Juan Luis Alvarez Guido
Expediente 812/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 27 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 812/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 28/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Luis Alvarez Guido
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, veintiocho de julio de dos mil veintidós. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, lo que así realizó la parte quejosa a través de su escrito de cuenta. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento de la sentencia dictada en autos. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Antecedentes para el cumplimiento del amparo En sentencia dictada el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional otorgó la protección constitucional a JUAN LUIS ÁLVAREZ GUIDO, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Inconforme con dicha resolución la parte quejosa, interpuso recurso de revisión. Consecuentemente, por ejecutoria correspondiente a la sesión de dieciséis de junio de dos mil veintidós, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, confirmó la sentencia recurrida. En fecha treinta de junio de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la ejecutoria de amparo dictada por el citado Tribunal Colegiado, y se requirió a la autoridad responsable vinculada a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector. Posteriormente, por oficio presentado el seis de julio de dos mil veintidós, el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, allegó las constancias tendentes a acreditar el cumplimiento dado al fallo protector. Situación con la que se ordenó dar vista a la parte promovente para que manifestara lo que a sus intereses conviniera. Análisis del cumplimiento De los antecedentes expuestos, se procede a analizar sí la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, para lo cual se reflejan en el siguiente concentrado los lineamientos u obligaciones que le fueron impuestos a la responsable y los actos realizados por la misma, relacionándolos entre sí: Deberes, lineamientos u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo. Actos desplegados por la autoridad responsable para su cumplimiento. "1. Reponga el procedimiento a partir de la diligencia de emplazamiento efectuada al quejoso; 2. Deje sin efectos todo lo actuado con posterioridad a esa diligencia de emplazamiento, únicamente por lo que ve al aquí quejoso; y, 3. Ordene el llamamiento a juicio del impetrante del amparo." La Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, con fecha cuatro de julio de dos mil veintidós, dictó un acuerdo en el juicio laboral número 2A-1824/2010, donde realizó lo siguiente: 1) Ordenó reponer el procedimiento a partir de la diligencia de emplazamiento al demandado y aquí quejoso; 2) Asimismo, dejó sin efectos todo lo actuado en dicho juicio, con posterioridad a esa diligencia de emplazamiento, únicamente por lo que ve al citado demandado; y, 3) Comisionó al actuario adscrito para que notifique, emplace y aperciba al demandado Juan Luis Álvarez Guido; a la vez señaló día y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo Con el anterior análisis comparativo que se hace de los efectos fijados en la sentencia de amparo y la actuación desplegada por la autoridad responsable, se puede concluir que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77 de la Ley de Amparo, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se atienden manifestaciones de la parte quejosa Por otra parte, en torno al escrito presentado por el quejoso mediante el cual desahoga la vista que se ordenó dar con el cumplimiento realizado por la responsable, y en el que medularmente refiere que en el expediente de origen 2A-1824/2010, uno de los demandados que resultó condenado ha dado cumplimiento total al laudo que se emitió, por tanto, el juicio ha sido archivado como asunto concluido, por ello estima que es improcedente el acuerdo dictado por la junta en el que al parecer señala día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, señalando además que no le ha notificado ese acuerdo. Sin embargo, lo manifestado por la parte quejosa resulta inconducente para estimar que la autoridad responsable no cumple con la ejecutoria de amparo, pues el hecho de que en el juicio laboral de origen se haya tenido a uno de los demandados dando cumplimiento total al laudo que se emitió y que la junta responsable haya ordenado archivar como asunto concluido, sólo repercute o produce efectos en torno a la esfera jurídica de ese demandado y su participación en el litigio de origen, no abarcando lo relacionado con el aquí quejoso. Se estima de esa forma, pues no puede pasarse por alto que en la propia ejecutoria de amparo se ordenó dejar sin efectos todo lo actuado en el juicio de origen, con posterioridad a la diligencia de emplazamiento, pero ello únicamente por lo que ve al aquí quejoso, lo que no implica que se dejará de actuar o que cambiara la situación jurídica de los restantes demandados frente a la condena que les fue impuesta en el laudo, pues de hacerlo se estaría inobservando el principio de relatividad que rige en el juicio de amparo y que contiene la Protección Constitucional otorgada al aquí quejoso. En suma de lo anterior, es necesario señalar que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al momento de resolver el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia emitida en el presente asunto, declaró infundado el agravio formulado en torno a que en el litigio de origen existe litisconsorcio pasivo necesario y, que por ese motivo, la reposición del procedimiento ordenada no sólo debía hacerse por el aquí quejoso, sino por la totalidad de los allá enjuiciados, toda vez que le señaló que no se advertía que en