Juan Manuel Espinosa González y Otros.

Expediente 270/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
270/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Juan Manuel Espinosa González y Otros.
  • Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México
  • Carlos Alberto Angelino Barrón
  • Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    CERTIFICACIÓN: En Ciudad Juárez, Chihuahua, a diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, el licenciado Félix Santillanes Cruz, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, hace constar y certifica: Que el presente expediente impreso, coincide en su totalidad con el expediente electrónico que se encuentra en el sistema denominado "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes" (S.I.S.E.), lo anterior en cumplimiento a lo expuesto en el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Lo que se asienta para los fines legales a que haya lugar. Doy fe.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, y la certificación que antecede, de los que se desprende, que después de una revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se localizó el acuerdo de fecha veintidós de abril del año en curso, mediante el cual el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, aceptó la competencia planteada por el Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, quedando registrada con el número de juico de amparo 297/2022. Por tanto, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, con fundamento en el artículo 20, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente cuadernillo es destruible en un plazo de seis meses de su archivo como totalmente concluido; asimismo, a juicio de este Juzgado de Distrito este asunto carece de relevancia documental y que el mismo es destruible. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    se tiene a la Secretaria del Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, informando que dicho juzgado carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, dado que el mismo fuera nombrado como autoridad responsable; por lo que con fundamento en los artículos 38, 39 y 48 de la Ley de Amparo el juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México se declara incompetente para conocer del Juicio de Amparo y por economía procesal, declina la competencia en favor del Juez de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, en turno. Notifíquese.

  4. Principal

    Vista la demanda presentada por los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel Espinosa González, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renan Hidalgo Echazarreta y Hugo Melchor Nieto, por propio derecho, contra actos del Director de la Penitenciaria de la ciudad de México, y de otras autoridades; regístrese en el libro de juicios de garantías que se tramitan en este Juzgado Federal con el número consecutivo 270/2022-III-B y fórmese expediente. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 13 de la propia ley, se tiene como representante común a Carlos Alberto Angelino Barrón, sin perjuicio de que la parte quejosa lo substituya por otro en cualquier momento el asunto. Así, atendiendo a lo manifestado por los promoventes del amparo, quienes se encuentra privados de su libertad y por ende señalan como actos recamados los siguientes: Actos reclamados bajo protesta de verdad: 1) reubicación de Carlos Alberto Angelino Barrón del dormitorio cuatro zona uno estancia once al dormitorio Nueve zona Dos estancia once que le genera afectaciones a su salud y dignidad, así como afectaciones psicofísicas y emocionales y tortura psicofisica y emocional con fines intimidatorios. 2) Ataques y actos de coacción contra Carlos Alberto Angelino Barrón por ser defensor y promotor de Derechos humanos y LGBTI 3) Reubicación de Juan Manuel Espinosa González del dormitorio cuatro zona uno estancia once al dormitorio cuatro zona tres estancia díez que le genera tortura y tormento psicofisico y afectación emocional y a su dignidad. 4) reubicación de Edwin Daniel Guerra Cordova del dormitorio cuatro zona uno estancia once al dormitorio cuatro zona uno estancia cuatro que le genera tormento psicofisico y afectación psicoemocional. 5) reubicación de Luis Gabriel Jop Corzo del dormitorio cuatro zona uno estancia cinco a otro diverso que genera tormento psicofisico y afectación psicoemocional. 6) Reubicación de José Othón Ramiro Hernández Lima del dormitorio cuatro zona tres estancia ocho a otro diverso que le genera tormento psicofisico y afectación psicoemocional. 7) Reubicación de Enrique Mejia Bello y José Antonio Contreras Chávez del dormitorio cuatro zona tres estancia nueve a otro diverso que genera tormento psicofisico y afectación psicoemocional. 8) reubicación de Enrique Alvarado Saucillo del dormitorio cuatro zona tres estancia doce a otro diverso que le genera tormento psicofisico y afectación psicoemocional. 9) reubicación de Eduardo Ampudia Fraustro del dormitorio cuatro zona uno estancia doce a otro diverso que pone en riesgo su vida y genera tormento psicofisico. 10) reubicación de Eduardo Flores Castro del dormitorio cuatro zona tres estancia siete a otro diverso que genera afectación psicoemocional y psicofisica. 