Juan Manuel Galarza Castañeda
Expediente 972/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 972/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 24/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Juan Manuel Galarza Castañeda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. Visto el oficio suscrito por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en esta ciudad, al que anexa los autos originales del juicio de amparo 972/2017-VI, así como copia certificada de la resolución pronunciada por la superioridad, en el recurso de inconformidad penal 4/2018, de su índice, de cuyo contenido se advierte que resolvió: ÚNICO. Se declara infundado el recurso de inconformidad a que este toca se refiere. Por tanto, con transcripción del presente proveído, acúsese recibo de estilo, agréguese el cuadernillo de antecedentes y háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno y libros electrónicos. Ahora, visto el estado de autos de los cuales se advierte que el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, se declaró cumplida la ejecutoria de amparo dentro del presente juicio, así como que en el presente proveído se tuvo por recibida la resolución relativa al medio de impugnación interpuesto por el quejoso, por tanto, no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma la *****, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia del titular, comunicada mediante oficio CCCJ/ST/1735/2018 de dieciséis de abril del presente año, con apoyo en el artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante el Secretario *****. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de marzo de dos mil dieciocho. Vista la constancia actuarial de cuenta, se desprende que el quejoso ******* interpone recurso de inconformidad en contra de la resolución de veintiséis de febrero del año en curso, en la cual se declaró cumplida la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente recurso, es decir, que obren la totalidad de las constancias de notificación a las partes, remítase al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en Ciudad Juárez, Chihuahua, el juicio de amparo 972/2017-VI, así como la constancia de expresión de agravios de la parte recurrente, con copia de éste para el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a dicho Tribunal, para los efectos legales conducentes; se ordena únicamente la distribución de la constancia de notificación antes citada entre las partes, en virtud de que el quejoso interpuso el aludido medio, en la misma. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia del titular, con apoyo en el artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria, licenciada *******, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia en que se concedió el amparo solicitado por *******, sin que se haya presentado promoción al respecto. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo. Por otra parte, de autos se advierte que en la ejecutoria de referencia, se otorgó la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los efectos siguientes: [.]En ese orden, lo procedente es otorgar la protección y amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, en contra de los actos analizados en el presente considerando para los efectos que se precisan a continuación. El artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo en vigor, establece que cuando el acto reclamado es de carácter omisivo, como en el caso, la sentencia concesoria del amparo tendrá por objeto obligar a las autoridades responsables a respetar el derecho de que se trata y a cumplir lo que éste exija; por tanto, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, el Director del Centro de Reinserción Social Estatal Tres, en esta ciudad, deberá realizar las gestiones que se estime pertinentes a fin de que el médico penitenciario revalore al directamente agraviado en relación al padecimiento referido ante esta instancia, y en su caso, determine lo conducente respecto a la intervención de un médico especialista. [.] En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere al Titular del Área de Médica del Federal de Reinserción Social Estatal 3, en esta ciudad, así como al Director de ese centro carcelario, en su calidad de superior jerárquico, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que queden legalmente notificados de este proveído, ordene se dé cumplimiento a la sentencia de amparo y lo informen a este juzgador, lo que deberán acreditar con las constancias respectivas. En acatamiento a lo anterior, deberá informar a este Juzgado de Distrito, sobre el cumplimiento dado a dicha ejecutoria de amparo, o bien, sobre los actos que haya realizado para ese efecto. Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo así, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se le impondrá como sanción de ocho mil sesenta pesos moneda nacional ($8,060.00), equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad penal correspondiente. Apoya lo anterior, la tesis I.13o.T.3 K (10a.), aprobada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, de Octubre de 2013, Tomo 3, materia común, página 1767, del siguiente tenor: EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. AL MOMENTO DE REQUERIR SU CUMPLIMIENTO, EL JUZGADOR DEBE INDIVIDUALIZAR EL MONTO DE LA MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 192, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO Y NO EN UN ACUERDO POSTERIOR (INTERPRETACIÓN DEL CONCEPTO "DESDE LUEGO"). La base toral de las facultades que la ley otorga