Juan Manuel García Guzmán

Expediente 730/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 18 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
730/2016
Año
2016
Actuaciones
18
Última actuación
30/09/2016

Partes del expediente

  • Juan Manuel García Guzmán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia en que se sobreseyó, sin que se haya presentado promoción al respecto. Por ende, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes, por lo que, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y archívense las actuaciones como asunto concluido. Asimismo, hágase del conocimiento de las partes, que este expediente en que se actúa y se sobreseyó, se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que deroga el Acuerdo General conjunto 1/2001, de la misma superioridad, por lo que conforme con los puntos cuarto, décimo y décimo primero del acuerdo de mérito, una vez que transcurran tres años transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo constar en la carátula que constituye archivo reciente, no tiene valor jurídico, no constan documentos originales y no hubo oposición a la publicación de datos personales, así como que es susceptible de destrucción. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo, del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del invocado punto vigésimo primero, del Acuerdo General en mención, se hace del conocimiento que el mismo es susceptible de depuración. Asimismo, no se actualiza lo previsto en el punto Vigésimo Tercero del Acuerdo en cita, el cual estatuye que no será objeto de depuración o destrucción, hasta que no venza el plazo previsto en la normativa aplicable, las constancias de un expediente judicial que se hayan determinado como información reservada con motivo de las solicitudes de acceso a la información planteada una vez que en el asunto respectivo haya concluido; en efecto, en el presente expediente no existe información reservada o confidencial en términos de lo previsto en los artículos 13,14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como del numeral 37 del Acuerdo General 84/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Atribuciones de los Órganos en Materia de Transparencia, así como los Procedimientos de Acceso a La información Pública y Protección de Datos Personales, de ahí que no tiene aplicación el precepto legal en cuestión. En otro orden, en virtud de que la parte quejosa no hizo manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase del conocimiento de las partes que la misma estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, con el nombre y datos personales a que alude el artículo 3, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 22 y 59, párrafo segundo, ambas de la ley en mención. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, *******. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de septiembre de dos mil dieciséis. Visto para resolver el juicio de amparo *******, promovido por *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el ocho de agosto de dos mil dieciséis, *******, promovió demanda de amparo contra actos del Procurador General de la República, Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República, Subdelegado de Procedimientos Penales "a", Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Cuarta Investigadora, Secretario General de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y Titular de la Policía Federal Ministerial, de quienes reclamó lo siguiente: IV. ACTOS RECLAMADOS: De las autoridades señaladas como ordenadora reclamo: La ilegal notificación de comparecencia hecha por conducto del C. Secretario de Seguridad Pública para que el suscrito acuda ante el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Cuarta Investigadora. La ilegal multa consistente en treinta días de salario mínimo vigente en esta Entidad Federativa que pretenden imponerme en caso de que el suscrito no comparezca ante el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Cuarta Investigadora el día y hora que dicho funcionario señaló para tal efecto. Así mismo la ilegal orden de detención supuestamente girada en mi contra; De las autoridades señaladas como autoridades ejecutoras reclamo; el cumplimiento que pretenden dar a la citada orden de detención (sic). Segundo. Derechos constitucionales y humanos que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa señala como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante auto de ocho de agosto de dos mil dieciséis (foja 6), se admitió la demanda de referencia, se registró bajo el expediente 730/2016-IV, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que este asunto se refiere un actos cuya ejecución puede tener lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de la litis. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que integran este juicio, se colige que la quejosa reclamó: -La notificación relativa a la orden de comparecencia que se le efectuó, a fin de que se presentara a las a las doce horas con treinta minutos del doce de agosto de dos mil dieciséis, ante el agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Cuarta Investigadora; - La multa con que se apercibió al quejoso a comparecer en la hora y fecha aludidas, y - la orden de detención girada en su contra, así como su ejecución. Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la jurisprudencia VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIX, de abril de 2004, página 255, del texto: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir sus informes justificados, el Coordinador Estatal Chihuahua de la Policía Federal, con sede en la capital del Estado (foja 25), Procuradora General de la República, con sede en la Ciudad de México (foja 28), Subdelegado de Procedimientos Penales "A" de la Delegación Estatal Chihuahua de la Procuraduría General de la República (foja 15) y Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República (foja 22), negaron la totalidad de actos reclamados por el quejoso; el Secretario de Seguridad Pública Municipal (foja 32), negó los actos consistentes en la multa, orden de detención y su ejecución; y el agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cuarta Agencia Investigadora del Sistema Tradicional (foja 18), negó la orden de detención y la ejecución de la misma, que le imputó el quejoso, sin que éste hubiere aportado prueba alguna para desvirtuar dichas negativas, por lo que, lo que procede es sobreseer al respecto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo VI, mil novecientos diecisiete- dos mil, Materia común, página 236. INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Cuarto. Existencia de los actos reclamados. En su informe justificado, el Secretario de Seguridad Pública Municipal, aceptó que dos de sus agentes efectuaron la notificación de comparecencia al aquí quejoso, misma que fue ordenada por el agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cuarta Agencia Investigadora del Sistema Tradicional; circunstancia que acreditó la responsable municipal con la documental adjunta, de la que se advierte que mediante oficio *******, hizo del conocimiento del representante social ya referido, que los agentes ******* y *******, por su instrucción, se constituyeron en el domicilio del aquí quejoso, a fin de hacer de su conocimiento la orden de comparecencia decretada. Por su parte, el agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cuarta Agencia Investigadora del Sistema Tradicional, en su informe justificado señaló que giró citatorio al quejoso para que compareciera como testigo, dentro de la carpeta de investigación *******, apercibiéndolo de que en caso de no comparecer, se le impondría una multa consistente en treinta días de salario mínimo vigente en el Estado de Chihuahua. Lo previo, se corrobora con el oficio *******, suscrito por el agente responsable, y que adjunta a su informe, que fue precisamente el que remitió al Secretario de Seguridad Pública Municipal (foja 35), y al propio quejoso (foja 05). Dichas constancias, cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por funcionarios dotados de fe pública, en ejercicio de sus funciones, como lo son el Secretario del Ayuntamiento de Juárez y el agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cuarta Agencia Investigadora del Sistema Tradicional. De lo anterior, es evidente la existencia de los actos reclamados a tales autoridades responsables, consistentes en lo siguiente: del Secretario de Seguridad Pública Municipal, la notificación de comparecencia instada, y del agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cuarta Agencia Investigadora del Sistema Tradicional, la multa con que apercibió al quejoso a comparecer a sus instalaciones. Apoya lo anterior la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, volumen 91-96, tercera parte, página 7, con número de registro 238215, que señala: ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado. De igual forma, lo sustenta la tesis consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo XIV, julio de mil novecientos noventa y cuatro, página 391, con número de registro 211004, que señala: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. Por analogía, se cita la jurisprudencia 305 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, quinta época, tomo VI, parte SCJN, página 206, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Quinto. Causas de improcedencia que se estiman actualizadas. