Juan López Zúñiga
Expediente 981/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 27 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 981/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 15/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan López Zúñiga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de abril de dos mil diecinueve. SE TIENE POR HECHAS LAS MANIFESTACIONES Agréguese a los presentes autos la copia del oficio 05/2019 de cuatro de abril de dos mil diecinueve, a través del cual se advierte que la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita a este órgano federal, en cumplimiento a la vista de dos del mes y año en curso, giró oficio al área correspondiente por tratarse de un hecho probablemente delictivo, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.mmg
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de abril de dos mil diecinueve. SE TIENE POR HECHAS LAS MANIFESTACIONES Agréguese a los presentes autos la copia del oficio 04/2019 de cuatro de abril de dos mil diecinueve, a través del cual se advierte que la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita a este órgano federal, en cumplimiento a la vista de dos del mes y año en curso, giró oficio al área correspondiente por tratarse de un hecho probablemente delictivo, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.mmg
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de abril de dos mil diecinueve. AGRÉGUESE Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta signado por el apoderado de la tercera interesada Estela Adriana Larrañaga Aragón, a través del cual solicita se de vista al Ministerio Público de la resolución dictada en el presente juicio, a fin de que proceda conforme a derecho, asimismo solicita copias certificadas de diversas constancias. Atento a su contenido y toda vez que con motivo del incidente de falsedad de firma promovido dentro el presente juicio en sentencia incidental del treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, se determinó que en auto de veintiocho de septiembre del mismo año, se tuvieron como ciertos los hechos que la parte tercero interesada pretendía demostrar en autos con la prueba pericial, considerándose innecesario el desahogo de la misma, al tenerse ciertas las afirmaciones de dicho tercero, referentes a que el peticionario del amparo, no firmó el escrito inicial de demanda; por tanto, se declaró fundado el incidente de falsedad de firma, planteado por el tercero interesado, y se resolvió que la firma plasmada en la demanda originadora del mismo, era falsa. En consecuencia, no obstante que lo fundado del incidente no derive de un acto positivo del quejoso, sino que se emitió con base en una presunción, como lo solicita la promovente en su escrito de cuenta y con fundamento en el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dese vista a la Representante Social Federal adscrita, para los efectos legales conducentes. Finalmente, respecto de la solicitud de copias certificadas, dígasele que se esté a lo acordado en proveído de trece de octubre de dos mil dieciséis, a través del cual se autorizó la expedición de copias simples y certificadas, así como de instrumentos digitales. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.mmg
- Incidental
. VISTOS, para resolver los autos del incidente de daños y perjuicios relativo al juicio de amparo número II-981/2016, promovido por Alfonso Torres Larrañaga, apoderado de la tercero interesada Estela Adriana Larrañaga Aragón; contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad y otra autoridad. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Promoción del juicio de amparo. Por escrito presentado el diez de octubre de dos mil dieciséis (Fojas 2 a 6 del juicio principal), ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, turnado al día siguiente a este órgano jurisdiccional, Juan López Zúñiga, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridades y actos que enseguida se precisan: "III. Señaló como Autoridades Responsables. Señalo como ordenadora. 1.- Al C. Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, . . Señalo como ejecutora. 2.- Al C. Actuario adscrito al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, . . ACTOS RECLAMADOS. A).- Del Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, se le reclama. 1.- El pretender privarme de mi garantía de audiencia, sin que para ello se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 2.- Pretender privarme de la propiedad y posesión que tengo sobre la casa habitación ubicada en la calle Revolución 530, de la colonia Centro de esta ciudad de Morelia, Michoacán, con una extensión superficial de 221 doscientos veintiún metros cuadrados diez centímetros, y las siguientes medidas y linderos, AL NORTE Treinta y tres metros, SUR, Treinta y tres metros, ESTE, Seis metros con setenta centímetros, OESTE, Seis metros con setenta centímetros colindando con la calle Revolución. B).