacional a recibir de manera universal y gratuita en cualquiera de las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como locales, del Sistema Nacional de Salud, las vacunas contenidas en el Programa de Vacunación Universal, de conformidad con la citada ley, independientemente del régimen de seguridad social o protección social al que pertenezca. Por ello, a juicio de este juzgador, por analogía, dichas reglas y principios deben hacerse extensivos a los programas extraordinarios derivados de las medidas de seguridad en materia de salud con las modulaciones conducentes y de acuerdo a la disponibilidad de las vacunas, al permear en ambos esquemas de vacunación la misma razón de protección del derecho apuntado. Ahora bien, en esta instancia se reclama como ya se dijo: *********************y ********************ambas de apellidos ********************, reclaman la omisión de aplicar la vacuna de refuerzo contra el virus del SARS-CoV2 (Covid-19), de la marca Pfizer/BioNTech, así como de expedir los certificados de vacunación correspondientes; y, *********************y ********************, la omisión de proporcionales la aplicación del esquema completo de vacunación mediante el biológico electo por ellos, esto es, la vacuna Pfizer/BioNTech, así como de expedirles los certificados de vacunación correspondientes. Como se ve, la queja toral de los peticionarios del amparo radica, según lo apreciado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, es que se aplique a los quejosos el esquema completo de vacunación contra el virus del SARS-CoV2 (Covid-19) y el esquema de refuerzo, a través del biológico Pfizer/BioNTech. Ahora, en el documento denominado Política nacional rectora de vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, se estableció que el grupo técnico asesor para la vacuna COVID-19 en México, ha trabajado desde el mes de agosto de 2020, y sus recomendaciones han sido actualizadas en dos ocasiones hasta noviembre de 2020. Dicho documento señala que el grupo asesor recomienda llevar a cabo una estrategia enfocada en minimizar las muertes asociadas con COVID-19, diseñada con base en la mortalidad observada en México; y que los beneficios se midieron considerando tres diferentes escenarios de acuerdo con la disponibilidad de vacunas: a) 25 millones de personas vacunas; b) 50 millones, y; c) cobertura universal (75% de la población). Esta recomendación se realizó mediante un análisis minucioso de la información nacional e internacional, además de los criterios de promoción del bienestar humano, respeto igualitario, equidad global, equidad nacional, reciprocidad y legitimidad. Dicho documento también indica que al momento de la emisión de esa estrategia nacional rectora (diciembre de 2020), existían más de 200 vacunas candidatas contra la COVID-19 en desarrollo en el mundo, siendo únicamente 12 las que habían llegado a iniciar ensayos clínicos fase 3; y que al momento de la publicación de la política, la agencia de salud del Reino Unido había sido la única en otorgar una autorización a una vacuna con la tecnología de RNA mensajero. Además, el citado documento señalo que en la última semana de noviembre de 2020, la farmacéutica Pfizer ingresó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, su carpeta para solicitar licencia para su vacuna desarrollada bajo la novedosa plataforma RNA, misma que se desarrolló en conjunto con la alemana BioNTech y la China Fosun pharma; y que ese expediente, al igual que el de las otras vacunas que se presentaran para autorización y registro sanitario, se revisarían con el cuidado debido para salvaguardar la salud de todas las personas que reciban vacuna. Asimismo, el documento publicado en esa temporalidad señaló que la vacuna PfizerBioNTech, es una vacuna que requiere de cuidados especiales, pues se debe almacenar en ultracongeladores a -70ºC, para ser descongelada antes de ser aplicada y se deben aplicar un total de 975 dosis en un período cinco días, y una vez reconstituido el vial de cinco dosis, este se debe aplicar en menos de seis horas para que la vacuna mantenga las características de calidad descritas en sus análisis intermedios de resultados; destacando que, hasta aquella fecha (diciembre de 2020) ninguna otra vacuna había ingresado expediente de revisión a COFEPRIS. El once de mayo de dos mil veintiuno, se emitió la versión 6.0 del documento denominado Política nacional rectora de vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México. Documento rector, en el cual se establecieron como objetivos general y específicos los siguientes: *Objetivo general Disminuir la carga de enfermedad y defunciones ocasionada por la COVID-19. *Objetivos específicos Vacunar a las personas más susceptibles a desarrollar complicaciones por COVID-19, incluyendo a embarazadas de 18 años y más a partir del tercer mes de embarazo. Reducir el número de hospitalizaciones y muertes. Facilitar la reapertura económica y regreso a las actividades normales. Vacunar al 70%3,4 de la población en México para lograr