Juan Manuel Delgado Rangel
Expediente 280/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 280/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 28/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Juan Manuel Delgado Rangel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia dictada en este asunto, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, expediente principal es susceptible de destrucción, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte¸ al haberse sobreseído este juicio de amparo. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el expediente principal, lo cual, deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, se califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
SentenciaCiudad Juárez, Chihuahua; once de mayo de dos mil veintiuno. Visto para resolver el juicio de amparo 280/2020-II, promovido por *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el diecisiete de marzo de dos mil veinte, turnado a este juzgado el tres de agosto de dos mil veinte, *******, promovió demanda de amparo en contra del Secretario de Acuerdos y la Magistrada, ambos de la Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, de quienes reclamó lo siguiente: I. ACTO RECLAMADO: La sentencia de fecha 19 de febrero de 2020 dentro del toca número ******* y por medio de la cual, atendiendo al recurso de apelación interpuesto por la C. *******, por conducto de su autorizado dentro del expediente número ******* del Juzgado Primero de lo Familiar por Audiencias de este Distrito Judicial Bravos y por medio del cual, revoca el auto de fecha 19 de noviembre de 2019 (.). Segundo. Derechos fundamentales que el quejoso estimó vulnerados. La parte accionante del amparo señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Aclaración, demanda por no presentada, queja y admisión a trámite. Primero, en auto de cuatro de agosto de dos mil veinte, se mandó aclarar la demanda de amparo (foja 10); posteriormente, en auto de diecisiete de agosto de dos mil veinte, se tuvo por no presentada la demanda de amparo (foja 20). Después, en proveído de uno de septiembre de dos mil veinte, se tuvo por interpuesto recurso de queja intentado por el quejoso (foja 36). Posteriormente, mediante resolución emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito (foja 52) se declaró fundado el recurso de queja planteado por el quejoso; y el cinco de marzo de dos mil veintiuno (foja 69), se admitió a trámite la demanda; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual fue celebrada conforme al acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se desprende que el quejoso reclamó lo siguiente, de las autoridades que a continuación se apuntan: Del Secretario de Acuerdos y la Magistrada, ambos de la Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad: La resolución emitida el diecinueve de febrero de dos mil veinte, en el toca *******; por medio de la cual, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la aquí tercero interesada, *******, revocó el auto de fecha diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve dictado en el expediente ******* del Juzgado Primero de lo Familiar por Audiencias de este Distrito Judicial Bravos. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. Es inexistente el acto reclamado, atribuido al Secretario de Acuerdos de la Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad; no obstante que al rendir su informe con justificación, haya aducido su existencia. Ello es así, pues la función que jurídicamente realiza el secretario de acuerdos, se limita a autorizar y dar fe de lo actuado, en el caso, por la Magistrada responsable. Esto es, el Secretario de Acuerdos es sólo es un fedatario, sin imperio ni facultad decisoria, que carece de la potestad de emitir resoluciones como la combatida en este juicio de amparo biinstancial; función reservada a la diversa autoridad de referencia. De tal suerte que, ante lo anterior, no es jurídicamente posible que el Secretario de Acuerdos señalado como responsable, haya emitido la resolución reclamada en este asunto, pues, se itera, carece de la facultad decisoria para dictar actos de esa índole, al limitarse a realizar funciones de autorización y otorgamiento de fe respecto de los actos emitidos por la Magistrada responsable; lo que se corrobora del contenido del artículo 84 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Apoya lo anterior, por las razones que informa la tesis