- De la Actuaria adscrita al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, se le reclama. 1.- El pretender privarme de mi garantía de audiencia, sin que para ello se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 2.- Pretender privarme de la propiedad y posesión que tengo sobre la casa habitación ubicada en la calle Revolución 530, de la colonia Centro de esta ciudad de Morelia, Michoacán." SEGUNDO. Admisión del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer del asunto a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, quien en auto de trece de octubre de dos mil dieciséis (fojas 8 a 10 ídem), admitió la demanda; solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; ordenó emplazar a la tercero interesada Estela Adriana Larrañaga Aragón; dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Promoción del incidente de falta de personalidad y personería del quejoso. Por escrito presentado el diez de febrero de dos mil diecisiete (fojas 34 a 36 ídem) ante el oficial de partes de este juzgado, Alfonso Torres Larrañaga, apoderado de la tercero interesada Estela Adriana Larrañaga Aragón, promovió incidente de falta de legitimación procesal activa por falta de personalidad y personería del quejoso Juan López Zúñiga; CUARTO. Resolución interlocutoria del incidente aludido. En interlocutoria de treinta y uno de octubre del referido de dos mil diecisiete (fojas 321 a 332 ídem), se resolvió la incidencia de mérito, declarándose procedente y fundada, por ende, se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por el quejoso de que se trata. QUINTO. Interposición del recurso de revisión contra la referida resolución. Dicha resolución que fue recurrida en revisión, la cual con fecha dos de enero de dos mil dieciocho (foja 361 ídem), fue desechada por improcedente por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Distrito Judicial, dentro de la revisión 290/2017. SEXTO. Archivo del juicio de amparo. En auto de trece de febrero de dos mil dieciocho, se ordenó archivar el asunto como totalmente concluido (fojas 370 y 371 ídem). SÉPTIMO. Concesión de la suspensión definitiva al quejoso. En resolución interlocutoria de veinte de octubre de dos mil diecisiete (foja 20 a 24 del incidente en que se actúa), se concedió al quejoso Juan López Zúñiga la suspensión definitiva de los actos reclamados, para los efectos de que, en caso de llegarse al remate y adjudicación del bien embargado, no se realizaran actos tendentes a la entrega material ni a la escrituración del bien inmueble ubicado en la calle Revolución número 530, centro de esta ciudad de Morelia, no si entregara la posesión del mismo al adjudicatario; en el concepto de que la suspensión concedida no impedía que, de ser el caso, la audiencia de remate se llevara a cabo. Lo anterior, previa garantía de $10,000 diez mil pesos 00/100 moneda nacional, garantía que se tuvo por exhibida en auto de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete (foja 44 ídem), a través del billete de depósito número N-789793, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros. OCTAVO. Promoción del incidente de responsabilidad de daños y perjuicios. A través del escrito presentado ante el oficial de partes de este juzgado el dos de mayo de dos mil dieciocho(fojas 46 a 48 ídem), Alfonso Torres Larrañaga, apoderado de la tercero interesada Estela Adriana Larrañaga Aragón, promovió el incidente de responsabilidad de daños y perjuicios que nos ocupa, el cual se inició en auto de siete de mayo pasado (fojas 52 a 55 ídem), respecto del cual se ordenó correr traslado a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir de la legal notificación de ese auto, para que manifestara lo que a su interés conviniera y ofreciera las pruebas que estimara pertinentes; asimismo, en dicho auto se le tuvo por ofreciendo como medio probatorio todas las actuaciones relacionadas en el juicio de amparo del que deriva el incidente de suspensión en que se actúa, así como las que obran en los cuadernos incidentales relativos, de las que se ordenó hacer relación en la audiencia relativa; asimismo, se admitió la prueba pericial en materia de valuación de arrendamiento; asimismo, en diverso auto de tres de septiembre de dos mil dieciocho (foja 107 ídem), se tuvo a la parte actora incidentista ofreciendo prueba documental consistente en copia de contrato de arrendamiento, recibo de pago de predial y recibo de pago de agua, respecto del inmueble en cuestión (fojas 101 a 106 ídem) ; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 66, 67 y 156 de la Ley de Amparo, en virtud de que el mismo deriva del incidente de suspensión relativo al juicio de garantías en que se actúa. SEGUNDO. Concepto de daños y perjuicios. Previo al estudio del incidente de daños y perjuicios que ahora se resuelve, es pertinente dejar precisado qué se entiende por "daños" y qué por "perjuicios", respectivamente. Para explicar lo anterior, es necesario reproducir los artículos 132 y 156 de la Ley de Amparo que, en lo conducente, disponen: "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos." "Artículo 156. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en los términos previstos por esta Ley, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. De no presentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa vista a las partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente." De la interpretación sistemática de los preceptos reproducidos, se desprende que el incidente que se tramita con motivo de la devolución de la garantía exigida por el Tribunal Federal a la parte quejosa para otorgarle la suspensión definitiva de los actos reclamados, tiene como objetivo primordial restituir económicamente a la parte tercero interesada de los daños y los perjuicios que se le hubiesen causado con motivo de la concesión de dicha medida cautelar. Por su parte, los artículos 2108 y 2109 del Código Civil Federal prevén que por daño debe entenderse "la pérdida o el menoscabo sufrido en el patrimonio por falta de cumplimiento de una obligación"; y, por perjuicio, "la privación de una ganancia lícita que debiera haberse obtenido, con el cumplimiento de una obligación". En ese sentido, resulta indiscutible que la caución fijada para suspender el acto reclamado en el juicio de amparo se dirige a proteger a la parte tercero interesada respecto del menoscabo y las pérdidas que resentirá en su patrimonio como consecuencia de que al momento del otorgamiento de la medida cautelar no puede tener a su disposición la prestación que le corresponde. Luego, cuando se promueve un incidente para obtener el pago de daños y perjuicios ocasionados con motivo de la suspensión decretada en un juicio de garantías, es necesario que el actor incidentista acredite: 1. La calidad de tercero interesado en el respectivo juicio de garantías; 2. El otorgamiento al quejoso de la medida cautelar, cuya vigencia de sus efectos se hubiera condicionado a la exhibición de una garantía; 3. La emisión de una sentencia constitucional que no hubiere resultado favorable al quejoso o acuerdo de sobreseimiento que hubiere causado ejecutoria o revista esa característica; 4. La demostración plena a cargo del incidentista de haber resentido daños y perjuicios con motivo de la suspensión decretada. 5. El importe reclamado de ambos; y, 6. Que unos y otros sean consecuencia inmediata y directa de la falta de ejecución de los actos reclamados. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis sostenida por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: Época: Quinta Época Registro: 347829 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo LXXXIX Materia(s): Civil Tesis: Página: 2669 "DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS POR LA SUSPENSION. Es cierto que conforme al artículo 125 de la Ley de Amparo, la fianza tiene por objeto reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión puedan causarse al tercero perjudicado, si el quejoso en el amparo no obtiene sentencia favorable, pero también lo es que siempre que se promueva una acción incidental de daños y perjuicios, la parte actora debe probar: en primer lugar que se le causaron los que reclama; en segundo, su importe, finalmente, que unos y otros fueron consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse, y si el incidentista no rindió ninguna prueba para demostrar esos extremos, es lógico y jurídico absolver a la parte demandada. Queja en amparo civil 574/43. Hernández Lindoro. 7 de Septiembre de 1946. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Teófilo Ortiz y Leyva. La publicación no menciona el nombre del ponente." TERCERO. Estudio de fondo del asunto. Ahora, para establecer si en el presente caso se cumplen los anteriores requisitos es menester hacer alusión a lo siguiente: De las constancias que obran agregadas en el juicio de amparo se acredita el primer requisito exigido para la procedencia de la acción incidental, pues el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: . III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. ." Luego, si de la demanda de amparo se aprecia que la parte quejosa señaló como tercero interesada a Estela Adriana Larrañaga Aragón, por ser su contraparte en el juicio de origen, es inconcuso que tenía interés directo en la subsistencia del acto reclamado y que el elemento consistente en la existencia de un tercero interesado sí se cumple en la especie. De igual manera, de los autos del presente juicio de garantías se obtiene que se otorgó a la parte quejosa la suspensión definitiva de los actos reclamados, exigiéndosele para garantizar los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a la parte tercero interesada con la concesión de esa medida cautelar, la exhibición de la cantidad precisada, la cual fue consignada por el quejoso Juan López Zúñiga mediante billete de depósito N-789793, expedido por el Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., valioso por la suma de $10,000.00 