Juan Manuel Gómez López
Expediente 456/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 456/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 23/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Juan Manuel Gómez López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Visto el ocurso de cuenta, y como lo solicita el autorizado de la parte quejosa, expídasele a su costa las copias simples que refiere en su ocurso, autorizando para recibirlas en su nombre a las personas que propone.
- Principal
Visto el ocurso de cuenta, y como lo solicita el autorizado de la parte quejosa, expídasele a su costa las copias simples que refiere en su ocurso, autorizando para recibirlas en su nombre a las personas que propone, previa identificación y firma que por su recibo quede en autos para debida constancia. Lo anterior con fundamento en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio número 14443/2017, signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, por medio del cual se le tiene acusando recibo del oficio número 26886/2017, por el que se le remitió el original del juicio de amparo en el que se actúa, asimismo se le tiene informando que fue admitido el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable Secretario de Asuntos Interinstitucionales del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, residente en Chihuahua, capital, quedando registrado como toca recurso de revisión 847/2017.
- Principal
Visto para resolver, el juicio de amparo 456/2017-II, promovido por Juan Manuel Gómez López, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, capital, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Juan Manuel Gómez López, mediante escrito presentado el diez de mayo de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, turnado al día siguiente a este Juzgado de Distrito, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de los actos de las autoridades, Congreso, Gobernador Constitucional y Secretario General de Gobierno del Estado, con sede en Chihuahua, capital; Ayuntamiento, Tesorero, Director de Catastro y Jefe del Departamento de Valuación adscrito a la Dirección de Catastro, del Municipio de Juárez, con sede en esta ciudad, los cuales hizo consistir en: I. Del Congreso del Estado de Chihuahua, la aprobación y expedición de los decretos siguientes: a). Decreto 406/08 I. P.O., por el cual se reformaron los artículos 3, fracciones V, XVI, XXIII y XIV, así como el 21, de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua; b) Decreto LXV/APLIM/0171/2016 I.P.O., por el que se aprobó la Ley de Ingresos para el Municipio de Ciudad Juárez, así como los artículos sexto, fracción I, inciso a) numeral 2, conjuntamente con los artículos primero y tercero transitorios. c) El decreto LXV/APTVV/0079/2016 I.P.O., por el que se aprobó la Tabla de Valores del Suelo y Construcciones propuesta por el Municipio de Juárez, Chihuahua, en vigor a partir del 1 de enero de 2017. d) Los decretos 850/95, 818/95, 112/2004, 786/06, todos relativos al régimen fiscal del impuesto predial que se establece en el Código Municipal; y artículos relacionados a los decretos; así como los artículos Sexto fracción I, inciso a), numeral 2 y noveno, y los artículos Primero y Tercero Transitorios, de la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez, Chihuahua, para el ejercicio fiscal 2017. II. Al Gobernador Constitucional del Estado, la promulgación de los decretos antes mencionados. III. Al Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua, la publicación de los decretos indicados anteriormente. IV. Del Ayuntamiento, Tesorero, Director de Catastro y Jefe de Departamento de Valuación adscrito a la Dirección de Catastro, del Municipio de Juárez, Chihuahua, reclama la aplicación de los citados decretos. SEGUNDO. Admisión de demanda. Por acuerdo de once de mayo de dos mil diecisiete, fue admitida la demanda en los términos propuestos por la parte quejosa; se ordenó la formación del juicio relativo, registrándose bajo el expediente 456/2017-II; se requirieron los informes justificados; se dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación; y, se fijó fecha y hora para la verificación de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos se celebró al tenor del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de nuestra Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción XVII, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, en razón de que las normas generales impugnadas de inconstitucionales requieren ejecución material en esta localidad y por ende, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción donde dicho acto trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado y fue en esta municipalidad, donde se aplicaron dichas normas pues la parte quejosa tiene su domicilio fiscal en esta ciudad, lugar donde ejerce jurisdicción esta autoridad de amparo de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo general en cita. Es aplicable al caso, por las razones que la componen, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que a la letra dice: "COMPETENCIA EN AMPARO CONTRA LEYES QUE REQUIEREN DE EJECUCIÓN MATERIAL. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR DONDE EL QUEJOSO TENGA EL PRINCIPAL ASIENTO DE SUS ACTIVIDADES, AUN CUANDO MANIFIESTE LLEVARLAS A CABO EN DIFERENTES CIUDADES DEL TERRITORIO NACIONAL. Cuando se trata de un juicio de amparo contra leyes que requieren de ejecución material, es aplicable la primera regla de competencia contenida en el artículo 36 de la ley de la materia, es decir, será competente el Juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Por tanto, la competencia debe resolverse en función de los elementos objetivos existentes en autos, como puede ser el domicilio donde el quejoso tiene el principal asiento de las actividades que lo vinculan a las normas impugnadas; porque en ese lugar es donde debe, en principio, acatarlas, no obstante que manifieste llevarlas a cabo en diferentes ciudades del territorio nacional. De ahí que sea competente para conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito que tiene jurisdicción en el lugar donde el quejoso tenga el principal asiento de sus actividades". El suscrito Secretario de este Juzgado, Encargado de Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de treinta de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio CCJ/ST/2382/2017, de esa propia fecha, está facultado para resolver en definitiva; también tiene apoyo lo establecido en el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia del texto siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA. El artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación prevé que durante las vacaciones del titular del órgano jurisdiccional, el Consejo de la Judicatura Federal nombrará a quien deba sustituirlo, o bien podrá abstenerse de realizar ese nombramiento. En el primer supuesto, si se hace la designación del sustituto del Juez en favor del secretario de juzgado, éste puede fallar los juicios de amparo y también goza de facultades amplias y plenitud de jurisdicción para resolver cualquier tipo de juicio sometido a la potestad del juzgador, por lo que habrá de realizar las funciones completas propias del titular del juzgado, lo que incluye pronunciar sentencias en asuntos de cualquier materia, pues jurídicamente estas resoluciones constituyen los actos jurisdiccionales por excelencia, sin cuya facultad no se entendería la razón por la cual tendría que nombrarse al sustituto del Juez en sus ausencias vacacionales, por ser evidente que la función jurisdiccional tiene como característica primordial el pronunciamiento de las resoluciones que deban recaer a los asuntos que se encuentren bajo la potestad del juzgador. En cambio, en el segundo supuesto, relativo a la omisión de la designación, los secretarios encargados de los juzgados de distrito sólo pueden fallar los juicios de amparo cuyas audiencias se hayan señalado para los días en que los titulares disfruten de vacaciones, en razón de que en ese caso aquéllos, por ministerio de ley, quedan encargados del despacho del juzgado, y al no haber sido nombrados sustitutos del Juez y por no contar con facultades amplias de decisión jurisdiccional, conforme al indicado artículo 161, sólo podrán dictar