Juan José Tavera Hernández

Expediente 1155/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1155/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
26/11/2019

Partes del expediente

  • Juan José Tavera Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. HA CAUSADO ESTADO EL DESECHAMIENTO DE DEMANDA. Visto el estado procesal de autos, así como la certificación que antecede, de los que se obtiene que a la fecha ha fenecido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa Juan José Tavera Hernández, haya interpuesto recurso de queja contra el auto de once de noviembre del año en curso, por el que SE DESECHÓ DE PLANO la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. SE ORDENA EL ARCHIVO DEL ASUNTO. Tomando en consideración que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar en este cuaderno, formado con motivo de haberse desechado la demanda de amparo, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En consideración a lo anterior, y toda vez que de la certificación de cuenta, se advierte que dentro de los presentes autos no obra glosado documento original alguno, ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, relacionado con este asunto; aunado a que el presente cuaderno de desechada no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve; se estima encuadra en la hipótesis contenida en la fracción I, punto vigésimo primero, del capítulo quinto del aludido acuerdo, por lo que ES SUSCEPTIBLE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.Daa

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, once de noviembre de dos mil diecinueve. CUMPLE PREVENCIÓN. Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso Juan José Tavera Hernández, mediante el cual, pretende dar cabal cumplimiento a la prevención formulada en autos y al efecto manifiesta que todo lo aducido en el escrito presentado en veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, es bajo protesta de decir verdad, por lo que teniendo en cuenta dicho escrito se tiene al quejoso aclarando lo siguiente:  Respecto del punto número uno, precisa que el acto reclamado consiste en la resolución de nueve de octubre de dos mil diecinueve, que resuelve el Incidente de Nulidad de Actuaciones por defecto en la Diligencia o Notificación del veinticinco de julio del año en curso dentro del Juicio Oral Mercantil 19/2019 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado con sede en esta ciudad.  En relación con el punto marcado con el número dos, manifiesta que el Juicio Oral Mercantil 19/2019, se encuentra en etapa de ejecución.  Finalmente cumpliendo con el punto tres, exhibe las copias de su escrito aclaratorio que le fueron solicitadas. En esa virtud, con el presente escrito y el presentado en veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, se tiene por cumplida la prevención formulada en proveído de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. ANALISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Ahora bien, del análisis a la demanda de garantías, se desprende que el promovente señala como acto reclamado la resolución de nueve de octubre que declara infundado el incidente de nulidad de actuaciones por defecto en la diligencia y/o notificación de veinticinco de julio de de dos mil diecinueve, dictado en etapa de ejecución por el que se le requiere el pago de la cantidad que los contendientes pactaron en el convenio judicial, dentro del juicio oral mercantil 19/2019, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Atento a ello, el suscrito estima que lo que procede es desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, ello con apoyo en lo establecido en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la diversa IV, del numeral 107, aplicado a contrario sensu, del mismo cuerpo de leyes que amerita desechar la demanda de amparo, atendiendo especialmente a la naturaleza de los actos reclamados precisados en el párrafo que antecede. Para evidenciar lo anterior, conviene citar lo que establece el precepto legal 113, de la referida Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El numeral trascrito, autoriza a este juzgador a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Debe tenerse en consideración, que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna durante el juicio. Resulta aplicable la siguiente jurisprudencia: "Época: Novena Época Registro: 193379 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Septiembre de 1999 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/19 Página: 730 "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión (improcedencia) 12/91. Alejandro Pérez Aguilar. 28 de febrero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Hugo Díaz Arellano. Secretario: Gonzalo Hernández Cervantes. Amparo en revisión (improcedencia) 1176/91. Víctor Manuel Sánchez Esquivel. 26 de septiembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Refugio Raya Arredondo. Secretario: Eliseo Carrillo Bracamontes. Amparo en revisión (improcedencia) 3066/97. María Marcela Desentis Linares. 