Juan López Cruz
Expediente 500/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 29 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 500/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 17/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan López Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Vistos los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que la parte quejosa no se inconformó dentro del término de quince días, contra el acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoria dictada en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 196, 201 fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído. Lo anterior, para los efectos legales consiguientes, hágase del conocimiento del Director de Ejecutorias de la Coordinación General de Gestión Integral de Riesgos de Desastres, residente en Ciudad de México, en virtud de que dicha autoridad fue la que informó el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso A, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. DESTINO: Además, al tratarse de un asunto concedido, de conformidad a lo previsto en el artículo 18, inciso b) del referido Acuerdo, este expediente es depurable. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 18 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su depuración, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. ANOTACIONES. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. ARCHIVO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No se emite mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que no fue aperturado. LEY DE TRANSPARENCIA. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta con firma electrónica y evidencia criptográfica de José Antonio Pelayo Godínez, autorizado legal del quejoso Juan López Cruz, por el que desahoga la vista que se ordenó dar por acuerdo de once de abril del año en curso, respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo; solicitando se tenga por cumplida la sentencia dictada en este juicio, toda vez que el quejoso recibió los recursos derivados del Programa Nacional de Reconstrucción, que se formalizó con la suscripción del Convenio de Adhesión el treinta de octubre de dos mil veinte, suscrito por el quejoso. Agregando que las autoridades responsables han realizado acciones tendientes a restituirle a su representado el goce de una vivienda digna y decorosa, además, recibió la totalidad de los recursos por la cantidad de $95,000.00 (noventa y cinco mil pesos, cero centavos, moneda nacional), donde se cristaliza en lo material la restitución plena del derecho humano violado. En su atención, se procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Para ello, se tiene en cuenta que por sentencia engrosada el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, se concedió al quejoso Juan López Cruz, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que las autoridades responsables en el ámbito de su respectiva competencia, atendieran la situación en la que se encontraba, y, de ser procedente, realizaran las acciones pertinentes a efecto de determinar lo relativo al acceso a los recursos del Fondo de Desastres Naturales, conforme a la normativa aplicable y que realmente le correspondieran, sin agravar la situación jurídica ya obtenido por dicho quejoso. Sentencia que por ejecutoria dictada el tres de marzo de dos mil veintitrés, por el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, en el recurso de revisión 413/2021, se confirmó en sus términos. Por tal razón, el quince de marzo de dos mil veintitrés, se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables, 1. Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de la República; 2. Titular de la Dirección General Adjunta de Prevención y Atención a Desastres Naturales de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno de la República, residentes en Ciudad de México; 3. Titular de la Comisión Estatal de Vivienda del Gobierno del Estado de Oaxaca, 4. Secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca; 5. Secretario de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado de Oaxaca; 6. Presidente Municipal; Tesorero y Regidor de Hacienda, residentes en Unión Hidalgo, Oaxaca (Ranchu Gubiña). En cumplimiento a la ejecutoria de mérito, por oficio sin número, de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés (folio 3165), el Director de Ejecutorias de la Coordinación General de Gestión Integral de Riesgos de Desastres, residente en Ciudad de México, informó lo siguiente: ".Previo a realizar cualquier manifestación, respetuosamente se informa a su Señoría que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de noviembre de 2019, se expidió el nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el cual entre otros aspectos, transformó la estructura orgánica de esta Dependencia; de suerte que las atribuciones de la entonces Dirección General Adjunta de Prevención y Atención a Desastres Naturales, fueron conferidas a la ahora Coordinación General de Gestión Integral de Riesgos de Desastres, quien de conformidad al artículo 18 del citado Reglamento interior, es la competente para dar cumplimiento a la sentencia de que se trata, y asimismo, se encuentra adscrita a la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Agrario, siendo ésta quien funge como su superior jerárquico inmediato. De igual forma, de