Juan Manuel González Jerónimo
Expediente 1277/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1277/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Manuel González Jerónimo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
...veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve... V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo IX-1277/2019, promovido por Juan Manuel González Jerónimo, por conducto de sus apoderados Mariano Barojas Rodríguez y Yesica Arisbet Jiménez Jiménez, contra actos de la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje y otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, remitido en esa fecha a este órgano jurisdiccional, por razón de turno, Juan Manuel González Jerónimo, por conducto de sus apoderados, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y los actos que precisó de la siguiente manera: ". actos reclamados: del primero el señalamiento de una fecha remota para la celebración de una audiencia inicial y de segundo la omisión de emplazar a los demandados, actos derivados del expediente ordinario número 2B-2212/2019." Actos que el quejoso consideró violatorios en su perjuicio de los derechos humanos reconocidos por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Previa aclaración, por auto de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo respecto del acto reclamado y por las autoridades señaladas como responsables, registrándose con la misma con el número de expediente IX-1277/2019; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que fue levantada como se advierte del acta que antecede y presidida por Leonel López Pérez, Secretario autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: " SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", para fungir como Encargado del Despacho, con motivo del segundo periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/2924/2019; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito resulta competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto por los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, así como los diversos artículos 48, en relación con el 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Punto Cuarto, fracción XI, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que los actos reclamados son: El señalamiento de fecha lejana para la celebración de la audiencia inicial. La omisión del Actuario responsable de emplazar a los demandados dentro del juicio laboral de origen 2B-2212/2019. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Al rendir su informe justificado la presidenta y el actuario adscritos a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje y otra autoridad, aceptaron la existencia de los actos reclamados. Además, tal asentimiento se corrobora, con las copias certificadas, que las referidas autoridades responsables remitieron junto con su informe justificado; medio de convicción que tiene valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, por ser un documento expedido por una autoridad judicial en ejercicio de sus funciones. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Examinada la certeza de los actos reclamados, se analizara la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo; esto quiere decir, que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido con los siguientes criterios: "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretaria: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXVIII, página 335". "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos". Luego, al no advertirse la actualización de alguna causal de improcedencia, lo que se impone es emprender el estudio de fondo del asunto. QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. Son fundados los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, aunque para tales efectos deba suplirse la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación al señalamiento de una fecha remota para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. En efecto, en el caso, la parte quejosa reclama la omisión de la responsable de administrar justicia en los plazos legales, particularmente, el señalamiento de una fecha remota de la audiencia inicial, es decir, el veintisiete de febrero de dos mil veinte, en relación al juicio ordinario laboral 2B-2212/2019. En su concepto de violación, en esencia, la parte quejosa se duele que se violentan sus derechos fundamentales, relativos al debido proceso y a la administración de justicia pronta y expedita, en términos del numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, las autoridades responsables en su informe justificado se limitaron a manifestar que los actos reclamados se encuentran ajustados a las disposiciones emanadas de la Ley Federal del Trabajo. A efecto de expresar claramente las razones que llevan a este juzgador a sostener que asiste razón al quejoso, conviene precisar que el segundo párrafo, del artículo 17 de la Constitución Federal, dice lo siguiente: "Artículo 17. [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." El precepto constitucional citado reconoce en favor de