15 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretario: Rafael Alfredo Victoria Vargas. Amparo en revisión (improcedencia) 1266/99. Hidrogenadora Yucateca, S.A. de C.V. 26 de mayo de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretario: Alfonso Avianeda Chávez. Queja 386/99. Alma Lourdes Florisa Azcárraga de la Peña. 18 de agosto de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretario: Alfonso Avianeda Chávez. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 503, tesis 747, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA'.". Luego, el acto reclamado por el promovente se hace consistir en la resolución de nueve de octubre que declara infundado el incidente de nulidad de actuaciones por defecto en la diligencia y/o notificación de veinticinco de julio de de dos mil diecinueve, dictado en etapa de ejecución por el que se le requiere el pago de la cantidad que los contendientes pactaron en el convenio judicial, dentro del juicio oral mercantil 19/2019, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad. Ahora, los artículos que prevén la causa de improcedencia que se estima se actualiza en el presente caso, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]" "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los preceptos transcritos, se desprende que la demanda inicial del juicio de amparo debe examinarse a efecto de establecer si al respecto se actualiza alguna causa de improcedencia; también, que éstas se deben analizar de manera oficiosa. Asimismo, que el juicio de amparo indirecto es procedente contra los actos verificados en la etapa de ejecución de sentencia, únicamente cuando se trate de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución respectivo; es decir, la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o bien, la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Los anteriores razonamientos encuentran sustento en la jurisprudencia emitida por contradicción de tesis, de rubro y texto siguientes: "Tesis: P./J. 32/2001 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 190035 Pleno Tomo XIII, Abril de 2001 Página 31 Jurisprudencia (Común) "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 22 de febrero de 2001. Once votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Mariana Mureddu Gilabert". Por su parte, el ordenamiento en consulta no prevé ninguna excepción a esta regla genérica, pues no establece la posibilidad de que, a través de este medio de control constitucional, se puedan reclamar las resoluciones intermedias pronunciadas durante el periodo de ejecución tendentes a hacer efectiva la sentencia, cuestión que se justifica por el hecho de que tales actos procesales tienen como sustento una sentencia que constituye cosa juzgada, cuyo cumplimiento, por ser de interés público, no debe obstaculizarse; no obstante, también se han establecido algunas excepciones al criterio general antes aludido. Sin embargo, nuestro Máximo Tribunal ha sostenido que, por excepción los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Como ejemplo de la regla de excepción antes mencionada, se puede citar la resolución que fija en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte perdedora, ya que la misma tiene como finalidad cuantificar la condena del juicio natural que no pudo determinarse en sentencia, y no así la ejecución de la misma, por lo que propiamente constituye un medio previo o preliminar a la ejecución de la sentencia. Asimismo, el Máximo Tribunal del País determinó que, también por excepción, el juicio de amparo será procedente cuando se reclamen actos verificados en la etapa de ejecución, siempre que vulneren los derechos sustantivos de las partes. Tal razonamiento, dio génesis a la jurisprudencia cuyos rubro y texto son del siguiente tenor: "Época: Novena Época Registro: 163152 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Común Tesis: P./J. 108/2010 Página: 6 "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Contradicción de tesis 215/2009. Entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 4 de mayo de 2010. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Beatriz J. Jaimes Ramos". De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, se puede concluir que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia, sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente; y, de manera excepcional, cuando el acto combatido guarde autonomía propia, esto es, que no tenga como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; o bien, cuando se vulneren los derechos sustantivos de las partes. En el caso, del análisis integral de la demanda, en observancia a lo dispuesto por los artículos antes transcritos, se considera que la misma resulta improcedente, toda vez que se reclama la resolución de nueve de octubre que declara infundado el incidente de nulidad de actuaciones por defecto en la diligencia y/o notificación de veinticinco de julio de de dos mil diecinueve, dictado en etapa de ejecución por el que se le requiere el pago de la cantidad que los contendientes pactaron en el convenio judicial, dentro del juicio oral mercantil 19/2019, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad; ello en virtud a que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 62, 107, fracción IV, y 113, todos de