Juan Manuel Gutierrez Herrera
Expediente 91/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 91/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 26/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan Manuel Gutierrez Herrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 en relación con el 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de queja contra el acuerdo dictado en este juicio de garantías, el cuatro de abril de dos mil diecisiete (fojas 29 a 31 vuelta), en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por JUAN MANUEL GUTIÉRREZ HERRERA; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Finalmente, se hace saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. IB-P
- Principal
El licenciado José Cruz Bojorgez de la Cruz, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, certifica: que el plazo de cinco días concedido al quejoso JUAN MANUEL GUTIÉRREZ HERRERA, para dar cumplimiento a los requerimientos formulados en proveídos de seis y veintidós de marzo de dos mil diecisiete (fojas 10, 11, 20 y 21), comprendió los días catorce, quince, dieciséis, diecisiete y treinta de marzo de dos mil diecisiete, sin contar los días del veinte al veinticuatro, veintisiete, veintiocho y veintinueve de marzo del año en curso, por corresponder a los días en que se interrumpió el plazo de cinco días concedidos para dar cumplimiento con los citados requerimientos, y los días dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis, del citado mes de marzo, por ser inhábiles, conforme a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo; sin que haya dado cabal cumplimiento con dichos requerimientos. Doy fe. Salina Cruz, Oaxaca, cuatro de abril de dos mil diecisiete. Lic. José Cruz Bojorgez de la Cruz. Secretario de Juzgado. En cuatro de abril de dos mil diecisiete, se da cuenta al Juez, con la diligencia de ratificación de tres de abril del año en curso (foja 28); con el estado procesal que guardan los presentes autos y con la certificación secretarial que inmediatamente antecede. Doy fe. Salina Cruz, Oaxaca, cuatro de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos del que se advierte que el quejoso en diligencia que antecede ratificó el escrito presentado el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete (foja 24); por lo que, en atención a su contenido, provee: No ha lugar a tenerle dando cumplimiento con los requerimientos de seis y veintidós de marzo de dos mil diecisiete, en virtud de que si bien precisa a qué autoridades les atribuye el acto reclamado que hace consistir en la ilegal privación de libertad ejecutada el uno de marzo del presente año, aproximadamente a las veinte horas con treinta minutos, en su domicilio particular, por elementos de la policía municipal a cargo de su comandante. Sin embargo, respecto a lo que el aludido quejoso señala en su escrito aclaratorio, como "segundo acto reclamado", que les atribuye en su carácter de ordenadoras a las autoridades responsables que denomina como Juez Penal de Zanatepec, Oaxaca, Agente del Ministerio Público de Chahuites, Oaxaca, y Juez Municipal del Ayuntamiento de Chahuites, Oaxaca, y cuya ejecución reclama a la autoridad que denomina como Comandante de la Policía Municipal y elementos a su cargo del Ayuntamiento de Chahuites, Oaxaca, nuevamente fue ambiguo o impreciso. Lo anterior, dado que de la demanda de amparo se desprende que como diverso acto reclamado a la ilegal privación de libertad, el quejoso señaló la orden verbal o escrita de presentación, arresto, localización, indagación y/o cualquier otro nombre que la responsable utilice, el cual tuviera por objeto privarlo de nueva cuenta de su libertad personal, lo cual resulta ambiguo o impreciso, dado que al señalarse como autoridades responsables ordenadoras al Juez Penal de Zanatepec, Oaxaca, Agente del Ministerio Público de Chahuites, Oaxaca, y Juez Municipal del Ayuntamiento de Chahuites, Oaxaca, y como ejecutora al Comandante de la Policía Municipal y elementos a su cargo del Ayuntamiento de Chahuites, Oaxaca, era necesario que se precisara qué acto u actos en concreto le reclamaba a cada uno de las citadas responsables, dada la naturaleza de cada una de ellas. Por consiguiente, atento a la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que el promovente de amparo JUAN MANUEL GUTIÉRREZ HERRERA, no cumplió cabalmente con los requerimientos formulados en autos de seis y veintidós de marzo de dos mil diecisiete, dentro del plazo que para tal efecto se le concedió; en consecuencia, se le hace efectivo los apercibimientos formulados en dichos proveídos, por lo que, de conformidad con lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada su demanda de amparo. Hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo. Para los efectos de la publicidad de esta determinación en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, como la parte quejosa no manifestó durante esta primera instancia su oposición a que se hagan públicos sus datos personales contenidos en la misma, empero aun cuando no haya manifestado dicha oposición, conforme lo requiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública deberá suprimir los datos sensibles que puedan contener, procurando que dicha supresión no se impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional; por lo que se ordena a la Secretaría de este juzgado que elabore la correspondiente versión pública, siguiendo los lineamientos que al efecto establece el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito a partir de la identificación y marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por mayoría del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve y se envíe al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E); protocolo vigente, toda vez que en el mismo se establece que se aplicará a las resoluciones y sentencias a las que alude el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del Módulo de Captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, al no ser derogado por el diverso Acuerdo General del Pleno del citado Consejo, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor el día siguiente. Notifíquese personalmente. I-A-P