conformidad con el artículo 2, del citado Reglamento Interior, el C. Titular del Ramo, para el despacho de los asuntos competencia de esta Secretaría de Estado, se auxiliará, entre otras Unidades Administrativa, de la Coordinación General de Gestión Integral de Riesgos de Desastres; razón por la cual, se solicita sea requerida únicamente a esa Unidad Administrativa, el cumplimiento de la sentencia que nos ocupa. En razón de lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se solicita respetuosamente a su Señoría que ordene regularizar el procedimiento, a fin de que se emita el pronunciamiento respectivo, para deje de requerirse el cumplimiento al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y en lo subsecuente se requiera únicamente a la referida Coordinación General de Gestión Integral de Riesgos de Desastres, en sustitución de la entonces Dirección General Adjunta de prevención y Atención a Desastres Naturales, y de ser necesario, se requiera como su superior jerárquico a la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Agrario. Sin perjuicio de lo anterior, en atención a su requerimiento y dentro del término concedido, es importante tomar en cuenta las siguientes manifestaciones: Como es de su conocimiento, derivado de la extinción del Fondo de Desastres Naturales, que era el mecanismo a través del cual originalmente se había tendido la problemática de vivienda de los afectados por los sismos de 2017, las autoridades de esta Secretaría de Estado implementaron el Programa Nacional de Reconstrucción, como mecanismo sustituto del extinto FONDEN, a efecto de atener a las viviendas afectadas por el fenómeno natural en cuestión, entre las que se encuentra la vivienda de la quejosa en el presente sumario constitucional. Esto, pues como se ha manifestado anteriormente, el Fondo de Desastres Naturales quedó cerrado desde el 2018, por lo que las autoridades de esta Secretaría de Estado se encuentran imposibilitadas material y jurídicamente para emitir algún pronunciamiento respecto de la asignación o acceso a los recursos con los que contaba dicho Fondo, pues se insiste, el mismo ha desaparecido. Lo que derivó en que las autoridades de esta Secretaría de Estado y el C. Juan López Cruz firmaron el Convenio de Adhesión para Acceder al Programa Nacional de Reconstrucción (obra en autos), celebrado entre el citado quejoso y la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), por el que accedió al Programa Nacional de Reconstrucción, mediante el cual se le entregó el monto de $96,000.00 (noventa y seis mil pesos 00/100 m.n.), para la reconstrucción de su vivienda, la cual había sufrido daños con motivo de los sismos ocurridos en septiembre de 2017 en distintos municipio del Estado de Oaxaca. Documentación que se tuvo por recibida en auto de 25 de marzo de 2021. Y derivado de la ejecución de dicho Convenio, se emitió el Acta de Término de Obra, Reporte de Terminación de Obra y Diario de Obra, los cuales también obran en autos, en los que se acredita la conclusión de las obras de reconstrucción en el hogar del quejoso, afectado por los sismos de 2017 en el estado de Oaxaca. Constancias de las cuales proveyó ese H. Juzgado en acuerdo de 16 de agosto de 2021. Atento a ello, es dable colegir que dicho Programa Nacional de Reconstrucción es el medio idóneo para atender la situación en la que se encuentra el quejoso, en sustitución del extinto Fondo de Desastres Naturales, con el cual originalmente se realizarían las acciones de reconstrucción de la vivienda del amparista; ya que la Superioridad no desestimó ni el Convenio de Adhesión para acceder a dicho Programa, ni el Acta de Término a que hemos hecho referencia, no obstante obrar en autos al momento de emitir la ejecutoria cuyo cumplimiento nos ocupa. Así las cosas, se considera que tanto el Programa Nacional de Reconstrucción como el Convenio de Adhesión para acceder a dicho Programa, cuyo cumplimiento se acredita con el Acta de Término antes citada, son medios idóneos para atender la situación en la que encuentra el quejoso, con el que se ha determinado su acceso a los recursos del Programa en cuestión, en sustitución del extinto Fondo de Desastres Naturales. Aunado a ello, con el Acta de Término de Obra, Diario de Obra y Reporte de Terminación de Obra, se acredita que se han concluido las obras de reconstrucción en la vivienda del quejoso C. Juan López Cruz, a su entera satisfacción. En conclusión, toda vez que con las constancias aportadas por la Coordinadora General de gestión Integral de Riesgos de Desastres, las cuales, se insiste, obran en autos, se acredita que se ha atendido la situación en la que se encuentra el quejoso, y se ha determinado su acceso a los recursos del Programa Nacional de Reconstrucción, como mecanismo sustituto el extinto Fondo de Desastres Naturales FONDEN, situación que no le ha causado perjuicio alguno pues con ello se ha logrado la rehabilitación total de su vivienda, resulta inconcuso que se ha dado cumplimiento a los extremos establecidos en la sentencia protectriz de mérito, por lo que con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, se solicita a su Señoría que considere cumplida la sentencia protectora dictada en el juicio de amparo de mérito, emitiendo el pronunciamiento respectivo, ordenando que el mismo se notifique a esta Secretaría de Estado por conducto de la Unidad