la Ley de Amparo, como se expone a continuación. Es de esta manera porque, como se dijo, la resolución reclamada fue dictada a partir de la impugnación que se hizo respecto de la diligencia llevada a cabo dentro del procedimiento de ejecución de sentencia de un juicio en el cual el aquí quejoso es parte demandada y condenada, de modo que ésta se encuentra debidamente incorporada al procedimiento de origen, en donde a su vez se sigue el procedimiento de ejecución en su contra. Ello es así, toda vez que si bien el acto reclamado se hace consistir en la resolución de nueve de octubre que declara infundado el incidente de nulidad de actuaciones por defecto en la diligencia y/o notificación de veinticinco de julio de de dos mil diecinueve, dictado en etapa de ejecución por el que se le requiere el pago de la cantidad que los contendientes pactaron en el convenio judicial, dentro del juicio oral mercantil 19/2019, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, lo cierto es que la diligencia que se pretendía recurrir, no es definitiva en términos del segundo párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, es decir, no es la resolución que pone fin a la etapa de ejecución de sentencia, declarando cumplida la sentencia definitiva, o bien, determinando la imposibilidad material o jurídica de darle cumplimiento; ni se trata de una resolución que guarda autonomía respecto de la ejecución de sentencia; mucho menos vulnera los derechos sustantivos de los intervinientes en el juicio del que emanan los actos reclamados. Pues incluso, lo determinado en la resolución recurrida no implica una violación procesal que sólo podría reclamarse en el amparo que eventualmente se promueva contra la resolución que ponga fin a la etapa de ejecución del que deriva el acto reclamado. Además, es de destacarse que, en cuanto a su contenido, el acto reclamado no puede concebirse dentro de la excepción que prevé la jurisprudencia antes descrita, ya que no guarda autonomía propia y, por el contrario, éste se encuentra relacionado con los actos que tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. En esas condiciones se estima la resolución de nueve de octubre que declara infundado el incidente de nulidad de actuaciones por defecto en la diligencia y/o notificación de veinticinco de julio de de dos mil diecinueve, dictado en etapa de ejecución por el que se le requiere el pago de la cantidad que los contendientes pactaron en el convenio judicial, dentro del juicio oral mercantil 19/2019, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad no es de aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, dado que no producen a la parte aquí quejosa, una afectación directa e inmediata a alguno de sus derechos sustantivos (derechos fundamentales de los gobernados tutelados por la constitución federal), pues solo se trata de una resolución en la que convalido la actuación de veinticinco de julio de dos mil diecinueve, en que se requirió a la parte aquí quejosa el pago de la cantidad que los contendientes pactaron en el convenio judicial, celebrado en el juicio oral mercantil 19/2019, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad; acuerdo de trámite que no priva a la moral quejosa de algún derecho sustancial. Incluso, quien esto provee considera que, de admitirse la demanda planteada, se generaría una cadena de juicios de amparo en contra de los actos dictados dentro del procedimiento de ejecución que, como queda demostrado, la procedencia del juicio constitucional se encuentra reservada hasta la última resolución y, sólo por excepción, cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos de la promovente, supuestos anteriores que en el presente caso no se actualizan. Se invoca por identidad jurídica, por las razones que contiene, el siguiente criterio: "Época: Novena Época Registro: 204367 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Septiembre de 1995 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/27 Página: 435 "EJECUCION DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo." Amparo en revisión 218/91. Adolfo Esteban Leyva Bathory. 5 de junio de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. Amparo en revisión 155/93. Mercedes Martínez Rivera. 27 de abril de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo. Amparo en revisión 23/95. Bernardo Téllez Meneses y otro. 25 de enero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo. Amparo en revisión 227/95. Bernardo Castillo Aguayo. 10 de mayo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. Amparo en revisión 382/95. Carmen Cahuantzi Vázquez y otro. 9 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca". Por analogía jurídica, se invoca el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "Tesis: P./J. 24/92 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 205651 Pleno Núm. 56, Agosto de 1992 Página 11 Jurisprudencia (Común) EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ´ejecución irreparable´ los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Contradicción de tesis 47/90. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión números 1303/90 y 939/89, respectivamente. 