el fallo definitivo en los juicios de amparo cuyas audiencias se celebren dentro del periodo vacacional del titular del juzgado, sin necesidad de contar con autorización por parte del Consejo para resolver dichos juicios." SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados. Para tal efecto, se atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Así, del detenido examen de las constancias del juicio, revelan que la parte quejosa reclama: I. Del Congreso del Estado de Chihuahua, la aprobación y expedición de los decretos: a). Decreto 406/08 I. P.O., por el cual se reformaron los artículos 3, fracciones V, XVI, XXIII y XIV, así como el numeral 21, de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua; b) Decreto LXV/APLIM/0171/2016 I.P.O., por el que se aprobó la Ley de Ingresos para el Municipio de Ciudad Juárez; c) Decreto LXV/APLIM/0079/2016 I.P.O., por el que se aprobó la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete; d) Los decretos 850/95, 818/95, 112/2004, 786/06, relativos al régimen fiscal del impuesto predial que se establece en el Código Municipal; y artículos relacionados con los decretos; y, e) Los artículos Sexto, fracción I, inciso a), numeral 2, y Noveno; así como los artículos transitorios Primero y Tercero, de la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez, Chihuahua, para el ejercicio fiscal 2017. II. Al Gobernador Constitucional y Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua, la promulgación y publicación, respectivamente, de los decretos antes mencionados; y, III. Del Ayuntamiento, Tesorero, Director de Catastro y Jefe de Departamento de Valuación adscrito a la Dirección de Catastro, del Municipio de Juárez, Chihuahua, la aplicación de los citados decretos. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad, Ayuntamiento del Municipio de Juárez, al rendir su informe justificado negó categóricamente la aplicación de los decretos reclamados, consistente en el cobro del impuesto predial del ejercicio fiscal de dos mil diecisiete. El Congreso del Estado de Chihuahua, negó la existencia del acto reclamado relativo a que los decretos establecieron un estímulo fiscal al impuesto predial para tomar como base gravable el 70% al valor mayor del inmueble determinado en avalúo que se practique para tales efectos, tratándose de viviendas de interés social o vivienda popular nueva. Sin que la parte quejosa haya aportado prueba idónea para desvirtuar tales negativas, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]" Es aplicable al anterior razonamiento, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Se afirma lo anterior, porque el agraviado no demostró la existencia de los actos reclamados que se mencionan en este considerando, con algún medio de convicción. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio respecto de los actos reclamados al Ayuntamiento del Municipio de Juárez, dada la inexistencia de los actos de aplicación que se le atribuyeron, consistente en la ejecución del cobro del impuesto predial para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete; y, del Congreso del Estado de Chihuahua, el estímulo fiscal aplicado al impuesto predial para tomar como base gravable el 70% al valor mayor del inmueble determinado en avalúo que se practique para tales efectos, tratándose de viviendas de interés social o vivienda popular nueva. CUARTO. Existencia del acto reclamado. En los informes justificados rendidos por el Gobernador Constitucional, Secretario General de Gobierno y Congreso del Estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua, capital, reconocieron su participación, cada uno dentro del ámbito de sus atribuciones, en el proceso de creación, aprobación, expedición, difusión y publicación de los decretos reclamados, específicamente el Decreto en el que se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones propuesta por el Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Chihuahua, que sirvieron de base para la determinación del valor catastral del bien inmueble del impetrante del amparo y pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete. Por su parte el Tesorero, Director de Catastro y Jefe del Departamento de Valuación adscrito a la Dirección de Catastro, de este Municipio, admitieron parcialmente la ejecución de los actos reclamados, pues el veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, notificaron al quejoso para que en el plazo de cinco días siguientes al aviso, se presentara a realizar el pago del impuesto predial de enero-febrero de dos mil diecisiete. Lo cual aconteció, por ende, se tienen por ciertos los actos que les atribuye el promovente del amparo. Es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Además, respecto de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para tomarlos en consideración. Es aplicable al respecto la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". QUINTO. Causas de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Al efecto, cabe invocarse la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Causas de improcedencia fundadas. I. Causa de improcedencia en relación a la promulgación y publicación de los decretos. En relación a la promulgación y publicación de los aludidos decretos, se aprecia que en relación a los actos reclamados al Gobernador y Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua, se surte la causa de improcedencia que deriva de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso 108, fracción III, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I al XXII [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I a II [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el Caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;[.]". Énfasis añadido. De los preceptos transcritos se desprende, entre otras cosas, que el juicio de amparo será improcedente cuando, se reclame la orden de promulgación y publicación de los decretos por los que se expidieron las normas generales que se combaten, cuando no se impugnen por vicios propios. En la especie, el quejoso acude a combatir esencialmente la aprobación y expedición de los Decretos citados en el preámbulo de la presente determinación, mediante los cuales entre otros se aprobó la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez y la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, relativo a las disposiciones legales que establecen las cuotas para el cobro del impuesto predial. Asimismo, del contenido integral de la demanda se obtiene que del Gobernador y Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua, se reclaman la promulgación y publicación de los aludidos decretos, pero no por vicios propios, pues no se formula algún concepto de violación en ese sentido. De ahí que, se surte de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia de que se trata; en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio respecto de la orden de promulgación y publicación reclamada. II. Causa de improcedencia, en relación a los diversos decretos. En relación a los actos que el quejoso reclama, respecto de los decretos 850/95, 818/95, 112/2004, 786/06 y 406/2008, referentes al régimen fiscal, así como las diversas modificaciones que se han realizado a través de los citados decretos, este órgano Federal, advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]." De lo trascrito, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente en el supuesto de que no se promueva dentro de los términos que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, el cual expone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". En efecto, como se precisó en la transcripción que antecede, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente cuando la demanda de amparo no se promueve dentro de los términos que establece el artículo 17 de la ley de la materia. La causa de improcedencia descansa en el principio atinente a que, no pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo, aquéllos actos consentidos tácitamente, al no haberse reclamado dentro de los plazos que la propia ley señala. En este tenor, tomando en consideración que para los decretos reclamados, el primer momento se contará a partir del día siguiente a su publicación, - lo cual, ocurrió en mil novecientos noventa y seis, dos mil cinco, dos