de Asuntos Jurídicos." (sic) Documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2. De lo expuesto y de las documentales que obran en autos, se advierte que el quejoso accedió al Convenio de Adhesión relativo al Programa Nacional de Reconstrucción celebrado por el quejoso y la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), mediante el cual se le entregó el monto de $96,000.00 (noventa y seis mil pesos 00/100 m.n.), para la reconstrucción de su vivienda. Además, derivado de la ejecución de dicho Convenio, se emitió el Acta de Término de Obra, Reporte de Terminación de Obra y Diario de Obra, los cuales también obran en autos, en los que se acredita la conclusión de las obras de reconstrucción en el hogar del quejoso, afectado por los sismos de dos mil diecisiete. Lo que se corrobora con lo solicitado por José Antonio Pelayo Godínez, autorizado legal del quejoso Juan López Cruz, en el sentido de que se tenga por cumplida la sentencia dictada en este juicio, toda vez que el quejoso recibió los recursos derivados del Programa Nacional de Reconstrucción, que se formalizó con la suscripción del Convenio de Adhesión el treinta de octubre de dos mil veinte, suscrito por el quejoso, en virtud de que recibió la cantidad de $95,000.00 (noventa y cinco mil pesos, cero centavos, moneda nacional). En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se considera cumplida la sentencia ejecutoriada dictada en este juicio. Lo anterior, hágase del conocimiento de las autoridades responsables para los efectos legales consiguientes. FOLIO 3599 Por otra parte, glósese a los autos para que obre como corresponda el telegrama del Secretario de Gobernación, residente en Ciudad de México, por el que informa que respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se decretó el sobreseimiento en el juicio por inexistencia de los actos reclamados a esa autoridad. Notifíquese; vía electrónica al quejoso
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, catorce de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta firmado por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, en representación de dicha Secretaría, residente en Ciudad de México; en su atención, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que indica; e informando, para los efectos legales procedentes que respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se decretó el sobreseimiento en el juicio por inexistencia de los actos reclamados atribuidos a esa autoridad. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, once de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta firmado por el Director de Ejecutorias de la Coordinación General de Gestión Integral de Riesgos de Desastres, residente en Ciudad de México, con el que informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en este expediente, informando lo siguiente: ".Previo a realizar cualquier manifestación, respetuosamente se informa a su Señoría que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de noviembre de 2019, se expidió el nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el cual entre otros aspectos, transformó la estructura orgánica de esta Dependencia; de suerte que las atribuciones de la entonces Dirección General Adjunta de Prevención y Atención a Desastres Naturales, fueron conferidas a la ahora Coordinación General de Gestión Integral de Riesgos de Desastres, quien de conformidad al artículo 18 del citado Reglamento interior, es la competente para dar cumplimiento a la sentencia de que se trata, y asimismo, se encuentra adscrita a la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Agrario, siendo ésta quien funge como su superior jerárquico inmediato. De igual forma, de conformidad con el artículo 2, del citado Reglamento Interior, el C. Titular del Ramo, para el despacho de los asuntos competencia de esta Secretaría de Estado, se auxiliará, entre otras Unidades Administrativa, de la Coordinación General de Gestión Integral de Riesgos de Desastres; razón por la cual, se solicita sea requerida únicamente a esa Unidad Administrativa, el cumplimiento de la sentencia que nos ocupa. En razón de lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se solicita respetuosamente a su Señoría que ordene regularizar el procedimiento, a fin de que se emita el pronunciamiento respectivo, para deje de requerirse el cumplimiento al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y en lo subsecuente se requiera únicamente a la referida Coordinación General de Gestión Integral de Riesgos de Desastres, en sustitución de la entonces Dirección General Adjunta de prevención y Atención a Desastres Naturales, y de ser necesario, se requiera como su superior jerárquico a la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Agrario. Sin perjuicio de lo anterior, en atención a su requerimiento y dentro del término concedido, es importante tomar en cuenta las siguientes manifestaciones: Como es de su conocimiento, derivado de la extinción del Fondo de Desastres Naturales, que era el mecanismo a través del cual originalmente se había tendido la problemática de vivienda de los afectados por los sismos de 2017, las autoridades de esta Secretaría de Estado implementaron el Programa Nacional de Reconstrucción, como mecanismo sustituto del extinto FONDEN, a efecto de atener a las viviendas afectadas por el fenómeno natural en