Juan Manuel García Muñoz

Expediente 723/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
723/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
12/09/2019

Partes del expediente

  • Juan Manuel García Muñoz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    ...MORELIA, MICHOACÁN, DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE...Agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio 1257, signado por la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Zamora, mediante el cual remite el despacho número 785/2019 (226/2019-D), por el que se le solicitó que en auxilio y delegación de las labores de este Juzgado, comisionara a quien correspondiera para que emplazara a *** Y***; toda vez que en proveído de siete de agosto de dos mil diecinueve, se sobreseyó el presente juicio de garantías...Atento a lo anterior, acúsese recibo y háganse las anotaciones en el libro respectivo...CÚMPLASE...

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra del auto de sobreseimiento fuera de audiencia dictado en este juicio de garantías, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara firme dicho proveído y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, tomando en consideración que el juicio de garantías en que se actúa a la fecha se encuentra concluido, dado que por auto emitido el siete de agosto de dos mil diecinueve, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías fuera de audiencia; por tanto, se ordena dar de baja el despacho 785/2019 226/2019-D, enviado al Juez de Primera Instancia en Materia Civil en Turno, con sede en Zamora, Michoacán, háganse las anotaciones correspondientes; por lo que una vez que sea devuelta dicha comunicación, se ordena sea agregada en autos para que obre como constancia; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención, en virtud de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo y/o resolución de fecha siete de agosto de dos mil diecinueve, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, a siete de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio número J30-1176/2019 signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a través del cual cumple con el requerimiento formulado en proveído de uno de agosto del año en curso. Atento a lo anterior, así como a las diversas constancias que obran agregadas en autos, se advierte que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Ello es así, en razón a que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De los presentes autos se advierte que mediante auto de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, este Juzgado admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Roselia Arriaga Bastida y otro, en cuanto apoderados del quejoso Juan Manuel García Muñoz, la cual quedó registrada con el número III-723/2019, contra actos de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, consistentes en: "ACTO U OMISIÓN RECLAMADO DE CADA AUTORIDAD. De la ordenadora: La omisión de emitir el acuerdo relativo a la promoción presentada en fecha 03 tres de mayo del año 2019 dos mil diecinueve, y la omisión de: actualizar los salarios caídos; tener a esta parte actora por revocando el nombramiento de depositario designado en autos al momento de la diligencia de embargo; tener por designado como nuevo depositario al C. DANIEL JESÚS CUEVAS ROMERO; girar atento exhorto a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, a fin de que en auxilio y delegación de facultades de esa autoridad laboral comisione a la Actuaria de su adscripción el que se constituya en legal y debida forma en el domicilio ubicado en CALLE CERRO AZUL NÚMERO 250, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SAN JOAQUÍN, DE LA CIUDAD DE ZAMORA, MICHOACÁN, y requiera al C. RAMÓN LÓPEZ IBARRA y/o a la persona con quien se entienda la diligencia respectiva, de la entrega de los bienes que fueron embargados el día 22 veintidós de octubre del año 2018 dos mii dieciocho y, una vez entregados o autorizada la extracción de los mismos por parte de la funcionaria encomendada, los ponga en posesión del nuevo depositario y dé fe de que los bienes embargados serán depositados en el domicilio ubicado en PRIVADA DE AMEZCUA SIN NÚMERO DE LA LOCALIDAD DE LA ESTA\NCIA DE AMEZCUA, PERTENECIENTE AL MUNICPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN; girar los oficios a las Dependencias de Tránsito Federal y Tránsito Local en el Estado, así como a las diversas instituciones policiacas en el estado a fin de que realicen la detención de los vehículos embargados y los pongan a su disposición." Ahora bien, como ya quedó establecido de las constancias que adjuntó la autoridad responsable a su informe justificado y al oficio de cuenta (fojas 23 y 37), se advierte que acordó en su totalidad lo que en derecho procede respecto al escrito presentado el tres de mayo del año en curso, por la parte quejosa, documentales que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°; por tanto, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, del que emanan los actos reclamados en este asunto, han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, el quejoso señaló como acto reclamado la omisión de acordar lo relativo a la promoción presentada el tres de mayo del año en curso, ante la autoridad responsable, a la fecha y como se advierte de las constancias remitidas ya fue subsanada dicha omisión. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, pues sería ocioso analizar la constitucionalidad de los actos, dado que al haberse subsanado las citadas omisiones, ya no dejan huella alguna en la esfera jurídica del quejoso que amerite ser borrada; por tanto es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Sin que resulte procedente analizar si existe omisiones o dilaciones posteriores a la falta de emitir acuerdo respecto del escrito presentado el tres de mayo de dos mil diecinueve, en razón a que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que los alcances por los que se llegara a otorgar la protección constitucional, debe limitarse en función de la etapa procesal en que se sitúa dentro del procedimiento laboral, en respecto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo expuesto la tesis aislada número 2a.CV/2013 (10a) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a. /J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las ONCE HORAS DEL DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma el licenciado LUIS FERNANDO ARREOLA VILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Janette Pérez García, Secretaria con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente las constancias remitidas por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, como complemento a su informe justificado, se advierte que si bien es cierto que el catorce de junio de dos mil diecinueve, dio contestación a la promoción presentada por la parte quejosa el tres de mayo del mismo año, dentro del expediente laboral 1757/2010, sin embargo, fue omisa en proveer en cuanto a los puntos 1), parte final del 4) y 7), del citado ocurso los cuales se trascriben: ".1) Se actualicen los salarios caídos. .4) .una vez entregados o autorizada la extracción de los mismos por parte de la funcionaria encomendada, los ponga en posesión del nuevo depositario y dé fe de que los bienes embargados serán depositados en el domicilio ubicado en PRIVADA DE AMEZCUA SIN NÚMERO 5 DE LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA DE AMEZCUA, PERTENECIENTE AL MUNICPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN. .7) De la misma forma, gire oficios a las dependencias de Tránsito Federal y Tránsito Local en el Estado, así como las diversas instituciones policiacas en el Estado a fin de que realicen la detención de los vehículos embargados y los pongan a su disposición." Por tanto, con apoyo en el artículo 117 en relación con el 75 de la Ley de Amparo en vigor, solicítese a la autoridad responsable en cita, a efecto de que dentro del término de tres días, a que se refiere el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, contados a partir de que quede debidamente notificada del presente proveído, remita a este Juzgado, copia fotostática certificada legible de las constancias de referencia, o bien manifieste el impedimento legal o material que tenga para ello; apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la materia en vigor. NOTIFÍQUESE.

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