Juan Manuel Reyes Cervantes

Expediente 913/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
913/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
15/11/2022

Partes del expediente

  • Juan Manuel Reyes Cervantes
  • Servicio de Administración Tributaria local

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    en atención al escrito signado por Juan Manuel Reyes Cervantes, se advierte que solicita la devolución de los documentos presentados con el escrito inicial. En atención a lo solicitado, previo desglose de los documentos originales que solicita, y una vez que exhiba la copia simple de los mismos, procédase a su cotejo, para que se deje en lugar de las copias certificadas que serán devueltas al promovente. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, a cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de queja contra el auto en el que se desechó la demanda de amparo en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que dicho auto, queda firme para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Luego, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en este asunto se dictó un acuerdo que desechó la demanda de amparo. Entonces, una vez cumplido el término de tres años, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, destruirá este expediente y remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Este resolutor califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Conforme al primer párrafo del numeral 35, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, que carece de relevancia documental, así como también que es destruible. Finalmente, advirtiéndose en autos que obran documentos originales y que fueran exhibidas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda; por tanto, hágase de su conocimiento que quedan a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, por el término de noventa días, contados a partir de la legal notificación, que en caso de no recabarlas en el término indicado, se depuraran en forma conjunta con el presente juicio de amparo, lo anterior de conformidad con el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa el proveído de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, toda vez que no acudió dentro de los dos días hábiles siguientes al Órgano Jurisdiccional a notificarse; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, a catorce de octubre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Juan Manuel Reyes Cervantes, por su propio derecho, y en calidad de albacea de los bienes del señor Fidel Reyes Morales y la señora Celia Cervantes, contra actos de la Secretaría de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. En consecuencia, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el juicio de amparo 913/2022-VI. Previo al estudio de la procedencia de la demanda de amparo, es necesario precisar que los actos reclamados en el presente juicio consisten en: A la Secretaría de Administración Tributaria de Ciudad Juárez, se le reclama: "El embargo y adjudicación del bien inmueble propiedad de mis señores padres Fidel Reyes Morales y Celia Cervantes por la cantidad de $860.00 (ochocientos sesenta pesos moneda nacional). La notificación de la resolución administrativa que dicen fue llevada en contra de mi señor Padre Fidel Reyes Morales, supuestamente por falta de pago del crédito fiscal 427356. La subasta electrónica SEI 06 18 de la propiedad ubicada en calle Xalapa 7084 del fraccionamiento Ampliación Aeropuerto Lote 12, manzana 129, a nombre de mis padres Fidel Reyes Morales y Celia Cervantes, supuestamente la subasta se llevó a cabo del 5 al 18 de abril de 2018." Al respecto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de la demanda de amparo para verificar si se actualiza o no alguna causal de improcedencia, pues de acontecer tal circunstancia debe desecharse. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. A su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegarse a las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1º.A. J/A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte de oficio que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa consintió tácitamente los actos reclamados en esta vía, dado que no acudió al amparo en el plazo previsto para tal efecto. A efecto de justificar tal conclusión conviene tener presente el contenido del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en el cual se prevé la causal de improcedencia de que se trata. Dicho precepto legal, en lo que interesa, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra las que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Preceptos legales de los que se advierte, que el término general para la interposición de la demanda de amparo, es de quince días contados a partir de aquél en que surta efectos la notificación, conforme a la legislación que rige al acto; o bien, a partir de aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución. Se precisa, que los casos de excepción a que alude el citado artículo 17 de la Ley de Amparo, no se ubican en el supuesto de la demanda de amparo que nos ocupa. En ese orden de ideas, el quejoso señala como acto reclamado el embargo y adjudicación por parte de la Secretaría de Administración Tributaria, del bien inmueble propiedad de Fidel Reyes Morales y Celia Cervantes, padres del aquí quejoso. Asimismo, de las propias manifestaciones hechas bajo protesta de decir verdad, por el impetrante del amparo, se advierte que refiere que su padre falleció en el año 2016 y dos años después demandó la sucesión de sus bienes y al andar haciendo los trámites se da cuenta de que en una de las propiedades de su padre tenía un embargo de fecha 17 de diciembre de 2010, por un monto de $860.00 (ochocientos sesenta pesos moneda nacional) a favor de la Administración Local de Recaudación de Ciudad Juárez, en donde al acudir ante esas oficinas le dijeron que era un embargo realizado por la Secretaría de Administración Tributaria, habiendo anexado a su escrito de demanda un certificado de gravámenes expedido el uno de octubre de dos mil dieciocho, en el que se advierte tal circunstancia, de lo que evidencia que desde aquella fecha tuvo conocimiento o se ostentó sabedor de los actos que reclama. De ahí que resulta incuestionable que a partir de esa fecha el quejoso conoció de la existencia de los actos que ahora reclama; por ende, el plazo para acudir a instar juicio de amparo indirecto es de quince días, de conformidad con lo establecido en el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Por tanto, el plazo de quince días con que contaba para promover demanda de amparo inició al día siguiente al en que conoció de los actos reclamados (uno de octubre de dos mil dieciocho), por lo que es indudable que dicho lapso feneció el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. Luego, si la demanda de amparo se presentó hasta el once de octubre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, y fue turnada a este Juzgado hasta el trece de octubre del presente año, como se obtiene de la papeleta de turno de la Oficina de Correspondencia Común, es claro que se realizó cuando ya había fenecido el plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo. Así las cosas, por ende el quejoso se conformó tácitamente con los actos reclamados en esta vía de amparo indirecta; por lo que, al no encontrarse ante alguno de los casos de excepción a que se refiere el artículo 17 de la ley de la materia, es indudable que se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia en estudio. En consecuencia, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, motivo por el cual, procede desechar de plano la demanda de amparo, por ser extemporánea su presentación, con fundamento en los artículos 112 y 113, de dicha legislación. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio particular para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa Av. López Mateos, 1866 sur en esta ciudad; asimismo, como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al profesionista que señala en la demanda de amparo el impetrante del amparo, dado que no cuenta con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Acorde con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Finalmente, hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. NOTIFÍQUESE, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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