Juan Manuel González Gerónimo
Expediente 751/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 751/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Manuel González Gerónimo
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de junio de dos mil veintidós. ARCHIVO. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 18, incisos b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE, en razón de haberse SOBRESEIDO Y NEGADO el amparo y protección de la justicia federal; por lo tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy Fe.eegCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Marbella Juárez García CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veinte de enero de dos mil veintiuno, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Juan Manuel González Jerónimo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Realícense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese. Lo proveyó y forma Marbella Juárez García, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, con motivo del segundo periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, del diecisiete al treinta y uno de enero del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/0179/2022 signado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. SECRETARIO: Juicio de amparo 751/2020, promovido por Juan Manuel González Jerónimo, por conducto de su apoderados, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en autos del juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Se da cuenta con la circunstancia que ninguna de las partes se encuentra presente. JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido de manera conjunta por la Presidenta, Auxiliar de la Junta y Actuario de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. SECRETARIO. Se hace constar que obra la documental que la parte quejosa exhibió con la demanda de amparo; así como la documental que las autoridades responsables remitieron en apoyo de su informe justificado, consistente copia certificada de algunas de las constancias del juicio laboral 2B-2212/2019; medios de convicción que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidos y desahogados en atención su propia y especial naturaleza. JUEZ: Al no haber más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. SECRETARIO: Se hace constar que ninguna de las parte hizo manifestaciones en esta vía. JUEZ: Al no haber alegatos que tener por reproducidos, se da por concluida la presente audiencia y se procede al dictado de la sentencia. Se levanta la sesión.V I S T O S los autos, para resolver el juicio de amparo 977/2019, promovido por Juan Manuel González Jerónimo, por conducto de su apoderados, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el once de noviembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, en esta ciudad, remitido al día siguiente a este órgano jurisdiccional, Juan Manuel González Jerónimo, por conducto de sus apoderados, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. La parte promovente del amparo estimó violados en su perjuicio los derechos humanos protegidos en los artículos 1º, 8º, 13, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Substanciación del juicio. Por auto de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio intervención a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; además, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de derechos humanos y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia(Común) "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados a las autoridades responsables, en la presente instancia constitucional, consiste en: Omisión de la junta responsable de señalar fecha para la celebración de la audiencia inicial, así como inminente señalamiento de fecha remota para la citada audiencia. Omisión de la junta responsable de emplazar a las codemandadas Rosa Martha Salto Salinas, Operadora Tiempo de buen Café, Sociedad Anónima de Capital Variable y quien resultara propietario o responsable del restaurante "Café Catedral". TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables al momento de rendir su informe justificado manifestaron lo siguiente. "No es cierto que no haya sido programada la audiencia de conciliación, demanda y excepciones que tendría verificativo el veintisiete de marzo de dos mil veinte, en el expediente ordinario laboral 2B-2212/2019, ya que en términos del proveído de fecha tres de diciembre del año en curso, se señaló el veinticinco de marzo del año dos mil veintiuno para su celebración. [.] Es parcialmente cierto que no han sido emplazado todos los demandados en el juicio, toda vez que de la totalidad de demandados señalados en el escrito inicial de demanda, no ha sido posible emplazar a la codemandada física Rosa Martha Salto Salinas por las razones asentadas por el Actuario de la adscripción en las constancias que obran a foja 24, 55 y 61 de autos. No obstante, que la autoridad manifiesta no es cierto el acto reclamado, consistente en la omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia inicial, del contenido de su informe así como de las constancias que remitió en apoyo de éste, se obtiene que el acto reclamado es cierto, toda vez a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, no existía una fecha programada para la celebración de la citada audiencia. Por otra parte, en relación con