Juan Manuel Padilla Cerda

Expediente 152/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
152/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
07/11/2023

Partes del expediente

  • Juan Manuel Padilla Cerda
  • Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    CERTIFICACIÓN: En Ciudad Juárez, Chihuahua, a siete de noviembre de dos mil veintitrés, el licenciado Félix Santillanes Cruz, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, hace constar y certifica: Que el presente expediente impreso, coincide en su totalidad con el expediente electrónico que se encuentra en el sistema denominado "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes" (S.I.S.E.), lo anterior en cumplimiento a lo expuesto en el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Lo que se asienta para los fines legales a que haya lugar. Doy fe.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, y el estado de autos, se advierte que transcurrió el término de quince días establecido en el artículo 202 de la Ley de Amparo, y que se le concedió a la parte quejosa para que se inconformara con el proveído de con el proveído de dieciséis de agosto del año en curso, en que se declaró cumplido el fallo protector de garantías, sin que a la fecha haya hecho manifestación alguna al respecto; en consecuencia, se declara que dicho auto queda firme para todos los efectos legales. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, se hace la precisión de que en este expediente no existen documentos originales. Por otra parte, atendiendo a la resolución que puso fin al presente juicio, en la que se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en los artículos 17, fracción III, inciso a), y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se declara que el mismo es conservable; cumplido el plazo de conservación de tres años, en términos el numeral 9, del citado acuerdo, deberá remitirse a los depósitos documentales del Área coordinadora de archivos, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. Este resolutor califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como, no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Conforme lo indica el párrafo segundo, del numeral 34, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es conservable. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones y la certificación que antecede de la que se observa que, ha transcurrido el término de tres días que se le concedió por auto de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, al quejoso Juan Manuel Padilla Cerda, de lo que quedó notificado el veintisiete de julio de dos mil veintitrés, y el término de tres días le transcurrió del veintiocho de julio al uno de agosto del año en curso, siendo inhábiles los días veintinueve y treinta de julio de dos mil veintitrés, por ser sábado y domingo, considerados como inhábiles, y sin que a la fecha la parte quejosa haya realizado manifestación alguna de inconformidad a este Juzgado, por tanto, con las constancias que obran en autos se procede a efectuar el análisis de cumplimiento del fallo protector que nos atañe. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 y en apego al criterio jurisprudencial 26/2000, Aprobado por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del tres de marzo del año dos mil, bajo el rubro: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Con base a lo anterior, este Juzgado de Distrito, se avoca al análisis del cumplimiento dado a la sentencia de amparo por la responsable citada ut supra. Ahora bien, mediante sentencia de once de mayo de dos mil veintitrés, por un lado se sobreseyó en el juicio de amparo y por otro parte, se concedió la protección constitucional a al quejoso Juan Manuel Padilla Cerda, para los siguientes efectos: "Para que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las responsables deberán reintegrarle la diferencia de la cantidad que cubrió por concepto del Impuesto Predial para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, debidamente actualizadas, relativas a los bimestres uno al seis de dicho ejercicio fiscal, a fin de darle su valor real al momento en que aquéllas se efectuaron, y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago. Es así, porque sólo a través de la actualización se devolverán a la parte quejosa las cantidades que pagó a la autoridad bajo un poder adquisitivo razonablemente análogo al que tenía al momento en que se erogaron." Así las cosas, con fecha veintitrés de junio de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió el debido cumplimiento del fallo protector a las autoridades responsables, Gobernadora del Estado de Chihuahua, Congreso del Estado de Chihuahua, y la Tesorera Municipal, ambas con residencia en Chihuahua, capital, así como al Tesorero Municipal de Ciudad Juárez, con residencia en esta Ciudad. No obstante lo anterior, mediante proveído de fecha cuatro de julio la autoridad responsable solicitando copia certificada de las constancias del presente juicio de amparo y solicitando una prórroga para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Y fue mediante auto de veintiuno de julio del año en curso, cuando se tuvo a la Tesorera Municipal de Juárez, Chihuahua, con sede en esta Ciudad, informando la actualización de la clave catastral 01 175 138 027 0000, y que se aplicó el monto de menor cuantía contemplado por las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, exhibiendo copia del cheque número 0014098 a nombre del quejoso Juan Manuel Padilla Cerda, a cargo de la institución Bancaria "citibanamex, Banco Nacional de México", valioso por la cantidad de $4,360.53 (cuatro mil trescientos sesenta pesos 53/100 moneda nacional); consistente en el importe a devolver por concepto de pago de impuesto predial del ejercicio fiscal de dos mil veintitrés, respecto del inmueble propiedad del quejoso. Dicho proveído de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, que le fue notificado a la parte quejosa el veintisiete de julio de dos mil veintitrés, y el término de tres días le transcurrió del veintiocho de julio al uno de agosto del año en curso, siendo inhábiles los días veintinueve y treinta de julio de dos mil veintitrés, por ser sábado y domingo, considerados como inhábiles, y sin que a la fecha la parte quejosa haya realizado manifestación alguna de inconformidad. Corolario a lo expuesto, como se advierte la parte quejosa, no formuló escrito de inconformidad expresa, en el sentido de que está satisfecha con haber recogido el título valor de referencia, y con base a lo informado por la responsable exactora de mérito, es declarar CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO, pues se colmó el núcleo esencial de las obligaciones exigidas a la autoridad responsable. Lo antes expuesto es en acatamiento, a lo establecido en el artículo 192, de la Ley de Amparo, a la Jurisprudencia 2a. CXIV/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Octubre de 1997, página 414, de rubro y texto dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa para los efectos del tercer párrafo del arábigo 201, fracción I, y 202 primer párrafo de la Ley de Amparo, en la inteligencia que de no inconformarse dentro del plazo de quince días que prevé el citado numeral, legalmente computado, se tendrá por consentido. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, quien autoriza y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, once de agosto de dos mil veintitrés. Vistos el oficio que signa la Delegada del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, capital; agréguese sin mayor proveído, toda vez que con fecha veintiséis de julio del año en curso, se acordó lo conducente en el presente juicio de amparo. Cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Félix Santillanes Cruz, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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