Juan Manuel Figueroa Ceja

Expediente 507/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
507/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
02/07/2018

Partes del expediente

  • Juan Manuel Figueroa Ceja

Actuaciones

  1. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, DOS DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese el oficio número 815, signado por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso 9495, por el que este órgano jurisdiccional le devolvió el testimonio autorizado del toca I-109/2018, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto once de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de garantías que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, mismo que transcurrió del diecinueve al veinticinco ambos de junio de la presente anualidad; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. Como resulta innecesario que obre dentro de los autos el testimonio autorizado del juicio ordinario civil 109/2017, que remitiera la Novena Sala Civil, con sede en esta ciudad, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar, solicitando el acuse respectivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    .En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha once de junio de dos mil dieciocho, el cual en lo conducente señala: Por recibido el oficio número 2972, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite la demanda de amparo promovida por Carlos Anguiano Aviña, apoderado de JUAN MANUEL FIGUEROA CEJA, contra actos del Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, toda vez que por resolución de seis de junio de dos mil dieciocho, dicho Tribunal declaró que carece de competencia legal para conocer de la citada demanda. Por tanto, con fundamento en el numeral 45 de la Ley de la materia, esta potestad federal se avoca a su estudio; acúsese el recibo de estilo. Ahora bien, del análisis de la demanda de garantías promovida por el citado Carlos Anguiano Aviña, apoderado de JUAN MANUEL FIGUEROA CEJA, carácter que tiene reconocido ante la autoridad responsable, por lo que con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional también le admite dicha personalidad, contra actos del Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, se advierte que ésta resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia, prevista por la XXIII del artículo 61, interpretada en sentido contrario, del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 172, fracción V, que disponen respectivamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad" Respecto a lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo definió al resolver la contradicción de tesis número 47/90, que dio origen a la Jurisprudencia número 189, aplicada por identidad de razón, visible en la página 154, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo texto es: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que solo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio.". En la especie la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: ".Le reclamo del Magistrado responsable, haber dictado la sentencia dentro del Toca de Apelación número I-109/2018, de fecha 30 de Abril de 2018, en la que de manera arbitraria y violatoria del derecho humano al debido proceso y acceso a la jurisdicción, determinó que era improcedente el recurso, bajo el argumento de que la resolución combatida de primera instancia, no fue controvertida adecuadamente, lo que resulta falso, puesto que se controvirtió toda la resolución, con argumentos sencillos, pero contundentes, en cuanto a la ilegalidad de la resolución, todo ello dentro del Juicio Ordinario Civil número 322/2017, que sobre Extinción de Usufructo, interpuso Claudio César Mendoza Quiroz, frente a Juan Manuel Figueroa Ceja, juicio que se lleva ante el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán". De la demanda, así como de las constancias anexas a la misma, se advierte que mediante resolución de treinta de abril de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, el Magistrado responsable confirmó la sentencia interlocutoria de trece de febrero del año en curso, que declaró improcedente el incidente de justas causas, promovido por Carlos Anguiano Aviña, en cuanto apoderado del demandado a fin de justificar su incomparecencia al desahogo de la prueba confesional a su cargo, dentro del juicio ordinario civil 322/2017, que sobre extinción de usufructo sigue Claudio César Mendoza Quiroz, frente al aquí quejoso. Así, en el caso concreto, el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio constitucional no se actualiza, porque con el acto reclamado no se ven afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos del agraviado, como bien pudieran ser la vida, la libertad, sus propiedades, entre otros, si se atiende a que la determinación del Magistrado responsable, de confirmar la sentencia interlocutoria de trece de febrero del año en curso, que declaró improcedente el incidente de justas causas, promovido dentro del juicio de origen a efecto de justificar la incomparecencia al desahogo de la prueba confesional, sólo constituye una violación procesal, cuya ejecución no es de imposible reparación, en términos de los artículos 107, fracción V, de la Ley de Amparo, porque no se afectan los derechos sustantivos del agraviado, sino sólo sus defensas, ni decide el fondo de la litis planteada y que tiene transcendencia hasta el resultado del fallo definitivo, el que en caso de ser contrario a sus intereses, por constituir una violación a las leyes del procedimiento que afecta sus defensas, en términos de lo dispuesto por el numeral 172, fracción III, de la Materia, podrá hacerla valer, como violación procesal, cuando recurra la sentencia a través del juicio de amparo directo, que en su caso promueva. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en la página 281, Tomo XI, Junio de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación que textualmente dice: "JUSTAS CAUSAS, INCIDENTE DE. LA RESOLUCION QUE LO DECLARA IMPROCEDENTE, CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. La resolución que al resolver el recurso de apelación respectivo, confirma la sentencia interlocutoria pronunciada en un incidente de justas causas que lo declara improcedente, no constituye un acto que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación a efecto de que contra él proceda el amparo indirecto, en términos del numeral 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues siendo su consecuencia jurídica en todo caso, que se declare confeso al absolvente que no compareció al desahogo de la prueba confesional a su cargo, de las posiciones que le fueron formuladas por su contralitigante, la afectación a su interés jurídico con ello está supeditada a la justipreciación que de la misma verifique el juzgador en la sentencia que en definitiva se pronuncie dentro del procedimiento judicial del que dimana el citado acto reclamado; sino que se traduce en una violación procesal sólo reclamable en el amparo directo que se promueva en contra de tal fallo, siempre que afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del mismo, de conformidad con el artículo 158, párrafo primero, de la Ley de Amparo, al ser, atendiendo a su consecuencia jurídica, un caso análogo al previsto en la fracción IV del numeral 159 del mismo ordenamiento, que dispone que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: "... IV. Cuando se declara ilegalmente confeso al quejoso, a su representante o apoderado...". Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y, por ende procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Magnolia, número 73, colonia Las Flores, en esta ciudad y autorizando para tal efecto a José Iván Bazán Romero, quien gozará de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, en atención a que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, se advierte que se encontró el dato inherente a la cédula profesional número 3833224, que acredita al referido autorizado como licenciado en derecho, no así a Adriana Beatriz Ramírez, Esmeralda Concepción López Calderón, Dulce Gisela Vaca Valencia y Arturo Gaspar Aguilar, en tanto acrediten estar legalmente facultados para ejercer la licenciatura en derecho, por ser la materia del presente asunto de naturaleza civil. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.Así lo acordó y firma el licenciado RODRIGO TORRES PADILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Verónica Araceli Camorlinga Hernández, Secretaria con quien actúa y da fe.MORELIA, MICHOACÁN, ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Por recibido el oficio número 2972, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite la demanda de amparo promovida por Carlos Anguiano Aviña, apoderado de JUAN MANUEL FIGUEROA CEJA, contra actos del Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, toda vez que por resolución de seis de junio de dos mil dieciocho, dicho Tribunal declaró que carece de competencia legal para conocer de la citada demanda. Por tanto, con fundamento en el numeral 45 de la Ley de la materia, esta potestad federal se avoca a su estudio; acúsese el recibo de estilo. Ahora bien, del análisis de la demanda de garantías promovida por el citado Carlos Anguiano Aviña, apoderado de JUAN MANUEL FIGUEROA CEJA, carácter que tiene reconocido ante la autoridad responsable, por lo que con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional también le admite dicha personalidad, contra actos del Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, se advierte que ésta resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia, prevista por la XXIII del artículo 61, interpretada en sentido contrario, del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 172, fracción V, que disponen respectivamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad" Respecto a lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo definió al resolver la contradicción de tesis número 47/90, que dio origen a la Jurisprudencia número 189, aplicada por identidad de razón, visible en la página 154, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo texto es: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que solo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio.". En la especie la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: ".Le reclamo del Magistrado responsable, haber dictado la sentencia dentro del Toca de Apelación número I-109/2018, de fecha 30 de