diez mil pesos 00/100 moneda nacional; de lo que se colige que también se cumple el segundo de los elementos señalados. Asimismo, es posible establecer que se satisface el tercer elemento de la acción incidental, porque de las constancias que integran el juicio de garantías del cual deriva el incidente de suspensión se advierte que mediante resolución interlocutoria de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, este juzgado declaró procedente y fundado el incidente de falsedad de firma del quejoso Juan López Zúñiga, promovido por la parte tercero interesada, ante lo cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por éste; resolución que fue recurrida en revisión, la cual, por razón de turno, conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, con sede en esta ciudad, quien en auto de dos de enero de dos mil dieciocho, desechó por notoriamente improcedente el recurso interpuesto. No obstante, el suscrito estima que en el caso no se cumple con el cuarto requisito que se exige para la procedencia del incidente planteado, en atención a que, con motivo del incidente de daños y perjuicios, éstos deben ser demostrados como una consecuencia inmediata indirecta de la suspensión concedida en un juicio de amparo, ya que atento a la interpretación de los artículos 132 y 135, fracción III, de la Ley de Amparo, pueden ser reclamados por la parte tercero interesada, cuando se haya negado el amparo o se haya decretado el sobreseimiento en la controversia constitucional, o como en el caso, se haya tenido por no presentada la demanda, lo que cual implica que no obtuvo resolución favorable en el juicio de amparo. En efecto, de las constancias de autos se advierte que el incidentista no aportó prueba fehaciente para demostrar y cuantificar tales daños y perjuicios, pues debe existir para su determinación las probanzas o hechos que determinen la existencia de los daños materiales o morales, o los perjuicios, en ambos casos que fueron ocasionados, siendo menester destacar que la garantía otorgada por la parte quejosa, sólo tiene como finalidad responder de los daños derivados de la suspensión decretada de los actos reclamados, es decir, de los que en forma directa se causen con la medida. Cabe destacar que la propia incidentista señala que tales daños consistieron en la pérdida de dinero equivalente a la renta no lograda durante la tramitación del juicio de amparo, y los perjuicios los concibe como los rendimientos que se pudieron haber generado durante el mismo lapso, atendiendo precisamente a esa renta con base en la tasa o tarifa que reflejan las condiciones del mercado, respecto del uso y disfrute del zaguán o vestíbulo de la parte alícuota (sur) de la casa ubicada en la calle Revolución número 530, centro de esta ciudad; lo cual al margen de que en realidad ello constituye únicamente perjuicios, lo cierto es que al no haberse acreditado debe considerarse que no tiene relación de causa efecto entre la suspensión del acto reclamado, pues pretende involucrar un acto diferente que no fue consecuencia directa e inmediata de la suspensión otorgada al quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.11o.C.23 K, sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "Época: Novena Época Registro: 178764 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXI, Abril de 2005 Materia(s): Común Tesis: I.11o.C.23 K Página: 1389 DAÑOS Y PERJUICIOS. ES INFUNDADO EL INCIDENTE PROMOVIDO Y, POR ENDE, LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, CUANDO SE INVOLUCRA UN ACTO QUE NO FUE CONSECUENCIA DE LA SUSPENSIÓN OTORGADA. De la interpretación armónica de los artículos 125 y 129 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se desprende que en los casos en que proceda conceder la suspensión del acto reclamado, pero con ello puedan ocasionarse daños o perjuicios a tercero, tal medida suspensional se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los daños y perjuicios que se causen si no se obtiene sentencia favorable en el juicio de garantías y se pretenda hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías otorgadas, es decir, para el caso de que con la suspensión del acto reclamado se hayan causado daños y perjuicios a tercero, se promoverá para tal efecto un incidente en términos de lo previsto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. De lo anterior se desprende que para poder hacer efectiva la garantía respecto de ellos, debe acreditarse indubitablemente en el incidente que los daños y perjuicios sufridos en el patrimonio derivan, como consecuencia inmediata y directa de la suspensión concedida al quejoso en el juicio de garantías, como presupuesto necesario para su procedencia. Consecuentemente, es menester destacar que la garantía otorgada por la quejosa sólo tiene como finalidad responder de los daños derivados de la suspensión decretada de los actos reclamados, es decir, de los que en forma directa se causen con la medida. En tal virtud, si se pretende involucrar un acto diferente que no fue consecuencia de la suspensión otorgada a la quejosa, es decir, no existe relación de causa-efecto entre la suspensión y el acto destacado por la incidentista, no puede considerarse que los daños exigidos hayan quedado demostrados, por lo que lo procedente es declarar infundado el incidente respectivo. DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Queja 21/2004. Celia Eugenia Martínez Álvarez. 