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintidós de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito del promovente de amparo Juan Manuel Gutiérrez Herrera, por el que pretende dar cumplimiento con la prevención formulada en auto de seis de marzo del año en curso. Sin que en el caso se le tenga dando cumplimiento con la citada prevención, en virtud de que del escrito de cuenta se advierte que el quejoso es ambiguo en precisar qué acto u actos concretos les atribuye a cada una de las autoridades que señala como responsables, toda vez que manifiesta que son consideradas como ordenadoras y ejecutoras todas las autoridades señaladas, esto es, les atribuye el primer acto y el segundo acto reclamado a todas las autoridades, debiendo considerarse como ordenadoras y ejecutoras sin distingo. Sin embargo, del análisis de la demanda de amparo se desprende que el primer acto reclamado se hace consistir en la ilegal privación de la libertad ejecutada el uno de marzo del presente año, aproximadamente a la veinte horas con treinta minutos, en su domicilio particular, por elementos de la policía municipal a cargo de su comandante; asimismo, en el apartado correspondiente a la narración de los hechos y abstenciones, se aprecia que señala que los elementos de la policía municipal que fueron a su domicilio particular el uno de marzo de esta anualidad, le manifestaron que tenían la orden de llevarlo a la presidencia municipal de Chahuites, porque el Juez Municipal ordenó lo detuvieran y lo llevaran; sin que se advierta que haya señalado la intervención de alguna otra autoridad, en el desarrollo de esos hechos. Asimismo, el quejoso reclama la orden verbal o escrita de presentación, arresto, localización, indagación y/o cualquier otro nombre que la responsable utilice, el cual tenga por objeto privarlo de nueva cuenta de su libertad personal; señalamiento que resulta ambiguo o impreciso, dado que al señalarse como autoridades responsables al Juez Municipal y Comandante Municipal del Ayuntamiento de Chahuites, Oaxaca, al Agente del Ministerio Público en Chahuites, Oaxaca, y al Juez Penal de Zanatepec, Oaxaca, resulta necesario que se precise qué acto u actos le reclama a cada uno de las autoridades responsables, dada la naturaleza de cada una de ellas. Por consiguiente, a fin de fijar de manera correcta y clara la litis constitucional en este asunto, en términos de lo dispuesto por el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, y que las autoridades se encuentren en aptitud de rendir su informe justificado que se les solicite, con relación a cada uno de los actos que se les reclame, y acompañen las constancias que tengan relación con los mismos; con fundamento en los artículos 114, fracción IV, en relación con el 108, fracción IV, y 110, primer párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro de los días restantes correspondientes al plazo de cinco días, que se le concedió en auto de seis de marzo de dos mil diecisiete, por escrito que formará parte integrante de su demanda de amparo, y bajo protesta de decir verdad, con el número de copia suficientes, una para cada una de las autoridades que señala como responsables, una más para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, una para cada uno de los terceros interesados, si los hubiere, y dos para integrar el incidente de suspensión respectivo, en nuevo escrito aclare lo siguiente: 1. Precise de manera concreta y exacta cada uno de los actos reclamados a las autoridades que señala como responsables. En el entendido, que subsiste el requerimiento y apercibimiento formulados en proveído de seis de marzo de esta anualidad, esto es, que de no cumplir con el requerimiento que en este auto se le formula, de no informar lo conducente, de contestar con evasivas, o de no exhibir las copias requeridas de su escrito aclaratorio, dentro del plazo que se le ha concedido, se tendrá por no presentada su demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Asimismo, se precisa que el término para cumplir con el requerimiento se reanudará a partir de que surta efectos la notificación legal de este proveído. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número III.2o.A.38K, visible en la página 1323, del Tomo XXI, correspondiente al mes de Abril de 2005, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 146 DE LA RELATIVA SE INTERRUMPE CON LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO CORRESPONDIENTE Y HASTA EN TANTO SURTE EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO QUE LE RECAIGA". Criterio jurisprudencial aplicable al caso, conforme a lo estipulado en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo vigente, en lo que no se oponga a la misma. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a diez de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el escrito de cuenta, firmado por Juan Rigoberto Olea Encizo, autorizado legal de la parte quejosa, a través del cual pretende cumplir con la prevención que se hizo al quejoso en proveído de seis de marzo de dos mil diecisiete, toda vez que no está facultado para desahogar prevenciones, bajo protesta de decir verdad, como fue establecido en el citado auto, ello a pesar de estar autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Lo anterior con apoyo en la Jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Tomo I, libro 9 Agosto de 2014, materia común, con número de registro 2007285, publicada en el en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. Notifíquese. I-A-P
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