9 de enero de 1992. Mayoría de dieciséis votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Disidentes: Lanz Cárdenas, Cal y Mayor Gutiérrez y Gil de Lester. Ausente: Adato Green. Secretario: Miguel Angel Castañeda Niebla". Los criterios invocados se cita aún y cuando hubiere sido integrado conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido del mismo, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que trata; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Juan José Tavera Hernández, contra actos del Juez Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de noviembre de dos mil diecinueve. SE DA CUENTA CON RATIFICACIÓN. Vista el acta de ratificación con que se da cuenta, de la que se desprende que el quejoso Juan José Tavera Hernández, ratificó en todas y cada una de sus partes el escrito inicial de demanda así como el diverso escrito aclaratorio presentado el veintinueve de octubre del año en curso, ante el oficial de partes de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, y además reconoció como suyas las firmas que los calzan. Atento a ello, se procede a proveer lo que en derecho corresponda: NO SE CUMPLE PREVENCIÓN. Visto el estado de autos, específicamente el escrito aclaratorio presentado por el quejoso el veintinueve de octubre del año en curso, a través del cual pretende cumplir con los puntos de prevención hechos en proveído de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. No obstante, el promovente no cumple cabalmente con la prevención formulada en el acuerdo en cita, toda vez que si bien realiza lo siguiente: Cumpliendo con el punto número uno, precisa que el acto reclamado consiste en la resolución de nueve de octubre de dos mil diecinueve, que resuelve el Incidente de Nulidad de Actuaciones por defecto en la Diligencia o Notificación del veinticinco de julio del año en curso dentro del Juicio Oral Mercantil 19/2019 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado con sede en esta ciudad. Para cumplir con el punto marcado con el número dos, manifiesta que el Juicio Oral Mercantil 19/2019, se encuentra en etapa de ejecución. Finalmente cumpliendo con el punto tres, exhibe las copias de su escrito aclaratorio que le fueron solicitadas. Lo cierto es que, todo ello, lo tenía que manifestar bajo protesta de decir verdad, ya que es un requisito formal indispensable de conformidad con el artículo 108, fracción V, de la Ley de la Materia. En ese orden, se le requiere nuevamente para que bajo protesta de decir verdad, aclare a este órgano jurisdiccional lo requerido mediante proveído de diecisiete de octubre del año en curso. SUBSISTE REQUERIMIENTO Y APERCIBIMIENTO. Lo anteriormente precisado conduce a estimar que la promovente del amparo no cumple cabalmente con la prevención formulada en autos y por ello deberá estarse a lo acordado y apercibido en el proveído de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. En ese contexto, a efecto de que la parte promovente tenga oportunidad de subsanar la omisión apuntada y dado que el escrito aclaratorio fue presentado en el TERCER día del término que le fue concedido, previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se estima necesario notificarle personalmente el contenido del presente proveído, en el concepto de que, dicho término se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio y se reanudará al día siguiente al surta efectos la notificación de este auto. Sirve de apoyo la jurisprudencia, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2ª./J. 106/2003, visible en la página 133, tomo XVIII, noviembre de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y contenido, siguiente: Época: Novena Época Registro: 182896 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Noviembre de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 106/2003 Página: 133 AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda". Contradicción de tesis 38/2003-PL. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 29 de octubre de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Óscar Rodríguez Álvarez. Tesis de jurisprudencia 106/2003. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del treinta y uno de octubre de dos mil tres. Asimismo, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la tesis número 39/2012, de la Décima Época, que dice: Época: Décima Época Registro: 2000702 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 39/2012 (10a.) Página: 400 "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." Contradicción de tesis 411/2011. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito. 22 de febrero de 2012. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que hace a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos respecto del fondo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Jaime Santana Turral. Tesis de jurisprudencia 39/2012 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintinueve de febrero de dos mil doce. Los criterios jurisprudenciales que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que trata; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo. NUEVO REQUERIMIENTO. Se requiere a la parte quejosa para que de su nuevo escrito aclaratorio, acompañe las copias necesarias para correr traslado a todas las partes, debiendo tener en consideración que se requiere una para cada autoridad responsable, una para la parte tercera interesada, otra más para el agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y dos más para los cuadernillos de suspensión. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy fe.Edy