mil siete y dos mil ocho, resulta evidente que a la fecha de la presentación de la demanda, ya habían transcurrido en exceso los treinta días a que se refiere la legislación para que el quejoso pudiera interponer el juicio en su contra -ley autoaplicativa-; no obstante ello, el segundo momento con que cuenta el quejoso para hacer valer su derecho, es a partir de aquel en que tenga conocimiento del acto de aplicación que de dicha norma se realizó, contando con un lapso de quince días para ello -Ley heteroaplicativa-; y si en el caso, lo que se reclama es lo relativo al impuesto predial de dos mil diecisiete, resulta evidente, que a la fecha de presentación de la demanda ya le habían transcurrido en exceso los quince días a que la ley de la materia se refiere para poder promover el amparo, en contra del acto de aplicación de la ley, pues como se advierte la Ley de Ingresos de este Municipio, tiene vigencia por cada anualidad. Por tanto, al haber promovido su demanda de amparo en contra de los aludidos decretos hasta el treinta de enero de dos mil diecisiete, es incuestionable que su presentación fue notoriamente extemporánea, por haber transcurrido en exceso el plazo de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, para que ejerciera su derecho; por ende, es dable considerar que el quejoso consintió tácitamente los citados decretos, relativos a las transformaciones que ha sufrido el régimen del impuesto predial, cuya inconstitucionalidad se hizo valer cuando ya habían transcurrido en exceso los términos que la legislación establece para la procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a esta consideración, la tesis de jurisprudencia VI.2o. J/21, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del contenido: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia referida, se impone sobreseer en el juicio por lo que hace a los decretos 850/95, 818/95, 112/2004 y 786/06, relativos a las transformaciones que ha sufrido el régimen del impuesto predial, y los preceptos invocados derivados de esos decretos, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Causas de improcedencia infundadas. III. Improcedencia. Las autoridades, Gobernador Constitucional y Secretario General de Gobierno del Estado, con sede en Chihuahua capital; Tesorero, Directora de Catastro y Jefe del Departamento de Valuación adscrito a la Dirección de Catastro, de este Municipio, señalaron que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues indicaron que el juicio de amparo procede contra actos definitivos, es decir, respecto de aquéllos contra los cuales no hay un juicio, recurso o medio ordinario de defensa susceptible de revocarlo, anularlo o modificarlo, pues el quejoso al estar inconforme con la categoría de su predio debió agotar primeramente recurso de inconformidad y contra la resolución que se dicte interponer la revisión y reconsideración (impugnar el proceso de revaluación establecido en el artículo 32 de la Ley de Catastro). La causa de improcedencia es infundada, en atención a las siguientes consideraciones, el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. (.)." Una vez precisado lo anterior, se considera que, contrario a lo estimado por las responsables en comento, en el caso concreto no se actualiza la causal prevista por la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo; lo anterior se afirma, toda vez que de conformidad con la fracción XIV, tercer párrafo, del referido artículo 61 de la ley de la materia, se establece como una excepción al principio de definitividad, que en los amparos contra leyes, el quejoso tiene a su favor la elección de impugnar la ley reclamada directamente a través del juicio de amparo, o bien, mediante la interposición de algún recurso o medio de defensa legal por el cual pueda modificar, revocar o nulificar el primer acto de aplicación de la norma general. De ahí que, si en la demanda de amparo se reclamó la inconstitucionalidad de normas generales, vigentes para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, la parte quejosa no se encuentra obligada a agotar los recursos ordinarios que la ley de la materia contemple contra el primer acto de aplicación, como son los recursos de revisión, reconsideración o inconformidad que las responsables consideran debió agotar la parte quejosa, antes de interponer el presente juicio de amparo. Ilustra en este aspecto, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevee la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia". Asimismo, es aplicable en lo que interesa, la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, septiembre de 1992, Octava Época, página 138, que establece: "RECURSOS ADMINISTRATIVOS. EL EJERCICIO DE ALGUNO DE ELLOS OBLIGA AL QUEJOSO AL EJERCICIO DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SI PROCEDE, ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LA LEY APLICADA. Conforme a lo dispuesto por la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, cuando se estime que una ley es inconstitucional con motivo de su primer acto de aplicación, el particular tiene la facultad de elegir entre agotar el recurso o medio de defensa por virtud del cual tal acto pueda ser modificado, anulado o revocado, o promover, desde luego, el amparo. Sin embargo, la propia Ley de Amparo limita el ejercicio de esa potestad jurídica, en los casos en que habiéndose optado por agotar ese remedio ante la potestad común, no procede acudir al juicio de garantías, en contra de la resolución que puso fin a ese medio de defensa, reclamando la inconstitucionalidad de la ley aplicada, cuando dentro del sistema jurídico que corresponda se encuentre previsto el juicio contencioso administrativo en contra de esas resoluciones, pues en ese supuesto, tendrá que agotarlo. Por consiguiente, si se reclama en amparo la ley, como motivo de su aplicación, en la resolución que puso fin al recurso, sin agotarse previamente el juicio contencioso de referencia el amparo será improcedente". IV. Improcedencia. Las autoridades, Tesorero, Directora de Catastro y Jefe del Departamento de Valuación adscrito a la Dirección de Catastro, de este Municipio, señalaron que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues indicaron que el juicio de amparo es extemporáneo, ya que el veintiocho de marzo de dos mil diecisiete se le requirió el pago del impuesto predial del primer bimestre de este año y a partir de dicha fecha ya transcurrió el plazo para la presentación de la demanda. La causa de improcedencia es infundada. Lo anterior es así, ya que la parte quejosa no impugna en esta vía la notificación de adeudo y cobranza que citan las responsables, sino la inconstitucionalidad de los decretos y normas de la Ley de Ingresos para el Municipio, como una ley autoaplicativa, cuyo acto de aplicación ocurrió cuando el aquí quejoso erogó en favor de la Tesorería Municipal de esta ciudad, el pago del impuesto predial, lo cual aconteció dentro del plazo de cinco días que le otorgó para ello, lo cual tuvo lugar el veinticinco de abril del año actual, como se aprecia del certificado de ingresos. De tal manera que al cubrir el impuesto predial ante la Tesorería Municipal, la parte quejosa contaba con el plazo de quince días para inconformarse con la inconstitucional de la ley que a su consideración le causó una afectación a su esfera jurídica. Al respecto, el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" De la norma legal trascrita se infiere que, el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve fuera del plazo que la Ley de Amparo prevé para tal efecto, caso en el cual se reputarán consentidos tácitamente los actos y las normas legales reclamadas. Al respecto, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo debe promoverse en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente en que: a) Haya surtido efectos conforme a la ley del acto reclamado la notificación de éste al quejoso; b) El quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado; y, c) El quejoso se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución. En ese orden de ideas, el plazo con que contaba el quejoso, para presentar la demanda contra los actos que tilda de inconstitucionales, es de quince días, partiendo de que no están comprendidos dentro de las excepciones previstas