Juan Manuel Espinoza Lucatero

Expediente 696/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
696/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
27/09/2019

Partes del expediente

  • Juan Manuel Espinoza Lucatero

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese únicamente para que obre como corresponda el escrito signado por ..., por medio del cual, solicita se fije garantía para el efecto de gozar de la suspensión provisional y/o definitiva, toda vez que no es parte dentro del juicio en que se actúa, además de que no se aperturaron los cuadernos incidentales. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    ...Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra del proveído de treinta de julio de dos mil diecinueve en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicho proveído ha quedado firme, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, TREINTA DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese el oficio TCA/AMP/2609/2019, signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado que le fue solicitado, al que adjunta copias certificadas del expediente laboral 211/2019, con lo cual se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Ahora bien, de las constancias remitidas por el citado presidente a su oficio de cuenta, se advierte que el uno de julio del año en curso, dictó el proveído por el cual radicó la demanda laboral que dio origen al presente juicio y ordenó el emplazamiento de las morales demandadas dentro del referido juicio. Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Ello es así, en razón a que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De los presentes autos se advierte que mediante auto de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, este Juzgado admitió a trámite la demanda de amparo promovida por JUAN MANUEL ESPINOZA LUCATERO, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta capital, consistente en: ". V.ACTO RECLAMADO: LA DILACIÓN EXCESIVA DE LA RESPONSABLE EN EL PROCEDIMIENTO, ES ESTE CASO LA OMISIÓN DE CITAR AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, RADICAR LA DEMANDA Y ORDENAR EMPLAZAR AL DEMANDADO COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN O A QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE LA FUENTE DE TRABAJO.". Ahora bien, de las constancias que la autoridad responsable acompañó en copias certificadas al oficio de cuenta, consistentes entre otras, en el auto emitido el uno de julio de dos mil diecinueve, dentro del juicio laboral 211/2019, mismas que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que, dentro del juicio laboral del que emana el acto reclamado en este asunto, ha dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, la quejosa señaló como acto reclamado la omisión de radicar la demanda laboral, citar a la audiencia de conciliación y ordenar el emplazamiento de la parte demandada dentro del mismo, también lo es que, como ya se anticipó, por auto de uno de julio del año en curso, se radicó el multicitado juicio laboral, señaló fecha para la celebración de la audiencia de conciliación y se ordenó el emplazamiento del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Lázaro Cárdenas Michoacán y Sindicato de Trabajadores al Servicio del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Lázaro Cárdenas Michoacán, los cuales incluso realizó el nueve del mes y año que transcurren, según se advierte de las constancias respectivas. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede SOBRESEER en el presente juicio de garantías fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vistos los presentes autos y la certificación que antecede de los que se advierte que el quejoso LIBORIO MURILLO ALANIZ o LIBORIO MURILLO ALANÍS, no realizó manifestaciones en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por las autoridades responsables Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, Director y Jefe Administrativo, ambos del Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez", con sede en Zurumbeneo, municipio de Charo, Michoacán. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, procede a pronunciar resolución sobre el cumplimiento de que se trata, en los términos siguientes: 1) Mediante sentencia de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, dictada por este órgano jurisdiccional (fojas 296 a 313), por una parte, se sobreseyó, y, por otra, se concedió amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso LIBORIO MURILLO ALANIZ o LIBORIO MURILLO ALANÍS, para el efecto de que las autoridades responsables Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, Director y Jefe Administrativo, ambos del Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez", con sede en Zurumbeneo, municipio de Charo, Michoacán, realizaran lo siguiente: ".1) Dejar insubsistentes los oficios SEGOB/CNS/OADPRS/15381/2017 y SEGOB/CNS/OADPRS/15382/2017, de nueve y catorce de junio de dos mil diecisiete, únicamente en la parte en que el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, autorizó el ingreso del ahora quejoso LIBORIO MURILLO ALANIZ o LIBORIO MURILLO ALANÍS, al Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buena Vista Tomatlán, Michoacán. 2) Dado que la orden de traslado ya fue ejecutada, sin que mediara la calificación por el Juez de Ejecución, dicha autoridad responsable deberá ordenar el reingreso de LIBORIO MURILLO ALANIZ o LIBORIO MURILLO ALANÍS, al Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez", con sede en Zurumbeneo, municipio de Charo, Michoacán. Concesión que se hace extensiva al acto reclamado a las autoridades ejecutoras Director y Jefe del Departamento Administrativo, ambos del Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez", con sede en Zurumbeneo, municipio de Charo, Michoacán, ya que no se reclama por vicios propios en sus actuaciones, sino que su legalidad depende de los de la ordenadora.". 