Abril de 2018, en la que de manera arbitraria y violatoria del derecho humano al debido proceso y acceso a la jurisdicción, determinó que era improcedente el recurso, bajo el argumento de que la resolución combatida de primera instancia, no fue controvertida adecuadamente, lo que resulta falso, puesto que se controvirtió toda la resolución, con argumentos sencillos, pero contundentes, en cuanto a la ilegalidad de la resolución, todo ello dentro del Juicio Ordinario Civil número 322/2017, que sobre Extinción de Usufructo, interpuso Claudio César Mendoza Quiroz, frente a Juan Manuel Figueroa Ceja, juicio que se lleva ante el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán". De la demanda, así como de las constancias anexas a la misma, se advierte que mediante resolución de treinta de abril de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, el Magistrado responsable confirmó la sentencia interlocutoria de trece de febrero del año en curso, que declaró improcedente el incidente de justas causas, promovido por Carlos Anguiano Aviña, en cuanto apoderado del demandado a fin de justificar su incomparecencia al desahogo de la prueba confesional a su cargo, dentro del juicio ordinario civil 322/2017, que sobre extinción de usufructo sigue Claudio César Mendoza Quiroz, frente al aquí quejoso. Así, en el caso concreto, el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio constitucional no se actualiza, porque con el acto reclamado no se ven afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos del agraviado, como bien pudieran ser la vida, la libertad, sus propiedades, entre otros, si se atiende a que la determinación del Magistrado responsable, de confirmar la sentencia interlocutoria de trece de febrero del año en curso, que declaró improcedente el incidente de justas causas, promovido dentro del juicio de origen a efecto de justificar la incomparecencia al desahogo de la prueba confesional, sólo constituye una violación procesal, cuya ejecución no es de imposible reparación, en términos de los artículos 107, fracción V, de la Ley de Amparo, porque no se afectan los derechos sustantivos del agraviado, sino sólo sus defensas, ni decide el fondo de la litis planteada y que tiene transcendencia hasta el resultado del fallo definitivo, el que en caso de ser contrario a sus intereses, por constituir una violación a las leyes del procedimiento que afecta sus defensas, en términos de lo dispuesto por el numeral 172, fracción III, de la Materia, podrá hacerla valer, como violación procesal, cuando recurra la sentencia a través del juicio de amparo directo, que en su caso promueva. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en la página 281, Tomo XI, Junio de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación que textualmente dice: "JUSTAS CAUSAS, INCIDENTE DE. LA RESOLUCION QUE LO DECLARA IMPROCEDENTE, CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. La resolución que al resolver el recurso de apelación respectivo, confirma la sentencia interlocutoria pronunciada en un incidente de justas causas que lo declara improcedente, no constituye un acto que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación a efecto de que contra él proceda el amparo indirecto, en términos del numeral 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues siendo su consecuencia jurídica en todo caso, que se declare confeso al absolvente que no compareció al desahogo de la prueba confesional a su cargo, de las posiciones que le fueron formuladas por su contralitigante, la afectación a su interés jurídico con ello está supeditada a la justipreciación que de la misma verifique el juzgador en la sentencia que en definitiva se pronuncie dentro del procedimiento judicial del que dimana el citado acto reclamado; sino que se traduce en una violación procesal sólo reclamable en el amparo directo que se promueva en contra de tal fallo, siempre que afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del mismo, de conformidad con el artículo 158, párrafo primero, de la Ley de Amparo, al ser, atendiendo a su consecuencia jurídica, un caso análogo al previsto en la fracción IV del numeral 159 del mismo ordenamiento, que dispone que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: "... IV. Cuando se declara ilegalmente confeso al quejoso, a su representante o apoderado...". Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y, por ende procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Magnolia, número 73, colonia Las Flores, en esta ciudad y autorizando para tal efecto a José Iván Bazán Romero, quien gozará de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, en atención a que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, se advierte que se encontró el dato inherente a la cédula profesional número 3833224, que acredita al referido autorizado como licenciado en derecho, no así a Adriana Beatriz Ramírez, Esmeralda Concepción López Calderón, Dulce Gisela Vaca Valencia y Arturo Gaspar Aguilar, en tanto acrediten estar legalmente facultados para ejercer la licenciatura en derecho, por ser la materia del presente asunto de naturaleza civil. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos.

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