en las fracciones I, II, III y IV, del artículo 17 de la Ley de Amparo, el cual se autoaplicó el veinticinco de abril de dos mil diecisiete. En tales razones, dicho plazo inició al día siguiente hábil al en que la peticionaria del amparo tuvo perfecto conocimiento al autoaplicarse la norma tildada de inconstitucional, esto es, inició el veintiséis de abril de dos mil diecisiete, para concluir el quince de mayo siguiente, siendo inhábiles los días veintinueve y treinta de abril, seis, siete, trece y catorce de mayo del año en curso, por lo que, resulta evidente que el término aludido (quince días) para interponer la demanda a partir del acto de aplicación a la fecha de la presentación (diez de mayo de dos mil diecisiete), aun no transcurría, por lo cual la demanda fue presentada oportunamente. En tal contexto, la causal de improcedencia invocada resulta infundada. En tales condiciones, al no existir causa diversa de improcedencia alegada o cuyo estudio se estime necesario, es procedente analizar la constitucionalidad de las normas combatidas, al tenor de los conceptos de violación que formuló la promovente en su demanda. SEXTO. Conceptos de violación. Enseguida se procede al análisis de los conceptos de violación que aduce la parte quejosa, sin que para realizar su estudio haya necesidad de transcribirlos. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SÉPTIMO. Análisis de fondo del asunto. Son fundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, en el sentido de que el impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, -relativo a los bimestres del uno al sexto, respecto del bien inmueble registrado con la clave catastral 01-139-056-013-0000-, transgrede en su perjuicio el principio de legalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que es suficiente para otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, por las razones que a continuación se exponen. Para tal fin, es conveniente verificar cuál es el entorno jurídico relacionado con el impuesto predial. El orden sistemático constitucional en el que se encuentra establecido el impuesto predial, podemos enmarcarlo dentro del contenido de los artículos 31, fracción IV, 36, fracción IV, 115, fracción IV, y 121, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que a continuación se reproduce: "Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: I a III (.); IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes." "Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República: I. Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista; así como también inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, en los términos que determinen las leyes. (.)". "Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: I a III (.); IV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a). Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. b). Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados. c). Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución. Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley;" "Artículo 121. En cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros. El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, sujetándose a las bases siguientes: I. II. Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación." Aunado a dichos preceptos se encuentra el Decreto LXV/APLIM/0171/2016 I P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, en vigor a partir del uno de enero de dos mil diecisiete, mediante el cual se expidió la Ley de Ingresos para el municipio de Juárez, Chihuahua, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, en la cual está inserta la autorización del cobro del impuesto predial establecido en el Código Municipal. Asimismo, en términos del artículo 145 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, el objeto del impuesto predial, es el siguiente: "Artículo 145.- Es objeto de este impuesto: I. La propiedad o posesión de predios urbanos y rústicos;." De conformidad con el artículo 146 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, los sujetos determinados del impuesto son, entre otros, los que a continuación se detallan: "Artículo 146.- Son sujetos de este impuesto: I.- Con responsabilidad directa: a).- Los propietarios y poseedores de predios urbanos y rústicos; b).- Los copropietarios y los coposeedores de bienes inmuebles sujetos a régimen de copropiedad o condominio y los titulares de certificados de participación inmobiliaria; (.)" En cuanto a la base del impuesto, según se establece en el artículo 148 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, es el valor catastral del inmueble, determinado por lo dispuesto en la Ley de Catastro del Estado, debiendo reflejar el valor de mercado de las propiedades. Asimismo, acorde al contenido del artículo 149 del Código Municipal para el Estado, el impuesto se determinará anualmente, conforme a las siguientes tarifas: I.- Predios urbanos LÍMITES DE RANGO DE LA BASE DEL IMPUESTO (valor catastral en moneda nacional) TASA DE RANGO (Aplicable sobre la porción del valor de la base que exceda del límite de rango de que se trate) CUOTA FIJA VECES DEL SALARIO MÍNIMO (Suma fija a Pagar) 0 2 al millar 0 183,240 3 al millar 366.48 366,480 4 al millar 916.2 641,340 5 al millar 2,015.64 1,282,680 6 al millar 5,222.34 (VALOR CATASTRAL - LÍMITE MENOR MÁS PRÓXIMO EN MONEDA NACIONAL) * TASA DE RANGO + CUOTA FIJA EN MONEDA NACIONAL = IMPUESTO PREDIAL DIRECTO ANUAL. El Impuesto Predial se calculará con el siguiente procedimiento aritmético: Al resultado de la diferencia del valor catastral del predio y el límite de rango menor más próximo en moneda nacional, se le aplicará la tasa correspondiente al excedente de ese límite inferior y se le adicionará la cuota fija del mismo rango, en moneda nacional. II. Para los predios rústicos la tasa de 2 al millar. III. Para los fundos mineros la tasa de 5 al millar. El impuesto neto a pagar nunca será inferior al equivalente a dos días de salario mínimo general vigente en el Municipio donde se ubique el predio objeto del impuesto, al día treinta de noviembre del año anterior al ejercicio de que se trate". Por otra parte, el valor catastral del inmueble, quedó regulado en el Decreto LXV/APTVV/0079/2016 I P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado el veinticuatro de diciembre de dos mil dieciséis, mediante el cual se aprueba la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones del Municipio de Juárez, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete. Ahora bien, en términos generales, el catastro es el censo analítico de la propiedad inmobiliaria, que tiene el propósito de ubicar, describir y registrar las características físicas de cada bien inmueble con el fin de detectar sus particularidades intrínsecas que lo definen tanto material como especialmente. La administración pública de catastro, tiene por objeto detectar las características de los bienes inmuebles ubicados en el territorio del municipio, conocer quiénes son los propietarios de dichos bienes y registrar su situación jurídica-económica para fines tanto legales como impositivos. Para el municipio, la oficina de catastro permite censar y conocer los bienes inmuebles asentados en su territorio, registrar los datos exactos relativos a sus características, determinar su valor y conocer la situación jurídica de los mismos respecto a sus propietarios, todo ello encaminado principalmente a la captación de recursos a través del cobro de diferentes impuestos a la propiedad inmobiliaria, como son el predial y el de traslación de dominio, entre otros, pero ello sólo los puede realizar si cuenta con un Catastro Municipal. Así, el trabajo desarrollado por la Oficina de Catastro, acorde al contenido del artículo 10 de la Ley de Catastro para el Estado de Chihuahua, tiene por objeto integrar y mantener el inventario de los predios ubicados en el territorio del Estado, identificando sus características y sus valores; actualizar la información sobre el uso del suelo, su infraestructura, los servicios públicos con que cuenta y el equipamiento urbano existente; y procesar, clasificar y proporcionar la información geográfica y catastral necesaria para una adecuada planeación del desarrollo urbano. La Oficina de Catastro también cuenta con registros