VI.2o. J/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, abril de mil novecientos noventa y siete, página 185, del contenido: SECRETARIO DE ACUERDOS DE UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. La función que jurídicamente realiza el secretario de Acuerdos no encuadra dentro de las previstas por el artículo 11 de la Ley de Amparo, pues encontrándose éste limitado a autorizar y dar fe de lo actuado por la Junta, sólo es un fedatario, sin imperio ni facultad decisoria, careciendo además de la potestad de ejecutar laudos o resoluciones, ya que esta función está reservada al presidente de la Junta, acorde con lo establecido por el artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo, presidente que puede ser auxiliado en esa tarea por el actuario, según se desprende de lo dispuesto por los diversos 951, 953, 954, 955, 956 y 959 de la citada legislación laboral, sin que legalmente el secretario de Acuerdos pueda intervenir en esa ejecución. En consecuencia, con apoyo en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en relación con el indicado artículo 11 del mismo ordenamiento legal, es improcedente el juicio de amparo enderezado en contra de actos de ese secretario. En consecuencia, lo que procede es desvirtuar la afirmativa vertida y sobreseer en este juicio de amparo, respecto del acto aquí precisado, reclamado a la autoridad de referencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.) Cuarto. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a la Magistrada de la Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, pues así lo aceptó al rendir su informe justificado. Lo previo, encuentra sustento en la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, tomo VI, materia común, página 231, que dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. De igual forma, la Magistrada responsable remitió copia certificada del toca *******, de su índice; de las que se desprende la existencia de la determinación combatida. Tales constancias, poseen valor probatorio pleno de conformidad con los arábigos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un servidor público, dotado de fe pública y en ejercicio de sus funciones, como lo es el Secretario de Acuerdos adscrito a tal Sala. Por lo tanto, se tiene por acreditada la existencia del acto atribuido por el quejoso, a la autoridad en cita. Quinto. Improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, se procede a analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza de forma manifiesta e indudable una hipótesis de improcedencia; empero, previo a corroborarlo, se estima pertinente narrar enseguida los antecedentes de acto aquí combatido: Mediante escrito y anexo presentados en la oficialía de turnos del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, el dieciséis de abril de dos mil diecinueve, *******, aquí quejoso, presentó demanda en la vía ordinaria familiar en contra de *******, demandando, entre otras cosas, la disolución del vínculo matrimonial y la liquidación de la sociedad conyugal bajo la cual contrajeron nupcias. Al respecto, se precisa que si bien el quejoso y la tercero interesada procrearon dos hijas durante la duración de su matrimonio, ambas son mayores de edad, como se desprende de las actas de nacimiento respectivas, con las que aquél acompañó dicha demanda, de las que se colige que *******, nació el veinticuatro de julio de mil novecientos ochenta y seis, y *******, el veinte de agosto de mil novecientos ochenta y nueve; ambas, de apellidos *******. En auto de veintidós de abril de dos mil veintiuno, la Jueza Primero Familiar por Audiencias, con sede en esta ciudad, admitió a trámite la demanda y ordenó correr traslado con su contenido a la parte demandada, aquí tercero interesada. A través de acuerdo de nueve de mayo de dos mil diecinueve, tras la petición de una autorizada del aquí quejoso, se requirió que al momento del emplazamiento de *******, se le solicitara que se abstuviera de acercarse a éste, tanto a su domicilio particular como a cualquier lugar en que se encontrara. Luego, en ocurso presentado el treinta de mayo de dos mil diecinueve ante tal juzgado, la aquí tercero interesada presentó su contestación de demanda y reconvención; donde, entre otras cosas, solicitó que se fijara pensión alimenticia provisional en su favor. Respecto a lo cual, en proveído de tres de junio de dos mil diecinueve, en cuanto a la pensión provisional alimenticia instada, se le refirió