Juan Manuel Gamez Farias

Expediente 104/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
104/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
04/05/2018

Partes del expediente

  • Juan Manuel Gamez Farias

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de mayo de dos mil dieciocho. Se recibe ejecutoria Agréguese a los autos el oficio por el cual el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, remite testimonio autorizado de la ejecutoria emitida en la queja 30/2018 de su índice, interpuesta en el expediente en que se actúa, acúsese el recibo de estilo correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de gobierno para los fines estadísticos correspondientes. Sentido de fallo. Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos conducentes, que el tribunal de alzada mediante resolución aprobada en sesión de veinticinco de abril del año en curso, resolvió: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por Juan Manuel Gámez Farías, en contra del proveído de nueve de febrero de dos mil dieciocho, dictado por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, en el expediente X-104/2018." Se ordena su archivo y destrucción. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos de los cuales se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el cuaderno de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En consideración a lo anterior y toda vez que de la certificación que antecede se desprende que dentro de los presentes autos no obra glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve, se estima que el presente cuaderno de antecedentes de amparo encuadra en la hipótesis contenida en el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del aludido acuerdo, por lo que se estima que el mismo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez que transcurran cinco años a partir del presente acuerdo, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. Notifíquese y Cúmplase.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, a veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. Tribunal alzada acusa recibo. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta suscrito por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio dictado por este juzgado en el que se le remitió el escrito original de agravios y copia del mismo así como copia certificada del juicio de amparo en que se actúa para la substanciación del recurso de queja interpuesto por el quejoso Juan Manuel Gámez Farías, en contra del proveído de nueve de febrero de dos mil dieciocho dictado por este juzgado; asimismo, informa que le fue asignado el número de queja 30/2018. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. Interpone queja. Visto el escrito que signa el quejoso Juan Manuel Gámez Farías, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de nueve de febrero del año en curso; a través del cual se desechó la demanda de garantías que originó el presente cuadernillo; atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 99 y 100 de la Ley de Amparo, ríndase informe sobre la materia de la queja, comunicando al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo en turno del Décimo Primer Circuito en turno, con sede en esta ciudad, que es cierto el acto recurrido, toda vez que en el proveído recurrido se desechó por su notoria improcedencia la demanda de garantías promovida por Juan Manuel Gámez Farías contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. Para justificar lo anterior, juntamente con el escrito de agravios, remítase copia certificada del presente cuadernillo de amparo en que se actúa, lo anterior a efecto de que esté en aptitud de determinar lo que conforme a derecho proceda. Sin que sea el caso de proceder en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo en vigor, esto es, notificar a las demás partes la interposición del recurso de mérito, para que en el plazo de tres días señalen constancias que deberán remitirse al que va a resolver, toda vez que en el presente juicio, el auto recurrido consiste en el que se tiene por desechada la demanda de garantías promovida por el quejoso Juan Manuel Gámez Farías, por lo que no existen partes en el juicio. Notifíquese y Cúmplase.

  4. Principal

    Por lista notifico a la parte promovente el siguiente auto: Morelia, Michoacán, nueve de febrero de dos mil dieciocho. Auto de radicación. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. Se recibe demanda. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Juan Manuel Gámez Farías, por propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Improcedencia del amparo. Del contenido íntegro de la demanda de garantías, se advierte que el acto reclamado consiste en ".la responsable ha omitido formular el proyecto de resolución en forma de laudo."; lo anterior, en el juicio laboral 747/2015, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, el cual, en acuerdo de diecisiete de enero del año en curso, decretó el cierre de instrucción y ordenó poner los autos para dictar el laudo respectivo, como lo refiere la parte quejosa en el ocurso de cuenta. Derivado de lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que la demanda de amparo en análisis resulta improcedente, por las razones que se expondrán a continuación. Los artículos 61, fracción XXIII, 62, 107 fracción V, y 113 todos de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los preceptos legales transcritos, se obtiene que en el juicio de amparo, los órganos jurisdiccionales competentes deben examinar de manera oficiosa el escrito inicial de demanda, a efecto de verificar la actualización de alguna causa de improcedencia; además, que