la inmunidad de grupo. Dicho documento también señaló que el once de diciembre dos mil veinte, la Cofepris dictaminó como procedente la solicitud de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 contra el virus SARSCoV-2. Asimismo, que AstraZeneca ingresó expediente para la vacuna desarrollada por la farmacéutica y la Universidad Oxford; que el cuatro de enero de dos mil veintiuno, COFEPRIS otorgó la autorización para uso de emergencia en México de esta vacuna; el dos de febrero, para la vacuna Gam-COVID-Vac (Sputnik V), y finalmente el nueve de febrero otorgó la autorización para uso de emergencia a las vacunas de las farmacéuticas Sinovac y Cansino. Que con ello, México se convirtió en el primer país en el mundo en contar con cinco vacunas distintas para proteger a la población contra el virus SARS-CoV-2 y que todas las vacunas aprobadas en México han proporcionado evidencia científica basada en análisis intermedios de los datos obtenidos en estudios clínicos Fase 3, incluyendo eficacia y seguridad general y, en algunos casos, por subgrupos poblacionales; que esa evidencia ha sido analizada por el Comité de Moléculas Nuevas, un grupo independiente de personas expertas, que hace recomendaciones a la Cofepris previo a su posible autorización. Lo anterior, se robustece con la publicación del documento denominado "Vacunas autorizadas para uso de emergencia y sus principales características. ", localizable en la página web oficial de la Cofepris, en la que encontramos: La publicación emitida por la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, revela que el biológico cuya aplicación solicitan los peticionarios del amparo, cuenta con autorización sanitaria desde el once de diciembre de dos mil veinte, la cual incluso fue refrendada el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Bajo esas condiciones, el contexto referenciado en párrafos que antecede revelan que conforme a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México, no existe restricción para que se aplique a los quejosos ********************y ******************** el esquema de vacunación conforme al biológico que ellos solicitan, esto es, Pfizer-BioNTech COVID-19, que consideran es el de mayor seguridad; y tampoco para que se aplique a las quejosas********************ambas de apellidos ********************, el refuerzo a través de la aplicación del mismo biológico. Principalmente, porque conforme a lo establecido en el documento rector de la Política nacional de vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, dicho biológico fue el primero que contó con la autorización para su aplicación, ya que obtuvo su autorización sanitaria por parte de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, desde el once de diciembre de dos mil veinte, la cual incluso fue refrendada el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. En segundo lugar y más importante, porque las autoridades responsables no manifestaron o acreditaron en autos que exista una imposibilidad material, jurídica o económica para que se aplique a los quejosos el biológico que es de su elección, por ello, el Estado Mexicano debe procurar el abasto y su distribución oportuna y gratuita, así como la disponibilidad de los insumos necesarios para las acciones de vacunación (bajo la regla de seguridad nacional prioritaria); estimar lo contrario, implicaría violación a su derecho a la salud, en la medida en que los quejosos están más expuestos a los efectos del virus en caso de contagio que las personas que se encuentran vacunadas, a más que, la abstención de aplicar el esquema completo de la vacuna autorizada pondría en riesgo, de manera injustificada su salud. Sin que la decisión asumida en este sentido implique una invasión a la política de vacunación nacional, pues se insiste, el biológico electo por los quejosos se encuentra contemplado para su aplicación dentro de la propia política pública e incluso, fue el primero que obtuvo la autorización para su aplicación. Se cita como sustento de lo anterior, interpretado a través de los principios de interpretación de analogía jurídica y mayoría de razón, la jurisprudencia P./J. 8/2022 (11a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable con el registro digital 2025293, Undécima Época, Materias Común, que dice: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA CUANDO SE SOLICITA PARA EL EFECTO DE QUE SE APLIQUE EL ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-CoV-2 A NIÑAS Y NIÑOS DE ENTRE CINCO Y ONCE AÑOS, SIN COMORBILIDADES, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA LA VACUNA AUTORIZADA POR PARTE DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS). Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes conocieron de recursos de queja interpuestos en contra de acuerdos emitidos en juicios de amparo, en los que niñas y niños de entre cinco y once años de edad, sin comorbilidades, solicitaron la suspensión para el efecto de que se les aplicara la vacuna para la prevención de la COVID-19 en México, a pesar de que no había sido autorizada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), pues mientras uno de los Tribunales concedió la medida cautelar solicitada tomando en cuenta que existía una vacuna que ya había sido autorizada por autoridades de la salud de otros países, el otro Tribunal negó la suspensión porque su otorgamiento ponía en peligro la salud del niño quejoso, porque la Cofepris no había autorizado la vacuna para personas menores de ese rango etario, y las validaciones realizadas en el extranjero no podían suplantar la autorización de la autoridad citada, además de que, en caso contrario, se inobservarían los lineamientos y la "Política Nacional de Vacunación" emitida por las autoridades de salud nacionales. Criterio jurídico: La suspensión debe concederse para el efecto de que las autoridades responsables apliquen a las niñas y los niños de cinco a once años, sin comorbilidades, el esquema completo de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19, siempre y cuando exista la autorización de la vacuna por parte de la Cofepris. Justificación: A fin de salvaguardar el derecho a la salud de las niñas y los niños de entre cinco y once años, previo a aplicarles una vacuna, es necesario que existan las autorizaciones por parte de las autoridades a las que el Estado Mexicano ha conferido constitucional y legalmente la tarea de autorizarlas. En este sentido, la orden a las autoridades de la salud para que apliquen una vacuna que no ha sido sometida al estudio científico a cargo de la institución competente para ello, sin duda pondría en peligro la salud y la vida de las niñas y los niños, porque sólo los especialistas autorizados por la Constitución General y las leyes que de ella emanan son los que cuentan con facultades para establecer si cumple con las especificaciones sanitarias que requiere cierto grupo etario. Por ello, el otorgamiento de la suspensión para que se aplique a personas menores de edad una vacuna que no ha sido autorizada por la Cofepris, pondría en peligro la salud e integridad física del menor de edad vacunado, además de que actualizaría el supuesto previsto en el artículo 129, fracción V, de la Ley de Amparo, porque se impediría al Ejecutivo Federal la implementación de las medidas adoptadas en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, y se obstaculizaría al Estado para continuar con la estrategia de aplicar vacunas seguras para las personas. Es decir, se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, supuesto en el cual no procede la suspensión en términos de lo indicado en el diverso 128, fracción II, del citado ordenamiento." Asimismo, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/7 CS (11a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, localizable a través del registro digital 2025150, Undécima Época, Materias Constitucional, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD, EN SU VERTIENTE DE VACUNACIÓN. ES OBLIGACIÓN DEL ESTADO MEXICANO, BAJO LA REGLA DE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA, IMPLEMENTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA PROCURAR EL ABASTO Y DISTRIBUCIÓN OPORTUNA Y GRATUITA DE VACUNAS, TANTO EN CAMPAÑAS ORDINARIAS COMO EXTRAORDINARIAS, SIN SACRIFICAR SU CALIDAD EN ARAS DEL AHORRO. Hechos: Las quejosas, en representación de sus hijos menores de edad, de entre cinco y trece años, promovieron juicio de amparo indirecto contra la omisión de aplicar a éstos la vacuna Pfizer-BioNTech (BNT162b2) contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19. El Juez de Distrito concedió la suspensión provisional para el efecto de que se les vacunara a la brevedad, al considerar que con su otorgamiento no se contravienen disposiciones de orden público ni se sigue perjuicio al interés social; inconforme, la autoridad responsable interpuso recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito establece que es obligación del Estado Mexicano, bajo la regla de la suficiencia presupuestaria, implementar las acciones necesarias para procurar el abasto y distribución oportuna y gratuita de las vacunas tanto en campañas ordinarias como extraordinarias, sin sacrificar la calidad en aras del ahorro. Justificación: Lo anterior, porque los artículos 157 Bis 6, 157 Bis 7, 157 Bis 11 y 157 Bis 13 de la Ley General de Salud prevén las reglas de suficiencia presupuestaria, de evidencia científica racional y objetiva, el principio de mayor calidad de las vacunas y prioridad de importación por salud pública y seguridad nacional, y el derecho de suficiencia presupuestaria para el abasto, disponibilidad y distribución de vacunas, en virtud de lo cual el Estado Mexicano procurará el abasto y su distribución oportuna y gratuita, así como la disponibilidad de los insumos necesarios para las acciones de vacunación (bajo la regla de seguridad nacional prioritaria); para ello, la Cámara de Diputados asignará en cada ejercicio fiscal los recursos presupuestarios suficientes para ese fin, pues el propio legislador dispuso en la exposición de