informativos que se relacionan, fundamentalmente (según el artículo 11 de la Ley de Catastro del Estado), con los siguientes aspectos: I. Físico y técnico del terreno: ubicación, linderos, colindancias, superficie, uso y valor catastral. II. Físico y técnico de la construcción: superficie, tipo, estado de conservación, edad, uso, destino y valor catastral; III. Administrativo: Datos de inscripción del predio en el Registro Público de la Propiedad, nombre del propietario o poseedor, nacionalidad, registro federal de contribuyente y domicilio para oír notificaciones y recibir documentos del propietario o poseedor. IV. Geográfico: La información geográfica, geodésica, topográfica, fotográfica, aerofotográfica, fotogramétrica, aerofotogramétrica, de zonificación y regionalización; V. Económico y estadístico: nivel socioeconómico, equipamiento, infraestructura, servicios disponibles y rentabilidad en los predios de la zona; VI. Jurídico: régimen y tenencia de la tierra; y VII. Histórico: Cronología registral y catastral de los predios. Actualmente Catastro tiene una finalidad fiscal importante y fundamental, como proceso técnico para generar recursos financieros que apoyen distintos programas de desarrollo. Sin embargo, la finalidad fiscal de catastro se ha ampliado enormemente, convirtiéndose en un instrumento de importancia para apoyar el logro de objetivos diversos contenidos en el plan de desarrollo municipal y en los programas a ejecutarse, por ello, sus actuaciones no pueden quedar al margen de la constitución y en todo momento, deben cumplir con los principios de legalidad tributaria y seguridad jurídica. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha expresado el contenido y alcance del principio de legalidad tributaria, entre otras, en las siguientes jurisprudencias: "IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY. Al disponer el artículo 31 constitucional, en su fracción IV, que son obligaciones de los mexicanos 'contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes', no sólo establece que para la validez constitucional de un tributo es necesario que, primero, esté establecido por ley; segundo, sea proporcional y equitativo y, tercero, sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también exige que los elementos esenciales del mismo, como pueden ser el sujeto, objeto, base, tasa y época de pago, estén consignados de manera expresa en la ley, para que así no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que a la autoridad no quede otra cosa que aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante y el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda en todo momento conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos de la Federación, del Estado o Municipio en que resida." "IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE, CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El principio de legalidad se encuentra claramente establecido por el artículo 31 constitucional, al expresar, en su fracción IV, que los mexicanos deben contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y está, además, minuciosamente reglamentado en su aspecto formal, por diversos preceptos que se refieren a la expedición de la Ley General de Ingresos, en la que se determinan los impuestos que se causarán y recaudarán durante el período que la misma abarca. Por otra parte, examinando atentamente este principio de legalidad, a la luz del sistema general que informa nuestras disposiciones constitucionales en materia impositiva y de explicación racional e histórica, se encuentra que la necesidad de que la carga tributaria de los gobernados esté establecida en una ley, no significa tan solo que el acto creador del impuesto deba emanar de aquel poder que, conforme a la Constitución del Estado, está encargado de la función legislativa, ya que así se satisface la exigencia de que sean los propios gobernados, a través de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar, sino fundamentalmente que los caracteres esenciales del impuesto y la forma, contenido y alcance de la obligación tributaria, estén consignados de manera expresa en la ley, de tal modo que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos del Estado, y a la autoridad no queda otra cosa sino aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria, dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante. Esto, por lo demás, es consecuencia del principio general de legalidad, conforme al cual ningún órgano del Estado puede realizar actos individuales que no estén previstos y autorizados por disposición general anterior, y está reconocido por el artículo 14 de nuestra Ley Fundamental. Lo contrario, es decir, la arbitrariedad en la imposición, la imprevisibilidad en las cargas tributarias y los impuestos que no tengan un claro apoyo legal, deben considerarse absolutamente proscritos en el régimen constitucional mexicano, sea cual fuere el pretexto con que pretenda justificárseles." De acuerdo con las consideraciones plasmadas en los anteriores criterios, el respeto a la garantía de legalidad tributaria exige que la carga impositiva esté prevista en una ley, por las siguientes razones: - Para evitar que quede al margen de la arbitrariedad de las autoridades exactoras, la fijación del tributo, quienes sólo deberán aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas antes de cada caso concreto. - Para evitar el cobro de impuestos imprevisibles. - Para evitar el cobro de impuestos a título particular. - Para que el particular pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir al gasto público, al ser el legislador y no otro órgano quien precise los elementos del tributo. En tal contexto, conforme al principio de legalidad, ningún órgano del Estado puede realizar actos individuales que no estén previstos y autorizados por disposición general anterior, y está reconocido por el artículo 14 de la Constitución Federal. Lo contrario, es decir, la arbitrariedad en la imposición de contribuciones, la imprevisibilidad en las cargas tributarias y los impuestos que no tengan un claro apoyo legal, deben considerarse absolutamente proscritos en el régimen constitucional mexicano, sea cual fuere el pretexto con que pretenda justificárseles. En la especie, para estimar que la base del impuesto predial correspondiente al año dos mil diecisiete, transgrede el principio de legalidad tributaria establecido en el artículo 31, fracción IV, constitucional, basta analizar el contenido de la Ley de Catastro, particularmente, los artículos 21, 23, 24, 25, fracción IV, 27 y 28, en relación con las tablas de valores unitarios para determinar el valor catastral del predio materia de la controversia, correspondiente al año dos mil diecisiete, pues de su sola lectura se obtiene que no se encuentran previstos todos los parámetros legales para la determinación de la base del impuesto predial y que, como lo afirma el promovente, se deja a la autoridad municipal la libre determinación del valor catastral de los inmuebles. Los preceptos citados disponen: "ARTÍCULO 21. Las tablas de valores unitarios de suelo y construcción deberán reflejar el valor de mercado. Para la determinación de las zonas homogéneas de valor y de los valores unitarios de terreno por zona y por vialidad, el territorio de los municipios se dividirá en áreas con características homogéneas. Para la definición de las áreas homogéneas se tomará en consideración lo dispuesto por los planes y programas de desarrollo urbano y rural que tengan efectos sobre el territorio; la existencia, disponibilidad y características del equipamiento y servicios públicos, así como el tipo de construcción y demás factores que incrementen o demeriten el valor de las zonas y predios. Cuando la disponibilidad y calidad de los servicios públicos, el uso de suelo, infraestructura urbana y equipamiento, nivel socioeconómico de la población, tipo y calidad de las construcciones; sean similares dentro de una circunscripción territorial, se constituye en un zona homogénea de valor y se le asignará un valor unitario de suelo. Las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción deberán delimitar con precisión el área que comprenda cada zona homogénea de valor. Dentro de la zona homogénea de valor pueden existir