Juan Manuel Canchola Espinoza
Expediente 899/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 899/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Manuel Canchola Espinoza
Actuaciones
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese el oficio número 41, signado por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán, mediante el cual acusa recibo del diverso 16468, por el que este órgano jurisdiccional le devolvió el expediente número 707/2017, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que con fecha treinta y uno de octubre del año en curso, se declaró firme el auto de diecinueve de octubre actual, por el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen al juicio en que se actúa, ordenándose devolver los autos del juicio ordinario mercantil 707/2018 al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán, sin que a la fecha haya acusado recibo del mismo; por tanto, requiérase al citado juzgado que de no tener inconveniente legal alguno, acuse el recibo correspondiente, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.Así lo acordó y firma la licenciada SANDRA EUNICE MERINO MONTOYA, Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones del titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6119/2018, quien actúa con la licenciada Ma. Guadalupe Gutiérrez Moreno, Secretaria que autoriza y da fe.MORELIA, MICHOACÁN, VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que con fecha treinta y uno de octubre del año en curso, se declaró firme el auto de diecinueve de octubre actual, por el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen al juicio en que se actúa, ordenándose devolver los autos del juicio ordinario mercantil 707/2018 al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán, sin que a la fecha haya acusado recibo del mismo; por tanto, requiérase al citado juzgado que de no tener inconveniente legal alguno, acuse el recibo correspondiente, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese el oficio número 6266/2018, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad que contiene inserto el auto de diecisiete de los actuales, a través de la cual dicho Tribunal desechó por un lado la demanda de amparo promovida por Juan Manuel Canchola Espinoza, contra actos del Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán, dentro del juicio ordinario mercantil 707/2018, por lo que ve al acto reclamado consistente en la sentencia de doce de junio de dos mil dieciocho, dictada por Juez en cita, asimismo, declaró que carece de competencia legal para conocer de los demás actos reclamados, consistentes en la posible ejecución de la sentencia definitiva aludida y la notificación de la misma. Por tanto, con fundamento en el numeral 45 de la Ley de Amparo, esta potestad federal se avoca únicamente al estudio de los actos restantes que no fueron materia de estudio de dicho Tribunal de Alzada; acúsese el recibo de estilo. Ahora bien, respecto del acto reclamado al Actuario adscrito al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán, consistente en la notificación de la sentencia definitiva de doce de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el Juez de dicha adscripción, dentro del juicio ordinario mercantil 707/2018, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". [.] Lo anterior es así ya que los artículos 94, 95, 96 y 98 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, de aplicación supletoria al Código de Comercio señalan: "ARTÍCULO 94. Las notificaciones que se hicieren en forma distinta a la prevenida en este capítulo, serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado en el juicio sabedora de la providencia, por haber hecho alguna promoción o recibido alguna notificación posterior, la notificación indebida surtirá desde luego sus efectos, como si estuviese legalmente hecha, sin que por eso quede relevado el que la hizo, de la responsabilidad a que se refiere el artículo anterior. "ARTÍCULO 95. Las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes y cuando la ley expresamente lo determine; pero no podrá ser invocada esa nulidad por la parte que dió lugar a ella. La firmeza del procedimiento es garantía de las partes y por lo mismo todo auto o sentencia que notificada en forma no haya sido recurrido, produce todos sus efectos y para invalidarla, lo mismo que respecto de las diligencias posteriores a ella, no se admitirán incidentes de nulidad de actuaciones; en su contra sólo procederán los recursos establecidos por la ley. Todo incidente de nulidad de actuaciones que no esté comprendido dentro de las prescripciones de este artículo será desechado por el juez o tribunal quien se intente y contra la resolución no procederá recurso alguno. "ARTICULO 96. La nulidad de una actuación debe reclamarse dentro del término comprendido entre la fecha de la actuación misma y los tres días siguientes a aquel en que sea notificada legalmente la resolución subsecuente; pues de lo contrario aquélla queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento." "ARTÍCULO 98. La nulidad de actuaciones y notificaciones se substanciará en la forma y términos que determine este código para los incidentes". De la transcripción de los numerales 94, 95, 96 y 98, del ordenamiento legal citado, preceptúan la posibilidad de que en contra de las notificaciones efectuadas dentro del procedimiento, que no se practiquen de conformidad con lo dispuesto en la citada ley, pueden ser impugnadas a través del incidente de nulidad. Ahora, como el aquí quejoso no tiene la calidad de tercero extraño dentro del juicio ordinario mercantil 707/2017, merced a que éste bajo protesta de decir verdad manifiesta que es parte demandada en el juicio de origen, es por ello que estuvo en posibilidad de controvertir en el juicio de origen el acto que en esta vía constitucional reclama. En vista de lo anterior, resulta evidente que, respecto de la notificación reclamada, el quejoso debió agotar el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, esto es, impugnar la notificación practicada por el Actuario responsable, mediante el incidente de nulidad de actuaciones previsto por los citados ordinales 94, 95, 96 y 98 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, de aplicación supletoria al Código de Comercio, que establecen que las notificaciones hechas en forma distinta a lo señalado por la ley serán nulas; entonces, debe arribarse a la conclusión de que la notificación tildada de inconstitucional pudo haber sido invalidada mediante la tramitación del citado incidente. Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia III 1º.C J/34 visible en la página 1041, del Tomo XVI, correspondiente al mes de noviembre de 2002, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "NULIDAD DE ACTUACIONES, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. Si bien es cierto que la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo no habla de agotar precisamente incidentes, sino recursos ordinarios, también lo es que tal fracción se refiere no sólo a recursos sino también a medios ordinarios de defensa dentro del procedimiento, por virtud de los cuales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas las resoluciones de que se trate, y en tanto el incidente de nulidad de actuaciones cumple con el último de los objetivos mencionados, pues mediante él puede lograrse la nulificación del acto materia del incidente, es válido su encuadramiento dentro de los medios ordinarios de defensa a que el precepto invocado se refiere". Así como la Jurisprudencia VI.2o.C. J/243, visible en la página 1651, del Tomo XX, correspondiente al mes de Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que indica: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO PREVIAMENTE AL AMPARO, A FIN DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye la falta o ilegalidad de una notificación hecha en un juicio ejecutivo mercantil antes de dictarse sentencia, el juicio de garantías es improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque dicho acto puede ser revocado por la autoridad que conozca del juicio natural, mediante el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado que prevé el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, aplicado en forma supletoria al Código de Comercio en términos de su artículo 1054, el cual debe agotarse previamente a intentarse el juicio de garantías, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo". En esas condiciones, al ser impugnable el acto reclamado, el peticionario de garantías debió promover el recurso correspondiente antes de acudir al juicio constitucional, de forma que al no hacerlo así, no agotó el principio de definitividad, necesario para la procedencia de esta instancia constitucional. Sirven de apoyo las tesis de jurisprudencia números VI. 2o.J/52, y 986, publicadas en las páginas 401 y 678, de los Tomos VI, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1990 y, Tomo VI, Octava y Séptima Épocas, del Semanario Judicial de la Federación y del Apéndice 1995, que a continuación por su orden se transcriben: "RECURSOS ORDINARIOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común". "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN INPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Así como la diversa tesis I.3o.C.25 K (10a.), visible en la página 2055, del Tomo Tomo 3, correspondiente al mes de Marzo de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. CONTRA ACTOS EN JUICIO CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, FUERA DE JUICIO O DESPUÉS DE CONCLUIDO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO PROCEDENTE CUANDO SEA DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, RESULTE IDÓNEO, EFICAZ Y SE RESUELVA EN UN TIEMPO RAZONABLE AUNQUE NO TENGA EL EFECTO DE SUSPENDER LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo dispuesto en la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, cuando en el juicio de amparo se reclamen actos jurisdiccionales cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deberán agotarse previamente los recursos que en su caso procedan, y no se establece expresamente como excepción a esta obligación legal que dichos recursos deban suspender o no el acto reclamado, como sí acontece tratándose de los actos previstos en la diversa fracción IV del mismo precepto para la materia administrativa. Por otro lado, mediante la jurisprudencia 1a./J. 44/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro indica: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.", se definió que los actos de ejecución irreparable no se ubican en un supuesto de excepción al principio de definitividad. En consecuencia, se deduce que, tratándose de actos de tribunales judiciales en materia civil, previo a la promoción del juicio de amparo contra actos dictados en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deben agotarse los recursos que en su caso procedan conforme a la ley procesal que rija la actuación del órgano jurisdiccional responsable, siempre que por su forma de tramitación sea inmediata, resulte idóneo, eficaz y se resuelva en un tiempo razonable aunque no tenga como consecuencia la suspensión inmediata de la ejecución y consecuencias de la resolución materia del recurso porque sólo se admita en el efecto devolutivo y no en el suspensivo. Ahora bien, por lo que ve al diverso acto reclamado, consistente en el auto de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, mediante el cual el Juez responsable le solicita el cumplimiento voluntario de lo condenado en la multicitada sentencia definitiva dictada dentro del mencionado juicio 707/2017, así como las diversas actuaciones consistentes en la posible ejecución de la misma, se actualiza la causal de improcedencia prevista en improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el precepto 107, fracción