motivos del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de vacunación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2017, que en esa materia hay que ser extremadamente cuidadosos en no sacrificar la calidad en aras del ahorro; por tanto, la cuestión presupuestaria no puede ser un impedimento para conseguir y aplicar la mejor vacuna del mercado, que en la actualidad, por los datos científicos reconocidos por la autoridad recurrente, respaldados por la autorización otorgada por la Cofepris el 3 de marzo de 2022, corresponde a la BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) en contra de la COVID-19 para niños y niñas de entre cinco y once años de edad; lo que además es acorde con el principio de mayor calidad y seguridad de las vacunas y, a su vez, implica una inversión en salud pública, que se traduce en aumentar la prevención de la citada enfermedad en un grupo de atención prioritaria, como son las niñas, niños y adolescentes, lo cual se reconoció en el documento denominado "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México". También, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/3 K (11a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, localizable a través del registro digital 2025174, Undécima Época, Materia Común, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SU OTORGAMIENTO PARA EL EFECTO DE QUE SE APLIQUE LA VACUNA PFIZER-BIONTECH (BNT162b2) A MENORES DE CINCO A ONCE AÑOS DE EDAD PARA PREVENIR LA COVID-19, NO CONSTITUYE UNA VARIACIÓN ESTRUCTURAL EN LA POLÍTICA PÚBLICA DEL ESTADO O UNA MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN PROGRAMADO. Hechos: Las quejosas, en representación de sus hijos menores de edad, de entre cinco y trece años, promovieron juicio de amparo indirecto contra la omisión de aplicar a éstos la vacuna Pfizer-BioNTech (BNT162b2) contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19. El Juez de Distrito concedió la suspensión provisional para el efecto de que se les vacunara a la brevedad, al considerar que con su otorgamiento no se contravienen disposiciones de orden público ni se sigue perjuicio al interés social; inconforme, la autoridad responsable interpuso recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito establece que el otorgamiento de la suspensión provisional en el juicio de amparo para el efecto de que se aplique la vacuna BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) a los menores de cinco a once años de edad, no se considera una variación estructural en la política pública del Estado o una modificación sustancial del esquema de vacunación programado. Justificación: Lo anterior es así, porque los quejosos se encuentran dentro del mismo parámetro en el que están las personas de dieciocho a treinta y nueve años, clasificados por los estudios médicos tanto internacionales como nacionales como los menos vulnerables, que es el último reducto de vacunación que queda pendiente de cubrir. Además, en la actualidad la citada vacuna ha sido autorizada para aplicarse a personas de cinco a once años, por lo que la omisión de vacunarlas pone en riesgo su derecho fundamental a la salud, bajo el principio de universalidad, dado que no existe justificación presupuestaria o científica, en la medida que están más expuestas a los efectos del virus en caso de contagio que aquellas personas que se encuentran vacunadas, por muy leves que diga la recurrente que pueden ser sus síntomas, lo cual se ha puesto en duda conforme ha evolucionado el virus. Ahora bien, en las circunstancias actuales, en donde los niños y niñas representan una proporción sustancial de la población no vacunada, la infección podría desplazarse hacia ellos y llegar a constituirse en un eslabón fundamental para la circulación del SARS-CoV-2. De hecho, conforme a la Política Nacional de Vacunación implementada por el Gobierno Federal, en la actualidad se ha terminado la etapa cinco, que originalmente abarcó de julio de 2021 a marzo de 2022, esto es, la etapa residual que comprende al resto de la población, por lo que los cuatro esquemas de vacunación prioritarios para el Estado ya se desarrollaron conforme a su propio calendario. En ese contexto, la falta de vacunación de los quejosos puede implicar que estén en riesgo de contagiarse de la enfermedad y como posible consecuencia contagiar a otras personas, lo cual es contrario a los objetivos del Gobierno Mexicano establecidos en el Plan Nacional de Vacunación, que incluyen alcanzar la efectividad en la aplicación de la vacuna persona por persona, que es un mecanismo que pretende lograr la máxima inmunidad posible en la población en general." Finalmente, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/6 CS (11a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, localizable a través del registro digital 2025151, Undécima Época, Materia Constitucional, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD, EN SU VERTIENTE DE VACUNACIÓN. POR ANALOGÍA, LAS REGLAS Y PRINCIPIOS CONTENIDOS EN LA LEY GENERAL DE SALUD APLICABLES