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no; por tanto, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad de los actos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre las causas de improcedencia que se estiman actualizadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Primero, respecto al acto reclamado consistente en la multa con que el agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cuarta Agencia Investigadora del Sistema Tradicional, apercibió al quejoso a efecto de que compareciera a sus instalaciones, a las doce horas con treinta minutos del doce de agosto de dos mil dieciséis, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la primera parte del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; En relación a lo anterior, el artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone: 5º. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Pues bien, del segundo de tales numerales se advierte que la quejosa es parte en el juicio de amparo y que tal carácter lo tiene quien aduce, en principio, ser titular de un derecho subjetivo, es decir, contar con un interés jurídico, o bien, ser titular de un interés legítimo individual o colectivo. Esto, siempre y cuando la norma, acto u omisión que reclame, vulnere los derechos previstos en el artículo 1º de la Ley de la materia (derechos humanos reconocidos y garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte), y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, directamente (interés jurídico) o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Precisado lo anterior, debido a que el apercibimiento de imposición de una multa, como medio de apremio, es un acto futuro e incierto, tendiente a que la persona a la que va dirigidos (en el caso, el quejoso), despliegue una acción, o la omita, por lo que la actualización de la medida dependerá del actuar del gobernado. En ese orden, sólo cuando se haga efectiva (en caso de que tal apercibimiento se efectúe), es cuando se producirá, de manera eventual, el acto de privación definitivo que otorgue al quejoso la legitimación para acudir al juicio de amparo a efecto de impugnarlo, debido a que los actos intermedios, previos a la actualización de la medida de apremio son susceptibles de modificarse con el dictado de la determinación final. Por ende, la parte quejosa carece de interés jurídico para solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de ese acto reclamado, lo que actualiza la causal de improcedencia prevista en el citado artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, condiciones en las cuales, lo procedente es, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la propia Ley, sobreseer en este asunto. Sustenta lo anterior, la tesis I.3o.C.121 K (9a.), consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo III, abril de dos mil trece, página 2177, con número de registro 159858, que señala: MULTA. EL APERCIBIMIENTO DE SU IMPOSICIÓN ES UN ACTO QUE NO OCASIONA DAÑO NI PERJUICIO ALGUNO EN LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO, POR SER FUTURO DE REALIZACIÓN INCIERTA, POR LO QUE RESULTA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA. La fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, se refiere al interés jurídico como la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado; por su parte el artículo 4o. de dicha ley, dispone que el juicio de garantías sólo puede promoverlo la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, lo cual es acorde con lo dispuesto en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, que establece, como principio esencial del juicio de amparo, que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada. Luego entonces, para la procedencia de la acción constitucional, es un presupuesto indispensable que la ley o el acto reclamado cause perjuicio o afecte la esfera jurídica del quejoso. De manera real, objetiva y jurídica, no así cuando los actos de autoridad produzcan solamente afectaciones de carácter formal o procesal dado que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de naturaleza extraordinaria, que sólo procederá en el caso de actos dictados por tribunales judiciales, contra aquellos que ocasionen un agravio personal y directo. Los apercibimientos de imposición de una medida de apremio (multa), son actos futuros e inciertos que buscan que la persona a la que van dirigidos actúe o deje de actuar en determinado sentido, por lo que la actualización de la medida dependerá del actuar del gobernado. Así, sólo cuando se haga efectiva, es cuando se producirá eventualmente el acto de privación definitivo que otorgue al gobernado la legitimación para acudir al juicio de garantías para impugnarlo. Ello, toda vez que los actos intermedios previos a la actualización de la medida de apremio son susceptibles de modificarse con el dictado de la determinación final. Luego, por lo que hace al acto reclamado al Secretario de Seguridad Pública Municipal, relativo a la notificación de la comparecencia que ordenó se efectuara al aquí quejoso, por la representación social responsable, y que dos de sus agentes efectuaron, le deviene el carácter de improcedente, de conformidad con los numerales 61, fracción XXIII y 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] VIII. Los conceptos de violación. De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos se deduce que el juicio de amparo es improcedente contra actos respecto de los que no se formulen conceptos de violación en la demanda de amparo de que se trate. Esto es así, porque cuando se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, no puede juzgar sobre la constitucionalidad de los actos reclamados, pues ello determina la improcedencia del juicio. En el caso, de la lectura integra de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso no expuso razonadamente por qué estimó inconstitucional la notificación que fue efectuada por tal autoridad, a través de sus agentes, sino únicamente se limitó a efectuar manifestaciones que no tienden a combatir de manera alguna la ilegalidad de la misma. Lo anterior, evidencia que, en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se deduce del artículo 61, fracción XXIII, vinculado con el diverso 108, fracción VIII, ambos de la Ley de la materia. Apoya las anteriores consideraciones, la jurisprudencia 169, aprobada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, octava época, tomo VI, Parte SCJN, materia común, página 114, del siguiente tenor: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción V del artículo 116 de la Ley de Amparo, y el juez de Distrito, salvo el caso de suplencia de la queja deficiente, no puede juzgar sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin la existencia de conceptos de violación, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación al artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, debiéndose sobreseer en el juicio y no negar el amparo. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *******, en relación los actos reclamados y autoridades responsables precisadas en el considerando tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, *******. Doy fe.