18 de marzo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Indalfer Infante Gonzales. Secretaria: María de la Luz Silva Santillán. Ahora, la parte actora incidentista, para demostrar los daños y perjuicios que aduce haber sufrido con motivo de la medida cautelar otorgada a la quejosa, ofertó los siguientes medios de convicción: Pericial en materia de valuación de arrendamiento. Instrumental de actuaciones. Presuncional legal y humana. Contrato de arrendamiento celebrado el veinte de febrero de dos mil trece, por la tercero interesada Estela Adriana Larrañaga Aragón, con la Institución Ibérico Mexicana de los Derechos Humanos, A.C., representadas ambas partes por el licenciado Alfonso Torres Larrañaga. Copias simples del impuesto predial respecto del inmueble materia de la litis, relativo a la parte sur del mismo. Copias simples del recibo de agua del periodo abril-junio de dos mil dieciocho, respecto del inmueble aludido. El medio de convicción marcado con el número 1, relativo a la pericial en materia de valuación de arrendamiento, al ser valorado en términos de los artículos 143 y 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, no resulta idóneo para demostrar los daños aducidos y que estos son consecuencia inmediata y directa de la suspensión concedida en el juicio de amparo. Es así, pues de la probanza en mención no se advierte que el perito hubiere realizado manifestación alguna sobre alguna perdida o menoscabo sufrido por la actora incidentista, ni menos que ello haya sido una consecuencia directa o inmediata del otorgamiento de la medida cautelar; aunado a lo anterior, se advierte que basa su dictamen en la totalidad del inmueble, cuando de autos se advierte que la tercero interesada sólo es propietaria de la parte alícuota (mitad sur) de dicho inmueble; además, del dictamen de que se trata, se desprende que el mismo tiene una edad útil de un año, pues se encuentra en malas condiciones de uso y conservación, de manera que no es adecuado para su arrendamiento. Por consiguiente, si la actora incidentista reclama el pago de daños y perjuicios, por una parte a ella correspondía demostrar mediante prueba apta e idónea el valor específicamente de la parte alícuota (mitad sur) de dicho inmueble de su propiedad, utilizada como acceso por el diverso propietario de la otra fracción, pues dadas las características de tal inmueble no podría considerarse que basta dividir el valor total entre dos, pues la mitad sur es distinta a la diversa norte, de ahí la necesidad de que se acreditara el valor de la parte alícuota de la tercera interesada, además de que para los perjuicios también debía demostrarse que el bien raíz tiene las condiciones físicas y las instalaciones requeridas para darla en arrendamiento, y que por esa razón dejó de percibir los frutos civiles que reclama, dado que la parte de la vivienda que la actora pretende rentar es sólo un acceso a la propiedad, de la cual incluso no tiene la posesión. De igual forma, respecto a los perjuicios, si bien el dictamen a estudio se observa que el perito afirmó que de acuerdo a las características del inmueble, el alquiler ascendió en el año dos mil dieciséis a $2,843.15 (dos mil ochocientos cuarenta y tres pesos 15/100 moneda nacional) mensual, y que las rentas generadas de octubre a diciembre de ese año, ascienden a $8,145.00 (ocho mil ciento cuarenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional); en el año de dos mil diecisiete y dos mi dieciocho, ascendió a $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 moneda nacional) mensual, haciendo un total de $33,664.78 (treinta y tres mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 78/100 moneda nacional), y $26,555.48 (veintiséis mil quinientos cincuenta y cinco pesos 48/100 moneda nacional), lo cual arroja un monto total de renta de $68,365.26 (sesenta y ocho mil trescientos sesenta y cinco pesos 26/100 moneda nacional). Sin embargo, lo cierto es que los cálculos realizados por el perito no encuentran sustento con las afirmaciones realizadas por la incidentista, puesto que de la documental marcada con el número 4, relativa al contrato de arrendamiento que exhibió se estipula una renta mensual de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 moneda nacional), lo que se contrapone entre sí, además de que como quedó asentado, del dictamen relativo se advierte que el inmueble se encuentra en malas condiciones de uso y conservación, esto es, no apto para su arrendamiento, ante lo cual se desvirtúa el contenido de