el aludido juicio constitucional resulta improcedente, entre otras cuestiones, cuando se promueve contra actos cuyos efectos no sean de imposible reparación. Ahora, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que de conformidad con el legislador, existen dos condiciones para que los actos se estimen de imposible reparación dentro de un procedimiento; la exigencia de que se trate de actos que "afecten materialmente derechos" y, que esos derechos tengan la categoría de "sustantivos", esto es, aquellos que se encuentran tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; lo cuales son opuestos a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva", puesto que la afectación que producen no es actual, sino que ello depende de que llegue o no a trascender en el sentido de la resolución que se emita en el juicio o procedimiento. En ese sentido, señaló el Máximo Tribunal cuando un particular reclama una afectación a su esfera jurídica en un procedimiento jurisdiccional, derivado de violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Federal, los actos reclamados no deben considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de naturaleza adjetiva, porque no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentre, sino que ello ocurre precisamente dentro del mismo; por tanto, estimó que en esos asuntos no se actualiza un caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo indirecto. Lo anterior, porque respecto a procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción del particular, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conoce del juicio o procedimiento emita un fallo sobre lo pretendido por aquél; por tanto, que ésta debe respetar los plazos y términos que establece la ley de la materia, y que las partes reciban respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, concluyó el Máximo Tribunal, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Tales razonamientos dieron origen a la jurisprudencia que se transcribe, la cual; es de observancia obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales del país: "Época: Décima Época Registro: 2011580 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II Materia(s): Constitucional, Común Tesis: 2a./J. 48/2016 (10a.) Página: 1086 AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Contradicción de tesis 325/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y Tercero, Cuarto, Quinto, Octavo, Noveno y Décimo Cuarto, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 16 de marzo de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco". En ese contexto, si en el caso, el acto reclamado consiste en la dilación procesal dentro del juicio laboral 747/2015, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, en el cual por acuerdo de diecisiete de enero de dos mil dieciocho, decretó el cierre de instrucción y se ordenó poner los autos para dictar el laudo correspondiente; entonces, es factible considerar que se actualiza la causa de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. Es así, pues en el decir de la parte quejosa con la omisión en que incurre la responsable, se transgrede en su agravio, la garantía prevista por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no respetarse los plazos y términos que prevé la ley de la materia, para dictar la resolución del laudo correspondiente; sin embargo, dicha circunstancia por regla general no constituye un acto en juicio de imposible reparación, pues no afecta de modo directo e inmediato un derecho sustantivo tutelado por medio de las garantías individuales. En efecto, el artículo 17 Constitucional mencionado, establece en lo conducente que en los Tribunales se impartirá justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; esto es, el mencionado precepto protege al gobernado al establecer que los tribunales deben resolver controversias de su competencia conforme a las reglas señaladas en las leyes orgánicas y de procedimientos respectivas. Por tanto, cuando el acto reclamado consiste en la tutela de los plazos y términos fijados en las leyes secundarias, como en el caso acontece, por regla general es improcedente el juicio de amparo, porque no se viola de manera directa e inmediata un derecho sustantivo protegido por la Constitución, salvo en aquellos casos en que se observe una abierta paralización del proceso. Máxime, que de la demanda de amparo se desprende que la quejosa expuso a manera de antecedentes, que promovió demanda laboral, en contra del Ayuntamiento Constitucional de Jiquilpan de Juárez, Michoacán, de la cual conoce el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, quedando registrada como el expediente laboral 747/2015. Luego, seguido el juicio por sus trámites, en proveído de diecisiete de enero de dos mil dieciocho, se decretó el cierre de instrucción y se ordenó poner los autos en estado de dictar el correspondiente laudo. Dichas manifestaciones vertidas por el peticionario del amparo tanto en su escrito de demanda, merecen valor probatorio pleno como confesión, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los preceptos 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sobre al particular se citan las jurisprudencias cuyo contenido y datos de localización son los siguientes, la cual; es de observancia obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales del país: "Época: Novena Época Registro: 186676 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVI, Julio de 2002 Materia(s): Constitucional, Común Tesis: 2a./J. 50/2002 Página: 64 AMPARO CONTRA LEYES. EL MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE SU IMPROCEDENCIA, PUEDE