los gobernados la garantía de acceso a la jurisdicción, mediante la cual, el Estado se hace cargo de la función jurisdiccional, que demanda del individuo la renuncia a hacerse justicia por propia mano y a ejercer violencia para ejercer su derecho. Las calidades de dicha garantía, son la existencia de tribunales donde se imparta justicia expedita, es decir, sin obstáculos de ninguna naturaleza para acceder a la jurisdicción, "en los plazos y términos que fijen las leyes"; de manera pronta, completa, imparcial y gratuita; además de asegurar que los tribunales que la impartan sean independientes. En atención a la pretensión planteada por el promovente del amparo, resulta necesario determinar el contenido de la calidad de la garantía individual de acceso a la jurisdicción, relativa a la impartición de justicia "en los plazos y términos que fijen las leyes", para lo cual debe precisarse el significado de dicha expresión, empleada en la redacción del artículo 17 constitucional. De las discusiones que las Cámaras del Congreso de la Unión han hecho a lo largo de la institución del artículo 17 y las reformas que ha sufrido, se desprende que el propósito del Constituyente Permanente, al incluir en el texto constitucional la expresión "en los plazos y términos que fijen las leyes", fue el de constreñir al legislador a crear leyes que establecieran los plazos y procedimientos, conforme a las cuales los tribunales deben resolver las controversias de su competencia, garantía que se satisface desde el momento mismo en que las legislaturas ordinarias dan cumplimiento a ese imperativo, al crear, emitir o formular las leyes que prevén los procedimientos y términos con base en los cuales se desarrollarán los juicios sometidos a la jurisdicción del juzgador. La interpretación directa del artículo 17 constitucional, en relación con el tema a examen, tiene apoyo en la doctrina jurisprudencial, pues el Tribunal en Pleno y la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en su integración durante la Quinta Época, sostuvieron las tesis de rubro y texto siguientes: "Época: Quinta Época Registro: 280219 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XXII Materia(s): Común Tesis: Página: 605 ARTICULO 17 CONSTITUCIONAL. Este precepto manda que los tribunales estarán expeditos para administrar justicia, en los plazos y términos que fija la ley, y no se refiere a las violaciones que puedan cometer los tribunales, al administrar justicia. Amparo civil directo 1485/25. Lukín viuda de Schacht Catalina y coagraviados. 13 de marzo de 1928. Unanimidad de once votos. La publicación no menciona el nombre del ponente". "Época: Quinta Época Registro: 358559 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XLVIII Materia(s): Común Tesis: Página: 1014 ADMINISTRACION DE JUSTICIA, EXPEDICION DE LA. El artículo 17 de la Constitución Federal, al elevar a la categoría de garantía individual la expedita administración de justicia, limitó esa garantía a los términos y plazos que fijen las leyes correspondientes; lo que quiere decir que al expedirse las disposiciones reglamentarias de las funciones jurisdiccionales de los tribunales de la República, han de fijarse las normas que regulan las actividades de las partes y de los Jueces, para obtener la intervención de éstos, para que decidan sobre las cuestiones surgidas entre particulares; por lo que desde este punto de vista la mayor o menor amplitud de acción en el tiempo, concedida a los litigantes, no debe considerarse sino como una forma procesal más o menos técnica o jurídica, pero nunca contraria a la disposición constitucional citada. Amparo civil en revisión 2443/35. Arriaga Agapito, quiebra de. 18 de abril de 1936. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Luis Bazdresch. La publicación no menciona el nombre del ponente". En conclusión, el artículo 17 constitucional, tutela la garantía individual de acceso a la jurisdicción, entre cuyas calidades está la que se refiere a que los tribunales deben impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, lo cual significa que el precepto interpretado protege al gobernado al establecer que los tribunales deben resolver las controversias de su competencia, conforme a las reglas señaladas en las leyes orgánicas respectivas. Luego, a propósito del proceso contencioso laboral, conviene señalar el contenido del artículo 873 de la Ley Federal de Trabajo, que establece: "Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor". Como se puede observar, una vez recibida la demanda por parte de la Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; asimismo, que dicha audiencia deberá señalarse dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda correspondiente. Ello es así, pues evidentemente lo que el legislador buscó al establecer el plazo de quince días para que tenga verificativo la referida audiencia, fue lograr un equilibrio entre el principio de celeridad en la impartición de justicia y el diverso principio de seguridad jurídica de la parte demanda, al darle un plazo suficiente para preparar su defensa en el controvertido