dicho contrato y por tanto tampoco se otorga valor probatorio alguno a la referida documental, dado que el actor incidentista no realizó una exposición razonada para explicar el porqué de haber tenido a su disposición la parte alícuota que le corresponde del inmueble se habrían generado las ganancias indicadas por el perito, aunado a que el citado contrato no es de fecha cierta, circunstancia que incluso, por sí sola, impediría atender a su contenido para tener por demostrados los daños y perjuicios, basados en el mencionado arrendamiento . Por lo que se refiere a las pruebas marcadas con los números 5 y 6, relativas al pago del impuesto predial y de agua del domicilio de que se trata, no son aptas para acreditar lo que pretende con la incidencia, pues ellas solo acreditan lo que en ellas se contiene, esto es, que se pagaron los conceptos aludidos, no así la generación de algún daño o perjuicio con motivo de la suspensión otorgada, pues también en el caso de que la incidentista hubiera tenido la posesión de la finca, hubiera tenido que hacer dichos pagos, pues no se desprenden que estos hayan sido originados únicamente por la suspensión otorgada al quejoso. Finalmente, en relación con los elementos de prueba marcados con los números 2 y 3, relativos a la instrumental de actuaciones, así como la presuncional legal y humana, aunque pudiera conferírseles fuerza demostrativa en términos del numeral 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ello depende del resultado al que se arribe con base en la apreciación conjunta que se haga sobre las actuaciones que constituyen el procedimiento en que se actúa, así como de las deducciones o inferencias que pudieran hacerse del contenido del expediente, y en el caso, se acredita el desahogo de la prueba pericial y las documentales ofertadas por la incidentista, los cuales, como quedó evidenciado, no demuestran los daños y perjuicios reclamados; además, no existe precepto legal alguno que le genere esa potestad, por lo que respecta a la presuncional legal, ni se deduce de los hechos comprobados en el sumario, en relación con la presuncional humana. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de rubro y texto siguientes: "Época: Octava Época Registro: 209572 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XV, Enero de 1995 Materia(s): Común Tesis: XX. 305 K Página: 291 PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos. TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. Amparo directo 590/94. Federación Regional de Trabajadores del Soconusco, C. T. M. a través de su representante Roberto de los Santos Cruz. 6 de octubre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco A. Velasco Santiago. Secretario: Rafael León González." En conclusión, en el reclamo del pago de daños y perjuicios, la parte actora debe determinar con precisión en su demanda, en qué consiste el menoscabo sufrido a su patrimonio y exponer razonablemente, por qué ese daño es consecuencia inmediata y directa del incumplimiento de la obligación, en virtud de que sólo los hechos planteados por las partes pueden ser materia de prueba; así, el material probatorio que aporte debe estar destinado a demostrar los hechos constitutivos de la acción y los hechos relatados por el demandado al oponer sus excepciones y defensas; luego, si la parte actora incidental reclama el pago de daños que derivan del otorgamiento de la suspensión en un juicio de amparo, debe indicar en qué consiste el menoscabo a su patrimonio y exponer por qué ese daño es consecuencia inmediata de la suspensión del acto reclamado. Sin embargo, como quedó de manifiesto, de las constancias de autos la parte actora incidentista no aportó prueba idónea fehaciente para acreditar su acción, es decir, para que con ellas pudiera demostrar tal circunstancia, de ahí lo infundado del incidente de que se trata. En las relatadas consideraciones, se declara infundado el incidente planteado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 66, 67 y 156 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Es procedente pero infundado el incidente de daños y perjuicios promovido por Alfonso Torres Larrañaga, apoderado de la tercero interesada Estela Adriana Larrañaga Aragón, por los motivos expuestos en el considerando segundo de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así, interlocutoriamente juzgando, lo sentenció y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, ante el licenciado Leonel López Pérez Secretario que autoriza y da fe, hasta hoy diecinueve de febrero de dos mil diecinueve en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe. El licenciado Leonel López Pérez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, hace constar que esta foja corresponde a la última parte de la sentencia interlocutoria dictada el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo II-981/2016. Conste.
Quedan 23 actuaciones en este expediente
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