el laudo dictado en el juicio laboral, la junta responsable hubiese declarado la existencia de tal litisconsorcio pasivo necesario, y que tal acreditación se encuentra condicionada al reconocimiento por parte de la autoridad que conoce del juicio, sin que una potestad federal, se encuentre en aptitud de determinarlo porque con ello se vulneraría el principio de relatividad que rige el juicio de amparo, y se invadiría la jurisdicción propia de la junta responsable, en detrimento de la seguridad jurídica y la legalidad. Por tanto, no se advierte un impedimento para que la responsable haya podido declarar el cumplimiento del laudo respecto de diverso demandado y ordenado el archivo del asunto en torno del mismo, ya que la reposición de procedimiento sólo tiene relación en torno al aquí quejoso y de requerir a la responsable sobre diverso aspecto que no fue materia de la ejecutoria de amparo, se estaría causando un exceso con el efecto y alcance de la sentencia protectora, inobservando lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, que establece que la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se invoca en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la tesis número CV/2013 (10ª), del rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN EL QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2ª.J.45/2007)" Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Original del incidente de suspensión Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que se concedió la medida cautelar (tanto la provisional como la definitiva), de conformidad con lo que señala el artículo 18, fracción I, inciso a), del aludido acuerdo, el original de los cuadernos incidentales es susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, debiéndose conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida suspensiva o violación, como lo establece el invocado numeral y normativa. Duplicado del incidente de suspensión Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el artículo 20 del acuerdo en consulta. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de julio de dos mil veintidós. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, lo que así realizó la parte quejosa a través de su escrito de cuenta. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento de la sentencia dictada en autos. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Antecedentes para el cumplimiento del amparo En sentencia dictada el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional otorgó la protección constitucional a JUAN LUIS ÁLVAREZ GUIDO, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Inconforme con dicha resolución la parte quejosa, interpuso recurso de revisión. Consecuentemente, por ejecutoria correspondiente a la sesión de dieciséis de junio de dos mil veintidós, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, confirmó la sentencia recurrida. En fecha treinta de junio de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la ejecutoria de amparo dictada por el citado Tribunal Colegiado, y se requirió a la autoridad responsable vinculada a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector. Posteriormente, por oficio presentado el seis de julio de dos mil veintidós, el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, allegó las constancias tendentes a acreditar el cumplimiento dado al fallo protector. Situación con la que se ordenó dar vista a la parte promovente para que manifestara lo que a sus intereses conviniera. Análisis del cumplimiento De los antecedentes expuestos, se procede a analizar sí la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, para lo cual se reflejan en el siguiente concentrado los lineamientos u obligaciones que le fueron impuestos a la responsable y los actos realizados por la misma, relacionándolos entre sí: Deberes, lineamientos u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo. Actos desplegados por la autoridad responsable para su cumplimiento. "1. Reponga el procedimiento a partir de la diligencia de emplazamiento efectuada al quejoso; 2. Deje sin efectos todo lo actuado con posterioridad a esa diligencia de emplazamiento, únicamente por lo que ve al aquí quejoso; y, 3. Ordene el llamamiento a juicio del impetrante del amparo." La Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, con fecha cuatro de julio de dos mil veintidós, dictó un acuerdo en el juicio laboral número 2A-1824/2010, donde realizó lo siguiente: 1) Ordenó reponer el procedimiento a partir de la diligencia de emplazamiento al demandado y aquí quejoso; 2) Asimismo, dejó sin efectos todo lo actuado en dicho juicio, con posterioridad a esa diligencia de emplazamiento, únicamente por lo que ve al citado demandado; y, 3) Comisionó al actuario adscrito para que notifique, emplace y aperciba al demandado Juan Luis Álvarez Guido; a la vez señaló día y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo Con el anterior análisis comparativo que se hace de los efectos fijados en la sentencia de amparo y la actuación desplegada por la autoridad responsable, se puede concluir que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77 de la Ley de Amparo, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se atienden manifestaciones de la parte quejosa Por otra parte, en torno al escrito presentado por el quejoso mediante el cual desahoga la vista que se ordenó dar con el cumplimiento realizado por la responsable, y en el que medularmente refiere que en el expediente de origen 2A-1824/2010, uno de los demandados que resultó condenado ha dado cumplimiento total al laudo que se emitió, por tanto, el juicio ha sido archivado como asunto concluido, por ello estima que es improcedente el acuerdo dictado por la junta en el que al parecer señala