franjas, denominadas corredores de valor que por sus características dan lugar a que los inmuebles colindantes, puedan tener un valor unitario de suelo diferente a la propia zona homogénea. Para determinar un corredor de valor se considerarán: las condiciones y factores que puedan modificar el valor de la franja, respecto del que corresponda a la zona homogénea. Para la determinación de los valores unitarios de suelo y construcción, los predios se clasificarán en urbanos, suburbanos y rústicos. Las construcciones se clasificarán de acuerdo a su vocación o uso predominante en: Habitacionales, comerciales o de servicios, industriales, especiales y mixtos; éstas a su vez se clasificarán de acuerdo a su tipología de construcción y al estado de conservación de la misma, las cuales se establecerán en la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcción. Las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción deberán contener los factores de incremento y demérito que serán aplicables en el procedimiento valuatorio. Los valores unitarios de suelo en la zona urbana y suburbana se fijarán por metro cuadrado y en zona rústica por hectárea. Las bases generales y sistemas para la clasificación y valuación de las zonas, predios, construcciones, así como la aplicación de factores de incremento y demérito para la determinación de valores unitarios, se establecerán de conformidad con lo dispuesto por esta Ley." "ARTÍCULO 23. Para determinar el valor catastral de los predios, se aplicarán los valores unitarios aprobados, de acuerdo con la siguiente formula: VCAT= VT+VC Para efectos de la fórmula anterior, se entenderá: VCAT=Valor Catastral VT= Valor del Terreno VC=Valor de la Construcción El valor del terreno de un inmueble se obtiene de multiplicar su superficie por el valor unitario de suelo, contenido en las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción aprobadas para el Municipio en el cual se encuentra ubicado el predio, de acuerdo con la formula siguiente: VT=STxVUS Para efectos de la fórmula anterior, se entenderá: H. Congreso del Estado Secretaría de Servicios Jurídico Legislativos División de Documentación y Biblioteca Ley de Catastro del Estado de Chihuahua Última Reforma POE 2007.12.26/No.103 10 de 19 VT=Valor de Terreno ST= Superficie del Terreno VUS=Valor Unitario del Suelo correspondiente a la zona homogénea, sector o corredor de valor donde se ubica el inmueble. En su caso, deberá considerarse los factores de incremento y demérito, previstos en las tablas, según las características del suelo, una vez determinado el valor unitario de referencia que le corresponda. El valor de construcción de un inmueble, se obtiene de multiplicar la superficie construida, por el valor unitario de construcción para cada tipo de edificación, contenido en las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción aprobadas para el Municipio en el cual se encuentra ubicado el predio, más el valor de las instalaciones especiales permanentes, de acuerdo con la fórmula siguiente: VC=SCxVUC+VIE Para efectos de la fórmula anterior, se entenderá: VC= Valor de la Construcción SC=Superficie de la Construcción VUC= Valor Unitario de la Construcción VIE= Valor de las Instalaciones Especiales Según las características del predio deberán aplicarse, en su caso, los factores de incremento y demérito, previstos en las tablas, una vez determinado el valor unitario de referencia que le corresponda. Para los inmuebles que estén sujetos al régimen de propiedad en condominio, la valuación deberá hacerse respecto a cada unidad privativa, incluyendo la parte proporcional indivisa de los bienes comunes. ARTÍCULO 24. El valor catastral será el que resulte de sumar el valor del terreno y el de la construcción, obtenidos conforme lo señala el artículo anterior. ARTÍCULO 25. La asignación y actualización del valor catastral de inmuebles se efectuará por los Municipios, conforme a las tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción y con apoyo en la Información resultante de los siguientes procedimientos: I. Por declaración del contribuyente, sujeta a la aprobación de la autoridad municipal; II. Por avalúo directo realizado por un perito valuador debidamente registrado o autorizado ante el Departamento Estatal de Profesiones. III. Valuación directa en base a la información recabada por la Autoridad Catastral Municipal, mediante inspección física, estudios técnicos directos o por medios indirectos como la fotogrametría, aerofotogrametría e imagen satelital. IV. Con base en la documentación oficial que emitan las Autoridades Catastrales, tomando en consideración la información proporcionada al catastro por los propietarios o poseedores de predios, o con base en los registros de información con que cuenten las mismas Autoridades". ARTÍCULO 27. La asignación, modificación y actualización de los valores catastrales por parte de la autoridad municipal, deberá notificarse a los propietarios o poseedores de los predios, en el domicilio señalado por estos para oír y recibir notificaciones o en su defecto mediante publicación de edictos en los estrados de la oficina de catastro municipal. No será necesario hacer la notificación anterior en los casos en que dichos valores sean el resultado de las manifestaciones presentadas por los propietarios o poseedores de los predios, ni con respecto a las revaluaciones que con el carácter de general se hagan a todos los predios en aplicación de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones, que anualmente apruebe el H. Congreso del Estado. En todo caso, el propietario o poseedor inconforme con la modificación, actualización o asignación de valores realizada por la autoridad catastral, podrá ejercitar el medio de defensa previsto por el artículo 32 de esta Ley. ARTÍCULO 28. Los predios a los cuales ya se hubiese fijado un valor catastral, serán revaluados en los siguientes casos: I. De manera general y anualmente al inicio del ejercicio, aplicando las tablas de valores unitarios de suelo y construcción, que apruebe el Congreso del Estado, para el ejercicio de que se trate.". De la transcripción de los artículos anteriores, se evidencia que la autoridad legislativa estatal intentó establecer los mecanismos para la determinación de la base gravable del impuesto predial, consistente ésta, según el artículo 148 del Código Municipal, en el valor catastral del inmueble, el cual debe de reflejar, además, el valor de mercado de las propiedades. Asimismo, en el artículo 23 de la Ley de Catastro, se estableció que para obtener el valor del terreno de un inmueble, deberá multiplicarse su superficie por el valor unitario del suelo que se contiene en las Tablas de Valores de Suelo y Construcción aprobadas para el municipio en el cual se encuentra ubicado el predio, de acuerdo con la formula siguiente: "VT=STxVUS Para efectos de la fórmula anterior, se entenderá: VT=Valor de Terreno ST= Superficie del Terreno VUS=Valor Unitario del Suelo Correspondiente a la zona homogénea o corredor de valor donde se ubica el inmueble. En su caso, deberá considerarse los factores de incremento y demérito, previstos en las tablas, según las características del suelo, una vez determinado el valor unitario de referencia que le corresponda." Además, en el artículo 21 del mismo ordenamiento legal, se precisó que las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción, deben reflejar el valor de mercado, señalándose únicamente que se deben agrupar los predios que tengan características similares; esto es, una agrupación de predios y construcciones en zonas homogéneas, áreas con características homogéneas y en corredores de valor. Lo anterior hace patente que ningún precepto indica cómo o con base a qué, se va a determinar o asignar un valor unitario al suelo y a las construcciones de los predios agrupados, es decir, dichos artículos no permiten que el contribuyente conozca la manera de determinar la base del impuesto, puesto que el valor catastral es determinado conforme a los valores unitarios del suelo y construcción, vulnerando con ello la garantía de legalidad tributaria, porque se faculta a la autoridad administrativa para que establezca impuestos imprevisibles que rebasen la capacidad contributiva de los contribuyentes, en el caso de la parte quejosa, cuestión