11) reubicación de Renan Hidalgo Echazarreta del dormitorio cuatro zona uno estancia díez a otro diverso que le genera afectaciones psicoemocional y psicofisica. 12) reubicación de Hugo Melchor Nieto del dormitorio díez a otro diverso que pone en riesgo su vida y genera tormento psicofisico y psicoemocional 13) traslado de los quejosos de la penitenciaria de la ciudad de México a otro centro diverso dentro y fuera de la ciudad de México con fines intimidatorios y por represalias que ponen en riesgo su vida y dignidad y genera tormento psicoemocional. 14) actos prohibidos en el artículo 22 de la Constitución y 15 ley de amparo. 15) Intimidación 16) discriminación 17) violación al principio pro persona 18) inaplicacion de criterios internacionales. 19) Omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos. 20) Omisión de suspender de sus funciones a los servidores públicos bajo investigación ministerial por la comisión de actos constitutivos de delitos. 21) Encubrimiento de actos constitutivos del delito de tortura. 22) coacción y actos de Intimidación contra Juan Manuel Espinosa González para elaborar escrito de 14 de enero del 2022. 23) restricción de comunicación, contacto y de convivencia entre quejosos como medio de coacción, Intimidación y represalias atribuidos al comité técnico. 24) Realización de estudios y perfiles ( inconstitucionales ) y entrevistas ( ilegales ya que son sin asesores jurídicos de los quejosos), como medio de coacción e intimidación. 25) Audiencias del comité técnico de la penitenciaria de la ciudad de México, sin la presencia de los asesores jurídicos designados por la Defensoría Pública Federal y la Defensoría Pública de la ciudad de México quienes son: Dante Bretón, José Luna Ramos, Zaira Pérez, Ivonne Dañino, y Paula Durán Ahora, como se advierte de la demanda de amparo se trata de actos que se encuentran prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra los cuales con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo vigente, debe concederla la suspensión de plano en contra de los mismos, sin embargo, en el caso no ha lugar a proveer sobre la suspensión de plano, toda vez que como se dijo, dicha medida cautelar ya se encuentra decretada, según se desprende del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), ldéntica demanda fue recibida con anterioridad en el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, como juicio de amparo 229/2022, misma que fue promovida por los mismos quejosos, contra las mismas autoridades y con fecha veintidós de marzo de dos mil veintidós, se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados en dicho asunto, lo cual constituye un hecho notorio para este Juzgador en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la Materia (para lo cual se anexa copia certificada del proveído dictado en el juicio de amparo 229/2022 del juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, residente en la localidad). Y por ende, no ha lugar a remitir oficios a las autoridades señaladas como responsables en este juicio de amparo. Ahora bien, en atención a las manifestaciones expresadas por la parte quejosa, este Juzgado estima que es LEGALMENTE INCOMPETENTE por razón de territorio, para conocer de la presente demanda de amparo. Al respecto, resulta oportuno precisar que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número 679, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito que aparece publicada en la página 456, del tomo VI, Tribunales Colegiados de Circuito, de la Octava Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, del rubro siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA." La competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, a fin de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y tribunales del mismo grado. En ese sentido, la Ley de Amparo, prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por territorio. La competencia por razón del territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Criterios que se encuentran previstos en los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá también mediante acuerdos generales, el número de tribunales colegiados y unitarios de circuito y de juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales. Ahora, la competencia constitucional de los Jueces de Distrito está prevista por el artículo 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada por el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse." (Lo destacado es propio). El precepto constitucional transcrito, establece que el juicio de amparo se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, destacando por ende que no está abierta la posibilidad que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier Juez de Distrito, para que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. Por otro lado, el artículo 37 de la Ley de Amparo, que reglamenta la disposición constitucional sobre la competencia de los Juzgados de Distrito, en lo conducente, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de este artículo, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que en razón de técnica, se