  3. Incidental

    Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de septiembre de dos mil dieciséis. Visto para resolver el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo *******, promovido por ******* contra actos del Procurador General de la República, y otras autoridades. R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. El ocho de agosto de dos mil dieciséis, se tuvo a ******* solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, con incidente de suspensión, contra actos del Procurador General de la República, Delegado Estatal en el Estado de Chihuahua de la Procuraduría General de la República, Subdelegado de Procedimientos Penales "A", agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Agencia Cuarta Investigadora, Secretario General de Seguridad Pública y Titular de la Policía Federal Ministerial, de quienes reclamó la notificación relativa a la orden de comparecencia realizada; la multa con que se apercibió al quejoso a comparecer a las doce horas con treinta minutos del doce de agosto de dos mil dieciséis, la orden de detención girada en su contra, así como su ejecución. Segundo. Tramitación del Incidente de Suspensión. Se admitió la demanda, se ordenó la tramitación de este incidente donde se solicitó informe previo a las autoridades responsables y se señalaron día y hora para celebrar la audiencia incidental, misma que se difirió por la Procuradora General de la República, quien se encontraba pendiente de remitir su informe previo, fijando al efecto, el día de hoy. C o n s i d e r a n d o: Único.- Inexistencia del acto reclamado. Al rendir su informe previo, la Procuradora General de la República (foja 37), con residencia en la Ciudad de México, negó la totalidad de actos reclamados por el quejoso, sin que este hubiere aportado prueba alguna para desvirtuarla. Por ende, con fundamento en el artículo 146, fracción III, de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva que la parte quejosa solicitó respecto de los actos reclamados a dicha autoridad. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis de jurisprudencia número 1128, visible en la página 777 del Tomo IV, correspondiente a Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en el año de 1995, que aparece publicada bajo el rubro y texto: INFORME PREVIO.- Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. Por lo expuesto y fundado, se; R e s u e l v e: Único. Se niega a ******* la suspensión definitiva que solicitó, contra los actos reclamados a la autoridad precisada en el considerando único de esta resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciud.ad Juárez, Chihuahua, veintinueve de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el informe justificado remitido por Titular de la Policía Federal Ministerial; con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, tal como lo dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por último, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la autoridad de referencia a las personas propuestas y como domicilio, el indicado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, *******. Doy fe. RJVM

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