el acto consistente en la omisión de emplazar a la codemandada Rosa Martha Salto Salinas, la autoridad responsable manifiesta que es parcialmente cierto, toda vez que no ha sido posible emplazar a dicha persona, con motivo de los inconvenientes que ha tenido el actuario para tal efecto; de lo que se obtiene que no es cierta la omisión reclamada, en virtud a que el actuario sí ha hecho gestiones a fin de lograr el emplazamiento. CUARTO. Causales de improcedencia. El estudio de las causales de improcedencia es de orden público y preferente al fondo del asunto, como se dispone el artículo 62 de Ley de Amparo. No obstante la certeza del acto reclamado consistente en el omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia inicial, se estima que en relación con dicho acto se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" Así, de dicho precepto legal se infiere que el juicio de amparo se torna improcedente cuando el acto reclamado ya no puede incidir en la esfera jurídica del peticionario de garantías, en virtud que el acto de autoridad ya no puede producir efecto alguno, ya sea porque ha sido sustituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo, es decir, para que esta causal de improcedencia se materialice, es necesaria una conducta de hacer por parte de la responsable con la que deje sin efecto el acto reclamado. La causal de improcedencia prevista en el precepto legal transcrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Ahora, en el presente asunto, la parte quejosa reclama de la junta responsable la omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia inicial. Empero, de las constancias que integran el presente juicio de amparo, en particular de las constancias que la autoridad responsable remitió en apoyo de su informe justificado, se obtiene que mediante acuerdo de tres de diciembre de dos mil veinte, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, esto es, las diez horas con quince minutos del veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. En tal virtud, al haberse programado hora y fecha para la celebración de la audiencia inicial en el juicio laboral cesaron los efectos de la omisión reclamada, al haberse destruido sus efectos. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por reiteración, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido siguiente: "Tesis: 2a./J. 59/99 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 193758 Segunda Sala Tomo IX, Junio de 1999 Página 38 Jurisprudencia (Común) CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Amparo en revisión 3387/97. Gladys Franco Arndt. 13 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 393/98. Unión de Concesionarios de Transportación Colectiva, Ruta Nueve, A.C. 8 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas. Amparo en revisión 363/98. Unión de Choferes Taxistas de Transportación Colectiva, A.C. 22 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 2685/98. Alejandro Francisco Aupart Espíndola y otros. 12 de febrero de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán, quien fue suplido por Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. Amparo en revisión 348/99. Raúl Salinas de Gortari. 30 de abril de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis González." En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el presente juicio en relación con el acto analizado, de conformidad con lo que instituye el numeral 63, fracción V, del cuerpo normativo en cita. Cabe precisar que, si bien el quejoso también señala como acto reclamado el señalamiento por parte de la junta responsable de fecha remota para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, lo cierto es que al momento de la presentación de la demanda de amparo no existía como tal ese acto, sino que surgió hasta el dictado del acuerdo de tres de diciembre de dos mil veinte, el cual a su vez generó la cesación de los efectos de la omisión que le fuera a tribuida a la junta responsable. Por ese motivo, el referido señalamiento de fecha remota no puede ser materia de análisis en el presente juicio, sino que, en su caso, deberá ser materia de un juicio de control constitucional diverso. En tal virtud, se hace extensivo la determinación de sobreseimiento respecto del señalamiento de una fecha remota para la celebración de la audiencia inicial. QUINTO. Estudio de fondo. Es infundada la omisión que reclama el quejoso de la autoridad responsable en el sentido de que no ha realizado las diligencias necesarias para lograr el emplazamiento de la codemandada Rosa Martha Salto Salinas, como se verá a continuación. De las constancias que la autoridad responsable remitió en apoyo de su informe justificado, consistentes en copia certificada del juicio laboral 2B-2212/2019, se obtiene lo siguiente: a) Mediante acuerdo de trece de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo por recibida la demanda promovida por Juan Manuel González Jerónimo, en la que reclamó indeminización constitucional de las demandadas Rosa Martha Salto Salinas, Operadora Tiempo de buen Café, Sociedad Anónima de Capital Variable y quien resultara propietario o responsable del restaurante "Café Catedral"; y se señalaron las once horas con treinta minutos del once de noviembre de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. b) En diligencia