SUSTENTARSE EN LA CONFESIÓN DEL QUEJOSO DE QUE NO RECLAMA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SINO UNO POSTERIOR. Si existe prueba plena en cuanto a que el acto de aplicación de la ley que se tilda de inconstitucional en la demanda de amparo, por su fecha de emisión, no fue el primero en el que se actualizaron las hipótesis normativas en perjuicio del quejoso, es inconcuso que puede determinarse la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Ahora bien, para el desechamiento de la demanda respectiva el Juez de Distrito puede basar su determinación de que no se está en presencia del primer acto de aplicación en diversos medios de convicción, entre los que pueden encontrarse las propias manifestaciones que el quejoso haya realizado en su demanda o en los escritos aclaratorios, pues éstas constituyen una confesión expresa, admisible en el juicio de amparo y con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues tiene la eficacia convictiva suficiente para demostrar que no reclama el primer acto de aplicación de la ley y que, por ende, se actualiza de manera manifiesta e indudable la improcedencia del juicio de amparo, en términos ya sea de las fracciones III, IV o XII, párrafo primero, del artículo 73 de la citada ley, según sea el caso; la primera, por ser la ley reclamada materia de otro juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolver; la segunda, por haber sido la norma general materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías; o, la tercera, por no haberse reclamado la ley en el juicio constitucional con motivo de su primer acto de aplicación dentro del plazo que establece el artículo 21 de la legislación de la materia. En consecuencia, es dable desechar la demanda de garantías por cuanto hace a la ley, con independencia de que la demanda pueda admitirse por los actos de aplicación relativos, si éstos se combaten por vicios propios y no se esté en el caso de que la reclamación de la ley represente una hipótesis de excepción al principio de definitividad. Contradicción de tesis 4/2002-PL. Entre las sustentadas por el Primero y el Décimo Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 24 de mayo de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el asunto Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco." De igual forma se invoca en lo conducente, la jurisprudencia del texto literal y datos siguientes: "Época: Octava Época Registro: 214035 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XII, Diciembre de 1993 Materia(s): Común Tesis: Página: 857 DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESION EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa". Amparo en revisión 132/93. Anselmo José Zanella García. 4 de agosto de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretaria: María del Rocío F. Ortega Gómez". Así, la circunstancia de que en proveído de diecisiete de enero de dos mil dieciocho, la autoridad responsable haya puesto los autos para dictar laudo sin que a la fecha de la presentación de la demanda que es el momento que debe tomarse en cuenta porque es cuando se ejerce la acción constitucional (ocho de febrero del año en curso), esto es, aproximadamente dieciséis días, no es determinante en el presente asunto para concluir que eventualmente se estén vulnerando derechos sustantivos de forma directa, puesto que al efecto la jurisprudencia trascrita con antelación pone de manifiesto que cuando se aduce una afectación a los artículos 8° y 17 Constitucionales dentro de un procedimiento, no se afecta el derecho sustantivo que prevén dichos normativos, porque no se surte de forma independiente, sino dentro de un proceso en el que la quejosa es parte. En esos términos, si bien el amparista se duele de la dilación en que ha incurrido la responsable, lo cierto es que, al ser parte la quejosa dentro del juicio, tal dilación se torna en una violación intraprocesal, y por ende, no afecta derechos sustantivos; máxime que debe tomarse en cuenta que el retraso en el dictado del laudo puede justificarse por la complejidad del asunto, de modo que por las circunstancias particulares del caso no podría estimarse que se actualice, una abierta dilación o paralización total del procedimiento. Determinación que se adopta, en atención a que la jurisprudencia invocada resulta ser vinculante para este juzgador, por disposición del artículo 217 de la Ley de Amparo; en lo conducente, por las razones que contiene, se cita la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2011703 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 30, Mayo de 2016, Tomo III Materia(s): Común Tesis: PC.IV.L. J/3 K (10a.) Página: 2094 JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN RETROACTIVA. El artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo prevé que la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 5157/2014, del cual derivó la tesis aislada 2a. XCII/2015 (10a.), de título y subtítulo: "JURISPRUDENCIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE AQUÉLLA TUTELADO EN EL ARTÍCULO 217, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE AMPARO.", sostuvo que la jurisprudencia tiene el carácter de una norma general, porque constituye una fuente relevante para el derecho, en virtud de que permite tanto a gobernantes como a gobernados, conocer la forma en que opera el sistema jurídico a través del entendimiento no sólo de reglas relevantes, sino de los principios implicados y perseguidos por el derecho. Ahora, de los artículos 94, párrafo décimo y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 215 a 224 de la Ley de Amparo, se advierte que la jurisprudencia