a las autoridades para actuar con el propósito de lograr la finalidad que la misma les señala, implica la posibilidad de optar entre dos o más decisiones, y se encuentra subordinado a que se respeten los presupuestos procesales para hacer cumplir sus determinaciones. En este sentido, el artículo 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que en la notificación que se haga a la responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego. Ahora bien, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, en su vigésima segunda edición, define el vocablo "luego" como el adverbio de tiempo que tiene por significado "prontamente, sin dilación"; a partir de lo anterior, el propio instrumento en consulta define la locución adverbial "desde luego" como aquello que debe ocurrir "inmediatamente, sin tardanza". De esta manera, el presupuesto procesal que estableció el legislador para la imposición de esa multa, consiste en que ésta se determine "desde luego", esto es, inmediatamente, sin tardanza; por tanto, al requerir el cumplimiento de la sentencia en que se concedió el amparo, el juzgador debe individualizar su monto y no en un acuerdo posterior." Asimismo, se hace del conocimiento del Director del Centro de Reinserción Social Estatal Tres, que en caso de que no acredite haber conminado eficazmente al Titular del Área Médica del Centro de Reinserción Social Estatal Tres, incurrirá en las mismas responsabilidades de dicha autoridad. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de enero de dos mil dieciocho. Visto para resolver el juicio de amparo 972/2017-VI, promovido por *******. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, ******* solicitó la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos reclamados al Director del Centro de Reinserción Social Estatal Tres, en esta ciudad, y otras autoridades, de quienes reclamó la omisión de proporcionarle atención médica general y en la especialidad de traumatología. SEGUNDO. Derechos Constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 4, 14, 16, 19, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda de amparo. Mediante proveído de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite el juicio el amparo 972/2017, se solicitaron los informes con justificación, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal correspondiente y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama un acto que tiene ejecución dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por imperativo de los artículos 74 fracción I, 75 y 76 de la Ley de Amparo vigente, es necesario precisar que del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte esencialmente que el acto reclamado consiste en: La falta atención médica general y en la especialidad de traumatología. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Subdirector del Centro de Reinserción Social Estatal Tres, en esta ciudad, al rendir el informe justificado en relación a los actos reclamados a las autoridades Director, Consejo Técnico Interdisciplinario, Titular del Área Médica y Titular del Área de Seguridad, todos del centro de carcelario en cita, negó la existencia del acto que se les atribuyó; sin embargo, tanto de los argumentos expuestos por dichas autoridades penitenciarias, como de las constancias anexas a su informe justificado se desprende la certeza del acto que se les reclama. CUARTO. Causas de sobreseimiento y de improcedencia. Del análisis a los autos no se advierte la actualización de alguno de los supuestos que obligan a sobreseer en el juicio de amparo respecto al acto que se tiene como cierto, conforme a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Amparo vigente, ni de alguna de las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 de la propia legislación. QUINTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación que formula la parte quejosa, son sustancialmente fundados, aunque para ello deba suplirse la queja deficiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 79 fracción III, inciso a) y último párrafo de la Ley de Amparo vigente, sin que resulte necesaria su transcripción para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia que rigen toda determinación jurisdiccional. Se cita como apoyo en lo conducente la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, registro 164618, visible en la página ochocientos treinta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, Novena Época, materia común, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Así, atendiendo a la causa de pedir, se obtiene que la parte quejosa, en esencia, se duele, de que, con el actuar de la autoridad responsable, se vulnera el derecho fundamental de acceso a la salud, el cual se ve trastocado ante la eventualidad de que no se le proporciona una atención médica adecuada. Ahora bien, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente, dispone: 4. El Varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. (.) Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución (.)". Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el dieciocho de diciembre de mil novecientos ochenta, en su precepto 5, Punto 1, establece: 5. Derecho a la Integridad Personal. 