laboral. Ahora, trasladando estas premisas al caso que se resuelve, tenemos como antecedente al acto que ahora se analiza, que por acuerdo de once de noviembre pasado, ante la falta de emplazamiento de la parte demandada, se difirió la celebración de la audiencia inicial, para las once horas del veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. Lo anterior, evidencia que efectivamente la autoridad responsable ha pasado por alto los plazos que establece la ley en el trámite de las etapas procesales que rigen el controvertido laboral de origen, pues la temporalidad que media entre tal actuación y la fecha señalada para la audiencia inicial, excede por mucho el plazo de quince días que establece la Ley Federal del Trabajo para el desahogo de dichas audiencias, es decir, más de dos meses. En ese orden de ideas, es claro que la actuación de la responsable violenta los derechos fundamentales antes expuestos, específicamente, el derecho humano de celeridad en la impartición de justicia contenido en el artículo 17 del pacto federal, el cual entre otros aspectos, conlleva la obligación a cargo de los órganos jurisdiccionales, a ministrar justicia en los plazos establecidos en la ley según se expuso previamente. Circunstancia que no aconteció en el caso a estudio, por las razones anteriormente expuestas. Por otra parte, resulta igualmente fundado lo aducido en torno a la falta de emplazamiento de la parte demandada; porque aun cuando la autoridad responsable remitió la constancia relativa a la diligencia de nueve de diciembre pasado, a través de la cual se intentó emplazar a la demandada, sin que se hubiere logrado el objetivo; lo cierto es que no existe constancia que justifique la demora en la realización de dicha diligencia. Además, tampoco existe constancia con la que se acredite que se haya dado vista a la parte actora en el juicio natural con dicha constancia, para que se encontrara en aptitud de señalar un diverso domicilio donde pudiera emplazarse a la demandad. En tal virtud, ante lo fundado de los argumentos formulados por el peticionario del amparo, considerando la etapa procesal en que se encuentra el controvertido de origen, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Juan Manuel González Jerónimo, para el efecto de que la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, realice lo siguiente: Para el caso de que a la fecha de que cauce ejecutoria la presente resolución aun no haya tenido verificativo la audiencia inicial dentro del juicio ordinario laboral 2B-2212/2019, emita un auto en el que deje sin efectos el proveído trece de septiembre de dos mil diecinueve, por el que se difirió la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, únicamente en lo concerniente a la fecha para que tenga verificativo la citada audiencia inicial, y emita un nuevo auto en el que señale fecha próxima para su desahogo ajustándose a los plazos que para ello señale la ley que rige el juicio laboral. Teniendo en consideración la proximidad del periodo vacacional de la autoridad responsable y el término en que podría causar ejecutoria la presente resolución, se estima necesario acotar a la responsable que de resultar más benéfico para el quejoso y la prosecución del juicio laboral de origen, que se deje subsistente la fecha ya señalada, una vez que se le informe sobre la ejecutoria de la sentencia, analice tal situación y dicte un acuerdo donde exponga esas circunstancias y así lo informe a este órgano jurisdiccional federal, ya que la tutela constitucional se dirige a restituir la violación del artículo 17 Constitucional, y no a generar un mayor perjuicio al quejoso con el señalamiento de una fecha que pudiera ser más remota a la ya establecida. En relación con el emplazamiento del demandado, de manera inmediata, deberá ordenar la realización de la diligencia que corresponda para lograr el llamamiento de la demandada, lo cual puede consistir en el requerimiento de la actora para que señale un nuevo domicilio de aquella, la orden de que el actuario se constituya en un diverso domicilio de la demandada, que hubiere sido proporcionado para tal efecto, o bien, la que legalmente corresponda. Resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de contenido literal siguiente: "Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época Número de identificación 2005150 Segunda Sala Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Página 732 Tesis Aislada (Común) CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Recurso de inconformidad 282/2013. Tomasa Hernández Díaz. 18 de septiembre de 2013. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jannu Lizárraga Delgado". Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Juan Manuel González Jerónimo, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, con base en las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, encargado del despacho por ministerio de ley, con motivo del segundo periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/6310/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de Alfredo Montoya Revilla, Secretaria que autoriza y doy fe.