de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, consta que el actuario adscrito a la Junta responsable, se constituyó en el domicilio de las demandas para efectos de su emplazamiento; en el que dejó los citatorios respectivos a efecto de que al día siguiente lo esperaran para llevar a cabo la diligencia, sin que hubiera podido realizar el llamamiento a juico. c) En diligencia de once de noviembre de dos mil diecinueve, se certificó que no era posible llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en virtud a que no había sido posible emplazar a las demandadas y se programó nueva fecha para su verificativo las once horas del veintisiete de febrero de dos mil veinte. d) En diligencia de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, consta que el actuario adscrito a la Junta responsable nuevamente se constituyó en el domicilio de las demandas para efectos de su emplazamiento, sin haber tenido éxito. f) En auto de doce de diciembre de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa con la imposibilidad que tuvo el actuario para emplazar a las personas demandadas, para que proporcionara el domicilio correcto en el que pudieran ser emplazadas, o bien, manifestara lo que a su interés conviniera. g) En cumplimiento a la vista, la parte actora proporcionó el domicilio de la demandas. h) Mediante acuerdo de veinte de enero de dos mil veinte, se ordenó nuevamente al actuario realizara el emplazamiento de las demandadas en el domicilio proporcionado por la parte actora. i) En diligencias de veintiuno, veintiséis y veintisiete de enero, el actuario nuevamente se constituyó en el domicilio de las demandas para efectos de su emplazamiento, sin haberlo logrado. j) Mediante acuerdo de tres de diciembre de dos mil veinte, se tuvo a la parte actora proporcionando domicilios para emplazar a las demandadas y se ordenó nuevamente al actuario procediera a realizar el emplazamiento en los domicilios proporcionados por la aquí quejosa. Como se observa de la anterior narración de constancias, se obtiene que la junta responsable no ha sido omisa en realizar las gestiones necesarias a efecto de lograr el emplazamiento de las personas demandadas, toda vez que el actuario de su adscripción el múltiples ocasiones se ha constituido en los domicilios correspondientes a efecto de llamarlas a juicio; sin embargo, no ha sido posible en virtud de los motivos o razones precisadas por el actuario en sus actas relativas; motivo por el cual, válidamente puede concluirse que la omisión reclamada es infundada; por tanto, lo que procede en negar el amparo y protección del a justicia federal al quejoso respecto al acto reclamado que se analiza. Cabe precisar que, aun cuando no hay constancia de que ya se haya verificado en emplazamiento de la demandada ordenado en auto de 3 de diciembre lo cierto es que ese aspecto no puede ser materia de análisis en el presente asunto, sino que necesariamente tendría que ser materia de un juicio diverso; porque el proveído de mérito no existía al momento de la presentación de la demanda que dio génesis al asunto que se resuelve. SEXTO. Supresión de datos personales. En otro orden, de autos se advierte que las partes no hicieron manifestación alguna respecto al derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, conforme el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo que se hizo de su conocimiento en el proveído admisorio de este juicio constitucional. Por tanto, toda vez que los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, ante la falta de manifestación expresa de las partes, con fundamento los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal invocado y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la publicación de la presente sentencia con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en el artículo los artículos 74 y 76, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE el presente juicio de garantías promovido por Juan Manuel González Jerónimo, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por los razonamientos contenidos en el considerando cuarto de esta ejecutoria. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Juan Manuel González Jerónimo, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, precisado en el considerando quinto de esta sentencia. TERCERO. Por lo indicado en el último considerando de este fallo, el mismo deberá publicarse con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Alfredo Montoya Revilla, secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de enero de dos mil veintiuno. SE RECIBE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes, agréguese a los autos el oficio de cuanta, a través del cual la Presidenta, Auxiliar de la Junta y Actuario de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, rinden informe justificado de manera conjunta, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por admitida y desahogada en atención a su propia y especial naturaleza la documental que las autoridades responsables remiten en apoyo de su informe justificado, consistentes en copia certificada de algunas de las constancias del juicio laboral 2B-2212/2019, sin perjuicio de hacer relación de la misma en audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Alfredo Montoya Revilla, secretario que autoriza. Doy fe.ROVE
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