1. Toda persona tiene derechos a que se respete su integridad física, psíquica y moral." (.)". Debe destacarse también, lo dispuesto por el ordinal 25, punto número 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada y promulgada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, que estableció: 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad...". Así, de lo dispuesto en el artículo 4 Constitucional, interpretado de conformidad con los instrumentos internacionales recién destacados, se obtiene que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, cuya finalidad es la de garantizar, por una parte, el disfrute de servicios de salud y asistencia médica a fin de que se avale esa prerrogativa elevada al rango de derecho humano. Es aplicable al respecto, el criterio asilado sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificado con el número de tesis LXV/2008, en la página 457, Tomo XXVIII, Julio de dos mil ocho, Materias Constitucional, Administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Este Alto Tribunal ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así, lo anterior es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", según el cual toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud". A mayor abundamiento, el artículo 4, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela el derecho fundamental a la protección de la salud, mientras que el Organismo de las Naciones Unidas especializado en la materia, ha definido la salud como un "estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, es un derecho humano fundamental y que el logro del grado más alto posible de la salud es un objetivo social sumamente importante en todo el mundo...". De ahí que, ese derecho subjetivo implica un cúmulo de facultades de los órganos estatales cuyo ejercicio permite, entre otras cosas, garantizar las condiciones necesarias para que la salud de los gobernados esté protegida a través de la emisión y aplicación de reglas de carácter general. Sin que resulte obstáculo alguno la condición de internamiento que guarda la parte quejosa, en el centro penitenciario, habida cuenta que del dispositivo 18, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, compatible con el numeral 10, punto 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (aprobado por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el dieciocho de diciembre de mil novecientos ochenta), se obtiene el derecho a que toda persona privada de su libertad sea tratada de manera humana, y con el debido respecto a la dignidad. Al respecto, tales disposiciones establecen: 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. La Federación, los Estados y el Distrito Federal podrán celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa. La Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social. La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente. Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre que resulte procedente. En todos los procedimientos seguidos a los adolescentes se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales a la conducta realizada y tendrán como fin la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se utilizará solo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión de conductas antisociales calificadas como graves. Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando penas en países extranjeros, podrán ser trasladados a la República para que cumplan sus condenas con base en los sistemas de reinserción social previstos en este artículo, y los sentenciados de nacionalidad extranjera por delitos del orden federal o del fuero común, podrán ser trasladados al país de su origen o residencia, sujetándose a los Tratados Internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. El traslado de los reclusos sólo podrá efectuarse con su consentimiento expreso. Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad. Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales. Las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos. Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley". 10. 1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano." Lo expuesto, en síntesis obliga a las autoridades responsables encargadas de la reinserción social de los internos, a prestar un servicio médico básico, que cumpla con las exigencias de los derechos humanos que se protegen a través de los dispositivos apuntados, es decir, es menester atender a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad establecidas en el artículo 1 de la Constitución Federal. En la inteligencia que los referidos derechos obedecen a un contexto de necesidades pasadas y actuales, más no, niegan la posibilidad de verse expandidos por adecuación a nuevas condiciones sociales que determinan la necesidad y vigencia de otras prerrogativas que deben reconocerse a favor de las personas, para que de ese modo, se dé cumplimiento al mandato constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos dentro del marco normativo antes mencionado. Se cita como apoyo a lo anterior, en lo conducente la tesis aislada IV.2o.A.15 K (10a.), con número de registro 2003881, visible en la página mil doscientos ochenta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 2, Materia Constitucional, Décima Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, del rubro y texto siguientes: PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. REPRESENTAN CRITERIOS DE OPTIMIZACIÓN INTERPRETATIVA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. El 10 de junio de 2011 se promulgaron reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, de las que sobresale la modificación de su artículo 1o. que establece la obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, favoreciendo la protección más amplia posible a favor de la persona, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En