constituye una fuente formal del derecho, ya que a través de ella se refleja un criterio uniforme de interpretación y aplicación de las normas jurídicas, esto es, por regla general tiene como fin establecer el alcance o significado de la ley o norma general, pero no es una norma nueva, sino que sólo establece el verdadero alcance de una norma previamente existente. Asimismo, una vez que una tesis de jurisprudencia se considera de aplicación obligatoria, los órganos jurisdiccionales deben ceñirse a su sentido, sin que puedan cuestionar su contenido o proceso de integración, pues ello es propio del órgano que emitió el criterio vinculante. De ese modo, se concluye que para que se genere la aplicación retroactiva de la jurisprudencia, debe existir una jurisprudencia anterior de la cual derive el derecho adquirido de manera previa a la aplicación de la nueva, sin que pueda admitirse que el hecho de afectar simples expectativas de derecho se traduzca en perjuicio para el justiciable; de ahí que su aplicación puede realizarse a hechos originados antes o después de su surgimiento, en tanto haya acontecido durante la vigencia de la norma o no exista una interpretación contraria a la aplicada. Contradicción de tesis 3/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Cuarto, ambos en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito. 29 de marzo de 2016. Mayoría de dos votos de los Magistrados José Luis Torres Lagunas y Guillermo Erik Silva González, con ejercicio de voto de calidad del primero de los nombrados en su carácter de presidente. Disidentes: Alfredo Gómez Molina y Alejandro Alberto Albores Castañón. Ponente: José Luis Torres Lagunas. Secretaria: Angélica Lucio Rosales." Ahora, se reitera que no pasa por alto para este órgano de control constitucional, que la jurisprudencia 2ª./J. 48/2016 (10ª), faculta al juez de amparo, para que en caso de advertir una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, proceda a admitir la demanda; sin embargo, en el caso concreto no se considera actualizada dicha excepción, porque ya se dijo que si bien pudiera ser que la responsable no ha acatado los términos de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus municipios, lo cierto es, que en el estado procesal en que se encuentra el juicio de origen y del tiempo transcurrido desde su última actuación, se concluye que no se materializan esas hipótesis. Ahora bien, los artículos 885, 886, 887 y 889, de la Ley Federal del Trabajo establecen: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo..." "Artículo 886. Del proyecto de laudo formulado por el auxiliar, se entregará una copia a cada uno de los miembros de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de haber recibido la copia del proyecto, cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquiera diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación a las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de aquellas pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas." "Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas." "Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta." Conforme a lo dispuesto por los preceptos anteriormente transcritos, se desprende que dentro de los diez días siguientes al en que el secretario auxiliar declare cerrada la instrucción, éste debe formular por escrito proyecto de resolución del que entregará copia a cada uno de los miembros de la Junta; posteriormente, dentro de los cinco días siguientes, cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que estime necesarias para el esclarecimiento de la verdad; una vez transcurrido dicho plazo, se presentan los siguientes supuestos: a) En caso de que se hubiera solicitado la práctica de las mencionadas diligencias por alguno de los miembros de la Junta, ésta, con citación a las partes, señalará día y hora para su desahogo, ello dentro de un plazo de ocho días. b) Transcurrido el término de cinco días concedido a los integrantes de la Junta, o el correspondiente al desahogo de las diligencias solicitadas, el presidente de la Junta citará a los miembros de aquélla para la discusión y votación del proyecto de laudo, evento que debe realizarse dentro de los diez días siguientes al en que hubieran concluido, por una parte, el término de cinco días o, por otra, el desahogo de las diligencias respectivas. c) Si el proyecto de resolución fuere aprobado sin adiciones o modificaciones se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato, de lo contrario, se ordenará al secretario que redacte el laudo de acuerdo con lo aprobado, lo que se hará constar en el acta correspondiente." De lo anterior se desprende que, una vez cerrada la instrucción, el plazo general para la emisión del laudo es de treinta y tres días hábiles. Por tanto, el retardo de que se duele el quejoso no transgrede de manera directa e inmediata un derecho sustantivo protegido por la Constitución. En ese sentido, el acto que por esta vía reclama el quejoso, se reitera, es notoriamente improcedente, pues, al no haber transcurrido los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, no existe una dilación o paralización total en el procedimiento de origen, que produzcan una afectación a sus derechos sustantivos. Tiene aplicación en lo conducente, la tesis jurisprudencial siguiente. "Época: Novena Época Registro: 182160 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Febrero de 2004 Materia(s): Laboral Tesis: 2a./J. 8/2004 Página: 226 LAUDO. LA OMISIÓN DE SU DICTADO, A PESAR DE HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL PARA ELLO, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis de jurisprudencia