que una vez que acreditara la necesidad de la medida, se proveería lo conducente. Después, mediante nuevo ocurso presentado ante tal órgano el tres de julio de dos mil diecinueve, la aquí tercero interesada, por conducto de uno de sus autorizados, nuevamente solicitó la fijación de una pensión por alimentos provisional, aduciendo medularmente que su subsistencia se encontraba en riesgo. A lo que, en auto de diez del mismo mes y año, se le refirió que se estuviera al auto de tres de junio de dos mil diecinueve. Luego, la aquí tercero interesada presentó escrito el doce de noviembre de dos mil diecinueve, donde interpuso incidente de pensión de alimentos y separación de persona por violencia familiar; a lo que, en auto de diecinueve de noviembre de esa anualidad, por una parte, nuevamente se le indicó que una vez que acreditara la necesidad de la medida, se proveería lo conducente, y por otra, que no ha lugar acordar de conformidad la separación de persona solicitada, aduciendo que tal medida es otorgada únicamente en favor de quien intentara demandar y que ese asunto, ya se encontraba iniciado. Inconforme con tal determinación, *******, aquí tercero interesada, por conducto de su abogado autorizado, interpuso recurso de apelación, del que correspondió conocer a la Magistrada de la Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, e identificó con el número de toca *******, cuya resolución, es el acto reclamado a través de este juicio de amparo biinstancial. En tal resolución, esencialmente, se estableció lo siguiente: (.) 5. SENTIDO DEL FALLO Así pues, atendiendo a los razonamientos y consideraciones de derecho antes expuestos, esta Sala determina que lo procedente es revocar las determinaciones tomadas por la A quo en el proveído impugnado para los siguientes efectos: Se giren las órdenes necesarias a la empresa maquiladora ******* a efecto de dar cumplimiento a la pensión alimenticia provisional que es fijada por esta Sala en favor de [*******] del 50% (cincuenta por ciento) del total de los ingresos que obtiene [*******] como producto de su pensión jubilatoria después de los descuentos de ley. Por cuanto a la separación de personas, proceda a dar entrada al incidente promovido por [*******] y en su momento decida cuál de los consortes deberá de permanecer en el domicilio conyugal. 6 COSTAS. Sin que haya lugar a efectuar especial condena en costas en esta segunda instancia, al no actualizarse hipótesis alguna de las previstas en el artículo 130 del Código de Procedimientos Familiares. 7. RESOLUTIVOS. Por lo anteriormente expuesto y fundado es procedente resolver y se resuelve: PRIMERO. Se revoca el auto apelado, para los efectos especificados en el punto 5. Sentido del Fallo, de esta resolución. SEGUNDO. No se hace especial condena en costas. NOTIFIQUESE. (.) Después, una vez que se tuvo por recibida tal determinación en el Juzgado apelado, en acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil veinte, la Jueza Primero Familiar por Audiencias, con sede en esta ciudad, giró las órdenes atinentes para que fuera descontado el cincuenta por ciento (50%) de pensión alimenticia provisional decretada en favor de la aquí tercero interesada; al respecto, en auto de cinco de marzo de dos mil veinte, precisó que dicho descuento debía realizarlo el Instituto Mexicano del Seguro Social, no la diversa empresa aludida, debido a que el aquí accionante del amparo se encuentra pensionado por cesantía. A la postre, el ocho de septiembre de dos mil veinte, en la celebración de la audiencia preliminar, las partes solicitaron el cambio de vía a divorcio por mutuo consentimiento y conciliaron un convenio. Pacto consensual, que, en lo que aquí interesa, es del siguiente contenido: CLÁUSULAS PRIMERA: Los señores [*******] y [*******] somos conformes en dar por terminado el presente juicio, solicitando en este acto el cambio de vía, de Juicio Ordinario a Divorcio por Mutuo Consentimiento. SEGUNDA. Ambas partes manifiestan que el señor [*******] se obliga a otorgar por concepto de pensión alimenticia en favor de la señora [*******] el 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) de sus percepciones ordinarias y extraordinarias que percibe producto de su trabajo, después de efectuados los descuentos de Ley (.) Dicha pensión tendrá una vigencia de dos años, por lo que, quedará sin efecto el día ocho de septiembre de dos mil veintidós. TERCERA. (..). Asimismo, en el acto y ante la autoridad judicial, tales partes ratificaron tanto el cambio de vía, como el convenio pactado. Enseguida, el ocho de septiembre de dos mil veinte, se emitió sentencia, en la que se resolvió lo siguiente: 10. RESOLUTIVOS. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Ha procedido el cambio de vía Ordinaria Familiar a Divorcio por Mutuo Consentimiento. SEGUNDO. Se declara la disolución del vínculo matrimonial a [*******] y [*******] (.). (.) SEXTO. En virtud de lo convenido por las partes en la cláusula SEGUNDA del convenio celebrado SE ORDENA GIRAR ATENTO OFICIO AL REPRESENTANTE LEGAL Y/O PAGADOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, para hacerle de su conocimiento que el descuento del 50% (CINCUENTA POR CIENTO) del total de las percepciones ordinarias y extraordinarias, después de aplicados únicamente los descuentos de ley, que perciba producto de su jubilación el señor [*******] que se le ordenó descontar mediante oficio número ******* de fecha trece de marzo del dos mil veinte, ha quedado sin efecto, y en su lugar se sirva descontar al antes mencionado el 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) de sus percepciones ordinarias y extraordinarias, después de aplicados únicamente los descuentos de ley, y la cual solicitan le sea descontada vía nómina los días de pago y le sea entregada a la señora [*******] de la misma forma en que lo ha venido realizando. (.) Tal sentencia, quedó firme el propio ocho de septiembre de dos mil veintiuno, como se colige del auto de esa fecha, que en lo atinente, es del siguiente contenido: CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. En la audiencia celebrada el día de hoy se dictó la sentencia correspondiente (.) por lo que se declara que la misma causa ejecutoria (.). Pues bien, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.) De la hipótesis de improcedencia en comento, se advierte que, para su actualización, es precisa la concurrencia de los siguientes elementos: Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo (en caso de que se hubieren cometido); Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a. CXI/96 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, diciembre de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, consultable en la página 219; cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Pues bien, para acreditar el anterior aserto, es preciso tener en cuenta que, de conformidad con el artículo 285 del Código Civil del Estado de Chihuahua, los alimentos no únicamente comprenden la comida, sino el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. Asimismo, acorde a los numerales 280 y 281 de la aludida codificación, los alimentos son recíprocos; y, los cónyuges tienen la obligación de otorgárselos, mutuamente. Ahora bien, cuando en un juicio se reclama el pago de alimentos, solicitando una pensión alimenticia provisional y en su momento una definitiva, y existe demostración del vínculo del que los insta, que lo une a quien los pide y en el cual sustenta su derecho a recibir alimentos (por ser cónyuge, como en el caso; y, claro está, en otros supuestos); en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 294 del código civil de esta entidad federativa, el juzgador correspondiente, atendiendo a las circunstancias del caso y a fin de preservar una subsistencia digna de quien los pide, puede fijar una pensión alimenticia provisional, la cual subsistirá hasta en tanto se dicte la sentencia definitiva, ya sea a) porque en ella se determine que la persona no tiene derecho a los alimentos o bien, que, por el contrario, b) se decida que sí tiene derecho, se fije el monto de la pensión definitiva. Si bien ambas pensiones (provisional y definitiva) tienden a satisfacer las necesidades más elementales de aquel que solicita el pago de los alimentos, a fin de que tenga una subsistencia digna, ambas se dictan en momentos procesales diversos y, por tanto, rigen o gobiernan en distintos momentos. Es así, mientras la provisional, busca asegurar la subsistencia de quien los requiere durante el desarrollo del proceso, la definitiva busca la subsistencia posterior al mismo; de aquí que una sustituye a la otra y, de tal suerte que cuando deja de regir la provisional empieza a regir la definitiva, pues nunca pueden coexistir de manera simultánea. No obstante, pese a esa sustitución, se debe dejar en claro que dichas pensiones son autónomas e independientes entre sí, pues una no depende de