AL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL, DEBEN HACERSE EXTENSIVOS A LOS PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS DERIVADOS DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN MATERIA DE SALUD, CON LAS MODULACIONES CONDUCENTES Y DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DE LAS VACUNAS. Hechos: Las quejosas, en representación de sus hijos menores de edad, de entre cinco y trece años, promovieron juicio de amparo indirecto contra la omisión de aplicar a éstos la vacuna Pfizer-BioNTech (BNT162b2) contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19. El Juez de Distrito concedió la suspensión provisional para el efecto de que se les vacunara a la brevedad, al considerar que con su otorgamiento no se contravienen disposiciones de orden público ni se sigue perjuicio al interés social; inconforme, la autoridad responsable interpuso recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito establece que, por analogía, las reglas y principios contenidos en la Ley General de Salud aplicables al Programa de Vacunación Universal deben hacerse extensivos a los programas extraordinarios derivados de las medidas de seguridad en materia de salud, con las modulaciones conducentes y de acuerdo a la disponibilidad de las vacunas. Justificación: Lo anterior, porque los artículos 144, 157 Bis 1 a 157 Bis 16, 404 y 408 de la Ley General de Salud contienen principios y reglas sobre el derecho humano a la salud derivados del artículo 4o. de la Constitución General, los cuales, a través de una ingeniería legislativa, se desarrollan en dicha ley. De dichos preceptos se advierten los principios de vacunación universal y gratuita; de interpretación y actuación en materia de vacunas, bajo evidencia científica y criterios de racionalidad y objetividad; de mayor calidad de las vacunas y de prioridad de importación por salud pública, así como las reglas de las vacunas como cuestión de seguridad nacional y la de suficiencia presupuestaria para su abasto, disponibilidad y distribución; asimismo, se prevé el derecho de toda persona residente en el territorio nacional a recibir de manera universal y gratuita en cualquiera de las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como locales, del Sistema Nacional de Salud, las vacunas contenidas en el Programa de Vacunación Universal, de conformidad con la citada ley, independientemente del régimen de seguridad social o protección social al que pertenezca; por lo que a juicio de este tribunal, por analogía, dichas reglas y principios deben hacerse extensivos a los programas extraordinarios derivados de las medidas de seguridad en materia de salud con las modulaciones conducentes y de acuerdo a la disponibilidad de las vacunas, al permear en ambos esquemas de vacunación la misma razón de protección del derecho apuntado." Por lo tanto, con fundamento en el precepto 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es otorgar el amparo solicitado para que las autoridades responsables Secretario de Salud, con residencia en la Ciudad de México; Secretario de Salud en Michoacán; Delegado en el Estado de Michoacán de la Secretaría de Salud; y, Director General del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Michoacán, los últimos tres con sede en esta ciudad, realicen lo siguiente. 1. Apliquen a********************ambas de apellidos ********************, la vacuna de refuerzo contra el virus del SARS-CoV2 (Covid-19), de la marca Pfizer/BioNTech y hecho ello, le expidan los certificados de vacunación correspondientes; y, 2. Apliquen a ********************y ********************, el esquema completo de vacunación mediante el biológico electo por ellos, esto es, la vacuna Pfizer/BioNTech, hecho ello, les expidan los certificados de vacunación correspondientes. Séptima. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 3°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************y ********************, por propio derecho y como representantes legítimos de********************ambas de apellidos ********************, en contra de los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo y por los motivos expuestos en el tercero de este fallo. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************y ********************, por propio derecho y como representantes legítimos de********************ambas de apellidos ********************, en términos de la sexta consideración de la presente resolución. Tercero. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el séptima consideración de este fallo. Notifíquese personalmente y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con los informes justificados que rinden las siguientes autoridades: 1. Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial; y, 2. Juez de Primera Instancia en Materia Penal, del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán; Con lo anterior, hágase nueva relación en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.Jjg
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