IV, ambos dispositivos de la Ley de Amparo, que dicen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". [.] "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: [.] "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" Lo anterior, en razón a que dichas actuaciones, no constituyen la última resolución en el procedimiento de ejecución de donde emana el acto reclamado, sino que constituyen actos emitidos dentro del periodo de ejecución del juicio natural. Luego, el juicio de garantías es improcedente, porque tal reclamo, debe hacerse hasta que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o que se ordene el archivo definitivo del expediente, en atención a que el hoy quejoso es la parte demandada, en el juicio del que emanan los actos reclamados. Tiene sustento a lo anterior la Tesis número P./J. 32/2001, aplicada por identidad de razón, visible en la página 31, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tener literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Así como la jurisprudencia 1a./J. 28/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 60, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio. De igual forma, por identidad jurídica la tesis número XXI.1o.32 K, aplicada por identidad de visible en la página 565, Tomo IV, Octubre de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguiente: "LANZAMIENTO, SUSPENSION DE LA DILIGENCIA DE. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTIAS POR NO SER EL ULTIMO ACTO DE EJECUCION. Si el acto reclamado se hace consistir en la suspensión de la diligencia de lanzamiento, realizada por el actuario adscrito al juzgado responsable, con motivo de la ejecución provisional de la sentencia emitida en el juicio natural; en tal circunstancia, aquélla no es la última resolución dictada en ejecución de la sentencia, la cual tampoco se puede considerar como la última en el procedimiento de ejecución; luego, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, y por ende, con fundamento en el diverso 73, fracción XVIII, de la ley de la materia, sobreseer el juicio de amparo". Así mismo, es de invocar la tesis número I.3º.C.J/21, aplicada por identidad de razón, publicada en la página 511, Tomo XI, Junio de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor literal es: "ORDEN DE LANZAMIENTO CONTRA DEMANDADO QUE FUÉ OIDO EN JUICIO, NO ES LA ULTIMA RESOLUCION DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.- La orden de lanzamiento constituye una consecuencia directa e inmediata de la sentencia que es cosa juzgada y que emana de un juicio donde el quejoso ya fue oído y vencido en respeto a la garantía de audiencia previa al acto de privación definitiva y que se identifica con la sentencia que tiene esa calidad. Conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, por última resolución se entiende en forma genérica la declara cumplida la sentencia o convenio que tiene la calidad de cosa juzgada como culminación de un juicio en que ya se cumplió la garantía de audiencia previa, con las formalidades esenciales del procedimiento; o en su caso, que establece la imposibilidad para cumplirla, y acorde con la naturaleza propia de las sentencias dictadas en los procedimientos judiciales del orden civil, pueden distinguirse en forma específica, resoluciones o autos que sólo son consecuencia directa e inmediata de la condena realizada en la sentencia que es cosa juzgada; resoluciones interlocutorias que liquidan la sentencia y preparan la ejecución; interlocutoria que resuelve una nulidad de actuaciones o que resuelven una cuestión que guarda autonomía de la ejecución, y otros actos que se traducen en medidas de apremio que tienden a lograr la ejecución de lo resuelto, o una determinación judicial tendiente a preparar o a lograr el cumplimiento estricto de la sentencia o convenio que es cosa juzgada. De ahí que por la naturaleza propia de cada una de esas resoluciones o autos que pueden dictarse en el período de ejecución, distintos al de remate, y también por la afectación a la libertad que puede darse en el caso del arresto, o a un derecho sustantivo, porque la resolución o auto modifique, extinga un derecho o constituya una obligación sustantiva que sea distinta a la que fue objeto de controversia y tenga la calidad de cosa juzgada, como son las medidas de apremio, entre otras, es posible diferenciar cuando se está ante una resolución que es la última dictada en el procedimiento de ejecución o bien que por su naturaleza autónoma a lo que ya es cosa juzgada, que crea, o modifica o extingue un derecho en ese procedimiento, deba ser analizada en el juicio de garantías". De igual forma, el acto aquí reclamado tampoco genera una afectación inmediata a los derechos sustantivos del quejoso, como bien pudieran ser la vida, la libertad, sus propiedades, entre otros. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y, por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. No ha lugar a tener al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en los estrados de este órgano jurisdiccional, por no encontrarse prevista esa circunstancia en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente según su artículo 2°; en consecuencia, en términos de lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 27, fracción III, de la ley reglamentaria en cita, las notificaciones que deban hacerse al promovente, aun las de carácter personal, se le practicarán por lista. Asimismo, se tienen como autorizados de la parte quejosa para tal efecto a Cornelio Méndez Alvarado, quien gozará de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, en atención a que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, se advierte que se encontró el dato inherente a la cédula profesional número 4165347, que acredita al referido autorizado como licenciado en derecho. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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