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Morelia, Michoacán, veinte de diciembre de dos mil diecinueve. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN OFRECE ALEGATOS Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el pedimento número 593/2019, que signa la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, mediante el cual formula los alegatos que a su representación social corresponde, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de hacer relación de los mismos al momento de la celebración de la audiencia constitucional; y, en cuanto a la solicitud que hace en el sentido de que se le expida copia simple de la resolución que se dicte dentro del juicio de garantías, expídasele la misma una vez que se emita la sentencia respectiva. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, encargado del despacho por ministerio de ley, con motivo del segundo periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/6310/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Alfredo Montoya Revilla Secretario que autoriza y da fe.JLL
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Morelia, Michoacán, trece de diciembre de dos mil diecinueve. SE RECIBE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes, agréguese a los autos el oficio de cuanta, a través del cual las autoridades que lo suscriben rinde informe justificado, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por admitida y desahogada en atención a su propia y especial naturaleza la documental que la responsable remite en apoyo de su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de la misma en audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Alfredo Montoya Revilla, secretario que autoriza. Doy fe.ROVE
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Morelia, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. SE CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos el escrito de cuenta que suscribe Mariano Barojas Rodríguez, apoderado del quejoso Juan Manuel González Jerónimo, a través del cual cumple con las prevenciones que se le hicieron mediante acuerdo de quince de noviembre actual. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En consecuencia, admítase la demanda de amparo que promueven JUAN MANUEL GONZÁLEZ JERÓNIMO, por conducto de sus apoderados, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad; en términos de lo previsto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las once horas del veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional. SE REQUIERE INFORME JUSTIFICADO. Pídase informe justificado a las autoridades responsables, de conformidad con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, que deberán rendir dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se les solicita. Deberán acompañar en el término señalado las constancias necesarias para apoyar su informe en copia certificada completa y legible, en términos del arábigo 260, fracción II de la ley de la materia, así como remitir archivo electrónico del acto reclamado, esto último conforme la circular 5/1995 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apercíbaseles que de no cumplir con lo anterior en el lapso fijado, además de presumirse ciertos los actos reclamados, se impondrá a la omisa una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la ley de la materia. Se autoriza el envío del informe solicitado vía fax, al número 01 44 33 22 69 60 extensión 1152, con la precisión que de hacerlo por este medio, será innecesario se remita vía postal, excepto cuando se deban enviar constancias que sustenten el acto reclamado. Requiérase a las autoridades responsables para que informen si la parte quejosa ha tramitado diverso juicio de amparo en contra del acto reclamado dentro del expediente de origen, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa en los términos de los párrafos precedentes, en relación a los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete, de conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. Asimismo, con apoyo en el numeral 3 de la ley en aplicación, se autoriza a la fiscal adscrita la consulta del expediente en que se actúa vía electrónica, bajo el usuario "pepin"; por tanto, se comisiona al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que realice las gestiones necesarias; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. NO HA LUGAR A TENER TERCEROS INTERESADOS. Sin que haya lugar a tener como terceros interesados a la parte demanda en el juicio de origen, toda vez que no encuadran en ninguno de los supuestos que refiere el artículo 5°, fracción III, de la ley de la materia, ya que de la lectura íntegra de la demanda no se desprende que tengan un interés contrario al del quejoso; aunado a que su llamamiento a juicio sólo retardaría el procedimiento dentro del mismo, sin pasar por alto que el acto reclamado en la presente instancia constitucional es de carácter omisivo. CONSIDERACIÓN RESPECTO DE LA APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA No es inadvertido para quien suscribe, la jurisprudencia 2ª./J.48/2016 (10ª), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1086, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Criterio transcrito que de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, resulta de observancia obligatoria para este órgano jurisdiccional; sin embargo, de los antecedentes narrados por la parte trabajadora, aquí quejosa, se advierte indiciariamente que se estaría en presencia del caso de excepción que prevé dicha jurisprudencia, ello en atención a que el promovente del amparo manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que en diligencia de once de noviembre de dos mil diecinueve, se difirió la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, la cual fue programada para las once horas del veintisiete de febrero de dos mil veinte, esto es, a más de tres meses de la fecha de su diferimiento; de ahí que quien suscribe considere que posiblemente exista una abierta dilación del procedimiento y, por tanto, la causal de improcedencia no se actualiza de forma notoria e indudable en este momento procesal, motivo por el cual, resulta procedente la admisión de la demanda de garantías, ello sin prejuzgar sobre la posible actualización de la misma ni sobre las cuestiones relativas al fondo del asunto que permitan medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla el juicio laboral del que emana el acto reclamado. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a formarse incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. REQUERIMIENTO A LAS PARTES. Se requiere a las partes que de tener conocimiento de la actualización de alguna causa de improcedencia, lo informen a este juzgado a la brevedad posible. NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se ordena notificar a la autoridad responsable únicamente la presente determinación, así como aquéllas que resulten trascendentes dentro del procedimiento, conforme el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". Notifíquese Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de ley, con motivo de la licencia académica concedida al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/6144/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Alfredo Montoya Revilla, secretario que autoriza. Doy fe.
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