que se agudiza por el hecho de que los valores unitarios cambian año con año y la forma en que se obtienen para elaborar las "tablas" deviene arbitraria, toda vez que no se encuentra contenida en una ley expedida con antelación al hecho imponible y al desconocer el causante del gravamen la certeza respecto de la noción de valor de mercado, su forma de cálculo y monto, genera la trasgresión al principio en materia fiscal, antes asentado. Cabe destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que la facultad otorgada a la autoridad administrativa para obtener un valor que incide en la base del impuesto, no implica una violación a la garantía de legalidad tributaria, siempre que se trate de un valor que debe ser obtenido por un órgano técnico con base en los datos observados a lo largo del tiempo y mediante un análisis comparativo. Dicho criterio se encuentra en la Tesis 2a./J. 155/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del texto dice: "LEGALIDAD TRIBUTARIA. SU ALCANCE CUANDO EL LEGISLADOR FACULTA A UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA PARA ESTABLECER EL VALOR DE UN FACTOR DE ACTUALIZACIÓN QUE INCIDE EN EL MONTO DE LA BASE GRAVABLE O EN LA CUANTÍA DE UNA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA ACCESORIA. Para verificar el apego al principio de legalidad tributaria, contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los actos formal y materialmente legislativos en los que se faculta a una autoridad administrativa para establecer el valor de un factor que incide en el monto de la base gravable o tiene algún efecto sobre una obligación tributaria accesoria, pero constituye un parámetro que debe tomarse en cuenta por todos los contribuyentes que se ubiquen en el supuesto normativo, resulta relevante distinguir si la actividad encomendada a quien la aplica, se limita a recabar un dato que deriva del mercado, o bien constituye un valor que por la naturaleza del fenómeno a cuantificar implica, necesariamente, que un órgano técnico con base en los datos observados a lo largo del tiempo, y del análisis comparativo que realice de éstos, obtenga el valor que trasciende al monto de la respectiva obligación tributaria. En el primer supuesto, si la ley únicamente dispone que ese valor o precio debe tomarse en cuenta para efectos tributarios, sin precisar el mecanismo que seguirá para conocerlo, ello no implica dejar al arbitrio de la autoridad la fijación del monto correspondiente, pues al señalar que debe considerarse el valor que las fuerzas del mercado fijan en un momento específico a un determinado bien o a un indicador económico, la actividad técnica de la autoridad administrativa se limita a capturarlo de la realidad económica, lo que no significa comparar datos observados en diversos momentos, sino simplemente acudir a lo que en un momento dado revela el mercado, por lo que no queda al arbitrio de órganos ajenos al Poder Legislativo la determinación de los elementos que trascienden al monto de las cargas tributarias de los gobernados, pues será la realidad económica que se ordena valorar y no la voluntad de las autoridades administrativas la que determine la afectación patrimonial que una contribución o una obligación tributaria accesoria representa para los gobernados, sin desconocer que el órgano técnico competente puede incurrir en una aplicación incorrecta de la ley por una apreciación equivocada de esa realidad. En cambio, en el segundo supuesto, como sucede por ejemplo con el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, sí es necesario que el legislador prevea qué procedimiento debe seguir el órgano técnico para obtener dicho valor, pues éste deriva de comparar el movimiento de los precios a lo largo del tiempo y para obtenerlo no basta con levantar datos del mercado relativos a un mismo momento, sino que se comparan diversos valores (precios del mes base y del mes al que se refiere el Índice), y es la necesidad de acotar el arbitrio para realizar tal comparación, en aras de respetar el principio de legalidad tributaria, lo que torna indispensable prever en un acto formal y materialmente legislativo el procedimiento al cual debe sujetarse el órgano técnico que lleve a cabo la cuantificación y comparación de los valores observados en diversos momentos, de manera que se impida su actuación arbitraria y, además, se genere certidumbre a los gobernados sobre los factores que inciden en la cuantía de sus cargas tributarias". Sin embargo, en el caso que nos ocupa, no debe perderse de vista que la facultad para establecer los valores unitarios se encuentra regulada en el artículo 115 constitucional y deriva de una coordinación entre los Ayuntamientos y las legislaturas estatales, aunado a que según la autoridad, las tablas de valores unitarios de referencia, constituyen los parámetros para la determinación de la base gravable del impuesto, pero aun y cuando se establecen ciertos criterios para su aplicación, no todos fueron definidos, pues no se sabe sí se tomaron en cuenta los factores de depreciación por edad y depreciación de mercado, establecidos en las aludidas tablas de valores por metro cuadrado, respecto de la construcción. Por ende, ninguna seguridad existe para el contribuyente, en cuanto al cumplimiento del contenido del artículo 23 de la Ley de Catastro citado con antelación, el cual señala que "Valor Unitario del Suelo Correspondiente a la zona homogénea, sector o corredor de valor donde se ubica el inmueble". En su caso, deberán considerarse los factores de incremento y demérito, previstos en las tablas, según las características del suelo, una vez determinado el valor unitario de referencia que le corresponda. El valor de construcción de un inmueble, se obtiene de multiplicar la superficie construida, por el valor unitario de construcción para cada tipo de edificación, contenido en las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción aprobadas para el municipio en el cual se encuentra ubicado el predio, más el valor de las instalaciones especiales permanentes, de acuerdo con la fórmula siguiente: "VC=SCxVUC+VIE Para efectos de la fórmula anterior, se entenderá: VC= Valor de la Construcción SC=Superficie de la Construcción VUC= Valor Unitario de la Construcción VIE= Valor de las Instalaciones Especiales". Esto es, será según las características del predio que deberán aplicarse, en su caso, los factores de incremento y demérito, previstos en las tablas, una vez determinado el valor unitario de referencia que le corresponda. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció en el sentido de que las Tablas de Valores Unitarios del Impuesto Predial, revisten una importancia fundamental en la integración de los elementos que lo conforman, ya que impactan sobre la base gravable de la contribución y que por ello deben ajustarse al contenido del artículo 31, fracción IV, constitucional. Así se obtiene del criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 25/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "PREDIAL. LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DEL SUELO, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ESPECIALES, CONTENIDAS EN LOS DECRETOS NÚMEROS 292 Y 184, PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD FEDERATIVA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2002 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004, RESPECTIVAMENTE, TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. Las tablas de valores unitarios contenidas en los Decretos referidos, establecen en la segunda y tercera columna las características del inmueble objeto del impuesto predial que permiten su clasificación en un tipo determinado de bien, mientras que en la cuarta columna se señala el valor unitario por metro cuadrado de suelo o construcción que le corresponde al bien respectivo, conforme a tres posibles montos aplicables que corresponden a una mínima, media y máxima revelación de capacidad contributiva; sin embargo, los parámetros que la autoridad administrativa debe observar para el efecto de clasificar determinado bien en su categoría no se encuentran establecidos en ley, por lo que queda al arbitrio de la autoridad administrativa establecer los criterios de clasificación respectivos, lo que resulta violatorio de la garantía de legalidad tributaria prevista en la fracción IV del artículo 31 constitucional, pues se permite un margen de arbitrariedad para la determinación de la base gravable del impuesto. Lo anterior no implica que los contribuyentes dejen de pagar el impuesto predial sino que, atendiendo a que la violación constitucional se genera por la falta de certeza en cuanto a la base aplicable a un determinado inmueble, el efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad consistirá en que, en cada rango de la tabla de valores, se aplique el monto de menor cuantía establecido en la cuarta columna, a los inmuebles con las características detalladas en dicho rango". Del criterio citado, destacan los siguientes aspectos: 1. Las Tablas de Valores Unitarios del impuesto predial, revisten una importancia fundamental en la integración de los elementos que lo conforman, ya que impactan sobre la base gravable de la contribución. 