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil diecinueve. CUENTA CON ESCRITO, RATIFICAR FIRMA. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta mediante el cual el promovente del amparo manifiesta el cumplimiento que pretende dar con las prevenciones formuladas en acuerdo de cinco de septiembre del año en curso, al respecto el juez, acuerda: Antes de proveer en cuanto al fondo el ocurso de mérito y toda vez que la firma que lo calza, difiere con la que obra plasmada en el libelo generador del expediente en que se actúa, requiérase al promovente para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada de este proveído, comparezca ante el personal de este juzgado en horario de oficina y día hábil, con identificación oficial para que manifieste si ratifica en todas y cada una de sus partes el escrito aclaratorio de cuenta y si reconoce como suyas la firma que lo calza; bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo indicado, se tendrá por no presentado este último. Es pertinente hacer saber al ocursante que, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, la manifestación que se le requiere en el párrafo anterior, la realiza con falsedad u omitiendo la verdad, incurrirá en responsabilidad, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. Se invoca en apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido literal siguiente: "Tesis: 3a. 24 Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 207437 Tercera Sala Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989 Página 385 Jurisprudencia (Común) FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas." Contradicción de tesis 9/88. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 8 de marzo de 1989. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: Julio César Vázquez Mellado G.": En el entendido de que, en caso de ser ratificados los escritos de referencia, este juzgado estará en aptitud de ordenar de oficio la práctica y desahogo de la prueba pericial en grafoscopía y caligrafía, a fin de verificar si las firmas que calzan el escrito de cuenta y el de la demanda, corresponden al promovente, ello en atención a que constituye una práctica reiterada que los abogados o terceras personas signen los escritos falsificando la firma de los quejosos. Sirve de apoyo a los anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 59/2017 (10ª), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del texto y rubro siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2014436 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 09 de junio de 2017 10:15 h Materia(s): (Constitucional, Común) Tesis: 2a./J. 59/2017 (10a.) PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES. Únicamente en el caso referido, esto es, cuando aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas durante la diligencia de ratificación, el Juez de Distrito estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopia, a fin de corroborar su autenticidad pues, por un lado, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada. Contradicción de tesis 338/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito y Primero en Materia Civil del Sexto Circuito. 19 de abril de 2017. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez.". Asimismo, es necesario hacer del conocimiento al promovente, que en términos de los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la ley de materia, este órgano jurisdiccional tiene facultad, en cualquier etapa del procedimiento de amparo, para dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos que podrían ser constitutivos de alguno de los delitos previstos en la Ley de Amparo, como podría ser el caso de que se conduzca con falsedad en el presente juicio de amparo, y ratifique como suyas unas firmas que no fueron emitidas de su puño y letra. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis derivada de la contradicción 204/2016, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "Tesis: P./J. 13/2017 (10a.) Semanario Judicial de la Federación Décima Época Número de identificación 2014917 Pleno Publicación: viernes 18 de agosto de 2017 10:26 h Ubicada en publicación semanal Contradicción de tesis (Jurisprudencia (Común)) VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Contradicción de tesis 204/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto del Décimo Quinto Circuito y Tercero en Materia Civil del Primer Circuito. 9 de febrero de 2017. Unanimidad de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales. Ausente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretario: Luis Mauricio Rangel Argüelles". Los criterios jurisprudenciales que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.

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