la otra. Ahora bien, como se desprende de la contradicción de tesis 192/2013, emitida por la Primera Sala del Más Alto Tribunal, el mero hecho de que se emita sentencia por virtud de la cual se conceda, de ser el caso, pensión alimenticia definitiva, no implica que desde ese momento, quede sin efecto la pensión alimenticia provisional; sino que, para ello, la sentencia debe haber quedado firme y en posibilidad, por tanto, de ejecutarse. Lo anterior, pues el Más Alto Tribunal refirió que una vez que la pensión por alimentos definitiva puede cobrarse, la pensión provisional deja de surtir efectos presentes y futuros, y en ese momento es precisamente cuando la pensión alimenticia definitiva materialmente sustituye a la provisional; en tanto que, como ya se dijo, éstas no pueden coexistir, es decir, no se pueden cobrar de manera simultánea. Asimismo, aludió que ello deviene de que, en caso de que con el mero dictado de la sentencia quedara sin efectos la provisional y el fallo fuera apelado, durante el proceso de resolución de la apelación, se dejaría a la parte solicitante de los alimentos en un estado de vulnerabilidad, que implicaría hacer nugatorio el propósito fundamental de la pensión alimenticia provisional, que no es otro que el garantizar que la parte acreedora cuente con los medios necesarios para su subsistencia mientras se resuelve su derecho a recibir una pensión alimenticia definitiva; lo que no sucede, se itera, con el simple dictado de la sentencia que le reconoce ese derecho fijando el monto de una pensión definitiva, sino hasta que esa decisión causa ejecutoria y es susceptible de ejecución. Al respecto, conforme a la legislación del Estado de Chihuahua, la pensión alimenticia provisional sólo cesa en sus efectos cuando la sentencia que fija los alimentos de manera definitiva ha causado ejecutoria, pues de la intelección de los artículos 341 y 342 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, se colige que sólo hasta ese momento se puede considerar que es susceptible de ejecución la pensión alimenticia definitiva decretada; lo cual implica que mientras ello no ocurra, la pensión alimenticia provisional sigue surtiendo efectos, al ser potencialmente apelable. Ahora bien, en el caso sujeto a estudio, fueron las propias partes quienes, ante la presencia judicial, el ocho de septiembre de dos mil veinte, propusieron un convenio, por virtud del cual -entre otras cosas- pactaron que la aquí tercero interesada seguiría recibiendo alimentos, correspondientes al veinticinco por ciento (25%) de los ingresos con las deducciones de ley, que percibiera el aquí accionante del amparo, con motivo de su pensión por cesantía; misma que, conciliaron, tendría una duración hasta el ocho de septiembre de dos mil veintidós. Pacto consensual que fue firmado y ratificado de igual modo ante la presencia judicial, en esa propia fecha. Asimismo, se emitió sentencia el propio ocho de septiembre de dos mil veinte, en la cual, tal como lo acordaron las partes, se estableció como porcentaje por pensión alimenticia definitiva, el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos con las deducciones de ley, que percibiera el aquí accionante del amparo, con motivo de su pensión por cesantía, con una duración hasta el ocho de septiembre de dos mil veintidós; esto es, por un periodo de dos años a partir de la disolución del vínculo matrimonial. Además, la sentencia quedó firme y por tanto, susceptible de ejecutarse, en la propia data, como fue expuesto en los antecedentes, previamente invocados. Por ende, se estima que con la serie de actos jurídicos verificados el ocho de septiembre de dos mil veinte; es decir, a) el convenio celebrado ante la presencia judicial entre las partes, tanto para cambiar de vía a divorcio por mutuo consentimiento como para pactar, entre otras cosas, la fijación de una pensión alimenticia definitiva, vigente hasta el ocho de septiembre de dos mil veintidós, en favor de la aquí tercero interesada; b) la sentencia emitida, por virtud de la cual se determinó procedente el cambio de vía, se disolvió el vínculo matrimonial y se aprobó el convenio celebrado entre el quejoso y la tercero interesada; y, c) con la ejecutoria de tal fallo; se provocó un cambio en la situación jurídica que imperaba en el momento de la presentación del ocurso de amparo que originó este expediente. De tal suerte que, no puede decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, deben