2) Dicha determinación fue recurrida en revisión por la Subdirectora de Área de la Dirección de Amparo y Derechos Humanos de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, en representación de la autoridad responsable Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México (fojas 377 a 391), cuyo conocimiento correspondió al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad (fojas 586 a 625), quien por ejecutoria pronunciada en sesión de diez de enero de dos mil diecinueve, desechó dicho recurso, por lo que quedó firme la ejecutoria dictada por este órgano jurisdiccional, como se describe de los siguientes puntos resolutivos: "...PRIMERO. Se desecha la revisión hecha valer por la Subdirectora de Área de la Dirección de Amparo y Derechos Humanos de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, por las razones expuestas en el considerando segundo de la presente ejecutoria. SEGUNDO. Queda firme la sentencia de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Noveno de Distrito en el Estado, dentro del juicio de amparo indirecto 1035/2017, en la que concedió la protección constitucional a Liborio Murillo Alanís o Liborio Murillo Alaniz.". 3) En consecuencia, mediante proveído de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de la Amparo, se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, Director y Jefe Administrativo, ambos del Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez", con sede en Zurumbeneo, municipio de Charo, Michoacán (fojas 626 a 628). 4) La autoridad responsable Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, en cumplimiento a la ejecutoria realizó lo siguiente: I. Mediante oficio OADPRS/02C.10/7777/2019, presentado ante la Oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el dos de abril de este año, adjuntó copia certificada de los diversos OADPRS/07155/2019 y OADPRS/07154/2019, ambos de trece de marzo de este año, a través de los cuales dejó insubsistentes los oficios SEGOB/CNS/OADPRS/15381/2017 y SEGOB/CNS/ OADPRS/15382/2017, de nueve y catorce de junio de dos mil diecisiete, en los que autorizó el ingreso del ahora quejoso LIBORIO MURILLO ALANIZ o LIBORIO MURILLO ALANÍS, al Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buena Vista Tomatlán, Michoacán y ordenó que fuera trasladado nuevamente al Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez", con sede en Zurumbeneo, municipio de Charo, Michoacán, asimismo, giró las instrucciones correspondientes a efecto de que se realizaran los trámites administrativos y legales para que ello aconteciera (fojas 683, 685, 686, 687 y 688). II. Igualmente, a través del comunicado OADPRS/02C10/13697/2019, de veinticuatro de mayo del año en curso, presentado ante la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el tres de los actuales, adjuntó copia certificada del acta administrativa de egreso por traslado número 123/2019, mediante la cual se acredita que el impetrante de amparo egresó el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS-Michoacán", con residencia en Buena Vista Tomatlán, Michoacán, para ser ingresado al Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez", con sede en Zurumbeneo, municipio de Charo, Michoacán (fojas 700, 702 y 703). 5) Por su parte la diversa autoridad responsable Director del Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez", con sede en Zurumbeneo, municipio de Charo, Michoacán, en cumplimiento a la ejecutoria realizó lo siguiente: a) Mediante oficio CPDFR3990/2019, recibido vía correo electrónico en este juzgado el veintiuno de mayo de este año, informó que el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, se realizó a cabalidad el traslado del impetrante de amparo LIBORIO MURILLO ALANIZ o LIBORIO MURILLO ALANÍS, dado que, en esa fecha, ingresó al Centro de Reclusión a su cargo (foja 695). Con base en lo hasta aquí expuesto, se declara que en la especie la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad, sin excesos ni defectos, puesto que las autoridades responsables Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, Director y Jefe Administrativo, ambos del Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez", con sede en Zurumbeneo, municipio de Charo, Michoacán, la primera, dejó insubsistentes los oficios SEGOB/CNS/OADPRS/15381/2017 y SEGOB/CNS/OADPRS/ 15382/2017, de nueve y catorce de junio de dos mil diecisiete, únicamente en la parte en que el referido Comisionado, autorizó el ingreso del aquí quejoso LIBORIO MURILLO ALANIZ o LIBORIO MURILLO ALANÍS, al Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buena Vista Tomatlán, Michoacán; de igual manera, ordenó el reingreso del impetrante de amparo al Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez", con sede en Zurumbeneo, municipio de Charo, Michoacán; asimismo, el Director de este último, confirmó su ingreso el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve a multicitado Centro de Reclusión. Sin que sea obstáculo para declarar cumplida la ejecutoria de amparo, el hecho de que la diversa responsable Jefe Administrativo, del Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez", con sede en Zurumbeneo, municipio de Charo, Michoacán, no haya informado los trámites que realizó para dar cumplimiento con la misma, toda vez que, como se adelantó, la concesión del amparo se hizo extensiva respecto de la esta autoridad ejecutora, ya que no se reclamó por vicios propios en sus actuaciones, sino que su legalidad dependió de los actos de la ordenadora Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, aunado a que el Director del Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez", con sede en Zurumbeneo, municipio de Charo, Michoacán, informó que el diecisiete de mayo de este año, se realizó el reingreso del quejoso LIBORIO MURILLO ALANIZ o LIBORIO MURILLO ALANÍS, al Centro de reclusión a su cargo. Finalmente, una vez que transcurra el término de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, a efecto de que alguna de las partes en el presente asunto interponga, de ser su deseo, recurso de inconformidad en contra del presente proveído, provéase lo relativo al archivo de este expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma el licenciado LUIS FERNANDO ARREOLA VILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Verónica Araceli Camorlinga Hernández, Secretaria que autoriza y da fe.

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