virtud de éstos, la valoración de los derechos fundamentales queda vinculada a la premisa de que deben respetarse en beneficio de todo ser humano, sin distinción de edad, género, raza, religión, ideas, condición económica, de vida, salud, nacionalidad o preferencias (universalidad); además, tales derechos han de apreciarse como relacionados de forma que no sería posible distinguirlos en orden de importancia o como prerrogativas independientes, prescindibles o excluyentes unas ante otras, sino que todos deben cumplirse en la mayor medida posible, así sea en diferente grado por la presencia de otro derecho fundamental que también deba respetarse y que resulte eventualmente preferible, por asegurar un beneficio mayor al individuo, sin que el derecho fundamental que ceda se entienda excluido definitivamente (indivisibilidad e interdependencia); asimismo, con el entendimiento de que cada uno de esos derechos, o todos en su conjunto, obedecen a un contexto de necesidades pasadas y actuales, mas no niegan la posibilidad de verse expandidos, por adecuación a nuevas condiciones sociales que determinen la necesidad y vigencia de otras prerrogativas que deban reconocerse a favor del individuo (progresividad). De esta guisa, los referidos principios representan criterios de optimización interpretativa de los derechos fundamentales, porque conducen a su realización y observancia plena e inmejorable a favor del individuo, al orientar el proceder de toda autoridad en el cumplimiento del mandato de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de la materia, lo cual se refleja al ejercer el control constitucional, en el sentido de que el respeto y restauración de los indicados derechos son una tarea no sólo de la jurisdicción federal, sino también de la ordinaria en el conocimiento de los asuntos de su competencia.". En ese contexto, las autoridades carcelarias deben atender a las necesidades médicas que se requieran, tomando como base los lineamientos que establece la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, el cual, en lo relativo a la protección a la salud, dispone: Artículo 128. Bases del proceso de reinserción. A todo imputado o sentenciado que ingrese a un establecimiento penitenciario del Sistema, se le respetarán sus derechos fundamentales, de conformidad con las Constituciones Federal y Local, los tratados internacionales e instrumentos similares celebrados por el Estado Mexicano, y las disposiciones legales que de ellos deriven. De la interpretación del dispositivo legal supracitado, se advierte que se respetarán los derechos fundamentales de los imputados o sentenciados. Ahora bien, si partimos del análisis de la demanda de amparo promovida a favor del quejoso, se advierte que se reclama la omisión de proporcionarle la atención médica en medicina general, así como en la especialidad de traumatología. De este modo, en autos no se demostró de manera fehaciente que al quejoso se le hubiera proporcionado la atención solicitada de manera integral, pues aún y cuando mediante el oficio *******, de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, anexo al informe justificado rendido por las responsables, se comunicó a esta instancia, que una vez efectuado una revisión médica al quejoso, lo diagnosticó con "*******", ordenando como tratamiento el suministro de *******, una tableta cada veinticuatro horas por cinco días; y posteriormente, a través del oficio *******, de quince de diciembre de dos mil diecisiete, en informó, que una vez efectuada una revisión médica al quejoso, no obstante que dicho impetrante refirió dolor en codo izquierdo, lo dictaminó como "clínicamente sano", por lo que únicamente ordenó suministrarle diclofenaco en tabletas, una cada veinticuatro horas. Tal circunstancia por sí, se considera insuficiente para colmar el cumplimiento del derecho a la salud en estudio, en virtud de que, si bien es cierto, de los resúmenes médicos anexos a los informes justificados rendidos por las autoridades penitenciaras responsables, se aprecia tanto la atención medica efectuada el treinta de noviembre y quince de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 16 y 17)), como el tratamiento brindado al quejoso, también es cierto que el amparo promovido ante esta instancia, el veinticuatro de noviembre de la pasada anualidad, revela el interés del quejoso a ser atendido por un especialista en materia traumatología, en virtud de que pase a ser valorado por el medico penitenciario, presenta dolor en el codo izquierdo; no obstante, de las aludidas constancias no se advierte que las responsables se pronunciaran en ese tenor. Luego, si se tiene en cuenta que el centro penitenciario que nos ocupa, es el encargado de velar por la salud física de los internos, así como de prestar un servicio médico adecuado dentro del Centro Penitenciario a su cargo, esto es, debe proporcionar la atención médica adecuada que requiere el aquí quejoso ante esta instancia. De lo contrario, la autoridad penitenciaria estaría vulnerando la garantía prevista en el artículo 4 Constitucional, pues a pesar de que existe actualmente una autorización de los multicitados artículos, las autoridades responsables, no han cumplido con su deber de brindar la atención medica peticionada. De esta manera, la actitud omisiva de las autoridades responsables en atender los postulados de los dispositivos citados, puede agravar el avance de los padecimientos médicos referidos por el interno ahora quejoso, lo que se traduce en una directa afectación a su salud sin