P./J. 24/92, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 56, agosto de 1992, página 11, que los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, son impugnables ante el Juez de Distrito en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Por otra parte, el propio Tribunal Pleno precisó en la jurisprudencia P./J. 113/2001 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de 2001, página 5, que el artículo 17 constitucional garantiza a favor de los gobernados el disfrute de diversos derechos, entre los que se encuentra el acceso efectivo a la administración de justicia, la cual debe impartirse de manera pronta y expedita mediante el cumplimiento por parte de la autoridad jurisdiccional de los plazos y términos dispuestos por la ley. En ese orden, la omisión de pronunciar el laudo, a pesar de haber transcurrido el plazo previsto en los artículos 885 a 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una violación que incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, pues con ello se difiere la resolución del juicio, aun cuando el laudo que en el fondo del asunto llegare a emitirse resultara favorable a sus intereses, ya que la violación a la garantía individual no podría ser remediada ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo y, por ende, la vía para la impugnación de aquella omisión es el amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues el efecto vinculatorio de la sentencia concesoria será obligar a la Junta a obrar en el sentido de respetar la garantía violada emitiendo el laudo relativo. Contradicción de tesis 159/2003-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, y por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito. 30 de enero de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Verónica Nava Ramírez. Tesis de jurisprudencia 8/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del trece de febrero de dos mil cuatro.". Además, de admitir a trámite el juicio y eventualmente concederse el amparo, podría incluso llegar a repercutir en una afectación de derechos de terceros, puesto que se obligaría a la responsable a dar prioridad al juicio en donde la quejosa es parte, frente a otros anteriores, sin que exista una justificación suficiente, dado que se reclama una violación contra la cual, por regla general, el juicio de amparo es notoriamente improcedente, en términos de la jurisprudencia vinculante 2ª/J.48/2016 (10ª). Asimismo, válidamente puede sostenerse que el trámite y resolución del juicio de amparo con los posibles recursos que se interpongan, generaran un atraso mayor al procedimiento natural, lo que derivará en un perjuicio para el propio quejoso, la cual no quedaría en estado de indefensión, toda vez que un vez transcurrido el tiempo fijado de manera discrecional por este juzgador como parámetro objetivo respecto a la posible abierta dilación o total paralización del procedimiento, podrá reclamarse la dilación que ahora se combate; en caso de que hasta este momento no se haya emitido el laudo correspondiente. También es conveniente destacar que para llegar a la presente conclusión no podría estimarse que sea necesario contar indefectiblemente con las constancias del juicio de origen, pues de esa forma se haría nugatorio el contenido de las jurisprudencias 2ª./J48/2016 (10ª) y 2ª/J.50/2002, puesto que se perdería de vista que la regla general en estos casos es la notoria improcedencia del juicio de amparo la cual puede sustentarse únicamente con las manifestaciones de la demanda al constituir una confesión dotada de pleno valor probatorio. Además, cabe precisar que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo de este Circuito, confirmó el criterio de este órgano jurisdiccional plasmado en el presente acuerdo, al resolver la queja laboral 49/2017, entre otras. Por último, la improcedencia analizada resulta notoria, porque en el caso concreto este órgano de control constitucional no realizó mayor análisis o demostración para arribar a la conclusión anotada, dado que como se advierte de los criterios citados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como diversos Tribunales Colegiados de Circuito, ya han realizado la interpretación respecto a las hipótesis en estudio. Además, se estima que aún en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes, ante la obligatoriedad de las jurisprudencias anotadas. En razón de lo anterior, y toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, procede el desechamiento de la demanda por su notoria e indudable improcedencia. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Juan Manuel Gámez Farías, contra actos del Tribunal Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Domicilio de la parte quejosa. Se tiene a la parte quejosa autorizando para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Araceli Nava Andrade, en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo, toda vez que, como se desprende de la certificación secretarial que obra al rubro, después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se constató que la cédula profesional que la acredita como licenciada en Derecho, se encuentra debidamente registrada. Autorización a los actuarios adscritos. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. Horario para notificaciones en el local de este juzgado Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. Autorización de copias y de uso de instrumentos digitales. Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Medidas sobre publicación de datos personales. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe. Ecr

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