puntualizan a continuación, en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento, se establece la regla consistente en que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo no requiera ejecución material, resulta competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla, se encuentra prevista en el primer párrafo del señalado numeral de la Ley de Amparo, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, la circunstancia para determinar la competencia del juez de Distrito consiste en que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. c) La tercera previsión normativa, que se contiene en el comentado numeral de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis constituye un matiz de la segunda regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de Distrito, a que se hizo alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. De ahí que, como ha quedado debidamente puntualizado en párrafos precedentes, tratándose de actos reclamados que requieran ejecución material, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en esta última el acto o resolución reclamado no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución; y lo que diferencia a las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, pues la primera regla competencial se refiere a todos los supuestos en que deba ejecutarse el acto, sólo hace mención a que éste se efectúe en una jurisdicción, mientras que la segunda se refiere a la ejecución que pueda darse en dos distritos diferentes; por lo que, cuando ante un Juez de Distrito se promueva una demanda de amparo, de la que otro deba conocer, debe declararse legalmente incompetente y comunicar su resolución al juez que, en su concepto, debe conocer de dicho juicio, acompañándole copia del escrito de demanda, para que decida si acepta o no la competencia declinada. En la especie, del análisis de la demanda de amparo promovida por los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel Espinosa González, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renan Hidalgo Echazarreta y Hugo Melchor Nieto, por propio derecho, se observa que reclaman: --- Tortura y tortura psicofísica y afectación emocional a su dignidad, intimidación, discriminación y coacción, quienes están privados de su libertad en el centro penitenciario en la Ciudad de México. De ahí que, el acto reclamado en esta instancia, encuadra en el segundo supuesto previsto por la norma citada. Lo anterior, evidencia que las consecuencias y efectos del acto impugnado en esta vía, se materializarían en la Ciudad de México, lugar donde este juzgado de Distrito no tiene jurisdicción, sino dentro de la circunscripción territorial de un Juez de Distrito de este circuito, pero con residencia en aquella ciudad. En ese contexto, si el acto reclamado debe tener ejecución material o se ejecutará en la Ciudad de México, cuya localidad de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra dentro del territorio en el que ejercen su jurisdicción los Jueces de Distrito en el Estado de México; por tanto, se estima que estos resultan competentes para conocer el acto aquí reclamado, al ser los que ejercen jurisdicción en el territorio en el que se va a materializar o bien, se materializó la ejecución del acto reclamado. Apoya a lo anterior, la tesis emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 199-204, Cuarta Parte, Séptima Época, (registro: 240065), que dice: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse." Así también, la tesis emitida por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 88, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 217-228, Séptima Parte, Séptima Época, (registro: 245025), que establece: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 36 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Así como, la tesis I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1299, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de 2001, Novena Época, (registro: 189167), de rubro y texto: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Consecuentemente, corresponde conocer de la demanda de amparo de que se trata al Juez de Distrito de Amparo en materia penal en la ciudad de México, en Turno; por lo que este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, se declara legalmente incompetente, por razón de territorio, para conocer del presente asunto; en consecuencia, se ordena remitir la demanda de amparo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México, para que ésta lo turne al Juzgado correspondiente en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo. De igual manera, se solicita al órgano jurisdiccional que por razón de turno le corresponda conocer del presente asunto, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar a este Juzgado, si acepta o no la competencia planteada para conocer de la demanda de amparo en cuestión. Por consiguiente, notifíquese por lista a las partes y remítase por razón de territorio la presente demanda. ua, licenciado Héctor Manuel Flores Lara, asistido del licenciado Félix Santillanes Cruz, Secretario que autoriza y da fe de sus actos. Doy fe. FSC.

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