cuestión, entre las que se encuentra la vivienda de la quejosa en el presente sumario constitucional. Esto, pues como se ha manifestado anteriormente, el Fondo de Desastres Naturales quedó cerrado desde el 2018, por lo que las autoridades de esta Secretaría de Estado se encuentran imposibilitadas material y jurídicamente para emitir algún pronunciamiento respecto de la asignación o acceso a los recursos con los que contaba dicho Fondo, pues se insiste, el mismo ha desaparecido. Lo que derivó en que las autoridades de esta Secretaría de Estado y el C. Juan López Cruz firmaron el Convenio de Adhesión para Acceder al Programa Nacional de Reconstrucción (obra en autos), celebrado entre el citado quejoso y la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), por el que accedió al Programa Nacional de Reconstrucción, mediante el cual se le entregó el monto de $96,000.00 (noventa y seis mil pesos 00/100 m.n.), para la reconstrucción de su vivienda, la cual había sufrido daños con motivo de los sismos ocurridos en septiembre de 2017 en distintos municipio del Estado de Oaxaca. Documentación que se tuvo por recibida en auto de 25 de marzo de 2021. Y derivado de la ejecución de dicho Convenio, se emitió el Acta de Término de Obra, Reporte de Terminación de Obra y Diario de Obra, los cuales también obran en autos, en los que se acredita la conclusión de las obras de reconstrucción en el hogar del quejoso, afectado por los sismos de 2017 en el estado de Oaxaca. Constancias de las cuales proveyó ese H. Juzgado en acuerdo de 16 de agosto de 2021. Atento a ello, es dable colegir que dicho Programa Nacional de Reconstrucción es el medio idóneo para atender la situación en la que se encuentra el quejoso, en sustitución del extinto Fondo de Desastres Naturales, con el cual originalmente se realizarían las acciones de reconstrucción de la vivienda del amparista; ya que la Superioridad no desestimó ni el Convenio de Adhesión para acceder a dicho Programa, ni el Acta de Término a que hemos hecho referencia, no obstante obrar en autos al momento de emitir la ejecutoria cuyo cumplimiento nos ocupa. Así las cosas, se considera que tanto el Programa Nacional de Reconstrucción como el Convenio de Adhesión para acceder a dicho Programa, cuyo cumplimiento se acredita con el Acta de Término antes citada, son medios idóneos para atender la situación en la que encuentra el quejoso, con el que se ha determinado su acceso a los recursos del Programa en cuestión, en sustitución del extinto Fondo de Desastres Naturales. Aunado a ello, con el Acta de Término de Obra, Diario de Obra y Reporte de Terminación de Obra, se acredita que se han concluido las obras de reconstrucción en la vivienda del quejoso C. Juan López Cruz, a su entera satisfacción. En conclusión, toda vez que con las constancias aportadas por la Coordinadora General de gestión Integral de Riesgos de Desastres, las cuales, se insiste, obran en autos, se acredita que se ha atendido la situación en la que se encuentra el quejoso, y se ha determinado su acceso a los recursos del Programa Nacional de Reconstrucción, como mecanismo sustituto el extinto Fondo de Desastres Naturales FONDEN, situación que no le ha causado perjuicio alguno pues con ello se ha logrado la rehabilitación total de su vivienda, resulta inconcuso que se ha dado cumplimiento a los extremos establecidos en la sentencia protectriz de mérito, por lo que con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, se solicita a su Señoría que considere cumplida la sentencia protectora dictada en el juicio de amparo de mérito, emitiendo el pronunciamiento respectivo, ordenando que el mismo se notifique a esta Secretaría de Estado por conducto de la Unidad de Asuntos Jurídicos." (sic) En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con lo anterior, dese vista al quejoso Juan López Cruz, para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación, manifieste lo que a sus intereses convenga, respecto de lo informado en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En la inteligencia que de no hacer manifestación alguna dentro del término legal concedido, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el juicio y los datos aportados por la autoridad responsable, dado que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público; atento a lo sustentado en la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, del mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192174, cuyo rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE POR QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Por otra parte, glósense a los autos los diversos oficios firmados por el Director Jurídico de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural, residentes en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca (denominación actual de la responsable señalada como Secretario de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura); en atención al primero de ellos, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica y como autorizados para tales efectos, a los profesionistas que menciona; y respecto del segundo, reiterando dicho domicilio y autorizados; e informando, para los efectos legales procedentes que respecto de esa autoridad se decretó el sobreseimiento en el juicio. Notifíquese; personalmente al quejoso.
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