Juan Manuel Novelo Cabazos
Expediente 61/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 61/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 09/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan Manuel Novelo Cabazos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, nueve de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio 10711/2021, remitido vía interconexión con firma electrónica y evidencia criptográfica de la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, que contiene el acuerdo dictado el seis de julio del año en curso, en el juicio de amparo 665/2021 de su índice, del que se advierte que se aceptó la competencia planteada avocándose al conocimiento de la demanda promovida por Juan Manuel Novelo Cavazos. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General antes descrito. Se destaca que por auto de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, se decretó la suspensión de plano, y que no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino: Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo, pues no obstante que se concedió la suspensión de plano, ante la incompetencia planteada se remitieron los autos originales quedando únicamente como constancia cuaderno de antecedentes. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita se comunica a las partes este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que una vez cumplido ese plazo, se transferirá la Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de la Nación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se señala que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Ley de Transparencia. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos, previa su apertura, los sobres que remite la empresa Estafeta Mexicana, Sociedad Anónima de Capital Variable, que contienen los oficios 10801/2021, 10802/2021, 10804/2021, 10805/2021 y 10807/2021, expedidos a las autoridades responsables Jefe del Departamento de la Terminal Marítima Pajaritos de Petróleos Mexicanos en el Interior de dicha Factoría en Coatzacoalcos, Veracruz, Jefe del Departamento de Personal de la Terminal Marítima Tampico de Petróleos Mexicanos en el Interior de dicha Factoría en Tampico, Tamaulipas; Superintendente de la Terminal Marítima Pajaritos de Pemex Transformación Industrial en Coatzacoalcos Veracruz y Superintendente de la Terminal Marítima Tampico de Pemex, Transformación Industrial en Tampico, Tamaulipas, en los que se encuentra sentada la razón "no aplica el código postal destino". En tal virtud, en obvio de dilaciones innecesarias, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, reenvíe los oficios 10801/2021, 10802/2021, 10804/2021, 10805/2021 y 10807/2021, de proveído de treinta de abril de dos mil veintiuno, por el servicio postal de Estafeta Mexicana, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el domicilio oficial actual. Notifíquese
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, treinta de abril de dos mil veintiuno. DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA Visto el estado procesal que guardan los autos se aprecia del escrito inicial de demanda que la parte quejosa hace mención que su domicilio particular está ubicado en Minatitlán, Veracruz; aunado a que al rendir su informe relativo a la suspensión de plano, así como el justificado, la responsable 2. Encargado del Despacho Jefatura del Departamento de Personal Terminal Marítima Pajaritos de Petróleos Mexicanos, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, en su denominación correcta, adjuntó el aviso de ausencia de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, con la aplicación de la cláusula 43 del Contrato Colectivo del Trabajo celebrado entre Petróleos Mexicanos y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana a favor de Juan Manuel Novelo Cavazos (registro 1431). Es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en el derecho fundamental genérico de la legalidad, tutelado por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura, las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizados a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese contexto, el suscrito Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la presente demanda de amparo, en atención a las consideraciones siguientes. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Luego, del precepto antes transcrito, se desprende que la competencia por territorio en materia de amparo, obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo. En caso que el acto reclamado conlleve una ejecución material, se deben analizar las características de ésta. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo vinculando los efectos del acto reclamado con el derecho constitucional que se considera violado; es decir, considerando las consecuencias directas o inmediatas que produce el acto, y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen. Además, que para que un juzgador tenga competencia respecto de un caso específico, este último debe hallarse dentro de la órbita de actuación que la ley expresamente le reserva, dado que como se apuntó en párrafos precedentes, sobre el particular impera la garantía de legalidad, propia de un Estado de Derecho, y para el caso que nos ocupa, el atender al artículo 37 de la Ley de Amparo, se contemplan limitativamente los supuestos en que se actualiza la competencia territorial de los jueces de distrito para conocer de un amparo indirecto, pues es desacertado pretender deducir otros no previstos expresamente. Así, del precepto legal transcrito, se deduce, que por regla general será competente para conocer de la demanda de amparo: - El Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado (párrafo primero). - El Juez de Distrito que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en su jurisdicción (párrafo segundo). - El Juez de Distrito del lugar de residencia de la autoridad que hubiese dictado el acto reclamado, siempre que éste no requiera de ejecución material (párrafo tercero). De lo anterior se advierte que la competencia se fincará en favor del Juez de Distrito en el lugar en el que deba tener ejecución el acto reclamado. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la determinación reclamada consiste, substancialmente, en la omisión de poner bajo resguardo domiciliario al quejoso Juan Manuel Novelo Cavazos, por ser un trabajador vulnerable dado que padece hipertensión arterial. Ahora, es cierto que el acto que se reclama es de naturaleza negativa, sin embargo, tiene efectos positivos, que debe tener ejecución materialmente en el lugar en donde tiene su domicilio particular el quejoso, pues finalmente la razón del reguardo domiciliario reclamado ahí se va a ejecutar. Esto es así, pues ante la omisión de ponerlo bajo resguardo domiciliario y ausentarlo de sus labores a fin de evitar en la mayor medida posible o disminuir los riesgos de un contagio por el virus COVID-19, conlleva que deba seguir presentándose a laborar y por ello, continuar con el riesgo potencial de contraer el virus nombrado, por lo que la omisión reclamada se erige en un acto de naturaleza negativa con efectos positivos capaz de producir, en el mundo fáctico o real, una consecuencia material, a saber, el riesgo potencial de contagio y con ello el peligro inminente a la salud del quejoso. De ahí que la ejecución del acto reclamado será en su domicilio particular el cual se ubica en la ciudad de Minatitlán, Veracruz, pues es finalmente la razón del resguardo domiciliario reclamado. Es aplicable a lo antes expuesto, por identidad de razonamientos, la jurisprudencia1a./J. 86/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2021191, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 254, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. De conformidad con el numeral 4o. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo." Entonces, la ejecución material de un acto reclamado no atiende solamente a su contenido -en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o la prohibición de llevar a cabo algo-, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Así, la omisión de las autoridades de otorgar el resguardo domiciliario al quejoso constituye un acto negativo con efectos positivos, pues produce una afectación que trasciende a la materialidad, ante la alteración o agravamiento de su estado de salud, por lo que posee el atributo de ser ejecutable materialmente. Con base en lo anterior, se concluye que la regla de competencia por territorio a la que hay que acudir, es la prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que finca los atributos para conocer de la demanda relativa, a favor del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en el que deba ejecutarse el acto reclamado, es decir, en el domicilio del quejoso que es en donde deberá verificarse el resguardo reclamado para garantizar su salud e incluso su vida. En este orden de ideas, la competencia para conocer del juicio de amparo en cuestión, debe fincarse a favor del Juez de Distrito del lugar en donde las consecuencias de la omisión reclamada sean ejecutables materialmente, de conformidad con el artículo 37 párrafo primero de la Ley de Amparo. Apoya lo expuesto, la tesis visible en la página setenta y tres, del tomo 217-228, tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCIÓN DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro juez de Distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste, porque dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado." Por ende, en acatamiento a los criterios citados, debe declararse que este juzgado carece de competencia legal para resolver este juicio. Consecuentemente, se declina la competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, en turno, pues es en su jurisdicción en donde deba materializarse las consecuencias fácticas que conlleva la omisión reclamada por el quejoso, de conformidad con el acuerdo general 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Entonces, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, remítase el original del presente expediente al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, en turno, por ser quien debe conocer del presente asunto, a fin de que resuelva lo conducente respecto a la competencia planteada. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para el día trece de mayo de dos mil veintiuno. Notifíquese, por lista a la parte quejosa, personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y mediante oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veinte de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que la autoridad responsable denominada Gerente Regional de Relaciones Laborales y Recursos Humanos Sur de Petróleos Mexicanos en Coatzacoalcos, Veracruz, fue omisa en rendir su respectivo informe justificado, no obstante estar debidamente notificada para ello. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se le requiere para que en el término de tres días contado a partir de que surta efectos la legal notificación, remita las constancias con que sustente el acto reclamado. Apercibido que en caso de omisión o no informar la imposibilidad que tenga para ello, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización a que se refieren los artículos segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los resolutivos primero de la Resolución del Honorable Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos y profesionales, vigentes a partir del uno de enero de dos mil dieciséis, y segundo de la nota aclaratoria a dicha resolución, ambas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de diciembre de dos mil quince, así como de conformidad de lo dispuesto en el artículo 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. En consecuencia, a efecto de dar margen a lo anterior, y no irrogar perjuicio a las partes, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose para su celebración las trece horas con cuarenta y cinco minutos del trece de mayo de esta anualidad, siendo factible que se lleve a cabo sin la asistencia de las partes, circunstancia que no las deja en estado de indefensión, en virtud de que podrán presentar por escrito alegatos de manera física o electrónica, de conformidad con el artículo 25 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el punto 16 de las preguntas y respuestas emitidas por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del propio Consejo, en torno al acuerdo mencionado; salvo que manifiesten oportunamente su deseo de estar presentes. Máxime que en el caso, el acto reclamado, no se ubica en los supuestos a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para poder alegar de manera oral en la audiencia, aunado a que no hay ofrecimiento de pruebas que requieran la presencia de las partes o de diversas personas para su desahogo. Notifíquese.
Quedan 11 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 5,328 expedientes
- Juan Manuel Álvarez Ramírez144/2017
- Juan Manuel Álvarez Ramírez y Otros.130/2017
- Juan Manuel Gutierrez Herrera91/2017
- Juan Manuel Jiménez López338/2023
- Juan Manuel López Lázaro339/2020
- Juan Manuel Luna Reyes491/2018
- Juan Manuel Osorio Bustamante536/2022
- Juan Manuel Ramos Plata712/2022
- Juan Manuel Sánchez Hernández129/2020
- Juan Manuel Vásquez Luis216/2023
- Juan Manuel Vásquez Salvador216/2009
- Juan Martínez Ramos501/2021