considerarse consumadas irreparablemente las probables violaciones reclamadas en el juicio de amparo, en caso de que así hubieran acontecido; a cuyo estudio, es imposible ingresar, dada la actualización de la causal de improcedencia en comento. Lo anterior, encuentra sustento en las jurisprudencias emanadas de la contradicción de tesis 192/2013, ya aludida, 1a./J. 85/2013 (10a.) y 1a./J. 92/2013 (10a.), publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, páginas 398 y 399, respectivamente; cuyos rubros y textos, son los referidos enseguida: PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. EL DICTADO DE LA SENTENCIA QUE FIJA LA DEFINITIVA, NO ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013 (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Si bien es cierto que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la pensión alimenticia provisional subsiste hasta el dictado de la sentencia en la que reconociéndose el derecho de la parte actora a recibir una pensión definitiva, ésta es fijada, también lo es que ello no implica que los efectos de la provisional decretada en forma previa cesen inmediatamente, pues teniendo en cuenta que el pago de alimentos constituye una obligación de tracto sucesivo, al ser indispensables para la subsistencia de aquél a quien se le otorgan, eso sólo acontece cuando la sentencia que los fija definitivamente es susceptible de ejecución, pues de lo contrario, se pondría en riesgo la subsistencia de aquel a quien se le reconoció el derecho de percibir alimentos por el demandado, en tanto que éstos se otorgaron al reconocer que requiere de ellos para cubrir sus necesidades más básicas y apremiantes. Por ello los efectos de la pensión provisional deben subsistir hasta que la sentencia que la fija en definitiva es susceptible de ejecución, lo que en términos de los artículos 341 y 349 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, ocurre cuando causa ejecutoria, lo que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 338 del propio ordenamiento, sólo acontece cuando: a) esa sentencia es consentida expresamente; b) no se agotó oportunamente el recurso de apelación procedente en su contra; c) interpuesto ese recurso se desiste de él; o, d) se dicta sentencia en el citado recurso. Ahora bien, conforme al artículo 509 del citado código, la sentencia de primer grado que fija el monto de la pensión alimenticia definitiva es susceptible de apelación; recurso que en términos de los numerales 516 y 517 del código procesal citado, es admisible en ambos efectos, lo cual implica que la ejecución de esa sentencia se encuentra suspendida hasta que cause ejecutoria; de ahí que considerar que los efectos de la pensión provisional cesan inmediatamente con el dictado de la sentencia que la fija de forma definitiva, sin importar que en contra de ésta se haya interpuesto el recurso mencionado, implicaría que la pensión provisional no sería susceptible de cobrarse durante el tiempo que transcurra desde el dictado de la sentencia definitiva hasta resolverse el recurso correspondiente, pero a la vez, el acreedor tampoco podría acceder a la pensión definitiva decretada en tanto se tramita y resuelve el recurso de apelación, lo que es inaceptable ante la urgencia y la necesidad probada de los alimentos. En consecuencia, el mero dictado de la sentencia que fija lo que debe proporcionarse por concepto de pensión alimenticia definitiva, no actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013 (cesación de los efectos del acto reclamado), porque para ello es necesario que dicha resolución haya causado ejecutoria. PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. NO CESA EN SUS EFECTOS CON EL MERO DICTADO DE LA SENTENCIA QUE LOS FIJA EN DEFINITIVA, PUES DEBEN APRECIARSE TANTO LOS YA PRODUCIDOS COMO LOS QUE PUEDE SEGUIR GENERANDO. La causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI de la Ley de Amparo (en vigor hasta el 2 de abril de 2013), debe implicar la desaparición total de la violación de los derechos transgredidos con el acto reclamado; en consecuencia, para su actualización, es preciso que los efectos de la violación reclamada desaparezcan en su totalidad, de modo que ya no sea posible cumplir con el objetivo buscado en el amparo. En esa virtud, el dictado de la sentencia que fija la pensión definitiva, no es suficiente para considerar que cesaron los efectos de la provisional, pues si se tiene en cuenta que los alimentos son