día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, señalando además que no le ha notificado ese acuerdo. Sin embargo, lo manifestado por la parte quejosa resulta inconducente para estimar que la autoridad responsable no cumple con la ejecutoria de amparo, pues el hecho de que en el juicio laboral de origen se haya tenido a uno de los demandados dando cumplimiento total al laudo que se emitió y que la junta responsable haya ordenado archivar como asunto concluido, sólo repercute o produce efectos en torno a la esfera jurídica de ese demandado y su participación en el litigio de origen, no abarcando lo relacionado con el aquí quejoso. Se estima de esa forma, pues no puede pasarse por alto que en la propia ejecutoria de amparo se ordenó dejar sin efectos todo lo actuado en el juicio de origen, con posterioridad a la diligencia de emplazamiento, pero ello únicamente por lo que ve al aquí quejoso, lo que no implica que se dejará de actuar o que cambiara la situación jurídica de los restantes demandados frente a la condena que les fue impuesta en el laudo, pues de hacerlo se estaría inobservando el principio de relatividad que rige en el juicio de amparo y que contiene la Protección Constitucional otorgada al aquí quejoso. En suma de lo anterior, es necesario señalar que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al momento de resolver el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia emitida en el presente asunto, declaró infundado el agravio formulado en torno a que en el litigio de origen existe litisconsorcio pasivo necesario y, que por ese motivo, la reposición del procedimiento ordenada no sólo debía hacerse por el aquí quejoso, sino por la totalidad de los allá enjuiciados, toda vez que le señaló que no se advertía que en el laudo dictado en el juicio laboral, la junta responsable hubiese declarado la existencia de tal litisconsorcio pasivo necesario, y que tal acreditación se encuentra condicionada al reconocimiento por parte de la autoridad que conoce del juicio, sin que una potestad federal, se encuentre en aptitud de determinarlo porque con ello se vulneraría el principio de relatividad que rige el juicio de amparo, y se invadiría la jurisdicción propia de la junta responsable, en detrimento de la seguridad jurídica y la legalidad. Por tanto, no se advierte un impedimento para que la responsable haya podido declarar el cumplimiento del laudo respecto de diverso demandado y ordenado el archivo del asunto en torno del mismo, ya que la reposición de procedimiento sólo tiene relación en torno al aquí quejoso y de requerir a la responsable sobre diverso aspecto que no fue materia de la ejecutoria de amparo, se estaría causando un exceso con el efecto y alcance de la sentencia protectora, inobservando lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, que establece que la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se invoca en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la tesis número CV/2013 (10ª), del rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN EL QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2ª.J.45/2007)" Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Original del incidente de suspensión Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que se concedió la medida cautelar (tanto la provisional como la definitiva), de conformidad con lo que señala el artículo 18, fracción I, inciso a), del aludido acuerdo, el original de los cuadernos incidentales es susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, debiéndose conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida suspensiva o violación, como lo establece el invocado numeral y normativa. Duplicado del incidente de suspensión Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el artículo 20 del acuerdo en consulta. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de julio de dos mil veintidós. Autoridad responsable informa cumplimiento Visto el oficio de cuenta que suscribe el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia autógrafa del acuerdo de cuatro de julio de dos mil veintidós, dictado en el juicio agrario número 2A-1824/2010, donde se ordenó reponer el procedimiento a partir de la diligencia de emplazamiento al demandado y aquí quejoso, dejando sin efectos todo lo actuado en dicho juicio, con posterioridad a esa diligencia de emplazamiento por lo que ve al citado demandado, señaló día y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas y ordenó emplazar al quejoso Juan Luis Álvarez Guido. Vista a las partes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y tercero interesada, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que queden debidamente notificadas del presente proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA CESAR OLIVIO ESCALANTE, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, trece de julio de dos mil veintidós. Autoridad responsable informa cumplimiento Visto el oficio de cuenta que suscribe el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia autógrafa del acuerdo de cuatro de julio de dos mil veintidós, dictado en el juicio agrario número 2A-1824/2010, donde se ordenó reponer el procedimiento a partir de la diligencia de emplazamiento al demandado y aquí quejoso, dejando sin efectos todo lo actuado en dicho juicio, con posterioridad a esa diligencia de emplazamiento por lo que ve al citado demandado, señaló día y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas y ordenó emplazar al quejoso Juan Luis Álvarez Guido. Vista a las partes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y tercero interesada, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que queden debidamente notificadas del presente proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.
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