justificación alguna, haciendo nugatorio el derecho a su salud. Sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis VI.2o.37 P, con número de registro IUS 203666, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página quinientos setenta y cuatro del Tomo II, Diciembre de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia penal, que establece: SALUD, DERECHO A LA. LA AUTORIDAD DEL RAMO NO PUEDE NEGARSE A PROPORCIONAR TRATAMIENTO A UN PROCESADO. Si conforme a lo establecido por el artículo 4o. de la Constitución General de la República, toda persona tiene derecho a la protección de su salud y acceso a los servicios correspondientes, el quejoso tiene tal derecho, lo que se traduce en recibir el tratamiento requerido. Luego, con el hecho de que el secretario de Salud del Estado de Tlaxcala, no proporcione la atención médica a un procesado y niegue su traslado a un hospital especializado, es inconcuso que viola esa garantía individual consagrada en el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución General de la República". Asimismo, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 136/2008, con número de registro IUS 168549 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página sesenta y uno del Tomo XXVIII, Octubre de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Constitucional, Administrativa, que sostiene: SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL. La Ley General de Salud, reglamentaria del citado precepto constitucional, precisa que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en: a) servicios públicos a la población general, que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando éstos carezcan de recursos para cubrirlas; b) servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, que son los prestados a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado conforme a sus leyes, así como los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios; c) servicios sociales y privados, los primeros se prestan por los grupos y organizaciones sociales a sus miembros y beneficiarios de los mismos, directamente o mediante la contratación de seguros individuales y colectivos, y privados, los que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, sujetos a las leyes civiles y mercantiles, los cuales pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o colectivos y, d) otros que se presten de conformidad con la autoridad sanitaria, como lo son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los propios beneficiarios mediante cuotas familiares que se determinarán atendiendo a las condiciones socioeconómicas de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la carencia de éste sea limitante para acceder a dicho sistema. Lo anterior permite advertir que el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud y que en virtud de que ésta es una responsabilidad que comparten el Estado, la sociedad y los interesados, el financiamiento de los respectivos servicios, no corre a cargo del Estado exclusivamente, pues incluso, se prevé el establecimiento de cuotas de recuperación a cargo de los usuarios de los servicios públicos de salud y del sistema de protección social en salud, que se determinan considerando el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas de los usuarios, eximiéndose de su cobro a aquellos que carezcan de recursos para cubrirlas, de ahí que la salud sea una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso. Máxime que, como se indicó en párrafos que anteceden el derecho a la salud previsto por el artículo 4 Constitucional, ha sido complementado con tratados internacionales en materia de derechos humanos del que el Estado Mexicano forma parte. En ese orden, lo procedente es otorgar la protección y amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, en contra de los actos analizados en el presente considerando para los efectos que se precisan a continuación. El artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo en vigor, establece que cuando el acto reclamado es de carácter omisivo, como en el caso, la sentencia concesoria del amparo tendrá por objeto obligar a las autoridades responsables a respetar el derecho de que se trata y a cumplir lo que éste exija; por tanto, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, el Director del Centro de Reinserción Social Estatal Tres, en esta ciudad, deberá realizar las gestiones que se estime pertinentes a fin de que el médico penitenciario revalore al directamente agraviado en relación al padecimiento referido ante esta instancia, y en su caso, determine lo conducente respecto a la intervención de un médico especialista. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 117, 119 y 124, de la Ley de Amparo vigente, se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a *******, respecto al acto reclamado y autoridades responsables precisadas en el considerando tercero, para los efectos del considerando último de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe. maa
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes
- Juan Manuel de León Martínez358/2021
- Juan Manuel Delgado Rangel280/2020
- Juan Manuel Dias Santamaria916/2022
- Juan Manuel Fernández Esparza460/2016
- Juan Manuel Fierro Váldez281/2014
- Juan Manuel Galarza Castañeda805/2014
- Juan Manuel Galarza Castañeda788/2017
- Juan Manuel Gallegos Villordo338/2022
- Juan Manuel García Domínguez y Otros.1162/2022
- Juan Manuel García Domínguez179/2021
- Juan Manuel García Guzmán730/2016
- Juan Manuel Gonzalez Vega489/2022