2. Las normas que contengan las Tablas de Valores Unitarios del impuesto predial, deben respetar las garantías constitucionales de justicia tributaria previstas en el artículo 31, fracción IV constitucional. 3. La base gravable, representa una cuantificación numérica, que es expresión de la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, y que se aprecia atendiendo a las características del bien inmueble de que se trate, lo cual se concreta en las denominadas Tablas de Valores Unitarios. 4. Los criterios para clasificar un bien inmueble, deben encontrarse establecidos en la ley, pues en su defecto, quedan al arbitrio de la autoridad, quebrantando la garantía de legalidad tributaria, al permitir un margen de arbitrariedad a favor de la autoridad en lo relativo a la base gravable del impuesto. 5. Cuando no se establecen los parámetros que debe observar la autoridad administrativa, para clasificar determinado bien en su categoría, se genera incertidumbre e inseguridad jurídica al contribuyente, provocando que uno de los elementos de la contribución pueda ser elegido discrecionalmente por la autoridad. 6. Los valores unitarios establecidos en las tablas, fueron fijados por el legislador; sin embargo, los criterios de aplicación a los distintos inmuebles, no fueron definidos. Luego, si en la especie las tablas de valores unitarios a que nos hemos referido son genéricas y en ellas no se precisan los criterios que el legislador tuvo para ubicar el inmueble (terreno con construcción) acorde a su valor; ni existe dato para establecer conforme a su construcción en los rubros que se identificaron como habitacional, comercial e industrial, dejando a libertad de la autoridad la determinación de la base del impuesto que deben pagar los contribuyentes, es inconcuso que se transgrede la garantía de legalidad tributaria, pues para la definición de la base gravable del impuesto predial, el artículo 148 del Código Municipal de esta entidad, establece que el valor catastral del inmueble deberá reflejar, además, el valor del mercado de la propiedad; asimismo, la Ley de Catastro, en su artículo 3, fracción XIX, define al valor de mercado, como la determinación valorativa en unidades monetarias de un predio, atendiendo a sus elementos cualitativos y cuantitativos a una fecha determinada, sin embargo, la propia ley no establece cuáles son esos elementos cualitativos y cuantitativos que habrán de considerarse, ni tampoco se indica qué autoridad debe determinarlos, lo que sin lugar a dudas, da lugar a la aplicación de criterios discrecionales y subjetivos, que a la postre, podrían generar el establecimiento de tributos imprevisibles o a título particular, al ignorar el causante del gravamen, la certeza respecto de la noción de valor de mercado, su forma de cálculo y monto, por lo que todo esto genera la trasgresión al principio de legalidad impositiva. No obstante la inconstitucionalidad mencionada, la misma no implica que el quejoso deje de pagar el impuesto predial, por el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, sino por el contrario, atendiendo a que la violación constitucional se genera por virtud de la falta de certeza en cuanto a la base aplicable a un determinado inmueble, el efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad consiste en que se le aplique al quejoso el rubro que le corresponda de la tabla de valores, conforme al destino del inmueble previamente definido como habitacional, comercial e industrial, es decir, atendiendo al uso, tipología y sector, claro está, aplicando el monto de menor cuantía de cada sector, pues sólo así se puede lograr la restitución en el goce de la garantía constitucional quebrantada, según se establece en el artículo 78 de la Ley de Amparo. En este sentido, debe eliminarse la inseguridad jurídica causada por la violación a la garantía de legalidad tributaria, en razón de que la falta de precisión en cuanto a los criterios aplicables para determinar el valor del terreno y el valor de construcción, para llevar a cabo el cálculo del valor catastral del inmueble, lesiona la garantía de legalidad tributaria del contribuyente. En virtud de lo anterior, aun cuando no existe un procedimiento o parámetros suficientes establecidos en ley, para determinar cuál de las distintas bases gravables refleja la verdadera capacidad contributiva del propietario o poseedor del inmueble, sí existe certeza de que todo inmueble con las características expresadas en determinado rango revelan la capacidad contributiva mínima establecida en la categoría de menor cuantía. Por lo tanto, si se toma en consideración que con la declaratoria de inconstitucionalidad que prevé el pago de una contribución, se afecta el mecanismo impositivo esencial y, como consecuencia, se obliga al quejoso al pago de la categoría establecida como de menor cuantía, resulta inconcuso que en cumplimiento de la ejecutoria las autoridades responsables deberán, restituirle la diferencia que exista entre el total de las cantidades que haya pagado por tal concepto y el que resulte como de menor cuantía. En esas condiciones, a efecto de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación aducida, los efectos de la concesión del amparo consisten en: 1. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, dado que es inconstitucional el mecanismo para el cálculo del impuesto predial de inmuebles con construcciones adheridas al mismo, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, las Autoridades Municipales deberán aplicar a la parte quejosa el sistema de cálculo de que se trata, en los siguientes términos: 2. Cuantificar el impuesto predial, conforme a las reglas precisadas en el cuerpo de esta sentencia, lo que se traduce en que el contribuyente pague el impuesto relativo atendiendo, exclusivamente al sector, así como a la cuantía menor establecida para los bienes con igual uso y tipología. 3. Finalmente, en caso de que proceda, se devuelva a la parte promovente del amparo, por parte de las autoridades municipales recaudadoras, el excedente que haya pagado por concepto de impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, con sus respectivas actualizaciones. Tiene aplicación la jurisprudencia 112/99 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro." También conviene invocar la jurisprudencia 346, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación." Debe puntualizarse que el cumplimiento de la presente resolución, no implica anular las normas tildadas de inconstitucionales, por lo cual la autoridad responsable Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Chihuahua, quedan exentas de cumplimiento de este fallo, atento al contenido de la tesis aislada P. CXXXVII/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estatuye: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general." En virtud de lo anterior, deviene innecesario el estudio de los restantes motivos de disenso aducidos, por las razones que informa la jurisprudencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Juan Manuel Gómez López, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Juan Manuel Gómez López, en contra de los actos reclamados a las autoridades citadas en el considerando cuarto, para los efectos preciados en la parte final del considerando séptimo de esta sentencia. N O T I F Í Q U E S E.
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