de tracto sucesivo e indispensables para la subsistencia, los efectos de la pensión provisional deben analizarse en dos sentidos, pues por un lado deben tenerse en cuenta los que se produjeron desde el momento en que se emitió, hasta el dictado de la sentencia que fija la definitiva; y por otro, aquellos que a pesar de ese dictado se pueden seguir generando. Así, viendo hacia el pasado, es dable afirmar que la pensión alimenticia definitiva no extingue los efectos que la provisional ya ha producido, pues al ser autónoma e independiente de ésta, no elimina las violaciones a los derechos humanos que a través de la provisional se hayan cometido y reclamado en el amparo, por tanto, no puede considerarse que la finalidad perseguida en el juicio constitucional carezca de objeto. En efecto, si se tiene en cuenta que la parte acreedora generalmente pretenderá combatir esa determinación en el amparo, argumentando que la pensión es deficiente, y que por su parte, el deudor puede alegar que es excesiva o que no debió concederse por no estar demostrado el vínculo en que la actora sustentó su pretensión, es claro que ante esa posibilidad de reclamos, no puede considerarse que la determinación que fija la pensión definitiva prive de sentido el análisis constitucional de la provisional, pues la pensión definitiva en modo alguno erradica las violaciones cometidas a través de la decisión que fija los alimentos de manera provisional, lo cual sí puede ocurrir con la concesión del amparo, de manera que en caso de actualizarse una causa de improcedencia ésta no es la relativa a la cesación de efectos. Por otro lado, viendo hacia el futuro, debe decirse que si bien esta Primera Sala ha señalado que la pensión provisional cesa con el mero dictado de la sentencia que fija la definitiva, pues la provisional subsiste hasta el momento en que se dicta la sentencia que resuelve la controversia planteada, esta afirmación debe entenderse desde un punto de vista meramente formal, mas no material, pues aunque formalmente el dictado de la sentencia que fija en definitiva los alimentos, sustituye a la resolución que los establece de manera provisional, ello no siempre es así desde el punto de vista material, pues como los alimentos son de tracto sucesivo, los efectos materiales de la pensión provisional sólo pueden dejar de producirse cundo la pensión definitiva ya es susceptible de ejecución. En consecuencia, lo procedente es sobreseer respecto de dicho acto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, con relación al diverso 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Resta decir que es innecesario analizar alguna otra causa de improcedencia, así como los conceptos de violación formulados en la demanda; lo primero porque aun de resultar fundadas, el sentido de esta determinación en nada variaría; y, lo segundo, porque la declaración de sobreseimiento impide analizarlos. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de 1998, Novena Época, página 414, que dice: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Así como la jurisprudencia 1028, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Materia Común, Octava Época, página 708, que establece: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve:Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *******, con relación a los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia.Notifíquese.Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos el oficio y anexo enviados por la Jueza Interina del Juzgado Primero Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, mediante los cuales da cumplimiento al requerimiento efectuado el veintiséis de abril del año en curso. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta se advierte que para el día de hoy se encuentra prevista la celebración de la audiencia constitucional. No obstante, existe imposibilidad jurídica para llevarla a cabo, toda vez que aún no fenece el término de tres días, otorgado a la Jueza Primero de lo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, para que remita las constancias que le fueron solicitadas el veintiséis de los actuales. Por lo que, a efecto de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas del once de mayo de dos mil veintiuno. Finalmente, notifíquese este proveído por lista a las partes, inclusive a las autoridades responsables, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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